ENSAYO DE RUPTURA

Publicado en El País Andalucía

   En la madrugada de ayer se puso fin a la primera gran crisis del Gobierno andaluz. La presidenta de la Junta derogó el decreto de adjudicación de viviendas y se redujeron a ocho los realojos autorizados de la corrala La Utopía.

   A quien haya elegido este terreno de juego para la confrontación del Gobierno andaluz, la derecha debería hacerle un monumento. Si algo ha quedado claro con la crisis es la radical injusticia de la política de vivienda. Los datos son apabullantes: tres millones y medio de casas vacías y varios millones de personas sin hogar; más de 400.000 desahucios desde el inicio de la crisis, la mayor parte promovidos por la banca, mientras recibían 108.000 millones de euros de dinero público para compensar las pérdidas de su aventura especulativa salvaje. Por otra parte, el realojo de los vecinos de La Utopía correspondía al Ayuntamiento de Sevilla, que ha mantenido una actitud hostil a pesar de disponer de 528 viviendas municipales vacías. Pues nada, Ibercaja (la entidad bancaria que ha instado el desalojo) y el Ayuntamiento de Sevilla han salido de rositas en este conflicto, mientras contemplaban con fruición el radical enfrentamiento entre los miembros del Gobierno andaluz.

   Hemos asistido a un tristísimo debate entre los que tienen poco y los que no tienen nada. El que está pagando con mucho esfuerzo y sacrificio su hipoteca o alquiler, se siente ofendido porque se repartan llaves a los vecinos de La Corrala; el que está en la lista de espera-desespera, se lamenta de que hayan sido postergados y la derecha aprovecha para convertir la lucha por una vivienda digna en una causa indigna, egoísta e ilegal.

   En este terreno de juego los únicos ganadores del debate son quienes están en contra de las políticas públicas de vivienda; los que abominan de los movimientos sociales que defienden el derecho a vivir bajo un techo; los que consideran, en definitiva, que cada uno en la vida tiene lo que merece.

Es imperdonable que en un tema tan importante como este, los dos socios de Gobierno no se hayan comunicado, acordado, establecido unas pautas comunes de actuación pero, sobre todo, es absolutamente inexplicable que el realojo de ocho familias, haya puesto en cuestión un Gobierno de la izquierda cuya finalidad principal era mostrar la posibilidad de otra política frente a la ofensiva neoliberal. También es incomprensible que durante dos años no se haya solucionado la situación de los vecinos de la corrala La Utopía que, mucho antes de ser arrojados a la calle, vivían una situación de emergencia social en unas viviendas sin luz y sin agua.

   Por ahora la crisis de Gobierno se ha resuelto y ambas fuerzas hacen recuento de pérdidas y ganancias. Aunque las declaraciones públicas han sido muy sosegadas, ha habido un tremendo mar de fondo en el que se han vuelto a agitar los fantasmas de épocas pasadas. Ninguno de los dos socios reconoce haber cometido ningún error lo que hace menos verosímil la estabilidad de la paz recién alcanzada.
Si el PSOE cree que ha ganado prestigio y autoridad e IU apoyo social, están muy equivocados. Lo único que se ha fortalecido es la idea de que la izquierda, o llámese como se quiera, no puede entenderse; que el experimento andaluz tiene los días contados y que no será punto de referencia para conformar mayorías amplias en el Estado. Así las cosas, los únicos que pueden frotarse las manos (amén de una derecha que no sabía cómo aplaudir con más estruendo) son los sectores de IU opuestos a cualquier acuerdo con el PSOE desde el inicio y la vieja guardia del PSOE empeñada en defender una gran coalición con el PP. Ahora son Susana Díaz y Antonio Maillo —que apenas si se hablan o entienden—, quienes deben escribir el final de esta historia y decidir si revitalizan el pacto de Gobierno o van a acumular argumentos para certificar el fracaso de la experiencia andaluza.
@conchacaballler

MUCHO RUIDO, POCAS LEYES

Publicado en El País de Andalucía

   Número de leyes en tramitación en el Parlamento de Andalucía: cero.

