Nortificación

Artículo publicado el 02/07/2011 en El País Andalucía:


No sólo los poetas y los anuncios publicitarios construyen metáforas. La sociedad organiza su visión del mundo en torno a representaciones de un alto valor metafórico. El norte y el sur es una de estas narraciones míticas que conforman nuestra percepción del mundo. Su acomodo a la realidad es muy precario: a fin de cuentas todos somos el sur o el norte de otra ciudad, de otro país o de otro punto geográfico. Aún así, estas dos palabras se llenan de sentidos ocultos con los que interpretamos la vida.

A escala internacional, la distinción norte-sur no es geográfica, sino económica. La línea que nos divide no es el Ecuador, sino una ruta zigzagueante que atraviesa escenarios tan dispares como el Mediterráneo y la frontera mexicana con USA. Arriba, el capitalismo desarrollado, abajo el capitalismo depredador. Una línea que deja sin sur al continente asiático, lo que quizá explique que su pobreza se sitúe al norte.
En nuestro país la división norte-sur ha atravesado nuestra historia. Su línea no ha sido estable ni definida hasta que el modelo de revolución industrial decretó que por debajo de Madrid, todo era sur. Después de eso, nos llovieron con más intensidad los cuentos. Como todos los relatos míticos, los tópicos andaluces son circulares, eternos, cosidos a la piel con etiquetas sin firma.
A veces estos mitos funcionan de manera halagadora y nos hablan de la alegría, la pasión, el arte y el sentido de la fiesta. Con estos mismos conceptos forjan, en su trastienda, los puñales con los que nos acribillan: los inventos de la vagancia, la inestabilidad, la incapacidad organizativa y de la irracionalidad de los andaluces.
En política, cuando el sur desaparece, emergen con asombrosa vitalidad la desigualdad social y los recortes públicos. De forma especial, cuando Andalucía desaparece de la escena política, germina el clasismo más evidente basado en una indemostrable excelencia social del norte de los poderosos frente al sur, de los desposeídos. La nortificación política tiene dos variables dignas de estudio: la fortificación de Madrid, como sede de un estado fuertemente centralizado, o la variable catalana, que reclama un trato privilegiado para sus mermados intereses comerciales e industriales.
No es una confrontación territorial. No nos engañemos. Cuando cualquier insigne político de la derecha catalana arremete contra Andalucía, no pone en la punta de su lanza una crítica razonable a una gestión o a una medida, sino el desprestigio de los de abajo; de un sur que -en su confusión onírica-, cree que mantiene con el sudor de sus impuestos. La última andanada ha sido protagonizada por Durán i Lleida quien ha calificado las becas andaluzas para los jóvenes que abandonaron sus estudios por el boom de la construcción, como "una subvención a los ni-nis" propia del despilfarro de nuestra tierra. Sin embargo, no hay más ni-nis en Andalucía que en Cataluña; ni siquiera recibimos más subvenciones o financiación que las que recibe su territorio. Si ellos han hecho recortes en política sociales es porque su gobierno ha decidido que la igualdad o el buen estado de los servicios públicos no son una prioridad, ¿o es que somos los andaluces los responsables de su crisis, de sus gastos y de sus errores? El insigne político catalán -al que asombrosamente califican de elegante- no hubiese pestañeado si las subvenciones se dirigieran a la enseñanza privada o a otros sectores económicos más poderosos que estos miles de jóvenes a los que se pretende formar para el futuro. Por eso es una pena la nortificación -perdónenme la palabra que pretende ser un cruce semántico entre mortificación y norte- del debate y la desaparición política de Andalucía justo cuando más se necesita una reflexión sobre el modelo social y económico.
A no ser que al final, como escandalosamente apunta la CEOE, la desigualdad social sea una cuestión genética, escrita en nuestra vida con letras indelebles y se proclame el fin de las políticas públicas. Dicen que el sueño de los pobres produce utopías, pero el sueño de los ricos no cesa de generar monstruos.

