Este es el artículo de esta semana en El País Andalucía
Atónitos nos hemos quedado al conocer que el grupo de estudiantes que exhibieron sus torsos en la capilla de la Universidad Complutense fueron detenidas como peligrosas delincuentes. Patidifusos, cuando nos hemos enterado que se le imputan dos graves delitos contemplados en el código penal y, finalmente, indignados al saber que se acepta una querella criminal de la asociación ultraderechista Manos en Alto, perdón, Manos Limpias.
Vivimos en la ficción de pertenecer a un país laico, nos pavoneamos de nuestro avance cultural y civilizatorio pero estamos instalados en el "quiero y no puedo" de una sociedad que predica no ser confesional mientras mantiene la religión en todos sus espacios públicos e incluso reserva varios artículos en el código penal -y subrayo penal- para castigar a los que se burlen de las creencias religiosas.
El actual código penal tipifica la profanación con penas de hasta dos años de prisión y la ofensa los dogmas, creencias o ritos religiosos con penas de multa de ocho a doce meses. Un artículo ,el 525, de extraña aplicación, porque como compensación contiene una segunda parte que penaliza con iguales condenas a los que hagan públicamente escarnio de quienes no profesan religión o creencia alguna.
De su aplicación se sigue que, si las jóvenes estudiantes cometieron -no una falta o una simple falta de educación- sino un delito contra las creencias religiosas, la Iglesia católica, así como los medios afines, incurren de forma habitual en este mismo delito cuando en numerosos actos públicos denuncian la homosexualidad, se manifiestan contrarios a la igualdad de derechos de las mujeres, o consideran un asesinato la interrupción voluntaria del embarazo, ya que se trata de declaraciones en las que ofenden a todas las personas que no profesan sus mismas creencias. Si los agnósticos y ateos hubiesen ido al juzgado o a la comisaría cada vez que se han visto ridiculizados, censurados e insultados por los representantes de la iglesia y sus apologetas no habría bastantes juzgados en nuestro país para tramitar las denuncias.
Nada de esto ocurriría si las creencias religiosas se situaran en el terreno de lo privado y no se pretendieran imponer, de una u otra forma, a través de las instituciones del estado. El laicismo, lejos de ser un arma contra tal o cual religión, es una garantía del respeto del estado a la conciencia individual y es la base de una convivencia respetuosa con todas las creencias. Muy mal debe ir una religión cuando sólo se puede mantener por una posición de privilegio y de confrontación.
La presencia de capillas, crucifijos y símbolos religiosos abarca todos los espacios de nuestra vida: numerosos hospitales andaluces mantienen en lugares preferentes capillas reservadas al culto católico dentro de sus instalaciones; son muchos los institutos donde falta espacio para las clases pero tienen recintos religiosos; la Diputación de Almería está presidida por un gran Cristo crucificado y en un buen número de Ayuntamientos andaluces, junto a la Constitución española, se coloca un crucifijo testigo de la toma de posesión de los cargos públicos. Pero la presencia más chocante y contradictoria es en la Universidad donde se proclama el pensamiento científico mientras se permanece bajo la advocación de santos y vírgenes. Por si queda alguna duda de esta incompatibilidad, el arzobispo de Granada nos ha aclarado que "la ciencia es peor que la Educación para la Ciudadanía" y ha apuntado que el origen de todos los males que aquejan a la sociedad es "el culto a la razón y la Ilustración francesa". Varios siglos después de que los ilustrados proclamaran la separación de Iglesia y Estado, todavía se debate en los claustros universitarios si se suprimen las capillas, las misas o el patronazgo de quienes defienden la superstición o el misterio frente a la ciencia. ¿De verdad estamos en el siglo XXI?