   No puede ser más desconcertante, a no ser que se trate de una hábil estrategia para despistar a la oposición política. En el caso de que la hubiera, claro, y no deambulara por todos los rincones solicitando un tiempo muerto de juego hasta que Mariano Rajoy disponga de un “momentico” para decidir qué persona puede encabezar el cada vez más derrotado ejército sureño.

   Cero leyes es casi una heroicidad. Debe ser difícil resistirse cada mañana a escribir unas cuantas líneas en el BOJA que tengan vocación de permanencia, valor de ley, cumplimiento obligado.
No legislar es casi un acto de desobediencia civil frente al furor legislativo del Gobierno central que, de una sola tacada ha aprobado el pasado año más de una treintena de leyes y que dispone de un arsenal, para este año, de otras 40 iniciativas legislativas.

   “Legislar, legislar, que la mayoría absoluta se va a acabar”, deben pensar en Génova. Y cada semana entregan a la imprenta un nuevo capítulo de iniciativas, recién sacadas del horno de la FAES o de los sectores económicos, sociales, religiosos o culturales más afines a este Gobierno. Bueno, culturales no, que de esos ya no les quedan. El resto meten prisa con lo suyo, no vaya a ser que se agoten los tiempos felices de la mayoría absoluta y del desconcierto social. Que si ya es hora de arreglar lo de las autonomías, lo del aborto, lo de la educación, las construcciones a pie de playa, lo de la seguridad… y que no se te olvide lo de la energía, Mariano.

   Es tal el hambre legislativa del Gobierno central que cuando no le caben más leyes en la alacena del Congreso de los Diputados, y cuando no quiere esperar el tiempo de cocción, preparan un plato exprés de decretos-ley, una especie de fast food legislativa que han servido con nocturnidad y cierta alevosía en 40 ocasiones. Todo un récord de difícil digestión para un sistema democrático y parlamentario.
Claro que su tarea es ardua: disponen de sólo cuatro años para desmontar las conquistas legislativas de los últimos 30 y volver chiquititas, reducidas, minimalistas, las prestaciones sociales públicas.

   Tiene cierta grandeza de miras este Gobierno que no se detiene ante los obstáculos ni ante la impopularidad de sus leyes. Con cada una de ellas es capaz de inmolar a un ministro y reducirlo a papilla, sociológicamente hablando. En la tabla baja de la calificación ministerial, se disputan a muerte la peor nota varias carteras y, cuando creíamos que había un vencedor absoluto, el inefable Wert, es desplazado por un sorprendente Gallardón que se alza ahora con la máxima calificación desaprobatoria.

   Nada de esto le ocurre al Gobierno andaluz. Ningún consejero, a excepción de la titular de Obras Públicas y Vivienda, ha escrito una sola línea en el BOJA. No importa que el Estatuto de Autonomía esté plagado de mandatos que requerirían un desarrollo normativo. “Si no hay dinero, no hay leyes”, deben pensar en las esferas del poder, aunque muchas iniciativas sólo requieren un esfuerzo de voluntad y de reorganización. O, es posible, quién sabe, que estén preparando un atracón legislativo para la próxima temporada, como ha indicado el portavoz de IU, quien no nos aclara la razón de esta sequía con la falta que hacen nuevos proyectos.

   Los viernes se reúne el Consejo de Gobierno en Madrid y suelen ser días fatídicos porque es raro que no se apruebe un nuevo recorte-ley. Ya saben la máxima: “legislar es recortar”. Por el contrario, los martes, fecha de reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, son días plácidos en los que se anuncia si acaso la elaboración de un plan para atender tal o cual problema social.

   Puede ser que el Gobierno andaluz sufra un impasse creativo, el “síndrome de la hoja en blanco” que afecta a los escritores tras su primera obra, representada hoy en Madrid, con gran éxito, en la sede del Tribunal Constitucional y que inspira secuelas en diversas comunidades. Pero… ¿ni una ley en el Parlamento de Andalucía? No sé qué pensar. Los poderosos tienen quién les redacte sus leyes, disponen de agenda y objetivos. Los ciudadanos corrientes, de momento, no tienen quién les escriba. Y las palabras de amor verdadero se publican en el BOJA.