Ensayo general

Artículo publicado hoy en el País Andalucía:


Lo siento por Baudelaire pero no hay ahora mismo nada que guarde tantos significados ocultos, tantas correspondencias y metáforas como esta campaña electoral que acaba de comenzar.

En teoría la gran pregunta es qué modelo de ciudad y de convivencia defiende cada opción política, pero esta es una cuestión que ni los partidos políticos, ni la propia ciudadanía está dispuesta a discutir.

La sociedad tiene otras urgencias, otras apreturas, otros malestares que quiere expresar. Son las primeras elecciones desde que estalló la crisis económica y de alguna forma quiere manifestar el descontento con los compromisos incumplidos, los cambios de rumbo y la brecha social que cinco millones de parados suponen para un Estado que se proclama una democracia política y social. El PSOE se escuda en las exigencias de los mercados, pero estos tienen la ventaja de no presentarse a las elecciones y la ciudadanía no puede ir a manifestarse a sus puertas ni a revocar el poder omnímodo que los gobiernos le han concedido, arrancado directamente de las manos del pueblo.
El PP, por su parte, ha convertido las elecciones municipales y autonómicas en un ensayo general para el acceso al poder que, según dicen todas las encuestas, podría producirse pocos meses después de estos comicios. En especial en Andalucía, el PP pretende convertir las batallas de Sevilla, Córdoba, Jaén y Jerez en la antesala de su triunfo en las próximas autonómicas. Rajoy no ha iniciado su campaña en Andalucía para apoyar a su candidato Zoido, sino para investir a Arenas con la púrpura del poder de la Junta de Andalucía. Curiosamente, Andalucía se ha convertido en el mayor objeto de deseo de la derecha política, en la metáfora perfecta del triunfo indiscutible y absoluto.
Por eso, básicamente, el debate sobre las ciudades no se va a producir, ni tampoco un verdadero debate sobre la gestión política o las propuestas programáticas. Pero una cosa es que el debate no se produzca y otra cosa que no existan modelos de ciudades diferentes. En anteriores elecciones el gran tema municipal era el desarrollo urbanístico. Sin embargo, en estos momentos ese debate está aparcado, no porque hayan muerto los proyectos especulativos y desarrollistas sino simplemente porque la crisis del ladrillo los ha hecho inviables a corto plazo. Es decir, no faltan especuladores, sino mercado; no faltan proyectos desarrollistas, sino compradores. Lo más preocupante es que este debate ha sido sustituido por otro, aún más soterrado y turbio sobre la vivencia y convivencia social. A diferencia de otras posiciones, la desagregación, los prejuicios contra los inmigrantes, contra los pobres, e incluso la limitación de manifestaciones culturales en las calles, no han sido elevados a rango de debate político, sino que se ha expresado en reglamentos municipales, verdaderos poemas enigmáticos de exclusión social y prohibiciones sin cuento. Naturalmente, nadie se atreve a pronunciar un discurso xenófobo. Nadie nos va a prometer segregar a los más pobres, ni desatender los barrios más desfavorecidos. Simplemente se limitan a alimentar estos discursos sotto voce y a implementarlos con la práctica municipal. Dolorosamente, tampoco nadie se atreve a combatirlos de frente por miedo a perder el asentimiento de una mayoría social que se supone escorada, cada vez más acusadamente, hacia estas posiciones. No se percatan de que es este un ensayo general para una batalla política futura en la que se pondrá en solfa el papel redistribuidor del estado, comenzando por los servicios públicos de salud o de educación.
En política, como en la vida, tan importantes son las palabras como los silencios; el lenguaje verbal y el gestual; lo pronunciado y lo sugerido. Los que han decidido convertir estas elecciones en un juego de tronos, en un recuento de territorios conquistados o perdidos, es posible que ganen la partida. Pero la chincheta con la que marcarán su victoria en las urnas solo atrapará la flor muerta de la desesperanza.

