NO LO CUENTES: ESCRÍBELO EN EL BOJA

 
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 Si la democracia española tuviera cara estaría roja de vergüenza por lo que ocurre en nuestro país. Ha tenido que llegar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia europeo para que se haga público lo que toda la ciudadanía sabíamos: que las leyes que se aplican en los desahucios son un abuso y una injusticia.

    Hace apenas seis meses, un grupo de magistrados elaboró un informe para el Consejo General del Poder Judicial sobre los desahucios que exponía a las claras la sinrazón de estos procedimientos. Afirmaban los magistrados que algunas de las leyes que se aplican se redactaron en 1909, que el procedimiento carece de garantías para el consumidor y que convierte a los jueces en cobradores del frac al servicio de las entidades financieras. El CGPJ no desaprovechó la ocasión de demostrar su falta de independencia y ecuanimidad y, en vez de requerir una reforma legal en profundidad, restó importancia a sus conclusiones y enterró el informe en los cajones donde duermen todas las esperanzas de justicia.

   Si la democracia española tuviera rostro, se pondría roja de indignación al comprobar que el Gobierno no se inmuta ante la sentencia e incluso afirma que avala su intención de modificar las normativa actual, pero que es necesario ser cuidadoso para no alarmar al sector financiero. Si en Andalucía de verdad existe un Gobierno con sensibilidad y políticas distintas a las practicadas por el Gobierno central, ahora es el momento de los hechos, no de las palabras ni las confrontaciones inútiles. Cuando nuestros gobernantes proclaman que tienen en el Estatuto de Autonomía una hoja de ruta para la acción, es el momento de exigirles que hagan uso de este instrumento y no lo saquen de paseo cada 28 de febrero como si fuera la procesión de la Macarena.

   Andalucía, según el artículo 58 del Estatuto, tiene competencias exclusivas en materia de defensa de los derechos de los consumidores. Nada impide a la Junta de Andalucía ejercer una eficaz protección de estos derechos en el caso sangrante de los desahucios de forma directa, evitando los abusos y tomando parte en las causas cuando así se determine.

   Hay, además, muchos casos en los que la aplicación de los desahucios atenta contra los derechos de protección de colectivos especialmente vulnerables. El Estatuto de Autonomía establece en su artículo 18 una protección y atención integral a los menores de edad y obliga a los poderes públicos a velar por su bienestar y seguridad. ¿Se puede, con el Estatuto en la mano, desalojar de sus viviendas, sus habitaciones, su entorno a miles de menores de edad en nuestra tierra? En los casos de desahucios que conozco los menores sufren de forma terrible este exilio familiar, se resienten sus estudios y se producen numerosos cuadros de depresión y angustia.

   En un caso parecido están los desahucios de personas mayores, las personas con discapacidad y las mujeres afectadas por violencia de género para los que nuestro Estatuto establece la obligación de los poderes públicos de velar especialmente por su bienestar y su autonomía personal. Con el simple desarrollo de estos artículos se conseguirían frenar el 70% de los desahucios en nuestra comunidad.
Finalmente, en aplicación del Estatuto, que convierte en derecho subjetivo el derecho a una vivienda digna, sería posible prorrogar cualquier desahucio hasta tanto las personas afectadas no dispongan de una vivienda alternativa bien a través de la ayuda pública o del alquiler social.

   Si el Tribunal de Justicia Europeo ha puesto patas arriba la legislación española basándose solo y exclusivamente en los derechos que nos asisten como consumidores, la actual situación puede ser impugnada por instituciones con competencias en materias afectadas como es, en este caso, la comunidad autónoma de Andalucía.

  Por eso, lo que tengan que decirnos los gobernantes andaluces, que no lo hagan en rimbombantes ruedas de prensa y en papel de colorines sino en las monocromáticas páginas del BOJA. El único riesgo: un recurso de competencias con el Gobierno central que será bienvenido si el objetivo es proteger, de verdad, el interés general.

