domingo, 26 de septiembre de 2010

El 29-S vamos de Huelga

Esta es la Editorial de Paralelo36 respecto a la convocatoria de Huelga General, que suscribo completamente:

Las crisis son como las enfermedades: lo importante no es cómo se entra, sino cómo se sale. Al inicio de esta ya larga enfermedad que padecemos lo inteligente hubiera sido analizar las causas que la provocaron, aplicar el tratamiento a los órganos afectados y modificar los hábitos de conducta del paciente. Pero no. Los médicos de bata gris que nos atienden han decretado que la mejor receta es reducir salarios y derechos.


De esta crisis saldremos más pobres y más de derechas. O sea, más pobres durante más tiempo. Y ya es mala suerte la de Andalucía porque lleva décadas y décadas ofreciendo a los mercados mano de obra barata y suelo abundante, sin encontrar más contrapartida que una tasa elevada de paro y bajos salarios. Pues bien, ahora que empezaba a abrirse camino la idea de que competir en los mercados a base de bajar el precio de la mano de obra era una antigualla insostenible, que lo importante era rivalizar en innovación, investigación y nuevas fuentes energéticas se produce un violento giro ante el que asienten los sectores más decimonónicos: más facilidad para el despido, menos convenios, menos derechos.

Cualquiera diría que los costes excesivos del despido, acogotan a los empresarios españoles. Pero es mejor ver los datos: durante los años 2008 y 2009 han sido despedidos en Andalucía algo más de 330 mil trabajadores. El ochenta y cinco por ciento de ellos recibieron el mínimo posible de indemnización, es decir, menos de ocho días por años trabajado. En cuanto a las indemnizaciones máximas de cuarenta y cinco días por año (presentadas como un lujo asiático de nuestro mercado laboral), solo las obtuvieron un dos por ciento de los trabajadores después de haber acreditado por vía judicial que el despido era completamente arbitrario e improcedente.
El gran problema del mercado laboral no es el despido sino la precariedad. No se pueden ofrecer productos ni servicios de calidad con unas plantillas mal pagadas que se renuevan antes de comprender siquiera el proceso de trabajo. Hagan la prueba llamando a cualquier servicio de sus proveedores.
Pero, si el problema económico real, no son los salarios ni los despidos ¿por qué se ha cargado con dureza contra ellos? Algunos teóricos hablan del “desempoderamiento” de los trabajadores en el mundo productivo, donde han pasado de ser un actor central a un factor marginal sin voz propia. Claro que este desempoderamiento comenzó hace tiempo cuando la sociedad aceptó, implícitamente, que los jóvenes entraran al mercado laboral en condiciones muy inferiores a las que lo hicieron sus mayores. El mileurismo y los contratos temporales han sido el caballo de Troya sobre el que los sindicatos no han sabido cabalgar.

El mundo de la cultura habla de desempoderamiento de la ciudadanía porque, despojados del control de los mercados, las personas nos convertimos en simples consumidores. O dicho en otros términos, en los momentos decisivos en que los gobernantes deben elegir entre los mercados y la democracia, se han rendido sin librar siquiera batalla. Aunque Zapatero quiera presentar estas medidas como ajustes imprescindibles, en aras de las cuales está dispuesto a inmolarse, no son más que la expresión de una derrota que lanza un aviso inconfundible al cuerpo social: ¡Sálvese quien pueda!
Se discute si la huelga del próximo miércoles será un éxito o un fracaso de los sindicatos, y hay quienes afilan sus cuchillos para acabar con el último resto de organización de los trabajadores. Pero, quizá, habría que preguntarse por el papel de la ciudadanía. Si preferimos una sociedad que, ante el recorte de derechos, se organiza, protesta y defiende otras alternativas o, si por el contrario, es mejor un modelo social en el que la queja se dirige a cualquier objetivo –inmigrantes, vecinos, mujeres, políticas sociales- antes que contra los poderosos. A fin de cuentas, saber exigir es también una lección de ciudadanía.
El Consejo de Redacción de Paralelo36 apoya la huelga general y hace un llamamiento a que los andaluces y las andaluzas participemos activamente en ella el día 29 de septiembre, secundando así la convocatoria de los sindicatos.

