viernes, 10 de enero de 2014

LA VENDETTA DEL ABORTO


Publicado en El País Andalucía

   No es una ley. Es una declaración de guerra. Lo ha explicado Gallardón con su acento nasal y pijo. “Creía la izquierda que tenía la superioridad moral y que la derecha española no se atrevería a modificar ciertas leyes”, pero este Gobierno está decidido a derribar todo el edificio institucional basado, según él, en un equivocado concepto de la libertad y la igualdad.

   Precisamente por eso, nos explica Gallardón, la contrarreforma del aborto ha producido en la izquierda tanta “irritación y tan grave quebranto”. El Gobierno de Rajoy se ha sacudido los complejos de la derecha y el ministro advierte a su propio partido que esta batalla ideológica figuraba en su programa electoral. O dicho de otra manera, que ser miembro del Partido Popular supone asumir un ideario ultracatólico, hostil a la libertad de las mujeres y beligerante en materia moral. Esa es la verdadera marca España que este Gobierno intentará trasladar a Europa, donde los ciudadanos sufren una derecha paniaguada que no se atreve a tocar los cimientos de viejas libertades progresistas.

   España va a convertirse en el referente de la nueva derecha europea. Rajoy emprenderá una gira por los países de nuestro entorno para explicar cómo ha conseguido convertir las creencias religiosas en leyes, los prejuicios en normas y los pecados en sanciones penales.

   Mientras en Europa este ideario solo se atreve a enarbolarlo la ultraderecha nacionalista, en España la verdadera ultraderecha política se sienta en el Consejo de Ministros de la única forma que podría hacerlo: disfrazada de gobierno tecnocrático. Durante años nos han intentado convencer de que era un acierto el hecho de que el Partido Popular hubiese absorbido la representación de la derecha más ultramontana. Esto nos libraba de que surgiera un partido de ultraderecha en nuestro país. Sin embargo, el coste de esta operación va a ser ruinoso para el sistema político español porque sus postulados culturales, educativos y morales empiezan a impregnarlo todo.

  A diferencia de la derecha europea, que no se atrevería a tocar leyes que afecten a la libertad de conciencia o las relaciones personales, en nuestro país el Gobierno se ha embarcado en la aventura equinoccial de poner las leyes al servicio de sus creencias y supersticiones.

  No nos engañemos tampoco sobre la autoría de esta ley. Con Gallardón o sin él, con Wert o en su ausencia, estos son los proyectos de este Gobierno, esta es la herencia que Rajoy quiere legar a la posteridad de su mandato. Han medido los tiempos y analizado el grado exacto de desmovilización social. Han confundido la escasez de manifestantes con la capacidad de respuesta. Han valorado la división de la izquierda, el descrédito de las organizaciones sindicales y han resuelto que este era el momento. Incluso las fechas navideñas han sido elegidas para dar su toque familiar y natalista.

   No es una ley, no. Es una vendetta frente a las derrotas que la sociedad civil española les ha infligido en los últimos 30 años; una venganza por la incomprensión social que han sufrido cuando recorrían las calles con la sola compañía del revuelo de sotanas y hábitos eclesiales contra leyes que reflejaban profundos cambios sociales en la familia, en el matrimonio, en la libertad de las mujeres, en las relaciones personales. Son muchas derrotas sociales las que pretenden lavar con este texto.

   Por eso, esta ley no tiene arreglo entre las cuatro paredes del Congreso de los Diputados. No se soluciona con una redacción más tibia o con la inclusión de otro supuesto legal como pretenderán muchas voces del PP escandalizadas por la virulencia del proyecto. Esta ley se cambiará en la calle y en las urnas, porque quizá sin saberlo el Gobierno ha escrito con ella su Waterloo.

@conchacaballer

10 COSAS QUE ESTARÁN PROHIBIDAS

Publicado en El País Andalucía, este artículo fue el más leído también en la edición estatal 

   Todos los gobiernos adoran a las mayorías silenciosas, pero este ha dado un paso más. Por si acaso no hay en el futuro mayorías silenciosas, habrá por ley mayorías silenciadas.