@conchacaballer

NO SEAMOS HIPÓCRITAS: LO SABÍAMOS

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   Perdonen que contemple con escepticismo el arrebato ético en el que ha entrado la sociedad española. Es verdad que la crisis y los recortes aumentan nuestra indignación contra los casos de corrupción, pero no deberíamos convertir la honradez y la ética en principios solo válidos para los tiempos malos y olvidarnos de ellos cuando el dinero circula.

   De repente este país ha descubierto la corrupción que practican algunos políticos y empresarios; ha comprobado que miembros o aledaños de la familia real trajinan con sus influencias para conseguir beneficios; que los paraísos fiscales no son un lugar de cuentos infantiles sino la cueva de Alí Babá donde los corruptos y traficantes guardan sus posesiones. ¡Venga ya!

   Ahora que el dinero no fluye, que las ganancias se estancan, que nadie espera que caiga del festín de los poderosos su pedacito de pastel es muy fácil levantar la voz, alzar el dedo acusador, rasgarse las vestiduras por lo que ocurre, pero durante demasiado tiempo el aroma de la corrupción ha sido el perfume de este país ¿o es que acaso no lo notabais?

   Durante años he tenido oportunidad de viajar por toda Andalucía, reunirme en cientos de ocasiones con grupos de ciudadanos, especialmente jóvenes y profesionales, que denunciaban en sus localidades atropellos urbanísticos, mordidas institucionales, proyectos que avanzaban al son de la compra de voluntades, patrimonios inauditos de próceres y de determinados empresarios. Grupos de personas honradas que denunciaban la corrupción en Alhaurín el Grande, en Ronda, en San Roque, en Roquetas, en Manilva, en Marbella… El resultado de sus esfuerzos no puede ser más descorazonador. En la mayoría de los casos se vieron aislados, desacreditados o perseguidos y, cuando algunos de ellos decidieron presentarse a las elecciones, fueron derrotados a manos de sus propios convecinos que votaron, mayoritariamente, a gobernantes corruptos.

   He visto a alcaldes honestos zarandeados por la ola del ladrillo y no solo por la fuerte presión de los empresarios sino también por la de los vecinos que exigían más y más construcciones en su localidad. Hemos visto a algunos cargos públicos ser “absueltos por el pueblo” con mayorías absolutas mientras otros alcaldes y alcaldesas perdían las elecciones por mantener un criterio razonable de conservación medioambiental y de desarrollo racional de su ciudad.

   ¿Y qué decir de una parte de nuestro sector privado, de sus tejemanejes financieros, de sus robos a la hacienda pública, en un país en el que defraudar a la cosa pública era una señal de mérito y de inteligencia? La mayoría inclinaba su cabeza ante el poder del dinero que nos hace tan simpáticos y atractivos. La riqueza es un pasaporte tan seguro a la impunidad que en este país no hay ni un solo preso por delito fiscal.

   Jaume Matas, preguntado por el caso Nóos declaraba: “Con cualquier otro hubiera habido concurso público pero se trataba del duque de Palma. Todos hubiesen hecho lo mismo” Y lo malo es que era verdad. ¿Acaso se levantaron en un día los palacetes, se ocultaron los eventos de la alta sociedad en Mallorca o en Puerto Banús? Y en el asunto de la Casa Real, ¿quién ejercía esa censura que ha permitido que fuesen asuntos tabú sus andanzas, sus negocios, su patrimonio? ¿Quién nos dice que no nos volveremos a rendir al tintineo del dinero cuando se acaba de anunciar que el casino Eurovegas de Madrid no tendrá que cumplir la legislación laboral, fiscal ni sanitaria? 

   No se trata de diluir responsabilidades ni de restarle un ápice de responsabilidad a estos delincuentes, pero reconozcan que el clima moral y el culto a la riqueza les ha facilitado sus desmanes. Perdonen, por tanto, que sea escéptica ante este arrebato ético si no va acompañado de una nueva conciencia ciudadana, de una ética colectiva que condene las ganancias ilícitas. Si no es así, este caudal de indignación será solo un arrebato que desaparezca en cuanto el dinero empiece a tintinear de nuevo en nuestros bolsillos.