sábado, 28 de enero de 2012

MANIFIESTO DE ESCRITORES ANDALUCES

Durante dos días 79 escritores andaluces de los distintos géneros literarios han participado en un encuentro promovido por la Fundación Aljabibe y la Federación de Ateneos de Andalucía con la colaboración del Ministerio de Cultura y el Centro Andaluz de las Letras de la Junta de Andalucía. En estas sesiones han debatido de un amplio conjunto de temas, desde la poesía andaluza hasta el impacto de las nuevas tecnologías, pero sobre todo han acordado alzar su voz en los tiempos que corren de desconcierto para afirmar su compromiso con la sociedad y reivindicar el papel de la cultura como un gran espacio que no debe ser reducido, frivolizado o privatizado. En la clausura tributaron un cálido homenaje a Antonio Gala.


Este es el manifiesto que elaboraron y suscribieron la mayor parte de los presentes.

MANIFIESTO A FAVOR DE LA DIGNIDAD PÚBLICA DE LA CULTURA

Los abajo firmantes son andaluces que escriben, que forman parte de la clase trabajadora de la cultura y a quienes por lo tanto afecta la crisis económica que aflige a todos aquellos que viven del salario. Pero que se sienten especialmente concernidos, como diría Federico García Lorca, con quienes no tienen nada y hasta la tranquilidad de la nada se les niega.

Así, MANIFIESTAN:

1) Que rechazan un sistema económico basado en la avaricia del capitalismo salvaje que ha consagrado la desigualdad como norma a escala mundial y la precariedad y la recesión creciente en la Unión Europea y España. La precariedad de todos supone también la precariedad de quienes escriben. Pero la crisis no afecta tan solo a los bolsillos sino a los sueños. Por lo tanto, reivindicamos la dimensión utópica de la cultura como una bandera que nos haga defender y perfeccionar la sociedad del bienestar frente todos aquellos poderes que quieren abolirla.

2) Que la crisis y la sagrada contención del déficit supone una formidable coartada para acabar con el pensamiento crítico con respecto al pensamiento único; un extremo que, en épocas anteriores, se articulaba a través de un mecenazgo caprichoso por parte de una administración que debió de utilizar mejor sus presupuestos pero que ahora conduce a la privatización del hecho cultural y a reservar su supervivencia a la comercialización baladí y al puro espectáculo, atendiendo antes al populismo que a la calidad.

3) Que, en este sentido, Albert Camus relacionaba la degradación de los derechos laborales con la degradación humana y la emergencia de un ocio zafio. Defender la dignidad de todos quienes están pagando las consecuencias de esta recesión nos lleva a defender a la cultura como parte esencial del estado del bienestar. Se trata de un modelo de civilización a cuyo desmantelamiento estamos asistiendo sin que nadie parezca prestar atención a las alternativas que desde la ciudadanía empiezan a formularse frente a esta situación dramática.

4) Que, tal como aparece recogido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y en la Constitución española de 1978, la cultura y la educación son derechos inalienables de la ciudadanía y no podemos consentir que se desmantelen. Y eso es lo que está ocurriendo en la actualidad con las instituciones que debieran velar para su protección y desarrollo. Ambas disciplinas, la educación y la cultura, constituyen un servicio público para la sociedad que queremos que es la del estado del bienestar frente al estado del malestar que nos oprime. Así, no solo debemos evitar doblegarnos ante esa zafiedad del ocio de la que hablaba Camus sino que debemos exigir que se atienda prioritariamente a la formación de la persona.

5) Que la cultura no es un valor residual sino un testigo de la historia que debe rebelarse frente a quienes pretenden preservar los intereses de las élites dominantes. En tal sentido, tenemos el deber irrenunciable de exigir que forme parte de las prioridades del Estado para que el Estado, es decir, lo público siga formando parte de las prioridades de la ciudadanía. Esto es, para que no se repartan sus ropas los oscuros mercados e intereses sórdidos que lo están crucificando.

6) Que, así, la cultura está viviendo formidables recortes, no solo en la economía, en los nuevos puestos de trabajo que ha creado durante los últimos treinta años o en las llamadas industrias culturales, sino en la capacidad real de que los creadores puedan comprometerse con la belleza sin sentir la angustia ubérrima de quienes a su lado luchan por la simple subsistencia. La ética y la estética conforman la cara y la cruz de una misma moneda.