   En los primeros años de la crisis los think tank de este capitalismo salvaje se asustaron con la perspectiva de una revuelta popular. Nos dijeron que “lo sentían mucho” y que “no volvería a pasar nunca más”. Anunciaron una refundación del capitalismo pero enseguida vieron que era mucho más productivo refundar el estado del bienestar y volverlo chiquitito, minúsculo tan reducido como los salarios de los que alimentan con su trabajo la maquinaria de sus ganancias.

   Inyectaron provisionalidad y miedo en grandes dosis. El tono moral de la sociedad en general ha sido de resignación pública e indignación privada. Arden las redes, sobrevuelan maldiciones en conversaciones de bares y centros de trabajo pero la calle (ay, la calle que cuando se hace millonaria en cuerpos todo lo cambia), ha permanecido silenciosa y tranquila, con gloriosas excepciones de mareas y herederos del 15-M.
Pero la derecha es previsora y barrunta que puede empezar un lento movimiento social que pretenda recuperar derechos, aumentar salarios y devolver la calidad perdida de los servicios públicos. Por eso, justo cuando publicitan el fin de la crisis económica, promulgan una ley represora que intenta cortar las protestas de raíz, por vía gubernativa y sin apelación posible.

   Creíamos que no tenían en cuenta a los movimientos sociales pero han tomado exacta cuenta de sus acciones y han diseñado un traje a medida para terminar con sus movilizaciones. Vean algunas de ellas:
Contra el 15-M: ya no se podrá volver a acampar en Sol ni en Las Setas de Sevilla, ni en ningún espacio público.

   No se podrá acompañar a las víctimas de los desahucios porque supone obstaculizar la labor de funcionarios públicos.

   No se podrán celebrar manifestaciones en torno al Congreso de los Diputados, el Senado, ni el Parlamento de Andalucía. No importa que desde hace 30 años se esté haciendo a diario y sin conflictos. Vaya a manifestarse donde no estén sus representantes.

   No se podrán grabar las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni compartirlas en las redes sociales. Si hay violencia policial, debe quedar en la estricta intimidad.

   No podrá colgar pancartas ni banderas en edificios.

   No podrá instalar tenderetes para recoger firmas o repartir propaganda.

   Tenga cuidado de que sus expresiones no supongan una ofensa para España a juicio de la autoridad competente. Diga que recitaba a Cernuda, Machado o Gil de Biedma por si acaso.

   No haga reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público. Busque lugares recónditos de tránsito privado.

   No pierda el DNI ni dejen que se lo sustraigan tres veces en cinco años porque será multado. Llévelo siempre atado al cuello.

   No pronuncie injurias, calumnias ni acusaciones contra las autoridades o instituciones en las manifestaciones públicas. No vuelva a repetir aquello de “Fulanito… trabaja de peón”. Ahora debe decir “Mariano, creo que te estás equivocando”.

   El Gobierno creará un registro de infractores que tendrá unos indeterminados efectos administrativos. Quizá no le den licencia de apertura de su negocio, o le prohíban el acceso a cualquier servicio público.
El Gobierno se reserva el derecho a autorizar, disolver y reprimir un derecho fundamental. Para que los jueces no se entrometan han trasladado las decisiones a la vía gubernativa. Bastará la palabra de un funcionario, un policía o una autoridad para ser multado. Si aún así se empeña, las tasas judiciales le convencerán de que está mejor calladito.

   Con esta ley, hecha a la medida del Madrid más reaccionario, de las demandas de Aguirre y las frustraciones de Ana Botella, el Gobierno está tocando el nervio del sistema democrático. No se trata de un debate entre izquierda y derecha sino entre estado autoritario o democrático. Una vez más. Treinta y tantos años después. ¡Qué dolor!

