Dicen que el concepto de vergüenza ajena sólo existe en nuestro país y que en el resto del mundo no pueden comprender que alguien sienta una enorme incomodidad interior por las acciones de otro. Pues bien, estos últimos días hemos sentido un intenso bochorno ante el asalto de unos desalmados a los fondos públicos destinados a prejubilaciones de trabajadores de empresas en crisis.
Al parecer, alguien detectó el agujero burocrático por el que se podían colar como beneficiarios de las pólizas a personas que no habían trabajado en su vida en estas empresas. Ni cortos, ni perezosos, compusieron su particular lista de Schindler, sólo que en este caso no era para salvar vidas ajenas sino para hacerles la vida más fácil y lujosa a los beneficiarios. Pero, no nos engañemos; no se ha tratado de una conducta individual ni aislada, sino más bien de una práctica que necesitaba una cierta organización y complicidad como demuestra el hecho de que afecta a casi la mitad de los expedientes investigados.
Cualquier delito es abominable pero en este caso concurre una mezquindad y ratería dignas de la más rancia novela picaresca. Incluso en los delitos existe una cierta escala ética. Esconderse detrás de trabajadores que han sufrido verdaderas odiseas para defender sus puestos de trabajo, como es el caso de Intelhorce o Cydeplas, es realmente abominable. Si quien lo hace ostenta el cargo de representante sindical, no ha podido llegar más bajo en la escala de la indignidad.
De un plumazo, los rateros desalmados, sus cómplices y consentidores, han metido a Andalucía en el túnel del tiempo y han revitalizado los peores tópicos sobre nuestra tierra. Por ello, urge establecer responsabilidades, encontrar a los culpables, ponerlos frente a la justicia e incautar los bienes obtenidos ilegalmente.
Es el momento de que los responsables políticos que tienen a su cargo la administración actúen con contundencia y no se aferren a los tópicos y las palabras vacías. Desde que estalló el caso Mercasevilla, con los preocupantes indicios de irregularidades, deberían haberse encendido todas las luces de alarma que implicaban, de una u otra forma, a la Consejería de Empleo. Ha hecho bien el Gobierno andaluz en investigar las ayudas en los expedientes de regulación de empleo y en denunciar ante la justicia las irregularidades observadas, pero la investigación debe profundizar más y abarcar -en vista de las denuncias- un periodo de tiempo mayor. Los anteriores consejeros de Empleo deben dar cuenta de su labor no sólo ante la autoridad judicial sino también ante el Parlamento de Andalucía. Hasta el momento, sus declaraciones siembran aún más confusión y desconcierto. Hablar de "deslealtad" o de "traición" no contribuye precisamente a tranquilizar a la opinión pública. Pedir a la sociedad que "sea comprensiva con los fallos humanos que todos cometemos", produce verdadera irritación, mucho más cuando se acompaña de frases como que "es muy fácil opinar cuando se tiene garantizada la nómina a final de mes".
Tampoco vale recurrir al consabido "y tú más" con que finalizan las intervenciones algunos insignes cargos políticos. El hecho de que el PP tenga un número importante de cargos públicos implicados en la operación Gürtel no justifica ningún otro caso de corrupción y enfrascarse en una pelea por el grado de implicación de cada cual no es más que un torpe reconocimiento de culpabilidad.
Finalmente, tampoco parecen lógicos los argumentos contra las comisiones de investigación con la excusa de que es preferible evitar un juicio paralelo del caso. En un sistema democrático no sólo existen responsabilidades penales sino también políticas y el lugar para exigirlas es sin duda el Parlamento. Sólo más luz, más control público y más transparencia nos borrará el rubor de la vergüenza ajena que hemos sentido al conocer cómo algunos sinvergüenzas se quedaban con los fondos destinados a trabajadores de empresas en crisis.