sábado, 25 de septiembre de 2010

Casino Party

Aquí puedes pinchar el artículo de esta semana que publico en El País Andalucía:

En el casino de algún pueblo perdido es posible que todavía le hayan reído la gracia. Los que las rapaban, digo. Habrán reído con alborozo ante un titular tan soez: "Griñán busca mujeres rapadas hace 70 años para darles 1.800 euros". Es una frase larga y compuesta, que pretende volcar toda una supuesta carga crítica de doble o triple lectura. ¿Qué es exactamente lo que se critica: el electoralismo del presidente, la escasa cuantía de la indemnización o el que se haga 70 años después? Desde luego no el hecho lamentable de la humillación y el castigo de estas mujeres. Al consejero de la Comunidad de Madrid, el tema le produce "vómito" y pide la retirada inmediata de la medida porque compra "la dignidad de las personas" y a María Dolores de Cospedal la medida le plantea serias dudas. ¡Vaya por Dios! Cree que el decreto discrimina ideológicamente a las mujeres y le asalta un repentino interés por las maltratadas, a las que habría que destinar estas cantidades, aunque en los días alternos se apunta a la tesis de las denuncias falsas y de la supresión de las políticas de igualdad. En el PP andaluz se hacen un lío y no se entiende si critican el gasto, les parece insuficiente o desean que sus cuantías vayan destinadas a las mujeres víctimas de la violencia de género a las que tanto quieren cuando llegan estos momentos.

El PP de los años noventa deseaba desembarazarse de la herencia del franquismo, pero en los últimos años parecen tener con este fantasma relaciones paranormales: una especie de conexión íntima y secreta que consiste, más que en expresar la identificación, en combatir cualquier forma de denuncia. Esta semana el fantasma del franquismo ha tenido varias apariciones estelares: una, en la rabia contenida por la medida andaluza de indemnizar a las mujeres humilladas por ese régimen y otra en el Senado, en una sesión en la que se opuso a que el plomizo y escalofriante Valle de los Caídos dejase de ser un lugar de enaltecimiento del franquismo y se convirtiese en un monumento a la memoria histórica donde se respeten los valores constitucionales. Claro que, a algunos miembros del PP como a Mayor Oreja, el fantasma del franquismo le susurra con frecuencia al oído y le recuerda la placidez de la vida bajo la dictadura en la que solo la gente de mal vivir tenía motivos para el descontento.

En la derecha norteamericana ha aparecido el fenómeno del Tea Party, una especie de plataformas políticas donde se integran los sectores más integristas del republicanismo y que proclaman sin rubor consignas políticas ultraconservadoras con un claro contenido racista y discriminatorio. En España, se ha empezado a organizar todo un movimiento similar compuesto por comentaristas agresivos e insultantes y medios de comunicación que hacen del espectáculo y de la falta de educación su verdadera carta de identidad. Componen, entre todos, una especie de gol sur, de hooligans, de casino de señoritos que cuentan con la complacida sonrisa de la derecha política.

Este Casino-party español es especialmente agresivo con los acontecimientos o con las noticias que tienen a las mujeres como centro de interés. Aunque la lista de sus fobias incluye también a homosexuales, inmigrantes, Gobierno y sindicalistas, a los que atacan con ese punto cañí y chulo de la España tardofranquista. Una especie de jimenezlosantismo invade el espacio de la comunicación y va, lentamente, inoculando sus virus a publicaciones que hasta hace poco no se hubieran atrevido con estos titulares.