Guadalquivir, español

Este es el artículo que publico hoy en la edición andaluza de El País sobre la sentencia del Tribunal Constitucional:


De un plumazo el Tribunal Constitucional ha suprimido el artículo del Estatuto de Autonomía que atribuía a Andalucía la competencia sobre el Guadalquivir. A simple vista puede parecer que se trata de una decisión estrictamente jurídica. Sin embargo, un análisis más profundo nos puede hacer llegar a la conclusión de que tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) laten otros argumentos ajenos al debate jurídico. El carácter de exclusividad que marca el Estatuto de Autonomía para la gestión del Guadalquivir, está absolutamente matizado en el texto ya que reserva al Estado la potestad de planificación, de protección medioambiental y de obras públicas de interés general, que son exactamente las exigencias constitucionales.

Si la preocupación del Tribunal Constitucional hubiese sido la atribución de esta competencia exclusiva para la comunidad autónoma, la resolución más ajustada hubiese sido interpretar el artículo o modificarlo para que no existieran dudas de la competencia exclusiva del Estado. Sin embargo, el TC ha optado por suprimir drásticamente el artículo del Estatuto y dejar a Andalucía sin competencia alguna sobre el Guadalquivir.
Tampoco, al autor de este recurso de inconstitucionalidad, el expresidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, le guiaba ninguna defensa de su tierra. Ningún extremeño tiene preocupación alguna por esa pequeñísima parte de los afluentes. Desde que comenzaron las reformas estatutarias, Ibarra clamó contra estos procesos, se opuso con todas sus fuerzas y utilizó el recurso contra el Guadalquivir como una forma de expresar su contrariedad frente a estos nuevos procesos estatutarios. La competencia andaluza sobre el Guadalquivir no quitaba ni un litro de agua a Extremadura. En primer lugar, porque el artículo 51, censurado por el Constitucional, afirmaba que las competencias andaluzas eran solo y exclusivamente sobre las aguas que transcurren por nuestro territorio y, en segundo lugar, porque la pequeña parte del Guadalquivir no andaluz está en el ciclo alto del río de forma que ninguna decisión andaluza puede mermar su cauce o sus aprovechamientos. Así lo entendieron las comunidades de Murcia o de Castilla-La Mancha que no se sumaron al recurso de inconstitucionalidad a pesar de las presiones que recibieron, entre otros, del Ministerio de Medio Ambiente.
El caso del Duero, con el que se nos pretende consolar y comparar, es absolutamente distinto. No solo afecta a otras comunidades sino que gran parte de su cauce pertenece a Portugal. El Guadalquivir es el único caso de un gran río que nace y muere en una comunidad autónoma.
Andalucía ha aceptado siempre la unidad de cuenca, la planificación general del ciclo hidráulico y los criterios de solidaridad en materia de aguas. ¿A cuento de qué viene esgrimir estos argumentos contra la gestión andaluza del río? El artículo andaluz ha sido además analizado por el TC a la luz, no de las previsiones constitucionales, sino de una ley, la de Aguas, que tiene menor rango que el propio Estatuto de Autonomía. Insisto en que si estas eran las preocupaciones reales, el TC debería haber matizado o modificado el artículo del Estatuto pero en ningún caso suprimir cualquier tipo de competencias de Andalucía.
El 99,2% de los aprovechamientos del Guadalquivir pertenecen a Andalucía, forma parte de nuestro patrimonio natural y cultural, al tiempo que ha articulado nuestro territorio, ¿Es lógico que nuestra comunidad no tenga competencia alguna sobre este río? ¿Es acaso, el Guadalquivir de todos, excepto de los andaluces? Ahora, la única salida posible para no humillar a Andalucía es una delegación de competencias por parte del Estado con carácter de urgencia. Porque no son consideraciones jurídicas las que han llevado al TC a mutilar el Estatuto de Autonomía para Andalucía, sino un concepto del Estado jerárquico y centralizado que ya ensayó en la sentencia del Estatuto catalán y que supone una decidida involución autonómica.

