domingo, 1 de agosto de 2010

Zapatero y Andalucía


Los medios de comunicación han destacado la novedad de que el PP aventaje en intención de voto al PSOE en la comunidad autónoma de Andalucía -una posibilidad que los propios entrevistados no contemplan-, pero apenas se ha reseñado un dato político de enorme importancia y es el descrédito masivo del Gobierno de Zapatero ante los ojos de los andaluces. El PSOE ha conseguido históricamente mejores resultados en elecciones generales que en autonómicas. Sin embargo, en tan solo tres años la ciudadanía andaluza ha pasado de ser la que mayor confianza depositaba en el líder socialista estatal a considerar su gestión lesiva para Andalucía. Al día de hoy, el 66% de los andaluces afirma que las políticas del Gobierno central son "malas" o"muy malas". La caída de valoración ha sido vertiginosa. Si esto ocurre en la comunidad que más apoyo ha brindado tradicionalmente al PSOE en las elecciones generales, cabe preguntarse qué valoración obtendrá en "territorio hostil" o, dicho de otra manera, asalta inmediatamente la pregunta de si con estos indicadores podrá el PSOE mantener el liderazgo de Zapatero hasta las próximas elecciones generales.
La sombra del Gobierno central, más que un paraguas donde guarecerse del aluvión de la crisis, es hoy un peso muerto para la gestión del Ejecutivo andaluz que arrostra también una valoración negativa pero veinte puntos superior a la del Gobierno de Zapatero. Las encuestas no nos señalan las causas de esta caída, pero no es arriesgado aventurar que su gestión de la crisis, más el cambio brusco de discurso no solo haya decidido el descrédito de su Gobierno sino la caída de simpatía hacia su fuerza política. No es que la derecha esté ganando, es que la mitad de los votantes socialistas, no comprenden que el mercado y los recortes sustituyan al discurso social y al entendimiento con los movimientos sociales.
Además, al igual que hubo algo específicamente andaluz en la apuesta continuada de los electores por el PSOE, también hay algo esencialmente andaluz en el desapego hacia su figura. Desde hace años Zapatero ignora a Andalucía en su discurso y en sus hechos: ha impuesto una solución triste al viejo debate de la deuda histórica, no parece comprender el carácter de la autonomía y ha consentido la bofetada rotunda de la huida de Cajasur del sistema financiero andaluz. Pero, ante todo, el último giro de su política económica es profundamente lesiva para Andalucía: el recorte del déficit público, de los salarios, pensiones e inversiones es más doloroso en una tierra que todavía está por debajo en renta y en servicios respecto al Estado.
Ha hecho Zapatero una mala lectura del apoyo que Andalucía le brindó y de la conciencia política de los andaluces. El grado de identificación de los ciudadanos con su tierra es muy alto, tal como demuestran las mismas encuestas. Excepto un 14% de ciudadanos francamente hostiles a la autonomía andaluza, el resto tiene una alta conciencia autonómica, es decir, viven como propios los problemas de toda la comunidad, independientemente de su situación personal. Precisamente en esto estriba el diferencial con otro tipo de identidades. Nuestro hecho diferencial es la solidaridad, el sentido de la justicia y un inconfundible instinto que nos permite detectar los caminos que nos llevan a la desigualdad social. Precisamente las "líneas rojas" que se han difuminado en este último periodo y que han dejado en la orfandad política a un número creciente de andaluces que, de continuar, abrirán la puerta al gobierno de la derecha en nuestra comunidad.
Los dirigentes del PSOE han buscado consuelo en la valoración sumamente negativa que obtiene el PP tanto en la comunidad como en el Estado pero, visto de otra manera, evidencia que incluso la más torpe oposición puede convertirse en gobierno. Sobre todo si nadie entiende el mensaje de que antes de perder las elecciones, se suele perder la calle.

Publicado en el País el 31/07/2010

La banca siempre gana








Mismo día, dos escenarios diferentes: en un extremo del planeta, el Presidente Obama presenta su reforma financiera que pone bridas a la actuación de este sector en su país e impone controles y transparencia sobre todo tipo de las actividades de préstamo e inversión. Mientras, mucho más cerca, el Congreso de los diputados, aprueba con los votos del PP y del PSOE un precipitado cambio en la regulación de las cajas de ahorros que entrega a las manos privadas, al menos el 50 por ciento de estas entidades.
Obama, en una regulación inédita para la historia de EEUU, proclama: “El pueblo americano nunca más tendrá que pagar la factura por los errores de Wall Street", mientras que en nuestro escenario de los leones, la Presidenta económica declara también con tono solemne que “estamos ante la reforma más importante que se ha llevado a cabo en el sector desde el siglo XIX y que servirá para dar todavía mayor confianza al sistema financiero español”, sobre el cual se deshizo en elogios.
“Es el manifiesto de un presidente y de un equipo económico que confían en los recursos del Gobierno para crear las condiciones que eviten una repetición de la crisis que el sistema financiero –afirma el corresponsal en Washington de El País-. Es, en definitiva, el manifiesto de un político que cree en el papel del Estado.” Un manifiesto que contrasta con el mensaje evidente del cambio de regulación española, según la cual, sólo es productiva, rentable y fiable la iniciativa privada sin el concurso del Estado.
Los bancos en España no han recibido, en contraposición con EEUU, la más mínima reprimenda por parte del poder político. Bien al contrario, han recibido en estos días el suculento bocado, ofrecido por el gobierno en bandeja de plata, de poder hacerse con el control y la actividad de las Cajas de Ahorros de nuestro país. Un cambio histórico, sin duda, que supone una expropiación de bienes públicos similar a la entrega a manos privadas de los montes comunales.
La falta de cariño de la población hacia sus bienes públicos y semipúblicos está muy ligada a la falta de conciencia democrática unida a la gestión lamentable que se ha hecho de gran parte de nuestro patrimonio comunal. No ha habido una sola lágrima por la evidente desaparición de las cajas de ahorros, que podrán ceder al completo su negocio financiero a los bancos y mantener sólo el cascarón de su obra social. No ha habido una sola línea recordando por qué nacieron las cajas, cual era su papel, por qué se considera fundamental su existencia para el desarrollo de las comunidades autónomas y por qué Andalucía, más que ninguna otra, necesita un sector financiero de esta naturaleza. Bastaría recordar que las cajas –hasta la entrada en vigor de esta nueva ley- no reparten beneficios privados, y tienen la obligación de dedicar a fines sociales al menos el 33 por ciento de sus ganancias, más un 18 por ciento establecido para la obra social, lo que supone un enorme flujo de capital que debe invertirse en el territorio al que pertenecen.
En este panorama, la venta de Cajasur al mejor postor, no deja de ser un expolio para la Comunidad Autónoma de Andalucía. Debemos este tremendo despropósito a las enloquecidas fobias ideológicas de la jerarquía eclesiástica cordobesa pero también al Banco de España, convertido en una especie de tribunal supremo sin apelación, ante el que nada valen las razones sociales ni el equilibrio territorial.
Tampoco se hubiera consumado el expolio si, el gobierno central hubiera respetado las competencias andaluzas en materia de Cajas de Ahorros y hubiese escuchado a la Comunidad Autónoma, en vez de beneficiar la lógica bancaria y la deslocalización de las Cajas. Por todo esto Cajasur ha sido adjudicada al BBK por el método de subasta, como si de un casino se tratara. Ya se sabe, que en el juego de la ruleta, la banca siempre gana. Andalucía pierde.