@conchacaballer

DOS IZQUIERDAS, UN SOLO GOBIERNO

Publicado en El País Andalucía

   Al parecer hay una disputa soterrada dentro del Gobierno andaluz por ocupar el territorio de la izquierda. Susana Díaz, nada más llegar a la presidencia de la Junta de Andalucía, clavó su bandera sobre estos montículos y proclamó que no está dispuesta a dejárselos arrebatar. En realidad no se trata de ningún cambio de estrategia sino de táctica electoral. Cualquier estudio desapasionado sobre comunicación política indica que los recortes y decisiones duras de la gestión han recaído hasta el momento en el campo del PSOE mientras que las medidas más gráciles y sociales se atribuían a la acción de Izquierda Unida. Aunque es evidente que los despidos de funcionarios y los recortes sanitarios o educativos han sido motivados por el ajuste duro del Gobierno central, en su gestión diaria los costes han recaído sobre el PSOE mientras que los tímidos avances en materia de desahucios de viviendas o en protección social, se los ha anotado IU.

   La parte pesoística del Gobierno ha sido más bien torpe en no anotarse algunos contrapuntos interesantes a las políticas del PP como son la subasta de medicamentos, el mantenimiento de becas, la contención de las tasas universitarias que son las menores del Estado o la renuncia a medidas tan crueles como la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes. Sin embargo IU vendía sin esfuerzo los titulares de expropiación a los bancos de un centenar de viviendas por tiempo limitado o se anotaba la distribución de alimentos en las escuelas andaluzas.

   Lo que hasta ahora había sido una disimulada competencia, amenaza con convertirse en un malestar cierto ante la proximidad de las elecciones europeas, cuyo resultado en Andalucía se leerá con mucha atención. Por primera vez, tras esta durísima crisis, sabremos la respuesta del electorado andaluz a las políticas del PP y sabremos el grado exacto de apoyo que el pueblo otorga a cada una de las fuerzas que componen el Gobierno de coalición.

   La cercanía de estas elecciones va a provocar, sin duda, una mayor confrontación —o apariencia de ella— entre los socios de Gobierno del PSOE e IU. Ambos miran de reojo, cada vez con mayor insistencia, el marcador del partido. El problema, sin embargo, es que hay otros jugadores en la partida a los que no prestan la necesaria atención. O dicho de otro modo, que el PP en Andalucía esté descabezado y en un marasmo shakesperiano por la sucesión no supone, automáticamente, su descenso o su desaparición política.

   El PP andaluz, malversando a Cernuda, es un sueño que algunos necesitaron para seguir existiendo, pero la esencia del PP no es andaluza; no necesita líderes andaluces reconocidos para seguir existiendo; es un voto de la derecha política que no requiere de una existencia cierta en Andalucía para seguir vivo electoralmente.

   Como tampoco esa fuerza emergente del centralismo derechista posmoderno que es UPyD, necesita de líderes reconocidos en Andalucía para seguir creciendo en intención de voto.

   Otro elemento que los componentes del Gobierno andaluz no valoran convenientemente es el impacto que está causando la atractiva idea de salir de la crisis. De acuerdo que los datos sociales son demoledores pero este eslogan, repetido por el Gobierno, conecta con la esperanza ciudadana de poner fin a la pesadilla. La izquierda no puede eludir este debate de la salida de la crisis con la simple denuncia de la situación ni mucho menos con el dibujo espeluznante de mayores desastres futuros. La izquierda agorera que proclama que “lo peor de la crisis está por llegar” no puede ganar ninguna batalla. Solo la bandera de la esperanza podrá sacarnos de este presente aciago.

