Se me cae la cara de vergüenza. Rompo los borradores de otros artículos ante esta noticia. Un vecino del barrio granadino de La Chana se ha ahorcado unas horas antes de ser desahuciado de su vivienda y del pequeño negocio en el que había trabajado casi toda su vida. Cuando la policía llegó a su domicilio para ejecutar el desalojo solo encontraron el cadáver de José Miguel Domingo. A fin de cuentas, debió pensar, ya que iban a arrebatarle la vida, mejor que el banco la obtuviera por completo, con su cuerpo incluido, como un nuevo tributo a los mercaderes del dinero, al único poder verdadero que no atiende a razones, que ni siquiera infringe la ley porque ha hecho cada uno de sus artículos a la medida de su avaricia.
El cuerpo vertical de José Miguel es un acta de acusación contra los desmanes de los poderosos y de los que los protegen. Es la demostración palpable de la sinrazón de esta crisis, de la inutilidad del poder político, de los poderes desalmados que nos gobiernan. No hay derecho. Y no se trata solo de un alegato moral contra esta injusticia. Es que realmente no hay estado de derecho, ni merece la pena discutir sobre ninguna otra cosa si antes no solucionamos algo tan básico como el tener un techo que nos proteja.
José Domingo no quiso contemplar el espectáculo de su desahucio: sus enseres desparramados en la acera de la calle, su papelería convertida en una mella oscura de la calle, con sus revistas y objetos de escritorio desperdigados en el suelo. Ni siquiera tuvo fuerzas para pedir a organizaciones como Stop Desahucios que le ayudarán a resistirse frente a la orden de desalojo. Él mismo daba por desahuciada su existencia porque nunca pensó que llegaría un tiempo en el que pudiesen borrar, como si se tratase de una pizarra, toda una vida de trabajo, de afectos, del paisaje cotidiano que se abría cada día al levantar la persiana metálica de su comercio.
Los vecinos han colocado algunas velas y una pequeña fotografía de recuerdo. Se forma un pequeño grupo y alguien llora. Los demás contemplan la escena con los ojos redondos que se nos ponen cuando la indignación es tan grande como la pena que sentimos. Pero nos estamos acostumbrando a convivir con el horror, como los alemanes se acostumbraron a vivir entre las cenizas de los campos de concentración. Nos hemos habituado a cerrar las puertas, limpiar los residuos, agradecer que esta marea de injusticia absoluta no haya atravesado todavía el umbral de nuestra casa.
Mientras, una gran parte de nuestros impuestos, va a servir para limpiar los balances de esos mismos que nos echarán de nuestra casa al menor tropiezo. Unos bancos que contabilizarán con métodos de usura nuestra deuda, que multiplicarán cada euro de retraso por diez, que se adjudicarán nuestros bienes a precios irrisorios y los venderán al mejor postor en la taberna inmunda de las subastas. No lo digo yo. Lo dice un informe elaborado por siete magistrados a iniciativa del Consejo General del Poder Judicial que advierte no solo de la inhumanidad de estas actuaciones, sino del discutible marco legal que lo ampara y que se estableció nada menos que en el año 1909, donde el caciquismo dominaba nuestro país. En la mayor parte de las ocasiones, nos advierten, los bienes embargados permanecen años y años sin ocupar, sin darles más finalidad que disminuir la cifra de impagados del banco, mientras 350.000 familias se quedan sin techo y con las vidas rotas.
Una persona se suicida al día por esta sinrazón. No hay derecho a mantener la ley ni un día más. De todos los crímenes de esta estafadora crisis, el más repugnante es contemplar a todo el aparato del estado -jueces, policías y funcionarios- abriendo expedientes, dictando resoluciones y arrastrando a los desahuciados por las escaleras de su piso mientras que los gestores bancarios contemplan la ciudad desde la atalaya de sus asépticos rascacielos. “Algún día todo esto será mío”, deben pensar, satisfechos ante el espectáculo medieval y siniestro que abre su función todos los días, en cualquier rincón de nuestra geografía.