EL NEGOCIO DEL MIEDO

Publicado en El País Andalucía 

  La salida de Miguel Ricart de la cárcel se convirtió en un espectáculo siniestro. Completamente solo, con un pasamontañas que tapaba su rostro y una indumentaria del Bronx años ochenta, se enfrentó a una nube de periodistas que le impedían el paso y le conminaban a manifestar su arrepentimiento ante las cámaras. “¡Descubre tu rostro!”, le gritaban. Tras subir a un taxi, la nube informativa inició una persecución que terminó en la estación del tren. Allí, Ricart corrió por el andén como un conejo asustado en una cacería, buscó un refugio inexistente y volvió a la estación donde tomó un tren que abandonó poco después para subir al coche de una cadena de televisión.

   Según Instituciones Penitencias, aunque Ricart ha participado en algún programa de reeducación, no tiene un buen pronóstico de reinserción. Dicen, los especialistas, que la primera condición para la rehabilitación son los lazos sociales y la falta de aislamiento del delincuente. La imagen de lobo acosado nos dibuja un panorama desolador. Ni él está preparado para la reinserción, ni la sociedad tampoco.

   El tratamiento informativo, en general, ha sido de línea caliente, inspiradora del miedo y la indignación. Se relata, una y otra vez, que fue condenado a 170 años de prisión como si esas condenas fuesen reales. Se elude informar de que ha cumplido 21 años de prisión y que su puesta en libertad, con arreglo a las leyes por las que fue juzgado, estaba prevista para el año 2011. Se omite cualquier información que no sirva de combustible a la indignación. Las tímidas voces que se alzan en otro sentido son apagadas por un carnaval de descalificaciones y de acusaciones de proteger a los criminales.

   La racionalidad es un papel encendido que se consume al viento. La reflexión no vende, ni hace subir como la espuma las cuotas de pantalla de las cadenas de televisión. El morbo, el miedo y la desconfianza son el mejor combustible del show business de algunas cadenas. Solo otros temores han paralizado, de momento, la emisión de entrevistas, confesiones pagadas, viajes al lado oscuro con pausas publicitarias.
Independientemente del debate sobre la doctrina Parot, los delincuentes saldrán en algún momento a la calle, sin embargo el principio democrático, constitucional, de la reinserción social ha perdido el aval de la opinión pública. Al parecer no importa que no haya alternativas, el delincuente no debe vivir en ningún lugar, no debe tener trabajo, no tiene los más básicos derechos humanos. Pero, si lo pensamos bien, la reinserción es la única salida, no solo por el más básico sentido humanitario, sino también por la seguridad del conjunto de la sociedad.

   Renunciar a la reinserción, como de hecho sucede por la ausencia de medios y de programas, no nos trae ningún bien. Nos degrada como sociedad, hace un daño incalculable a las víctimas a las que no se ayuda a superar su dolor y aumenta la inseguridad ciudadana.

   El hecho de que ninguna asistencia social acompañe la salida de los presos; el espectáculo de su cacería mediática solo contribuirá a aumentar sus posibilidades de reincidencia. Otro ejemplo más: el tercer grado no es solo una atenuación de la condena sino también un aprendizaje para la reinserción, sin embargo, por miedo a la opinión pública, apenas se concede lo que nos priva de un importante elemento de rehabilitación e incluso de control.

   Pero ninguno de estos argumentos cala en la sociedad cuando se ha implantado el miedo y la indignación. Sin conocimiento alguno se desprestigian los programas de reinserción en las cárceles o se manejan datos de reincidencia totalmente ficticios con respecto a los crímenes sexuales. La alarma está encendida, el pánico se apodera de las conciencias y ganan las posiciones más extremas, alarmistas y sensacionalistas.

   Es posible que sea un llamamiento vano pero sería necesario un código ético para el tratamiento de estos temas que no juegue con el dolor ajeno, ni genere una alarma social que hace la sociedad en víctima de su propio miedo.

