La columna de esta semana en El País:
Ha hecho mucho frío y ha caído una lluvia intensa: mal tiempo para los pobres. El frío del sur es más doloroso y absurdo que ningún otro. Desvela los achaques ocultos y las corrientes de aire de nuestras casas así como los agujeros de nuestra política social y de nuestra conciencia.
Por debajo de los 600 euros mensuales los termómetros descienden vertiginosamente hasta un frío glacial. Para los inmigrantes temporeros de Jaén el clima ha sido gélido y la humedad extrema. Más de 6.000 personas deambulaban ateridas por las calles y plazas. En muchos lugares les tocaba dormir al raso dos de cada tres noches porque no había plazas suficientes en los albergues. Ninguna institución ha considerado una obligación atender a estas personas desamparadas y se han conformado con librar algunas subvenciones a las organizaciones sociales que heroicamente atienden a los inmigrantes. La Junta de Andalucía ha advertido que "los albergues con financiación pública tienen los días contados y los empresarios tendrán que asumir, vía convenio colectivo, la responsabilidad del alojamiento", entendiendo, por tanto, que todo aquel que no disponga de contrato no tendrá derecho a un refugio ni a la asistencia.
No se trata ahora de dilucidar las razones por las que vienen los inmigrantes ni si hay o no que disuadirlos de este aventurero viaje a nuestro país. Se trata de determinar si un ser humano tiene derecho a la subsistencia y a la protección pública en una situación de emergencia social. Cuando el Ayuntamiento de Vic propone no empadronar a los inmigrantes no legalizados, pretende retirarles el derecho a la educación, la salud o los servicios sociales que se les dispensan independientemente de su situación legal. Esta propuesta nos ha escandalizado a todos, pero el desamparo de los inmigrantes temporeros de Jaén -la misma que hemos contemplado indiferentes durante años en la fresa de Huelva-, se basa en unos principios casi idénticos: si no hay contrato de trabajo, no hay servicios públicos.
Cuando discutimos el actual Estatuto de Autonomía, nos esforzamos -contra la opinión manifiesta del PP- en convertir la caridad en servicios y la discrecionalidad en políticas públicas. En el Estatuto se establece la obligación de los poderes públicos de atender a las personas que sufran marginación, pobreza o exclusión social y se estableció así porque deseábamos afirmar que un Estado social y de derecho no puede permitirse que haya personas que carezcan de los bienes más precisos.
La caridad y las políticas sociales -cuando hablamos de instituciones y no de particulares- no sólo no se parecen sino que se oponen rotundamente. La caridad es decimonónica y discrecional. Concibe un ciudadano mendicante sin derechos. Las políticas sociales, por el contrario, son servicios que deben garantizar a todo ser humano unos mínimos de protección pública.
El PP decidió estas navidades hacer fotos de sus dirigentes en los comedores sociales. Eligieron un modesto vestuario y una sonrisa seráfica para componer la más vieja estampa de la derecha decimonónica, cual damas del ropero con los limosneros abiertos para repartir el aguinaldo. Pusieron un pobre en su foto y decidieron que, a partir de ahora, la visita a los necesitados formará parte de la agenda de sus candidatos. La finalidad no es exigir más cobertura social -un gasto público al que se oponen- sino utilizar electoralmente el dolor ajeno. Pero tampoco creen en la política social los gobernantes que se encogen de hombros ante el dolor ajeno y rehuyen su responsabilidad pública ante los problemas de los más pobres. Una administración en la que duerme, desde hace 10 años, una ley contra la pobreza y la exclusión social que -como los ríos ciegos de Lorca- no desemboca y forma carámbanos de hielo en las frías madrugadas de Jaén o de Huelva.
Por debajo de los 600 euros mensuales los termómetros descienden vertiginosamente hasta un frío glacial. Para los inmigrantes temporeros de Jaén el clima ha sido gélido y la humedad extrema. Más de 6.000 personas deambulaban ateridas por las calles y plazas. En muchos lugares les tocaba dormir al raso dos de cada tres noches porque no había plazas suficientes en los albergues. Ninguna institución ha considerado una obligación atender a estas personas desamparadas y se han conformado con librar algunas subvenciones a las organizaciones sociales que heroicamente atienden a los inmigrantes. La Junta de Andalucía ha advertido que "los albergues con financiación pública tienen los días contados y los empresarios tendrán que asumir, vía convenio colectivo, la responsabilidad del alojamiento", entendiendo, por tanto, que todo aquel que no disponga de contrato no tendrá derecho a un refugio ni a la asistencia.
No se trata ahora de dilucidar las razones por las que vienen los inmigrantes ni si hay o no que disuadirlos de este aventurero viaje a nuestro país. Se trata de determinar si un ser humano tiene derecho a la subsistencia y a la protección pública en una situación de emergencia social. Cuando el Ayuntamiento de Vic propone no empadronar a los inmigrantes no legalizados, pretende retirarles el derecho a la educación, la salud o los servicios sociales que se les dispensan independientemente de su situación legal. Esta propuesta nos ha escandalizado a todos, pero el desamparo de los inmigrantes temporeros de Jaén -la misma que hemos contemplado indiferentes durante años en la fresa de Huelva-, se basa en unos principios casi idénticos: si no hay contrato de trabajo, no hay servicios públicos.
Cuando discutimos el actual Estatuto de Autonomía, nos esforzamos -contra la opinión manifiesta del PP- en convertir la caridad en servicios y la discrecionalidad en políticas públicas. En el Estatuto se establece la obligación de los poderes públicos de atender a las personas que sufran marginación, pobreza o exclusión social y se estableció así porque deseábamos afirmar que un Estado social y de derecho no puede permitirse que haya personas que carezcan de los bienes más precisos.
La caridad y las políticas sociales -cuando hablamos de instituciones y no de particulares- no sólo no se parecen sino que se oponen rotundamente. La caridad es decimonónica y discrecional. Concibe un ciudadano mendicante sin derechos. Las políticas sociales, por el contrario, son servicios que deben garantizar a todo ser humano unos mínimos de protección pública.
El PP decidió estas navidades hacer fotos de sus dirigentes en los comedores sociales. Eligieron un modesto vestuario y una sonrisa seráfica para componer la más vieja estampa de la derecha decimonónica, cual damas del ropero con los limosneros abiertos para repartir el aguinaldo. Pusieron un pobre en su foto y decidieron que, a partir de ahora, la visita a los necesitados formará parte de la agenda de sus candidatos. La finalidad no es exigir más cobertura social -un gasto público al que se oponen- sino utilizar electoralmente el dolor ajeno. Pero tampoco creen en la política social los gobernantes que se encogen de hombros ante el dolor ajeno y rehuyen su responsabilidad pública ante los problemas de los más pobres. Una administración en la que duerme, desde hace 10 años, una ley contra la pobreza y la exclusión social que -como los ríos ciegos de Lorca- no desemboca y forma carámbanos de hielo en las frías madrugadas de Jaén o de Huelva.
1 comentario:
Pues además de compartir todos y cada uno de los aspectos de tu columna, decirte que me entristece que estas actitudes negligentes sean cosa de "los míos".
Un beso,
RigoAlberto
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