Ha tenido fortuna la expresión de que la financiación autonómica era un sudoku en el que, al final tenían que sumar 100 las cantidades asignadas al conjunto de las autonomías, sin embargo es una imagen que no se corresponda en absoluto con la realidad . Para empezar, hay comunidades autónomas como Euskadi y Navarra, que no pertenecen a este sudoku general sino que gozan de un sistema especial de financiación –consagrado en la Constitución- que hasta ahora ha sido más ventajoso. Para el resto de las comunidades, llamadas de régimen general, se establecen una serie de mecanismos que se basan en la cesión de una cesta de impuestos que, en teoría, son iguales para todas. Digo en teoría porque a nadie se le escapa que no es lo mismo la recaudación de IVA por habitante en Madrid que en Andalucía. Si alguna vez se han preguntado cuál es la razón de que en materia de financiación autonómica apenas se escuche la voz reivindicativa de la comunidad madrileña, aquí tienen la explicación: con la pura cesión de impuestos colman sus necesidades de gasto completas, mientras que a la Comunidad Andaluza le falta todavía para su completa financiación más del cuarenta por ciento. Este problema se agrava por la caída ininterrumpida de los impuestos en los últimos dos años que va a continuar con casi total seguridad.
El segundo sudoku son las compensaciones necesarias para hacer que el sistema se equilibre y conseguir que cada comunidad obtenga una financiación suficiente o similar en el conjunto del Estado, un papel que hasta ahora ha jugado el Fondo de Suficiencia de cuya dotación Andalucía depende en grado sumo y cuya puesta en cuestión nos llevaría directamente a la ruina.
La novedad, en este nuevo acuerdo de financiación, es la propuesta de crear dos fondos de Competitividad, uno de los cuales estaría destinado a compensar “la capacidad fiscal” de algunas comunidades o lo que es lo mismo, a premiarlas por su mayor recaudación fiscal. La introducción de este elemento rompe los criterios de igualdad y de población sobre los que se asienta el resto del sistema y va destinado a satisfacer las demandas de Cataluña y algunas otras comunidades como Baleares, que consideran que aportan demasiado a la financiación estatal.
Si el acuerdo queda establecido en estos términos, lejos de asentar el principio de igualdad, se estará consagrando (aunque sea como elemento parcial del sistema) la desigualdad de gasto entre las comunidades: Euskadi y Navarra negociarán en los próximos días el funcionamiento de su cupo especial; Madrid se verá favorecida por la cesión impositiva y Cataluña por la creación de este fondo de competitividad que –aunque sea parcialmente- viene a consagrar sus tesis de “déficit fiscal”.
El gobierno, por su parte, para apagar las voces críticas con este sistema, pone sobre la mesa el reparto de nueve mil millones adicionales con el que intentará contentar a todos, repartiéndolo entre las comunidades con un criterio diferente. En medio de la peor caída de impuestos de toda la historia de la democracia –una caída que puede hacer peligrar todo el edificio de la financiación - los gobiernos autonómicos están pendientes del reparto de la pequeña bolsa adicional, de contentar a su pequeña parroquia fiel pero desinformada, a la que no quieren confesar que están sentados sobre un paisaje de arenas movedizas. Las comunidades autónomas ya deben cantidades ingentes por la caída de ingresos pero ningún gobierno habla de ello. No quieren aceptar que la crisis va a trasladarse a las comunidades autónomas y serán más necesarios que nunca los mecanismos de solidaridad, equilibrio, austeridad y defensa de lo público. Si no se actúa con inteligencia y rapidez, es el propio sistema autonómico el que puede hacer aguas.
