MARTA Y EL POPULISMO

El artículo de esta semana en el País Andalucía:

No se me ocurre mayor dolor que el de unos padres que han visto segada la vida de su hija, ni mayor tormento que hurtarles su cuerpo. Llevamos escrito en nuestro inconsciente, desde hace milenios, la necesidad de ese último acto de despedida, por eso el dolor de los padres de Marta es el mismo que el de Príamo, rey de Troya, arrodillado ante Aquiles para que le permita recuperar el cadáver de Héctor; un dolor idéntico a centenares de personajes trágicos de la literatura en busca de ese definitivo adiós.

El caso Marta del Castillo, desde su inicio, contó con una corriente de simpatía que habla bien de nuestra sociedad, de su empatía y de la fuerza reparadora de la solidaridad. Sin embargo, junto a esta fuerza de cariño y de comprensión, fue creciendo una corriente airada que pretendía hacer justicia a base de gritos y de linchamientos y que pone en cuestión, no una resolución judicial, sino las bases del propio Estado de derecho. Es muy fácil, en casos como el que tratamos, aprovechar la irritación que produce en la sociedad el hecho de que un crimen no quede completamente aclarado y la impotencia ante el fracaso en la búsqueda del cadáver para hacer un tipo de política innoble y engañosa.

En estos días han arremetido contra los jueces o contra las leyes pero, si lo pensamos con tranquilidad, ninguno de los dos son los responsables. El verdadero problema para determinar todas las responsabilidades penales en el caso Marta del Castillo es, sin más, la falta de pruebas, hasta el punto de que la base fundamental de la acusación es la propia confesión de Miguel Carcaño. Por eso, con otras leyes o con otros tribunales el resultado hubiera sido muy parecido.

Soy completamente contraria al establecimiento de la cadena perpetua —revisable o no—, en nuestro ordenamiento legal, así como a toda esta corriente que empuja al endurecimiento de condenas. La historia nos ha demostrado que ese tipo de legislaciones no solo no contribuyen a disminuir los crímenes sino que imposibilitan cualquier reinserción. Además, en España, en contra de lo que popularmente se ha extendido, existe una de las legislaciones más duras del llamado mundo occidental, con el cumplimiento completo da las condenas incluido.

Pero imaginemos que existiera la legislación que los impulsores de estas movilizaciones demandan: otra ley del Menor, cadena perpetua y endurecimiento de las penas pero con las mismas pruebas. ¿En qué hubiera cambiado la situación? Prácticamente en nada. La aplicación de estas nuevas leyes sería absolutamente indiferente en el caso Marta del Castillo.

La cadena perpetua, revisable o no, solo se aplicaría a casos en los que concurran una violencia y crueldad extraordinarias, circunstancias que no parece que hayan sucedido en este crimen. En cuanto al endurecimiento de la ley del Menor, en un grado de complicidad, tampoco sería relevante, más allá de coordinar mejor las sentencias. Finalmente, la condena a Miguel Carcaño a veinte años de prisión es la máxima posible para un caso simple de homicidio.

La ira popular se dirige a que hayan salido absueltos algunos de los imputados por complicidad con el crimen. La explicación es simple y llanamente que no hay pruebas fehacientes de su participación o ¿es que los tribunales pueden condenar a ciudadanos sin las suficientes garantías y pruebas de convicción? Si así fuera, deberíamos decir adiós al Estado de derecho y cualquier ciudadano podría ser enviado a la cárcel por una presunción no fundada.

Una cosa es que los padres y familiares de Marta del Castillo expresen su indignación y su rabia y, otra muy distinta, que convirtamos estos sentimientos en una fuente de derecho y de cambios en la legislación. Es peor, todavía, que algunas fuerzas políticas jueguen con la peligrosa baraja del populismo y de la manipulación, e intenten obtener beneficios electorales del dolor de las víctimas, aunque sea a costa de sembrar la inseguridad, el desconcierto y la ira en nuestra sociedad.

Cadena Perpetua

Este es el artículo que publico hoy en el País de Andalucía:

De pequeños nos decían que la mentira tenía las patas muy cortas y que se alcanza antes a un mentiroso que a un cojo. Pero no es cierto. A veces la mentira tiene patas de mil leguas y la verdad no la alcanza. La mentira puede triunfar en muchas circunstancias y no siempre su éxito es efímero, como nos habían enseñado.

Cualquier extranjero que leyese la prensa española podría deducir que vivimos en un país amenazado por la violencia y el crimen de forma tan dura que se hace preciso modificar las leyes e incluso la Constitución para poder combatirlo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Vivimos en uno de los países más seguros del mundo que tiene uno de los índices de homicidios y suicidios más bajos del planeta, según la Organización Mundial de la Salud. Las cifras de criminalidad en España nos han dado más de una sorpresa en los últimos años. Era fácil pronosticar que la crisis económica nos trajera un recrudecimiento de las cifras de delitos, sin embargo, hasta la fecha -crucemos los dedos- no ha sido así y la tasa de delincuencia ha ido en descenso incluso en estos dos últimos años de hierro.


Estamos tan acostumbrados a analizar los fracasos que se nos olvida sacar experiencias de los datos positivos. La bajada continuada de la delincuencia en nuestro país desde los picos máximos de 1989 tiene, quizá, mucho que ver con el descenso del consumo de crack, pero también con un sistema social un poco más incluyente en el que la educación obligatoria hasta los 16 años ha jugado un papel fundamental.

Sin embargo, se ha puesto sobre la mesa la vieja idea de establecer la cadena perpetua como una imperiosa necesidad social ante "el aumento de los delitos violentos" y la "tibieza de las leyes estatales". No es extraño que familiares de las víctimas de repugnantes crímenes, salgan a la calle exigiendo la cadena perpetua o el cumplimiento íntegro de las condenas. Lo que resulta más extraño es que el PP se encuentre detrás -o delante- de esta reclamación. Como muy bien han argumentado prestigiosos juristas la cadena perpetua (revisable o no) necesitaría toda una reforma constitucional. Pero es que, además, en el año 2003 ya se produjo una modificación legal de máximo endurecimiento de las penas. Se eliminó la redención de penas por trabajo, se endurecieron hasta la saciedad las condiciones para acceder a la libertad condicional y se elevó hasta 40 el tiempo máximo de prisión. Es decir, que esta reforma -muy discutida desde el punto de vista de la rehabilitación de los delincuentes- vino a establecer en la práctica una condena casi perpetua con escasas posibilidades de redención.

Sin embargo, el discurso de la derecha política sigue diciendo que los asesinos "entran por una puerta y salen por otra", "se respetan más los derechos de los acusados que de las víctimas" aunque los datos recientes contradigan este discurso. En el caso de la niña Mariluz se cometieron errores judiciales terribles; en el de Marta del Castillo, un fracaso doloroso de la investigación policial. Pero jugar con el dolor de las víctimas y con el miedo de la sociedad no nos conduce a mejores soluciones, sino a un evidente retroceso social. Costó siglos hacer llegar a la legislación el concepto de rehabilitación  y un sentido de la justicia que combinara castigo con redención. Habrá muchas cosas que mejorar en este camino, pero no nos haremos mejores, ni más pacíficos, acercándonos a las viejas máximas de la venganza. Y, sobre todo, tengamos presente que en nuestro país podemos retener en nuestra memoria durante años los nombres de Marta, de Mariluz o de las niñas de Alcàsser porque son sucesos excepcionales, mientras que en otros lugares -con cadena perpetua en su legislación- los nombres de las víctimas apenas si se recuerdan porque cada semana se producen nuevos crímenes monstruosos.