LAS REDES SOCIALES NOS PONEN A PRUEBA

Publicado en El País Andalucía

 Antes, si querías saber cómo era de verdad tu amiga o tu amigo, lo más revelador era subirte en su coche y observar cómo conducía. El educado Juan se vuelve una fiera al volante, maldice al resto de los conductores, insulta cualquier conductor que realice una maniobra poco ortodoxa. La generosa Alicia aprovecha cualquier circunstancia para colocarse en primera fila ante el semáforo o impedir el paso a los vehículos de su alrededor. José Luís, al que no habías oído pronunciar un taco en toda su vida, asoma la cabeza por la ventanilla gritando palabras malsonantes a pleno pulmón. Un número considerable de conductores se siente molesto porque los adelante cualquier vehículo e intentan dificultar esa maniobra; otros ensayan cara de póquer, mirada perdida al frente, después de las peores fechorías.

  El chasis del coche se convierte en una coraza que ofrece tres peligrosas condiciones para el ser humano: la protección, la posibilidad de huida y un cierto anonimato. En ese clima prospera el egoísmo, la falta de educación, la chulería o la simple cara dura porque el coste de la mayoría de nuestras acciones es ninguno. Personas que en su vida diaria son sensatas, afables y generosas, experimentan al volante un cambio de naturaleza que demuestra lo frágil que es nuestra capa de cultura.

  En las redes sociales ocurre algo similar. Nos protege la distancia, la posibilidad de huida y, si queremos, el anonimato. Algunas personas que cuelgan perfiles seráficos en Facebook disponen de una cuenta anónima en Twitter desde la que insultan, descalifican, o braman de la forma más obscena. ¿Es la red la que ha motivado estos comportamientos o son pulsiones oscuras que llevamos dentro?

  Los medios de comunicación abrieron sus páginas a comentarios de los lectores y se han visto obligadas a suprimirlas, en algunos casos, o a ejercer un cierto control porque son tomadas al asalto por una nube de trolls que dejan un rastro lamentable de insultos y descalificaciones que alejan a los que de verdad quieren participar en un debate abierto. Quienes escriben esas amenazas y descalificaciones no se atreverían a hacerlo con su foto y su nombre verdadero, sin embargo desvelan una segunda naturaleza que produce verdadero vértigo porque nos hace temer que la realidad conocida es solo una delgada capa tras la que pueden ocultarse pulsiones destructivas, sentimientos violentos y resentimiento social.

  Por supuesto es solo una pequeña parte de la sociedad la que así se comporta, pero es lo suficientemente significativa para que nos interroguemos sobre nuestras bases sociales, nuestra educación en el más amplio sentido y la necesidad de impulsar el valor más importante de la democracia que es el respeto a la diversidad de opiniones.

   En las redes, como en la vida, se encuentra lo mejor y lo peor. No hay nada que esté en las redes que no sea producto de nuestra educación y nuestra cultura. Lo único que ofrecen es un nuevo instrumento de comunicación que, según su uso, puede enriquecernos o no. Pero hay algo definitorio de estas redes, además de su posible anonimato, que nos pone a prueba y es su inmediatez, el acortar la distancia entre lo que se piensa y lo que se dice o hace. Por ejemplo, antes de la existencia de las redes sociales, ante algún comportamiento molesto o una opinión contraria a la tuya, transcurría un cierto tiempo hasta que pudieras expresarlo. Sin embargo, ahora las redes te ofrecen la posibilidad de reaccionar de forma inmediata ante cualquier acontecimiento o estímulo.

   Se pierde así el espacio para el autocontrol que es el lugar de donde surge la reflexión y el pensamiento. Quizá las nuevas tecnologías nos obliguen a conceder importancia a nuevas formas de educación, no solo técnicas, sino de formación del ser humano en todas sus dimensiones. Tan importante es la transmisión de conocimientos como la educación afectiva, el ejercicio del pensamiento, la gimnasia del autocontrol. Voy a buscar la ley de educación, a ver si dice algo de todo esto. Me temo lo peor.
@conchacaballer

ENSAYO DE REPRESIÓN MASIVA


Publicado en ANDALUCESDIARIO 

   Los vecinos de Espartinas que protestaban contra la brutal subida del IBI en su localidad no dan crédito a lo sucedido: han recibido en su domicilio la notificación de multas que van desde 300 a 30.000 euros por haberse manifestado contra la decisión del ayuntamiento.