   Por eso, si el Gobierno andaluz quiere competir en el terreno de la izquierda sería mejor que lo hiciera de verdad: poniendo sobre la mesa no ocurrencias sino nuevos proyectos de empleo, de medioambiente y de gestión renovada de los servicios públicos. Si de verdad desea conquistar terreno social debería dejar de lado la resignación o la caridad y recuperar la ambición del cambio.
 @conchacaballer

OTRA VEZ, NO

Publicado en EL País de Andalucía 

   Según Montoro, ministro de Hacienda, “los salarios no están bajando en España sino que moderan su crecimiento”. El Congreso de los Diputados está cada día más entretenido. El ministerio de la verdad es cada semana más surrealista: brotes verdes, salarios en crecimiento moderado, selección de estadísticas elaboradas por chamanes enloquecidos, reinado del oxímoron, paraíso del lenguaje encubridor, lugar donde el topless está prohibido mientras se desnuda “preventivamente” a las invitadas…

   Aunque los salarios —claro que no—, no bajan, por cuarto año consecutivo los Presupuestos Generales del Estado decretan la congelación salarial de todos los empleados públicos. No importa que el ministro prevea mayores ingresos y recuperación económica. A la función pública, ni agua, debe ser la consigna. Si tienen todavía alguna duda sumen estos descuentos: el IPC (según datos oficiales del INE) desde 2010 hasta el día de hoy ha subido un 9,1%. Se espera que el año próximo lo haga un 1,5% lo que significa que solo por efecto de la congelación salarial la función pública perderá 10,6 puntos de poder adquisitivo. A esto hay que sumarle la supresión de la paga extraordinaria efectuada por el Gobierno central que supuso una rebaja de 7 puntos sobre las retribuciones totales. Y, todavía no satisfechos con esto, sumen los 10 puntos que se derivan de la supresión de los complementos de la paga extraordinaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Todo esto sin contar (no quiero llevarles a la desesperación) el aumento del 5% del IRPF o los gravámenes de todo tipo de impuestos. La pérdida total de poder adquisitivo de los funcionarios oscila entre el 20% y el 30% de sus ingresos.

   Con este panorama el ministro Montoro nos explicó, con expresión de quien merece ser calurosamente felicitado, que el próximo año se mantendrían las pagas extraordinarias.
Ese conflictivo recorte, se le olvidó decir, lo dejaba al arbitrio de las Comunidades Autónomas.Lo peor del caso es que la comunidad que inmediatamente tomó el guante fue Andalucía. El Gobierno andaluz, tras rechazar los Presupuestos Generales del Estado y afirmar que “estaban diseñados para asfixiar a las Comunidades Autónomas” y que le “restaban a Andalucía 1.200 millones de euros”, ha decidido suprimir la mitad de las pagas extras de los funcionarios andaluces. Es decir, que en vez de reclamar ante el Gobierno central la financiación que le corresponde o buscar nuevas formas de ingresos, vuelve a golpear a los trabajadores públicos.

   Se trata de una medida socialmente injusta, políticamente suicida y económicamente contraproducente. El Gobierno andaluz argumenta que lo hace para conservar el empleo público pero, aún si así fuera, no se puede combatir una injusticia con otra de idéntico calado, máxime cuando se hace de forma reiterada. Prácticamente todas las comunidades tienen idénticos complementos y forman parte del salario reglado de sus trabajadores. No se trata de una paga potestativa ni arbitraria que se pueda suprimir sin consecuencias.
En el plano político la medida es suicida porque los mismos dirigentes políticos del PP que aprietan las cuentas públicas de Andalucía serán los primeros en ponerse a la cabeza de la protesta por el recorte de las pagas públicas. El Gobierno regional acaba de regalarle su discurso político al desangelado PP andaluz que andaba a la deriva. El Ejecutivo de Andalucía perderá toda credibilidad en la oposición a las políticas de recorte de los servicios públicos, porque no puede haber calidad alguna cuando el colectivo que los sustenta es vapuleado continuamente. Para la ciudadanía, se fomenta la idea de que todos son iguales, sin paliativos.
Finalmente, la medida es equivocada en términos económicos. Los 322 millones que se detraen a los funcionarios no solo se restan de sus bolsillos, sino de la calle, de las tiendas, de los servicios, de la actividad económica y del empleo. Empobrecer a un cuarto de millón de ciudadanos andaluces nos hace más pobres a todos.
@conchacaballer

SE PUEDE HACER MÁS

Publicado en El País de Andalucía  

        “Cádiz es tan antigua, tan antigua, que no tiene ni ruinas”, respondía el Beni cuando alguien presumía de los monumentos de su ciudad. En cuestión de identidad a Andalucía le ocurre algo similar: no tiene que alardear de ella porque es tan porosa, impregna de tal modo nuestra forma de vivir que no necesita hitos, monumentos, ni recordatorios.