¡Viva España, coño!

Publicado en El País 

La conmemoración del 30 aniversario del 23-F ha dejado sin aclarar el aglutinante ideológico que llevó a los conocidos cuatreros a desembarcar en el Congreso de los Diputados. Si hubiera que reducir a una única frase su estrechísimo ideario, podríamos decir que les impulsaba el odio al Estado de las Autonomías.

El pensamiento político de la ultraderecha española se ha nutrido siempre de la fobia a la pluralidad de España. “!Viva España, coño!” es la divisa que los golpistas utilizaban para darse ánimos tras las primeras horas del golpe de estado. Un grito que pronunciado en tono exaltado, significaba la muerte de las autonomías y de la pluralidad de nuestro país. Un grito que no es concebible si se sustituye la palabra España por Andalucía porque esta última nunca se ha pronunciado contra nadie.

La autonomía andaluza estuvo a punto de morir antes incluso de nacer. Andalucía no sólo tuvo que conquistar, palmo a palmo, su autonomía y ganar un referéndum amañado en el histórico 28-F, sino que la tramitación de su estatuto de autonomía se hizo bajo el ruido de sables y los bufidos de los generales, que veían en el proceso andaluz una peligrosa mezcla de populismo social y de autogobierno. El hecho de que Andalucía abriera la puerta a la autonomía plena para todas las comunidades producía en las cúpulas militares una irritación especial, una confirmación de sus delirios de una España rota y roja. No es casual que el 23F coincidiera con la tramitación final del primer Estatuto de Autonomía de Andalucía, que los diputados ratificaron en Córdoba dos días después de la entrada de Tejero en el Congreso.

Ahora, los nuevos voceros contra las autonomías afirman que no tienen razones ideológicas similares a las de la ultraderecha y que su propuesta es ideológicamente aséptica. Sin embargo las similitudes siguen siendo abrumadoras. La FAES ha lanzado una campaña antiautonómica que fue presentada por Jose María Aznar con el argumento de que es necesario limitar la capacidad de decisión de las autonomías y modificar la Constitución a fin de  “preservar el derecho de la nación española a decidir su propio destino libremente, a trabajar por su prosperidad y a permanecer unida”. La visión de un estado español amenazado, arruinado y casi roto por las autonomías es compartida absolutamente  por Falange Española, quien ha lanzado también una campaña política bajo el título “Contra las autonomías”. Por su parte, los medios de comunicación de la llamada “caverna mediática”, han convertido a las autonomías en la diana preferida de sus venenosos dardos en una campaña de desprestigio político sin precedentes.

En política, como es bien sabido, no existen las casualidades. Todos los actores son conscientes de sus entradas y salidas de escena, de sus parlamentos y de sus silencios. La vieja derecha ha encontrado el momento ideal para recuperar su rancio ultranacionalismo español. Para abrazar por completo estas tesis, el problema del PP sigue siendo Andalucía. La Comunidad de Madrid, aplaude el discurso españolista enraizado y constitutivo de su propia existencia, una vez que fracasó las refundación cultural y laica de Tierno Galván. En el País Vasco y en Cataluña, el PP no aspira a ser fuerza mayoritaria y se ha instalado en posturas españolistas que representan un diez o quince por ciento del electorado. Pero en Andalucía, cualquier partido político que no abrace con fuerza la defensa de la autonomía está condenado al fracaso. Se demostró en la tramitación del nuevo estatuto de autonomía, cuando el PP sintió vértigo a una negativa que le hiciera repetir con Andalucía los errores del pasado; se constata en la escenografia de los mítines andaluces del PP donde han impuesto que sea más visible la bandera andaluza que la roja y gualda (¿no me digan que no se han fijado?).  