Las pocas mujeres rapadas, vejadas, despreciadas en los años de plomo, que aún viven se han vuelto a topar con la ironía, el gesto despreciativo y la mirada altiva de los que las humillaron. Pero, precisamente, son estos gestos de desaprobación los que nos indican que medidas como esta son todavía necesarias y útiles.

domingo, 19 de septiembre de 2010

Adiós, Guadalquivir, adiós

Este es el artículo que he publicado en el País Andalucía sobre las deliberaciones del TC respecto al Guadalquivir:

El río Guadalquivir no va entre naranjos y olivos, sino que discurre por los pasillos del Tribunal Constitucional. Un río de tinta ennegrece sus aguas, unas voces ajenas lo pueblan. La sentencia, al parecer, está dictada: el Guadalquivir no es andaluz.


Teníamos que haberlo previsto cuando leímos la sentencia del Estatuto catalán y algunos reveladores votos particulares de este singular tribunal, más preocupado por defender sus convicciones políticas y morales que por el ajuste jurídico de nuestra legislación. En ella, algunos de sus autores exhibían con indisimulado desparpajo, que el Estado de las autonomías no es una forma de Estado con una distribución competencial descentralizadora sino un modelo jerárquico y excluyente.

Consideraba, además, este ínclito tribunal que los artículos de los Estatutos que no sean copia literal del texto constitucional, son una atribución unilateral de competencias o, en el mejor de los casos, una simple declaración de intenciones sin vinculación alguna. Olvidaron, por completo, que los Estatutos están sujetos a una larga y penosa tramitación en el Congreso y Senado, y que su texto definitivo es un acuerdo político y jurídico entre la Comunidad que lo propone y las instituciones representativas de la soberanía nacional.

Claro que el Constitucional suele olvidar demasiadas cosas. Los mismos redactores de estas sentencias, se expresan con términos morales en temas como la nueva ley de aborto. Han estado a punto de paralizar la ley e incumplir sus propias normas. Han escrito afirmaciones tan penosas como que no se puede dejar unilateralmente en manos de las mujeres la decisión de abortar, o que el derecho a la vida es contrario absolutamente a una ley de plazos. Alguno de ellos ha avanzado que, llegado el caso, votará "en conciencia". O sea, que no lo hará por motivos jurídicos ni constitucionales sino por sus creencias, sus perjuicios o su orientación religiosa. Una declaración que en cualquier país democrático sería motivo de escándalo.

Si finalmente, el Constitucional resuelve la inconstitucionalidad de las competencias andaluzas del Guadalquivir, habrá puesto el cartel definitivo de "abandonad toda esperanza". El artículo 51 del Estatuto de Autonomía para Andalucía tuvo varias redacciones para evitar cualquier viso de inconstitucionalidad. Su redacción circunscribió las competencias andaluzas a las aguas, para respetar la unidad de cuenca que exige la legislación. Estableció con claridad que se refería a las aguas que transcurren por el territorio andaluz; concretó que la planificación general, las obras públicas de interés general y la protección del medio ambiente corresponden a la Administración central y, para que no existiera duda afirmó que, todo ello, dentro de lo previsto en el artículo 149 de la Constitución.

Una sentencia contraria a este artículo del Estatuto de Autonomía no estaría fundada en motivos jurídicos, sino estrictamente políticos e ideológicos. En voz baja se argumenta que tras la sentencia del Estatuto catalán, el texto andaluz no puede pasar incólume. Se comenta, también, que la competencia exclusiva sobre el Guadalquivir -aún con todas sus limitaciones- supone un precedente peligroso en la batalla del agua que enfrenta a algunas comunidades. Los argumentos carecen de base jurídica y suponen una manipulación política. Andalucía no ha formado parte de la guerra del agua, siempre ha estado dispuesta a afirmar el criterio de solidaridad y de reparto de recursos. El Guadalquivir no solo transcurre en más del 90% por tierras andaluzas, sino que al hacerlo en su ciclo bajo, ninguna decisión andaluza podría menoscabar el caudal o los aprovechamientos de otras comunidades. ¿Por qué, entonces, mutilar el Estatuto andaluz? Mal asunto cuando los intérpretes de la Constitución consideran que la forma de defender al Estado es humillar a las comunidades autónomas.

domingo, 12 de septiembre de 2010

¿Aprobarías el bachillerato?


