Después de tanto engaño es muy difícil creer en nada. Después de haber escuchado centenares de veces las mismas declaraciones de inocencia, los mismos compromisos de transparencia, las palabras se vuelven irritantes. Cuando la vida se ha hecho tan dura que nos ha convertido a todos en testigos de dramas sociales, es muy difícil creer en nada, ni siquiera en la justicia.
Durante años he discutido con amigos y compañeros sobre el papel de los políticos y su honradez. La tesis del garbanzo negro se ha ido volviendo cada vez más difícil de mantener en la medida que se daban a conocer nuevos casos e imputaciones. A estas alturas hay demasiados fallos en los sistemas de control y de detección del robo del dinero público y casi completa impunidad de los delitos económicos. Demasiados garbanzos negros en la olla, tantos como para preguntarse si no será mejor empezar de nuevo el guiso.
Al parecer, en nuestro país existen dos clases de delitos: los que comete la gente corriente y los que cometen sus élites financieras, empresariales o políticas. Los primeros van a la cárcel; los segundos van a un limbo jurídico que se llama prescripción, que no supone declaración de inocencia pero que sabe a gloria a quienes la disfrutan. La indignación popular puede multiplicarse por 100 si, tal como dicen juristas muy reconocidos, la mayoría de los casos acabarán prescritos y archivados. Una gran parte de la trama Gürtel, la supuesta financiación ilegal del PP, los conocidos sobresueldos, los regalos recibidos, los millones de Bárcenas y la mayor parte de las imputaciones a Urdangarin navegarán por los mares del olvido en un tiempo no muy lejano, archivados en el estante de cualquier juzgado.
La justicia o injusticia de las leyes se comprueban en su aplicación. En el caso de los delitos económicos ha quedado absolutamente demostrado que suelen descubrirse cuando están próximos a prescribir. A ello se suma que su investigación es larga y complicada y que jueces, fiscales e inspectores se enfrentan, casi inermes, a un escuadrón de abogados especializados en ingeniería financieras. ¿Por qué prescriben, entonces con tanta rapidez? ¿Por qué, en el caso de la financiación ilegal de los partidos políticos, el delito prescribe casi con la rapidez del rayo?
No es posible que nuestro sistema político no esté al corriente de esto, ni que actúe ingenuamente. ¿Cómo es posible que los mecanismos diseñados para controlar a las fuerzas políticas, procedan de ellas misma y actúen, solo y exclusivamente, comprobando los estados financieros que los propios partidos les facilitan? ¿Cómo no se ha reformado el Tribunal de Cuentas, tras sus fracasos estrepitosos en el control financiero de las fuerzas políticas?¿por qué se mantiene el escándalo de la prescripción de estos delitos?
Por si faltara algún ingrediente a este infame cocido, se acaba de conceder una amnistía fiscal capaz de anular todo tipo de delitos contra la hacienda pública, por mucho que el ministro Montoro se esfuerce en disimularlo.
Puede resultar que la mayor condena de corruptos, defraudadores, blanqueadores de dinero, aprovechados y ladrones, sea ver su nombre publicado en la plaza pública o realizar con garbo el humillante paseíllo ante los tribunales. Aunque los que han decidido pasar al lado oscuro no tienen la piel tan fina como la ciudadanía indignada y son incapaces de sentir vergüenza porque creen que todo se olvida, todo se cura, menos el dinero que permanece a su lado.
Por eso, mientras todo esto continúe, mientras se ampare jurídicamente a los corruptos, mientras trabajen en las sedes los imputados y se tema pronunciar el nombre de los delincuentes, no deberían volver a pronunciar frases como “caiga quien caiga”, “llegaremos hasta las últimas consecuencias” o “recaerá todo el peso de la ley”, porque nadie cae, no hay consecuencias y el peso de la ley es muy ligero. El sistema ha dado un mensaje definitivo de error, y es el momento de reiniciarlo si no queremos que sea el populismo antipolítico y antidemocrático el que recoja la indignación popular y la convierta en una flor negra.
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