Lo anterior demuestra dos cosas: la primera y más importante, que el estado de las autonomías sigue vivo, en gran medida, porque existe Andalucía y, segundo, que el PP debería explicar –parafraseando a Machín-  cómo se pueden tener dos discursos a la vez… y no estar loco.

Un pinganillo para el andaluz

Este es el artículo de esta semana en El País de Andalucía

Ahora que el Senado ha repartido pinganillos para que los representantes puedan seguir las intervenciones en las diferentes lenguas del Estado, no estaría de más inventar un adminículo para que se dejara de despreciar la forma de hablar de los andaluces y, de paso, a nuestra tierra. Claro que el cacharrito habría que distribuirlo entre millones de españoles que consideran su forma de hablar el castellano más culta y correcta que la de los andaluces.

De momento me conformaría con que el mencionado pinganillo se repartiera entre los medios de comunicación -especialmente sus directores, guionistas y presentadores-, así como entre aquellos políticos que consideran una superioridad moral la pronunciación de las "eses" finales de las palabras.
Mi propuesta tiene base legal, no se crean. En la Constitución, en el mismo artículo 3 que establece el castellano como lengua oficial y la cooficialidad del resto de las lenguas aparece este apartado que naufraga en el mar del olvido: 3.3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
Los que piensan que el andaluz es una forma incorrecta de hablar castellano, no hacen sino mostrar su propia incultura y desconocimiento histórico. El andaluz es una evolución histórica del castellano que ha tenido una fuerte influencia en la mitad sur de la península y en el español de América. Fue, además, la lengua que generó la primera gramática y que a punto estuvo, si no hubiera sido por los azares históricos, de ser la norma oficial del castellano. El segundo argumento contra el andaluz suele ser su falta de uniformidad y su diversidad de hablas. A los que esgrimen estos argumentos les recomiendo una lectura atenta de los manuales iniciales de lingüística, preferentemente Saussure, para comprender que tan importantes son los rasgos presentes de la lengua como los ausentes. Es decir, no importa si la s final se aspira o se abren las vocales, lo importante es que ningún andaluz tiene la "ese" final castellana. Por eso, aunque unos aspiremos y otros no, aunque unos seseemos, otros ceceemos y otros distingan c y s, cuando salimos de nuestra tierra somos reconocidos inmediatamente como andaluces.
Pero, el argumento más miserable contra el andaluz, es confundirlo el uso vulgar de la lengua. Un andaluz inculto introduce los mismos vulgarismos que un vallisoletano de su nivel y muchos menos que un madrileño inculto porque rara vez comete errores sintácticos. Sin embargo, un andaluz culto hablará sin asomo alguno de vulgarismos en su lenguaje. Pero, los prejuicios consiguen que se perciban como más correctas las barbaridades gramaticales y sintácticas de Belén Esteban o el acento gutural e impreciso de los catalanes cuando hablan castellano, que la forma de hablar de los andaluces. En este caso, es la historia reciente de Andalucía la que nos condena porque se asocia el uso del andaluz al subdesarrollo.
Algunos andaluces han interiorizado la idea de este desprestigio y apenas ascienden en la escala social se apresuran a pronunciar unas "eses" esperpénticas, verdadero testimonio de su complejo de inferioridad. Los que se atreven a exhibir la cuidada y hermosa forma de hablar andaluza muestran a todos la riqueza de nuestro patrimonio lingüístico y su capacidad de comunicación.
Y es que tiene el andaluz una riqueza singular, una gran vitalidad expresiva y creativa , un vocabulario rico y, sobre todo, una eficaz modernidad. Como se sabe, el idioma tiende a la economía, y a largo plazo triunfan las opciones más ligeras. Por eso, rasgos típicos del andaluz como la relajación de las consonantes finales e intervocálicas o el yeísmo se van imponiendo soterradamente en los últimos años. Los que ahora se ríen, a largo plazo hablarán un castellano fuertemente influido por el andaluz. Mientras tanto, que les coloquen de una vez el pinganillo del respeto a Andalucía y a nuestra hermosa forma de hablar.