Aquí coloco el artículo de esta semana en El País Andalucía, aunque no apareció en la edición digital:

Me había prometido que de este curso no pasaba y voy a cumplirlo. Desde aquí lo aviso: llevo en el bolso una arma de destrucción masiva de la propaganda infundada sobre el bajo nivel de exigencia de la enseñanza pública. He recopilado los exámenes de septiembre (algo menos exigentes que los de la convocatoria ordinaria) de dos cursos, segundo de ESO y primero de Bachillerato, y a todo aquel que me diga que la enseñanza es un auténtico coladero sin nivel ni contenido le propondré aprobar los exámenes de alguno de estos dos niveles.

Les he dado a escoger a algunos amigos qué prueba querían realizar y, por supuesto, han elegido primero de Bachillerato. A pesar de eso, he insistido en que antes tenían que superar la denostada ESO. Cuando he empezado a disparar preguntas, algunos han sonreído con suficiencia y después se han trastabillado en preguntas fáciles, como los cambios químicos de la materia, las ecuaciones de segundo grado, las funciones del lenguaje o las distintas perspectivas en la pintura. Les he insistido en que se trataba solo de aprobar pero, aún así, han sacudido la cabeza, han gastado alguna broma y no han querido proseguir el examen. Todavía no he conseguido hacer la prueba del Bachillerato, pero barrunto que será revelador someter a estos exámenes a todos aquellos que proclaman que las exigencias del sistema educativo son ínfimas. Quisiera verlos debatirse en la lógica aplicada, la interpretación de textos complejos, las aportaciones de Guillermo de Ockham, la crisis del segundo imperio o el funcionamiento celular...

Hay un oscuro interés por desprestigiar el sistema educativo, por confundir los términos del debate y por convertir en regla general las excepciones. Con respecto al Bachillerato resulta aún más curiosa la contradicción entre la opinión negativa respecto a sus contenidos, y la que mantienen los padres que tienen hijos en esta fase de sus estudios. Mientras que la opinión general insiste en la baja cualificación, esfuerzo y contenidos, los padres afectados pueden comprobar la dureza, la densidad de los contenidos y el esfuerzo requerido para conseguir superar los dos cursos.
Curiosamente, aquellos que denuncian con mayor ahínco el fracaso escolar en el Bachillerato, se han opuesto con rigor a flexibilizar, no los contenidos, sino las oportunidades de los jóvenes para conseguir esta titulación.
El Bachillerato ha sido el eslabón más débil de la cadena educativa. La dificultad y densidad de sus contenidos junto a los cantos de sirena de las ganancias fáciles para los jóvenes en trabajos de baja cualificación durante los años de desarrollismo feroz, han amenazado seriamente estos estudios que, desde mi punto de vista, le dan a un país un plus de ciudadanía, de civismo y de cultura.
Cuando el Ministerio de Educación intentó reformar la normativa para que el Bachillerato pudiera cursarse en tres años, con la idea de evitar que miles de jóvenes abandonaran las aulas sin pasaporte a carreras de grado medio o superior, la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza -con el amparo político de la derecha española- recurrió la orden y consiguió que el Tribunal Supremo anulara la medida. Al parecer, su sentido acusado del negocio educativo les hizo temer pérdidas económicas para la enseñanza privada. El Ministerio por su parte, anunció que resolvería el tema con urgencia por otras vías, cuestión que ha olvidado por completo el aclamado ministro actual.
Estas son algunas de las razones por las que me estremecen las promesas de cambio educativo que anuncia el PP, porque se niegan a analizar los factores sociales que acompañan al sistema educativo y bajo la bandera blanca de la cultura del esfuerzo esconden la exclusión social, la privatización de la educación y el elitismo del anterior sistema, hasta el punto que parecen regodearse con los malos resultados, como si el fracaso de los jóvenes les confiriera una victoria imaginaria a su generación, en la que el simple hecho de ser estudiante era ya un distintivo de clase social.

