Publicado en el País Andalucía
La primera conclusión que se puede extraer del último informe PISA sobre la capacidad para resolver problemas es que los jóvenes de 15 años de nuestro país tienen poca autonomía personal, están sobreprotegidos y, para ciertos aspectos de la vida, parecen tener tres años menos de su edad. No hacía falta el informe PISA para esto. Lo que resulta chocante es que todos han señalado a la educación —que no a la familia, a la sociedad, a los medios de comunicación— de la falta de madurez de nuestros jóvenes.
La segunda conclusión, puede ser preocupante. Si las pruebas del PISA son universales e intentan alejarse de cualquier localismo o factor que altere los resultados, ¿cómo es posible que los ejercicios se refieran a programar un MP3, un robot de limpieza, un climatizador o comprar un billete de metro en la pantalla de un ordenador táctil? ¿Se emplearon las mismas preguntas en todos los países y condiciones? Imaginen a un niño colombiano enfrentándose a aparatos que no ha visto en su vida, comprando un billete para un metro en el que jamás han puesto un pie o interpretando un plano de transportes que desconocen.
La tercera conclusión es de carácter político. La reacción del Ministerio de Educación ha sido de un cinismo espectacular. La secretaria de Estado ha afirmado que la metodología que se aplica en las aulas es “anticuada, más centrada en la adquisición de conocimientos que en la resolución de problemas complejos, desarrollar un pensamiento crítico y trabajar en equipo”. Estoy absolutamente de acuerdo con estas afirmaciones pero provienen de un ministerio y de un partido político que acaba de aprobar la LOMCE, una ley que cabalga en dirección contraria a estos criterios. Para impulsar el pensamiento crítico ha acabado con la Filosofía, impuesto la religión como materia evaluable y suprimido Educación para la Ciudadanía. Una ley que ha aumentado la carga memorística, reducido el valor de las competencias y ninguneado la formación en las nuevas tecnologías en la enseñanza.
No sé si el PP recuerda su sublevación, hace solo tres años, contra la introducción de los ordenadores, las pizarras digitales y el wifi en la escuela, hasta el punto de que tres comunidades autónomas (Madrid, Murcia y Valencia) rechazaron los fondos que el Ministerio de Educación les ofrecía e incluso argumentaron que el uso del ordenador “provocaría miopía y problemas ergonómicos en los adolescentes”.
Pero donde las afirmaciones del ministerio se vuelven apoteósicas es en el tratamiento a los docentes. De sus palabras se deduce que son “anticuados”, no desean “liderar los cambios”, se oponen “a las nuevas metodologías” y son, más o menos, un obstáculo a las reformas. Es el mismo Gobierno que ha suprimido dos horas de trabajo de coordinación y tutoría, el que ha aumentado espectacularmente el número de alumnos por aula y ha despedido a 35.000 docentes en el primer año de su mandato. No hay apenas nada en la LOMCE que hable de nuevas metodologías ni que promueva la formación del profesorado, que se realiza de forma individual con cargo al tiempo y dinero del propio docente. En vez de reconocimiento, exigencia; en vez de apoyo, culpabilidad; en lugar de comprender que la educación es una tarea de toda la sociedad, se hace responsable al docente de los comportamientos, capacidades, conocimientos, autonomía, integración, valores y futuro de nuestros jóvenes… ¡Ni que fuésemos superhéroes que no queremos emplear nuestros superpoderes!