A propósito del informe PISA

Este es mi artículo de opinión de esta semana, publicado en el País Andalucía


El informe PISA realizado por la OCDE viene marcando el debate sobre la educación. Es penoso que no dispongamos de otras evaluaciones del sistema educativo más que de un informe mundial, sin duda muy interesante, pero lleno de lagunas y de generalizaciones.

Hay una serie de limitaciones del informe PISA que conviene aclarar, no para justificar -como hacen algunos gobernantes- los problemas educativos de nuestra tierra, sino para celebrar un debate más completo sobre la situación de la educación.

En primer lugar, el informe es una muestra realizada sobre un universo de jóvenes de 15 años, edad en la que, según la OCDE, se finalizan aproximadamente los estudios de Secundaria. La medida es estimativa ya que en muchos países a esa edad ya ha concluido la educación obligatoria y, en otros, como España, queda más de un año (en realidad, dos) para su finalización. Incluso la selección de la muestra es confusa. En España, por ejemplo, no se han evaluado Valencia, Extremadura ni Castilla-La Mancha. En segundo lugar, se ha optado por hacer la prueba por edad, y no por niveles educativos, lo que influye decisivamente sobre los resultados, ya que si la prueba se realizara a la finalización del ciclo los resultados españoles serían absolutamente diferentes. Esto no es una justificación -como han pretendido algunos gobernantes-, ya que si bien es cierto que el nivel académico es, seguramente, superior al que detecta el informe PISA, nos pone ante un problema esencial del sistema educativo español que se concentra en el fracaso del primer ciclo de la ESO. Los verdaderos datos de alarma no son unos decimales en comprensión lectora, matemática o científica sino el hecho pavoroso de que en Andalucía, el 43% de los jóvenes de 15 años ya han repetido uno o dos cursos, y que el 34% de los estudiantes abandonen la ESO sin obtener titulación. Este dato sí que determina decisivamente el futuro de un tercio de la población andaluza, y por extensión de toda nuestra comunidad, que vagará por el mundo laboral sin preparación ni expectativas.
En tercer lugar, los aspectos sociales quedan relegados en el informe PISA a un segundo término. Está claro que la procedencia social y cultural del alumnado determina de forma sus competencias lingüísticas, científicas y matemáticas. Sin embargo, el informe apenas introduce elementos que corrijan los datos en función de estas observaciones sociales. Además, el sistema educativo parece ser el único responsable de la formación de los jóvenes, cuando los estudios sociales nos indican que en comprensión lectora, la educación contribuye un 30% a estas habilidades pero el 70% corresponde a la sociedad (familia, medios de comunicación, sociedad del ocio, etcétera). De familias sin libros, no nacen -más que excepcionalmente- lectores, ni de la televisión basura, científicos. ¿Se trata, por tanto, de cambiar solo el sistema educativo o se necesita una reflexión sobre el modelo social?

Finalmente, el informe promociona los resultados de modelos educativos autoritarios y selectivos, frente a los inclusivos. Las condiciones, incluso de la realización de esta prueba -y no es baladí- no son equivalentes. En algunos países, se presenta como una prueba central, determinante, y se insta a los alumnos a hacerla completa. Otros, realizan una motivación previa del alumnado. En nuestro caso, la prueba se hace forzosa y sin aliciente alguno. El valor que los alumnos le conceden es similar a las pruebas de evaluación iniciales que se acometen con dejadez y desgana incluso entre los mejores estudiantes.

Curiosamente, la mejor cualidad del sistema educativo español no ha merecido ni un solo titular en la prensa, pero sí algunos comentarios desdeñosos. Junto con Finlandia, es de los más igualitarios y sociales del mundo. Es este un logro que no se puede tirar por la ventana. El reto es mejorar los resultados, manteniendo la integración social y el ideal de que la educación es el mejor mecanismo de igualdad y de avance social. Y en Andalucía, el debate es urgente.

