Impuestos y ciudadanía

Las dictaduras rara vez tienen impuestos. No hay declaración de la renta, no hay módulos variables. La mayor parte de América Latina no tiene sistema impositivo. Tras décadas de dictaduras militares el estado ha sido expoliado, sus beneficios puestos a disposición de los más poderosos, sus acciones encaminadas a favorecer a unas élites millonarias y corruptas que se negaban a pagar el más mínimo dólar, peso, bolivar o sol para mantener los servicios públicos.
Durante el franquismo no había que presentar la declaración de la renta, no había IRPF ni un sistema fiscal transparente y equilibrado. Los impuestos pertenecen a la cultura de la democracia, de la ciudadanía, de la libertad…pero no tienen quien los defienda.
“Tengo derechos porque pago mis impuestos”, era una frase que se utilizaba en el cine, en la literatura, para señalar una raya entre los estados con ciudadanía y aquellos que solo tenían súbditos.
Sin embargo durante la última década se ha extendido la idea de la rebaja de impuestos. En vez de continuar con la tradición democrática de que cada beneficio particular debería revertir -en algún grado- en el beneficio social, se ha llegado a teorizar que el beneficio privado es, eso, individual y particular. La ola anti-impositiva llegó del corazón del imperio, de la mano de las llamadas políticas neocom, pero tuvo también en Europa sus seguidores entre las filas socialdemócratas. En los estertores del pensamiento neoliberal estas ideas contagiaron al Presidente Zapatero quien llegó a afirmar que “bajar los impuestos, es de izquierdas”, reclamando para si el patrimonio ideológico de la derecha internacional más rancia.
Ahora esa frase pesa como una losa en su discurso político. Con los impuestos pasa como con las cuestas: bajarlas es fácil, lo complicado es subirlas. El edificio del sistema impositivo es primo hermano de la democracia avanzada y se basa en la entrega de una parte de los beneficios para el interés común, en desprenderse del interés particular, en que los que no tenemos hijos paguemos escuelas y los que no viajan paguen el ferrocarril. No es un altruismo idealista sino un acuerdo por el que todos entendemos que sin el resto de la sociedad nuestras ganancias, simplemente, no existirían.
Aquellos que han hecho de la Constitución un arma arrojadiza en el terreno político, deberían leer su artículo 128 que literalmente dice: “toda la riqueza del país en sus distintas formas, sea cual fuese su titularidad, está subordinada al interés general.”
Pagar impuestos no es solo la condición necesaria para tener servicios públicos, para el mantenimiento de las escuelas, los hospitales, los metros o las carreteras, es también, una condición esencial del propio sistema democrático y de nuestros derechos como ciudadanos. Que paguemos los impuestos con justicia, con progresividad, sin excepciones es, también, el mandato legal que los gobiernos han incumplido con construcciones financieras que deberían ser desarticuladas, para que el sistema tenga credibilidad y los ciudadanos no tengamos la penosa impresión de que solo pagamos las rentas del trabajo.

Publicado en el Correo de Andalucía