Antequera, 27 de enero de 2012

MARTA Y EL POPULISMO

El artículo de esta semana en el País Andalucía:

No se me ocurre mayor dolor que el de unos padres que han visto segada la vida de su hija, ni mayor tormento que hurtarles su cuerpo. Llevamos escrito en nuestro inconsciente, desde hace milenios, la necesidad de ese último acto de despedida, por eso el dolor de los padres de Marta es el mismo que el de Príamo, rey de Troya, arrodillado ante Aquiles para que le permita recuperar el cadáver de Héctor; un dolor idéntico a centenares de personajes trágicos de la literatura en busca de ese definitivo adiós.


El caso Marta del Castillo, desde su inicio, contó con una corriente de simpatía que habla bien de nuestra sociedad, de su empatía y de la fuerza reparadora de la solidaridad. Sin embargo, junto a esta fuerza de cariño y de comprensión, fue creciendo una corriente airada que pretendía hacer justicia a base de gritos y de linchamientos y que pone en cuestión, no una resolución judicial, sino las bases del propio Estado de derecho. Es muy fácil, en casos como el que tratamos, aprovechar la irritación que produce en la sociedad el hecho de que un crimen no quede completamente aclarado y la impotencia ante el fracaso en la búsqueda del cadáver para hacer un tipo de política innoble y engañosa.

En estos días han arremetido contra los jueces o contra las leyes pero, si lo pensamos con tranquilidad, ninguno de los dos son los responsables. El verdadero problema para determinar todas las responsabilidades penales en el caso Marta del Castillo es, sin más, la falta de pruebas, hasta el punto de que la base fundamental de la acusación es la propia confesión de Miguel Carcaño. Por eso, con otras leyes o con otros tribunales el resultado hubiera sido muy parecido.

Soy completamente contraria al establecimiento de la cadena perpetua —revisable o no—, en nuestro ordenamiento legal, así como a toda esta corriente que empuja al endurecimiento de condenas. La historia nos ha demostrado que ese tipo de legislaciones no solo no contribuyen a disminuir los crímenes sino que imposibilitan cualquier reinserción. Además, en España, en contra de lo que popularmente se ha extendido, existe una de las legislaciones más duras del llamado mundo occidental, con el cumplimiento completo da las condenas incluido.

Pero imaginemos que existiera la legislación que los impulsores de estas movilizaciones demandan: otra ley del Menor, cadena perpetua y endurecimiento de las penas pero con las mismas pruebas. ¿En qué hubiera cambiado la situación? Prácticamente en nada. La aplicación de estas nuevas leyes sería absolutamente indiferente en el caso Marta del Castillo.

La cadena perpetua, revisable o no, solo se aplicaría a casos en los que concurran una violencia y crueldad extraordinarias, circunstancias que no parece que hayan sucedido en este crimen. En cuanto al endurecimiento de la ley del Menor, en un grado de complicidad, tampoco sería relevante, más allá de coordinar mejor las sentencias. Finalmente, la condena a Miguel Carcaño a veinte años de prisión es la máxima posible para un caso simple de homicidio.

La ira popular se dirige a que hayan salido absueltos algunos de los imputados por complicidad con el crimen. La explicación es simple y llanamente que no hay pruebas fehacientes de su participación o ¿es que los tribunales pueden condenar a ciudadanos sin las suficientes garantías y pruebas de convicción? Si así fuera, deberíamos decir adiós al Estado de derecho y cualquier ciudadano podría ser enviado a la cárcel por una presunción no fundada.

Una cosa es que los padres y familiares de Marta del Castillo expresen su indignación y su rabia y, otra muy distinta, que convirtamos estos sentimientos en una fuente de derecho y de cambios en la legislación. Es peor, todavía, que algunas fuerzas políticas jueguen con la peligrosa baraja del populismo y de la manipulación, e intenten obtener beneficios electorales del dolor de las víctimas, aunque sea a costa de sembrar la inseguridad, el desconcierto y la ira en nuestra sociedad.