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Cuando estudiaba la carrera nos explicaron el realismo como un esfuerzo por dibujar el entramado social bajo un prisma de honradez intelectual. Así, Balzac, tremendamente conservador, hace un relato inmisericorde de las clases ascendentes parisinas o Flaubert, que en su vida real añoraba el pasado nobiliario, nos regaló algunos de los relatos más certeros de los procesos revolucionarios y de la torpe educación sentimental de su tiempo.
Hoy cualquier atisbo de honradez intelectual es un pasaporte seguro a la exclusión, un ejercicio de alto riesgo por el que puedes ser tachado inmediatamente de servir a unos u otros intereses. Pero la falta de honradez intelectual esteriliza el debate político, cultural o social y acaba con nuestro mayor tesoro: el espíritu crítico.
La honradez intelectual no implica no tener ideología y defenderla incluso con pasión. Significa reconocer la verdad, o al menos no retorcerla. Supone tener comportamientos parecidos en situaciones similares y ser capaces de aplicar principios universales que no estén sujetos a la conveniencia particular.
La falta de honradez intelectual es realmente desalentadora, nos hace mover la cabeza, y exclamar “no es eso, no es eso” aunque no tengamos una orilla a la que amarrarnos.
Esta semana algunos medios han utilizado la figura del presidente de la Junta de Andalucía como portada de sus ediciones bajo títulos penalmente acusadores. Si según estos medios el presidente Griñán es responsable de la trama de los ERE, incluso sin estar en la Junta de Andalucía durante gran parte de estas ilegalidades, ¿qué tendríamos que decir de Mariano Rajoy o de José María Aznar, que sí que fueron responsables del PP durante todo el periodo de la trama Gürtel y del caso Bárcenas? ¿Dónde están las portadas similares, exigiendo responsabilidades de estos presidentes? Las posiciones ideológicas de las empresas editoras, legítimas e incluso necesarias, deberían tener ciertos límites morales.
La honradez intelectual nos dice que todos los acusados en los casos de corrupción deben ser tratados de igual forma, independientemente del juez asignado al caso. Si realmente esto es así, en uno o en otro lugar tiene que haber un grave error de instrucción. Si lo adecuado es dictar prisión provisional para los imputados en los delitos de corrupción ¿por qué se pasean a cuerpo gentil personas como Luis Bárcenas, Jaume Matas, Carlos Fabra, Iñaki Urdangarin… acaso no hay indicios suficientes de enriquecimiento personal?¿Es que tienen más caché que los corruptos del sur? ¿Por qué en la trama Gürtel hay tan pocos imputados y ninguna nueva resolución de prisión?
¿Si en el caso de Andalucía, el foco de corrupción estaba asentado en la Consejería de Empleo, por qué la juez imputa a uno de sus titulares y al otro no? ¿Es cierto que esta irregularidad responde al deseo de la juez de no perder el caso porque inmediatamente escaparía a su jurisdicción? ¿Es justa y ecuánime esta situación? Y para no dejar palo por tocar: ¿Por qué el PSOE abortó las conclusiones de la comisión de investigación en el Parlamento andaluz cuando se negó a reconocer responsabilidad política alguna de este mismo consejero?
Si los procedimientos de la juez Alaya son los mejores, aplaudidos
ampliamente por el sector político y mediático de la derecha, y
escasamente comentados por el resto de los medios, ¿por qué no se
utilizan mecanismos parecidos en el resto de los casos de corrupción,
iguales fianzas, entradas en prisión o redadas policiales?
Si la justicia es igual, la imparta el magistrado que la imparta, ¿por qué existe esa pelea judicial? ¿Por qué cada uno de los sectores imputados se inclina por un juez? ¿Qué más da que la instrucción de estos casos la haga la juez Alaya o la juez Ana Curra, el juez Gómez Bermúdez, Pablo Ruz o Baltasar Garzón? ¿O es que no es lo mismo? Solo citar este último nombre ya nos descorazona. Es muy doloroso constatar que el único procesado y condenado por la trama Gürtel se llama Baltasar Garzón.
