Todos los gobiernos adoran a las mayorías silenciosas, pero este ha dado un paso más. Por si acaso no hay en el futuro mayorías silenciosas, habrá por ley mayorías silenciadas.
En los primeros años de la crisis los think tank de este capitalismo salvaje se asustaron con la perspectiva de una revuelta popular. Nos dijeron que “lo sentían mucho” y que “no volvería a pasar nunca más”. Anunciaron una refundación del capitalismo pero enseguida vieron que era mucho más productivo refundar el estado del bienestar y volverlo chiquitito, minúsculo tan reducido como los salarios de los que alimentan con su trabajo la maquinaria de sus ganancias.
Inyectaron provisionalidad y miedo en grandes dosis. El tono moral de la sociedad en general ha sido de resignación pública e indignación privada. Arden las redes, sobrevuelan maldiciones en conversaciones de bares y centros de trabajo pero la calle (ay, la calle que cuando se hace millonaria en cuerpos todo lo cambia), ha permanecido silenciosa y tranquila, con gloriosas excepciones de mareas y herederos del 15-M.
Pero la derecha es previsora y barrunta que puede empezar un lento movimiento social que pretenda recuperar derechos, aumentar salarios y devolver la calidad perdida de los servicios públicos. Por eso, justo cuando publicitan el fin de la crisis económica, promulgan una ley represora que intenta cortar las protestas de raíz, por vía gubernativa y sin apelación posible.
Creíamos que no tenían en cuenta a los movimientos sociales pero han tomado exacta cuenta de sus acciones y han diseñado un traje a medida para terminar con sus movilizaciones. Vean algunas de ellas:
Contra el 15-M: ya no se podrá volver a acampar en Sol ni en Las Setas de Sevilla, ni en ningún espacio público.
No se podrá acompañar a las víctimas de los desahucios porque supone obstaculizar la labor de funcionarios públicos.
No se podrán celebrar manifestaciones en torno al Congreso de los Diputados, el Senado, ni el Parlamento de Andalucía. No importa que desde hace 30 años se esté haciendo a diario y sin conflictos. Vaya a manifestarse donde no estén sus representantes.
No se podrán grabar las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni compartirlas en las redes sociales. Si hay violencia policial, debe quedar en la estricta intimidad.
No podrá colgar pancartas ni banderas en edificios.
No podrá instalar tenderetes para recoger firmas o repartir propaganda.
Tenga cuidado de que sus expresiones no supongan una ofensa para España a juicio de la autoridad competente. Diga que recitaba a Cernuda, Machado o Gil de Biedma por si acaso.
No haga reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público. Busque lugares recónditos de tránsito privado.
No pierda el DNI ni dejen que se lo sustraigan tres veces en cinco años porque será multado. Llévelo siempre atado al cuello.
No pronuncie injurias, calumnias ni acusaciones contra las autoridades o instituciones en las manifestaciones públicas. No vuelva a repetir aquello de “Fulanito… trabaja de peón”. Ahora debe decir “Mariano, creo que te estás equivocando”.
El Gobierno creará un registro de infractores que tendrá unos indeterminados efectos administrativos. Quizá no le den licencia de apertura de su negocio, o le prohíban el acceso a cualquier servicio público.
El Gobierno se reserva el derecho a autorizar, disolver y reprimir un derecho fundamental. Para que los jueces no se entrometan han trasladado las decisiones a la vía gubernativa. Bastará la palabra de un funcionario, un policía o una autoridad para ser multado. Si aún así se empeña, las tasas judiciales le convencerán de que está mejor calladito.
Con esta ley, hecha a la medida del Madrid más reaccionario, de las demandas de Aguirre y las frustraciones de Ana Botella, el Gobierno está tocando el nervio del sistema democrático. No se trata de un debate entre izquierda y derecha sino entre estado autoritario o democrático. Una vez más. Treinta y tantos años después. ¡Qué dolor!
