Zapatero y Andalucía

Los medios de comunicación han destacado la novedad de que el PP aventaje en intención de voto al PSOE en la comunidad autónoma de Andalucía -una posibilidad que los propios entrevistados no contemplan-, pero apenas se ha reseñado un dato político de enorme importancia y es el descrédito masivo del Gobierno de Zapatero ante los ojos de los andaluces. El PSOE ha conseguido históricamente mejores resultados en elecciones generales que en autonómicas. Sin embargo, en tan solo tres años la ciudadanía andaluza ha pasado de ser la que mayor confianza depositaba en el líder socialista estatal a considerar su gestión lesiva para Andalucía. Al día de hoy, el 66% de los andaluces afirma que las políticas del Gobierno central son "malas" o"muy malas". La caída de valoración ha sido vertiginosa. Si esto ocurre en la comunidad que más apoyo ha brindado tradicionalmente al PSOE en las elecciones generales, cabe preguntarse qué valoración obtendrá en "territorio hostil" o, dicho de otra manera, asalta inmediatamente la pregunta de si con estos indicadores podrá el PSOE mantener el liderazgo de Zapatero hasta las próximas elecciones generales.
La sombra del Gobierno central, más que un paraguas donde guarecerse del aluvión de la crisis, es hoy un peso muerto para la gestión del Ejecutivo andaluz que arrostra también una valoración negativa pero veinte puntos superior a la del Gobierno de Zapatero. Las encuestas no nos señalan las causas de esta caída, pero no es arriesgado aventurar que su gestión de la crisis, más el cambio brusco de discurso no solo haya decidido el descrédito de su Gobierno sino la caída de simpatía hacia su fuerza política. No es que la derecha esté ganando, es que la mitad de los votantes socialistas, no comprenden que el mercado y los recortes sustituyan al discurso social y al entendimiento con los movimientos sociales.
Además, al igual que hubo algo específicamente andaluz en la apuesta continuada de los electores por el PSOE, también hay algo esencialmente andaluz en el desapego hacia su figura. Desde hace años Zapatero ignora a Andalucía en su discurso y en sus hechos: ha impuesto una solución triste al viejo debate de la deuda histórica, no parece comprender el carácter de la autonomía y ha consentido la bofetada rotunda de la huida de Cajasur del sistema financiero andaluz. Pero, ante todo, el último giro de su política económica es profundamente lesiva para Andalucía: el recorte del déficit público, de los salarios, pensiones e inversiones es más doloroso en una tierra que todavía está por debajo en renta y en servicios respecto al Estado.
Ha hecho Zapatero una mala lectura del apoyo que Andalucía le brindó y de la conciencia política de los andaluces. El grado de identificación de los ciudadanos con su tierra es muy alto, tal como demuestran las mismas encuestas. Excepto un 14% de ciudadanos francamente hostiles a la autonomía andaluza, el resto tiene una alta conciencia autonómica, es decir, viven como propios los problemas de toda la comunidad, independientemente de su situación personal. Precisamente en esto estriba el diferencial con otro tipo de identidades. Nuestro hecho diferencial es la solidaridad, el sentido de la justicia y un inconfundible instinto que nos permite detectar los caminos que nos llevan a la desigualdad social. Precisamente las "líneas rojas" que se han difuminado en este último periodo y que han dejado en la orfandad política a un número creciente de andaluces que, de continuar, abrirán la puerta al gobierno de la derecha en nuestra comunidad.
Los dirigentes del PSOE han buscado consuelo en la valoración sumamente negativa que obtiene el PP tanto en la comunidad como en el Estado pero, visto de otra manera, evidencia que incluso la más torpe oposición puede convertirse en gobierno. Sobre todo si nadie entiende el mensaje de que antes de perder las elecciones, se suele perder la calle.

Publicado en el País el 31/07/2010

¿Qué PP?

Artículo de esta semana en El País

Hasta 1996 el PP vivió un proceso de transición para adecuarse a los nuevos tiempos. Sus antiguos líderes estaban vinculados al recuerdo de la dictadura, su bagaje político se identificaba con posturas intransigentes y su discurso no calaba en una sociedad que había abrazado las libertades democráticas y que no estaba dispuesta a ceder un ápice de los derechos conquistados. A los nuevos dirigentes del PP les costó años separarse de la imagen de cerrado y sacristía, de paternóster y de confrontación con la pluralidad nacional. Para conseguirlo, Aznar aprendió a hablar catalán en la intimidad, rehuyó los debates ideológicos que pudieran situarle en las posiciones más reaccionarias, citaba al republicano Manuel Azaña y no tuvo reparos en arrodillarse ante Rafael Alberti, tomarle unos versos prestados y una foto con la que guiñaba el ojo a toda la izquierda.
La derecha que ganó las elecciones de 1996 proclamaba moderación, concordia y respeto al pluralismo. No prometieron cambios legales de calado. Esta derecha de pura gestión no alarmaba excesivamente a una buena parte del electorado de izquierdas que se encogió de hombros ante su primera llegada al poder. A fin de cuentas, la agenda de privatizaciones de empresas públicas y de precarización del mercado laboral ya había sido iniciada por los gobiernos de Felipe González. La mayoría absoluta obtenida en el año 2000 les empujó a su verdadero espacio político: una reforma laboral con tremendos recortes de derechos y su participación en el aventurerismo guerrero de George Bush. Pero esa es otra historia.
El PP de 2010, sin embargo, parece haber recorrido un camino inverso. En los últimos seis años se ha empeñado en ejercer una oposición de fuerte contenido ideológico. Empezaron por una confrontación terrible contra Cataluña en la que cruzaron todos los límites razonables del desacuerdo político; llevaron al Tribunal Constitucional leyes como las de matrimonio homosexual, la igualdad de las mujeres o las listas paritarias; salieron a la calle contra la pazguata asignatura de Educación para la Ciudadanía; se convirtieron en portavoces de los negacionistas del cambio climático y han acompañado a la jerarquía eclesiástica en todos sus dislates y manifestaciones públicas, en las que se alternaban las sotanas y los hábitos de las monjas con las insignias del PP.
El proceso político por el que el PP puede llegar al poder en los próximos años es absolutamente distinto del anterior. Mientras que entonces se revestía incluso de un cierto progresismo, ahora el discurso y las fuerzas que lo impulsan pretenden realizar una especie de contrarreforma legal y social. Lo malo no son las balas, sino la fuerza que las empuja. A tenor de esta ola de conservadurismo social, cultural y económico que les conduce, peligra una gran parte de la legislación actual, especialmente la que atañe a derechos civiles e igualdad de género, enseñanza y mercado laboral, modelo fiscal, ley de inmigración, modelos familiares, gestión pública de los servicios así como la relación del Estado con las Comunidades Autónomas.
No estamos, entonces, hablando de una simple alternancia o de la oxigenación que los sistemas bipartidistas se recetan tras provocar ellos mismos la muerte de la pluralidad y de las ideas. Estamos hablando de un cambio social de calado que reinterpretará las normas básicas. Curiosamente en Andalucía, ni Arenas ni Griñán quieren hablar de ello: el primero porque necesita presentar una imagen moderada y sensata, absolutamente alejada de la trayectoria del PP en los últimos años, y Griñán porque está preso del modelo desarrollista andaluz y teme ser arrastrado por la caída en las encuestas del gobierno de Zapatero. Sin terreno de debate, no les queda más que el árido enfrentamiento sobre el liderazgo, la imagen o sus respectivas cualidades personales. Como si las marcas electorales, sin contenidos, fuesen la gran diferencia y los debates políticos reales un gran estorbo.