   En Granada, hay más de 85 personas sancionadas por participar en las movilizaciones “Stop Desahucios”. Su delito es, simplemente, haber acompañado a las víctimas el día en que se iba a proceder al lanzamiento de su vivienda. También una concejal de IU, Maite Molina, fue multada con 360 euros por participar en los actos pacíficos de conmemoración del 15-M.

   En Córdoba los activistas de Stop Desahucios recibieron también la notificación de multas por haber realizado una manifestación frente a las puertas de la sacrosanta Cajasur.

   En Andalucía se cuentan por centenares las personas que han sido multadas por participar en acciones solidarias, en absoluto agresivas ni violentas. Algunos de los jóvenes, procedentes del 15-M han optado por no tener cuenta corriente porque regularmente reciben multas de 300 o 500 euros por su protesta. La situación en el país es la misma. Especialmente en Valencia y Madrid las protestas estudiantiles y las mareas están siendo castigadas con multas gubernativas.

   Se trata, por tanto, de una estrategia del PP ejecutada por los gobernadores civiles y que tiende a ampliar la capacidad represiva del gobierno por nuevas vías. Aunque no renuncian al uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas -como ha quedado acreditado en los tribunales en varias ocasiones- el gobierno ha decidido ensayar nuevas formas represivas que afectan al bolsillo de los contribuyentes y que suponen una terrible indefensión frente al poder.

   Las multas son menos vistosas que los palos de los antidisturbios, suscitan menos indignación popular y son, sin embargo, igual o más efectivas que otros métodos represivos. Lo sabían muy bien los gobernadores franquistas que en el último periodo de la dictadura frieron a multas a estudiantes y obreros. Alguien ha debido retomar el manual de los viejos tiempos y volverlo a aplicar con igual contundencia.

   Las multas suponen una terrible indefensión para el sancionado. Ejecutan el embargo de tu cuenta y si lo deseas, a tus expensas de dinero y tiempo, puedes recurrirlas. La socorrida acusación de “alteración del orden” o de “desórdenes públicos” se formula con total falta de pruebas, con la simple palabra de una autoridad. No hay presunción de inocencia, ni forma de demostrar los hechos para el afectado.
La idea de fondo que los gobernadores civiles transmiten es que toda protesta supone una alteración del orden y es, por tanto, susceptible de sanción. El estado autoritario está inyectándose en vena todavía de forma experimental pero cierta. Se pondrá de largo con la aprobación de una Ley de Seguridad Ciudadana donde se criminalizan conductas pacíficas como grabar la actuación de un policía o anunciar manifestaciones “no autorizadas” en las redes sociales.

   A partir de ahora está prohibida la protesta, bien es verdad que se entiende que la que se ejerce contra el gobierno y de ninguna manera las manifestaciones de las organizaciones sociales de la derecha, la iglesia católica o las organizaciones sociales afines al poder.

   Si hay un tema central, consustancial a la propia democracia es la libertad de expresión y de manifestación. Sin estos derechos no hay democracia. El poder no puede, en modo alguno, limitar el ejercicio de la crítica y de la protesta pacífica. Incluso el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones al respecto y ha aclarado que el ejercicio de estas libertades no puede ser prohibido ni limitado administrativamente cuando se trata de manifestaciones pacíficas.

   El gobierno de mayoría absoluta del PP pretende culminar sus reformas políticas reprimiendo la libertad de crítica de la ciudadanía. La gravedad de estos comportamientos y de estos proyectos no ha sido lo suficientemente contestada por la sociedad. Este tema no es un debate entre la izquierda y la derecha de este país. Es un conflicto entre demócratas y autócratas que nos concierne a toda la ciudadanía. Por eso las multas de hoy no son anécdotas o hechos secundarios que ocurren en nuestra tierra, sino las infectas raíces de la mala hierba de un futuro con menos libertad que hay que arrancar con urgencia.