       Los que discuten sobre la personalidad de Andalucía tienen la idea reduccionista de que es necesaria una lengua y partidos nacionalistas para tener identidad. Pero no tiene por qué ser así. Pensemos en Francia. Su identidad no la marca el idioma sino la idea fundacional de ciudadanía, de igualdad e incluso de protección social.

     La identidad puede basarse en valores compartidos, en sueños comunes, en una cierta manera de percibir la vida y de relacionarse con los demás. Si han tenido posibilidad de escuchar el reciente discurso de Obama podrán comprobar cómo se esfuerza en orientar la identidad americana hacia la confluencia de la igualdad y la libertad frente al individualismo feroz del éxito personal. Esa invocación con la que se enlazaba cada parte del discurso, “We, the people” y que en España ningún político, desgraciadamente, tendría hoy credibilidad para entonar.

     En el caso de Andalucía, si algo tiene fuera de toda discusión es su fuerte personalidad política. Las pasadas elecciones fueron una clara demostración. Las condiciones para el éxito de la derecha eran absolutamente favorables: el PP acababa de destrozar literalmente al PSOE, acorralado además por el escándalo de los ERE. A pesar de todo, y contra todo pronóstico, los andaluces tramaron desde el subsuelo de su conciencia, una operación política cuyo objetivo no era tanto dar la victoria al PSOE e IU, sino impedir que gobernase el PP.

    El pueblo andaluz ya percibía la orientación antisocial de sus políticas, los copagos, repagos, privatizaciones y recortes de derechos sociales que se avecinaban. Por eso, el mandato del pueblo al Gobierno andaluz fue nítido: queremos que hagáis una política diferente. No se trata de promocionar una confrontación partidaria sin sentido, ni de alentar una división partidaria, sino de hacer sencillamente otra cosa con las pocas o muchas posibilidades que se tienen al alcance.

    Y se puede hacer mucho más. Mucho más que presentar recursos judiciales contra leyes o disposiciones abiertamente injustas pero también mucho más que declaraciones, oficinas de estudio o de asesoramiento o planes difusos. Por ejemplo, en materia de desahucios, se echa de menos que el Gobierno andaluz no haya escrito normativamente una línea que limite en Andalucía el poder de bancos y propietarios. Hay competencias para hacerlo y, sobre todo, hay necesidad de señalar otros caminos. Todos sabemos que una normativa sobre desahucios podría ser recurrida por el Gobierno central, pero la batalla política sería alentadora para todas las personas que creemos que debe haber un margen para la justicia y la protección social y que si no lo hay, es necesario crearlo.

    Cuando discutimos el Estatuto de Autonomía, nuestra seña de identidad fue la preocupación social. Confeccionamos el catálogo de derechos sociales más ambicioso de toda España y los vinculamos jurídicamente para comprometer a la administración. Arbitramos que se pueden establecer cláusulas sociales en la contratación pública. Apostamos por la pequeña y mediana empresa, la ecología y las nuevas tecnologías. Determinamos que ni una sola persona en Andalucía estaría abandonada a su suerte, sin la protección de los poderes públicos. Anunciamos que se iba a abrir una nueva etapa de la administración en la que la voz de la ciudadanía sería escuchada y escribimos que deberíamos mejorar la eficacia de nuestros servicios públicos contando con los que están a pie de tajo. Esto ni siquiera cuesta dinero y supondría un cambio real en la concepción del poder.

   No hay mejor respuesta a las políticas del PP que hacer una política diferente. No un poco más o un poco menos de lo que nos decretan los poderes financieros, sino distinta, en las formas y en el fondo.

