He publicado este artículo en El País, a propósito del proyecto de gobierno de ampliar a 67 años la edad de jubilación
En la última película de Michael Moore, el cineasta hace acordonar Wall Street con la conocida cinta amarilla policial, como el lugar donde se cometió el crimen de esta terrible crisis económica. No hay delito que se haya cometido más a la vista de la humanidad. Conocemos sus lujosas guaridas, su modus operandi, sus cómplices en los gobiernos mundiales, pero no serán castigados. Ya han olvidado las leves amonestaciones iniciales y vuelven a alzar la vista, altivos y prepotentes.
No habrá ninguna revisión ética del capitalismo, ni refundación que te pintó, solo más paro, peores salarios y recorte de pensiones. Se retoman las mismas ideas que nos condujeron a la crisis y se defienden con un cinismo universal, totalitario.
La patronal española propone retrasar la edad de jubilación hasta los 69 años. El gobierno responde con contundencia para –a los pocos días- plantear una medida similar. Sólo dos años, e idéntico criterio, separan las posiciones reaccionarias y ultramontanas de la patronal de las de un gobierno que afirmó que en ningún caso consentiría recortes sociales. Es fácil entender a la patronal: la seguridad social les trae al pairo, lo que quieren es alimentar los seguros privados y reducir su contribución. En la práctica, ellos son partidarios de jubilar a los trabajadores con cincuenta años, a costa del Estado, y lo han demostrado de norte a sur por toda la geografía hispana.
La bahía de Cádiz, el entorno industrial de Sevilla, el textil de Málaga y la zona industrial de Linares exhiben las heridas de esta batalla incruenta. Miles de trabajadores de Astilleros, de Delphi, de Gillette, de Intelhorce, de Santana, de Tabacalera han sufrido en sus carnes estas prejubilaciones llamadas voluntarias, pero impuestas a sangre y fuego y escritas con tinta de derrota.
También puede darnos testimonio sobre los efectos de retrasar la jubilación, cualquier persona parada con más de cuarenta y cinco años que sufre el calvario de puertas cerradas y respuestas evasivas por una ley no escrita según la cual a partir de esa edad no tiene entrada en el mercado laboral. Por eso, el gobierno, antes de apuntarse al carro de los recortes sociales, debería dar a conocer una lista de empresas y actividades dispuestas a contratar o mantener a sus trabajadores hasta los sesenta y siete años.
La medida del retraso de la jubilación es toda una declaración de impotencia, de falta de autoridad y de ideas. Es muy fácil imponerse a los más débiles. Lo difícil es hacer cambios que garanticen el sistema social. Lo difícil es aumentar la cotización por la vía de reducir la precarización escandalosa del mercado laboral español y no digamos ya del andaluz. Lo complicado es perseguir el fraude del IVA que en comunidades como Andalucía más bien parece un impuesto voluntario. Lo comprometido es conseguir la tasa de actividad de las mujeres en el mercado laboral se acerque a los países desarrollados de Europa y aumenten así en varios millones el número de cotizantes. Lo importante es invertir en servicios de proximidad, en conciliación de la vida laboral y en todo aquello que alimente la empleabilidad y la formación del mercado laboral. Lo complicado, finalmente, es hacer aflorar ese treinta por ciento de economía sumergida que no cotiza a la seguridad social ni a Hacienda y que solucionaría una buena parte de los problemas de recaudación actuales.
Sólo Alemania ha contemplado una medida similar. Sus sueldos y pensiones, según las últimas estadísticas, son justo el doble de las españolas con unos precios similares. En una comunidad como Andalucía con setecientos euros de pensión media y un tercio de personas que no alcanzan las contribuciones necesarias para entrar al sistema, esta reforma solo logrará empobrecernos aún más y aumentar la tentación de guardar el dinero de los impuestos en un calcetín, al parecer mucho más seguro y rentable que la seguridad social del futuro.
No habrá ninguna revisión ética del capitalismo, ni refundación que te pintó, solo más paro, peores salarios y recorte de pensiones. Se retoman las mismas ideas que nos condujeron a la crisis y se defienden con un cinismo universal, totalitario.
La patronal española propone retrasar la edad de jubilación hasta los 69 años. El gobierno responde con contundencia para –a los pocos días- plantear una medida similar. Sólo dos años, e idéntico criterio, separan las posiciones reaccionarias y ultramontanas de la patronal de las de un gobierno que afirmó que en ningún caso consentiría recortes sociales. Es fácil entender a la patronal: la seguridad social les trae al pairo, lo que quieren es alimentar los seguros privados y reducir su contribución. En la práctica, ellos son partidarios de jubilar a los trabajadores con cincuenta años, a costa del Estado, y lo han demostrado de norte a sur por toda la geografía hispana.
La bahía de Cádiz, el entorno industrial de Sevilla, el textil de Málaga y la zona industrial de Linares exhiben las heridas de esta batalla incruenta. Miles de trabajadores de Astilleros, de Delphi, de Gillette, de Intelhorce, de Santana, de Tabacalera han sufrido en sus carnes estas prejubilaciones llamadas voluntarias, pero impuestas a sangre y fuego y escritas con tinta de derrota.
También puede darnos testimonio sobre los efectos de retrasar la jubilación, cualquier persona parada con más de cuarenta y cinco años que sufre el calvario de puertas cerradas y respuestas evasivas por una ley no escrita según la cual a partir de esa edad no tiene entrada en el mercado laboral. Por eso, el gobierno, antes de apuntarse al carro de los recortes sociales, debería dar a conocer una lista de empresas y actividades dispuestas a contratar o mantener a sus trabajadores hasta los sesenta y siete años.
La medida del retraso de la jubilación es toda una declaración de impotencia, de falta de autoridad y de ideas. Es muy fácil imponerse a los más débiles. Lo difícil es hacer cambios que garanticen el sistema social. Lo difícil es aumentar la cotización por la vía de reducir la precarización escandalosa del mercado laboral español y no digamos ya del andaluz. Lo complicado es perseguir el fraude del IVA que en comunidades como Andalucía más bien parece un impuesto voluntario. Lo comprometido es conseguir la tasa de actividad de las mujeres en el mercado laboral se acerque a los países desarrollados de Europa y aumenten así en varios millones el número de cotizantes. Lo importante es invertir en servicios de proximidad, en conciliación de la vida laboral y en todo aquello que alimente la empleabilidad y la formación del mercado laboral. Lo complicado, finalmente, es hacer aflorar ese treinta por ciento de economía sumergida que no cotiza a la seguridad social ni a Hacienda y que solucionaría una buena parte de los problemas de recaudación actuales.
Sólo Alemania ha contemplado una medida similar. Sus sueldos y pensiones, según las últimas estadísticas, son justo el doble de las españolas con unos precios similares. En una comunidad como Andalucía con setecientos euros de pensión media y un tercio de personas que no alcanzan las contribuciones necesarias para entrar al sistema, esta reforma solo logrará empobrecernos aún más y aumentar la tentación de guardar el dinero de los impuestos en un calcetín, al parecer mucho más seguro y rentable que la seguridad social del futuro.
