Este es el artículo que publico en el País Andalucía en vísperas de las elecciones catalanas:
Hace cuatro años surgió una esperanza tibia de avanzar hacia un Estado federal y mañana se entierra. No hay lágrimas ni familiares afectados. Se marcha casi en silencio. En su corta vida no ha podido rendir apenas frutos. Nadie va a reclamar su herencia ni a analizar las extrañas condiciones sociales que lo han llevado al fracaso.
Hace cuatro años parecía factible un estado con autonomías fuertes y solidarias; con mayores competencias para las comunidades autónomas, mayor capacidad de codecisión y más coordinación. Hoy ese debate se ha clausurado sin haber tenido apenas oportunidad de discutir su conveniencia y se extiende una ola de prejuicios contra las autonomías como no se conocía desde la transición.
Decía Jonathan Swift: "Cuando un verdadero genio aparece en el mundo, lo reconoceréis por este signo: todos los necios se conjuran contra él". Pues bien, en el mundo de la política, las nuevas ideas reciben una bienvenida similar: todos los intereses se conjuran contra ella.
Los principales actores de esta sublevación contra el avance federal, por riguroso orden de aparición, han sido los siguientes: el PP, el Tribunal Constitucional, el Gobierno de Zapatero y los integrantes del tripartito catalán. El PP puso el grito en el cielo contra el Estatut y emprendió la mayor campaña de desprestigio de una comunidad de toda la etapa democrática con recogida de firmas en todo el Estado. El Tribunal Constitucional anuló una tibia referencia a la nación catalana y elevó a sentencia una interpretación restrictiva de la carga magna, según la cual los estatutos de autonomía son papel mojado frente a la jerarquía del Estado. En el PSOE acabaron por triunfar las ideas de Alfonso Guerra y de Juan Carlos Rodríguez Ibarra frente a las promesas del antiguo Zapatero (antes de caerse del caballo y romperse la espina dorsal de su ideología) de avanzar hacia un Estado federal. Finalmente, como guinda de este complicado pastel, el Gobierno tripartito de Cataluña ha realizado una mala y contradictoria gestión que lo ha alejado de sus votantes.
Buena parte de la ciudadanía catalana ha interpretado que el camino federal está cegado y que su salida natural es el soberanismo y el estado asimétrico. Cataluña volverá a ser gobernada por la derecha nacionalista, cuyo lema real no es más que money, money entonado con un falso acento de solvencia, al que solo contribuyen nuestros complejos. La derecha puede sonreír porque prefiere el nacionalismo insolidario al federalismo social. No nos engañemos. Los postulados económicos e ideológicos de CIU son muy similares al ideario más conservador: privatizaciones de los servicios públicos, recorte de derechos laborales y mano dura con la inmigración. Además, el debate autonómico vuelve al terreno idóneo para el desprestigio de las autonomías y para la confrontación entre comunidades.
Para empezar, Artur Mas ya se ha colocado encima de la caja del dinero. Nos advierte que cualquier gasto fuera de Cataluña es un atraco o un despilfarro, en curiosa similitud con los centralistas más recalcitrantes. Para demostrarlos, ha sacado del arcón el artilugio más fullero y tramposo de su artillería: las balanzas fiscales. Un invento tan diabólico como mantener que los impuestos de los ricos deben ir a mejorar las escuelas de élite donde estudian sus hijos o que los impuestos de las ciudades se deben gastar teniendo en cuenta lo que cada barrio ha aportado.
Para Andalucía, esto es una mala noticia. El ascenso del nacionalismo insolidario en Cataluña siempre lleva aparejado el desprestigio de nuestra comunidad. Es posible que su sueño sea conseguir para Cataluña las ventajas del concierto económico vasco y su imaginario político sustituir a Madrid. Pero su aspiración inmediata es trazar una línea divisoria con el sur y acumular la riqueza en el norte, de donde nunca -a su entender- debió salir.
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