COSAS QE NO CUESTAN DINERO

Publicado en El País Andalucía
Sin Andalucía, serían felices. ¿Para qué emplear más palabras? Sin Andalucía las afirmaciones del ministro de Economía sonarían como las de Moisés al enunciar los 10 mandamientos en el monte Sinaí, en vez de cómo el sonsonete afilado del señor Burns, propietario de la central nuclear en la serie Los Simpson. Sin Andalucía, el bronceado intenso de Ana Mato no contrastaría de forma tan clara con el intento de expulsar del sistema sanitario a los morenos naturales de allende los mares.


Andalucía era imprescindible para cerrar el círculo, asentar el pensamiento único de que la crisis económica no puede ser superada sino con la liquidación de una parte importante del Estado de bienestar y con una modificación del actual Estado de las autonomías. El pastel estaba cocinado y la mesa puesta. La única pluralidad, con mando en plaza, sería la del Gobierno de Artur Mas, con quien el PP mantiene un 99% de coincidencias en materia económica y social. En cuanto a las divergencias, serían altamente rentables. O bien se produciría un acuerdo bilateral con Cataluña o una confrontación de bajo nivel en el que los contendientes se envolverían en las banderas españolas y catalanas, respectivamente, para alborozo de sus respectivos nacionalistas.
Pero Andalucía siempre llega cuando no se la espera. Ya pasó cuando decidió, contra todo pronóstico, conquistar la autonomía plena y romper un mapa desigual. Ahora ha vuelto a ocurrir, a la manera de este contradictorio siglo XXI, con menos épica y más contradicciones; sin las grandes pasiones y enormes esperanzas de hace tantos años. Pero lo ha vuelto a hacer y, pese a quien pese, se ha situado en el centro del debate político, con las banderas algo ajadas, pero con el mismo latido de igualdad.
El nuevo Gobierno debe ser consciente de que recibe un legado delicado que debe implicarlos más allá de sus propias fuerzas. El pueblo andaluz sabe las dificultades de la situación actual: la escasez de fondos públicos, los límites de la gestión política, la dificultad de invertir la rueda que nos empuja hacia el precipicio. No esperan milagros asombrosos pero serán absolutamente exigentes en las formas de ejercer el poder político, en la sensibilidad de las medidas que se adopten y en el ejemplo que ofrezcan a la sociedad andaluza.

En política, como en la vida, hay muchas cosas que no cuestan dinero pero que nos devuelven la confianza. No cuesta dinero, sino todo lo contrario, la honradez ni la sensibilidad social. No cuesta dinero poner en marcha de forma inmediata un código ético que no solo prevenga contra los casos de corrupción, sino que nos proteja de cualquier uso clientelar del poder político. Tampoco sería mala idea recuperar la educación y la elegancia como valores de la izquierda, fundamentalmente ahora que la derecha se ha vuelto lenguaraz e insultante.

No cuesta dinero la participación y el diálogo social, pero el de verdad, no el que se reduce a una consulta institucionalizada a las organizaciones sociales. Miles y miles de andaluces y andaluzas estarían deseando aportar sus conocimientos e ideas para mejorar nuestros servicios públicos, fomentar el empleo, proteger el medio ambiente o avanzar en igualdad de oportunidades. El talante del nuevo Gobierno debería caracterizarse por una escucha activa de la sociedad, lejos del autoritarismo o del paternalismo desmovilizador que nos ha privado de tantos talentos y soluciones.
Andalucía no va a buscar confrontaciones, se las va a encontrar en el camino. Sin dar siquiera tiempo a que se constituya el Parlamento, el Gobierno central ya ha planteado tres recursos contra decisiones andaluzas (subasta medicamentos, ley de incompatibilidades y oposiciones de docentes) y ha pronunciado las palabras temibles que suenan a golpe anti-andaluz: si no obedecen, serán intervenidos. Una amenaza inaceptable que nos recuerda a la frase favorita del personaje citado de Los Simpson, el dueño de la central nuclear, cada vez que los trabajadores desoyen sus órdenes: “¡Suelte a los perros