Adiós federalismo

Este es el artículo que publico en el País Andalucía en vísperas de las elecciones catalanas:

Hace cuatro años surgió una esperanza tibia de avanzar hacia un Estado federal y mañana se entierra. No hay lágrimas ni familiares afectados. Se marcha casi en silencio. En su corta vida no ha podido rendir apenas frutos. Nadie va a reclamar su herencia ni a analizar las extrañas condiciones sociales que lo han llevado al fracaso.

Hace cuatro años parecía factible un estado con autonomías fuertes y solidarias; con mayores competencias para las comunidades autónomas, mayor capacidad de codecisión y más coordinación. Hoy ese debate se ha clausurado sin haber tenido apenas oportunidad de discutir su conveniencia y se extiende una ola de prejuicios contra las autonomías como no se conocía desde la transición.

Decía Jonathan Swift: "Cuando un verdadero genio aparece en el mundo, lo reconoceréis por este signo: todos los necios se conjuran contra él". Pues bien, en el mundo de la política, las nuevas ideas reciben una bienvenida similar: todos los intereses se conjuran contra ella.
Los principales actores de esta sublevación contra el avance federal, por riguroso orden de aparición, han sido los siguientes: el PP, el Tribunal Constitucional, el Gobierno de Zapatero y los integrantes del tripartito catalán. El PP puso el grito en el cielo contra el Estatut y emprendió la mayor campaña de desprestigio de una comunidad de toda la etapa democrática con recogida de firmas en todo el Estado. El Tribunal Constitucional anuló una tibia referencia a la nación catalana y elevó a sentencia una interpretación restrictiva de la carga magna, según la cual los estatutos de autonomía son papel mojado frente a la jerarquía del Estado. En el PSOE acabaron por triunfar las ideas de Alfonso Guerra y de Juan Carlos Rodríguez Ibarra frente a las promesas del antiguo Zapatero (antes de caerse del caballo y romperse la espina dorsal de su ideología) de avanzar hacia un Estado federal. Finalmente, como guinda de este complicado pastel, el Gobierno tripartito de Cataluña ha realizado una mala y contradictoria gestión que lo ha alejado de sus votantes.


Buena parte de la ciudadanía catalana ha interpretado que el camino federal está cegado y que su salida natural es el soberanismo y el estado asimétrico. Cataluña volverá a ser gobernada por la derecha nacionalista, cuyo lema real no es más que money, money entonado con un falso acento de solvencia, al que solo contribuyen nuestros complejos. La derecha puede sonreír porque prefiere el nacionalismo insolidario al federalismo social. No nos engañemos. Los postulados económicos e ideológicos de CIU son muy similares al ideario más conservador: privatizaciones de los servicios públicos, recorte de derechos laborales y mano dura con la inmigración. Además, el debate autonómico vuelve al terreno idóneo para el desprestigio de las autonomías y para la confrontación entre comunidades.

Para empezar, Artur Mas ya se ha colocado encima de la caja del dinero. Nos advierte que cualquier gasto fuera de Cataluña es un atraco o un despilfarro, en curiosa similitud con los centralistas más recalcitrantes. Para demostrarlos, ha sacado del arcón el artilugio más fullero y tramposo de su artillería: las balanzas fiscales. Un invento tan diabólico como mantener que los impuestos de los ricos deben ir a mejorar las escuelas de élite donde estudian sus hijos o que los impuestos de las ciudades se deben gastar teniendo en cuenta lo que cada barrio ha aportado.

Para Andalucía, esto es una mala noticia. El ascenso del nacionalismo insolidario en Cataluña siempre lleva aparejado el desprestigio de nuestra comunidad. Es posible que su sueño sea conseguir para Cataluña las ventajas del concierto económico vasco y su imaginario político sustituir a Madrid. Pero su aspiración inmediata es trazar una línea divisoria con el sur y acumular la riqueza en el norte, de donde nunca -a su entender- debió salir.