Tiene la juez Alaya un club de fans numeroso que jalea todas sus actuaciones. Si leen sus comentarios y sus parabienes lo que les caracteriza es un profundo odio a la política y, de paso, una nefasta idea de la autonomía. Por ejemplo se expresan así sobre el Parlamento de Andalucía: ¡Duro con ellos! ¡Muy bien entrar en la guarida! ¡Todos a la cárcel! ¡Tanta autonomía y tanta tontería! ¡A por el Parlamento!
Cuando se empezaron a conocer los primeros datos sobre las correrías de Guerrero, sus juergas, borracheras y toneladas de cocaína, convirtieron estas características en una especie de marca para toda la Administración andaluza. Teníamos los chorizos más vulgares de todo el Estado, nada que ver con el seny de los delincuentes públicos catalanes o con el glamour de los protagonistas de la Gürtel. Pero, cuando el público realmente se rindió a los pies de la juez Alaya, y la cubrió de alabanzas entusiásticas, fue cuando elevó el tiro y, según sus propias palabras decidió “dar un paso cualitativo” de la instrucción y apuntar al más alto nivel de la política andaluza.
El delito, dejó en ese momento de ser individual, contable y objetivable, para convertirse en una simple cuestión de organigrama. El verdadero punto culminante de la juez Alaya no es la imposición de una fianza millonaria a Magdalena Álvarez, sino la imputación de 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por el simple hecho de haber ejercido como directores generales, secretarios técnicos o puestos de responsabilidad en el Gobierno, sin que se detallen las actuaciones delictivas concretas y personalizas. El foco se desplazó de los Guerrero, Lanzas y Cía, a los más elevados puestos de la política. La tesis principal de la juez Alaya es que existió una conspiración de alto nivel para facilitar el robo de caudales públicos. Se supone que existió en Andalucía toda una banda organizada de altos cargos que se coordinaban para facilitar los delitos. ¿Qué ganaban con ello? ¿A quién encubrían? ¿Qué pruebas existen? No se conoce la respuesta a ninguna de estas preguntas.
Todavía no se ha diagnosticado como patología, pero la misopolítica es una nueva enfermedad que recorre España. No se ha determinado el agente causante de la misma ni la forma de sanarla, pero presenta síntomas muy comunes: un tremendo malestar en la boca del estómago, una irritación profunda que no atiende a argumentos, un ansia desmesurada de descargar las tensiones en los representantes públicos, sin distinciones.
Los políticos son culpables per se. Da igual si se han enriquecido o no con la comisión de los delitos; si su falta fue no vigilar de forma suficientemente eficaz o cobrar por el crimen.
La instrucción de la juez Alaya es una mina para los estudios semánticos de desplazamiento de los contenidos. Así, el procedimiento de las subvenciones, considerado “inadecuado” por la Cámara de Cuentas, se convierte en “irregular” y, a renglón seguido, en “ilegal”.
Debemos a la juez Alaya el uso del término “preimputado” que no existe pero que es una indeleble letra escarlata. Pero, quizá la elaboración más novedosa sea la de considerar que el Parlamento de Andalucía aprueba leyes “ilegales”. Que se sepa, las leyes —en una democracia, claro— no son ilegales más que si así lo declara un tribunal competente o el Tribunal de Justicia Europeo.
Presuponer que las leyes aprobadas por el Parlamento de Andalucía son ilegales y que su finalidad era ayudar a una red de delincuentes a robar dinero público, convierte a todos los representantes públicos en cómplices del delito o en descerebrados personajes que no se enteraban del contenido de las leyes.
En esta trama sin fin, la juez ya ha solicitado la transcripción de los debates del Parlamento de Andalucía para determinar en qué medida conocía o participó en esta macroconspiración.
La juez Alaya, en un acto inaudito, desvela que “con probabilidad cierta” sus imputados serán condenados. El populismo penal triunfa plenamente: todos culpables, todos chorizos, todos ladrones. Pero no es verdad. Hay quien robó dinero público y quien no lo hizo. Hay responsabilidades penales y responsabilidades políticas y no se puede meter todo en la misma coctelera porque afecta a nuestra democracia, a nuestra autonomía y, a la larga, al prestigio de la justicia.