sábado, 4 de septiembre de 2010

Sin noticias del sur


Con septiembre vuelven mis columnas de opinión al País de Andalucía. Esta es la primera:

Si descontamos la visita de Michelle Obama, Andalucía apenas ha aparecido este verano en los medios de comunicación. Como ha habido pocos incendios, ningún accidente reseñable y el fuego fatuo de Marbella se consume en las antesalas de los juzgados, la palabra Andalucía ha sido poco citada. Lo normal.

Salvando las distancias, a Andalucía se le dispensa un trato parecido a las mujeres en los medios de información: suele aparecer en un papel de víctima, de acompañante pasiva de acontecimientos o de complemento festivo
Es lo que tiene ser un marco incomparable: los atardeceres de la Alhambra, las playas interminables, la fotogenia de los termómetros callejeros cuando marcan números por encima de los 40 grados devoran toda la información de los hombres y de la mujeres que viven en esta tierra.Por lo demás, informativamente hablando, Andalucía sólo es un pequeño pie de página, una referencia complementaria cuando se abordan, realmente cuestiones de estado. Por ejemplo, ese debate "apasionante" sobre si la transferencia de las políticas activas de empleo a Euskadi romperá o no la caja de la Seguridad Social y será una cesión sin precedentes al nacionalismo se resolvería en cinco minutos si alguien tuviera la información precisa de Andalucía, donde se transfirieron estas políticas en el año 2003 y se consolidaron en el Estatuto de Autonomía, sin que en ningún momento se levantaran las voces airadas respecto a la ruptura del sistema, ni haya tenido más efecto perverso que una gestión desmañada, falta de brío y de proyecto. Pero esa es otra historia.
Y es que cuando se habla desde el sur se tiene la sensación de estar en una conversación entre desiguales, en la que unos tienen altavoces de máxima potencia, los conflictos mínimos alcanzan polvaredas informativas mientras que nuestra voz apenas llega a atravesar la frontera de Despeñaperros, donde muere, estrellada en la costumbre centenaria de no escuchar lo que viene de abajo de nuestra península.
La inexistencia de Andalucía alienta los conflictos territoriales, sublima el papel inoperante de algunas fuerzas políticas y alimenta el desprestigio de cualquier autonomía que no sea radicalmente nacionalista o españolista.
El complejo de no ser nadie, de desempeñar un puro papel de trasunto de la política estatal, recorre también al Gobierno y a la oposición andaluza. Los debates entre el PP y el PSOE en Andalucía carecen de sustancia política propia, son juegos de viejos gladiadores cansados, plagados de reproches personales, de disputas sobre el liderazgo en los que no se confrontan modelos sociales y políticos para Andalucía. Se discute la decoración de San Telmo en vez del paro; la estabilidad del liderazgo en vez del modelo económico; las encuestas de opinión en vez del modelo educativo. Mientras el Gobierno de Zapatero, cucharada a cucharada, vacía el último sueño de Andalucía de un federalismo social, activo e inclusivo. Un día se modifica la ley de cajas, sin concurso alguno de Andalucía; el siguiente se adjudica Cajasur al mejor postor; se cancelan las ayudas a la vivienda que afectan de lleno a los planes andaluces; se modifican cupos energéticos en renovables o se toma el peor camino para defender -aunque sea justamente-, la protección medioambiental de Doñana.
Y Andalucía sigue sin ser noticia, porque al parecer es más importante discutir una transferencia al País Vasco o el encaje legal del Consejo del Poder Judicial de Cataluña, que las políticas de vivienda, energéticas o de empleo. Porque, a fin de cuentas, es más fácil discutir del reparto del poder que de los problemas sociales. ¡Si hasta la información meteorológica habla de buen tiempo sólo si soplan buenos vientos en la mitad norte...!