PROHIBIDO ENFERMAR

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      En la letra pequeña de la crisis se ha incluido una cláusula nueva contra todos aquellos “privilegiados” que todavía conservan su puesto de trabajo: queda prohibido terminantemente enfermar. El mismo Gobierno que nos pide que no generalicemos en los casos de corrupción, generaliza respecto al absentismo de los trabajadores y pasa a considerarnos masivamente a todos, y especialmente a la función pública, unos seres abusones que mienten sobre su estado de salud y que engañan a la Administración.

    Según la nueva normativa, durante los tres primeros días de la baja laboral de cualquier funcionario, se le descontará el 50% de su salario y después hablamos. Incluso, con un sentido del humor un tanto siniestro se nos explica que están exentos de estos descuentos las enfermedades profesionales que se adjuntan en una lista y, que en el caso de los docentes y de otros muchos funcionarios, son…¡ninguna! Alguien debió pensar que era un chiste gracioso.

    En la localidad sevillana de Camas han instalado en la sala de profesores una camilla y un centro de recuperación para que los profesores enfermos puedan estar en el centro y no tengan que solicitar la baja médica. Con un gran sentido del humor, el portavoz del profesorado explica que se desplazan a su domicilio para recoger al enfermo y que le prodigan cuidados en el centro para que no pierda el salario de esos días.
Pero la broma tiene un lado macabro y supone otra humillación más a la función pública a la que tanto parece odiar este Gobierno. La excusa para estas medidas es contener el absentismo laboral en el sector público, pero la realidad es simplemente un recorte atroz de la sanidad pública, un impulso depredador de los salarios y un himno a la injusticia que pagarán no los absentistas, sino los buenos funcionarios que no faltan más que cuando no pueden con su alma.

   Todos conocemos los nombres y apellidos de los absentistas habituales en nuestros centros de trabajo quienes, por cierto, no reciben la más mínima amonestación por la inspección laboral y son consumados maestros en el arte de justificar sus ausencias. Su tabla de asistencias es un colador visible a gran distancia. Hubiera sido realmente fácil controlar este absentismo descarado pero, ay, se me olvidaba que no se trata de eso, sino de evitar el uso de la sanidad, desprestigiar la función pública y confiscar tres días de paga.
Por eso últimamente podemos ver profesores con gripe impartiendo clase y microbios a partes iguales; bomberos que resisten un esguince a duras penas; médicos que operan con una fuerte cefalea; administrativos que resuelven complicados expedientes en medio de una crisis lumbar. Ya sé que en el sector privado las cosas no transcurren de una forma distinta. El terror a ser despedido es el desincentivador más potente para faltar por enfermedad. Todos saben que cualquier baja laboral, por muy justificada que esté, será una prueba en contra para cualquier renovación de contrato.

   La Administración exhibe con orgullo el descenso del absentismo laboral, pero empieza a ocultar con celo el estado sanitario de la población. Una sociedad que prohíbe estar enfermos a sus trabajadores, soportará a medio plazo un costo sanitario y social duplicado, nos advierten los especialistas en salud pública.
Las enfermedades se harán más persistentes, de más difícil y costosa curación; la detección temprana de enfermedades descenderá de forma vertiginosa; la automedicación se disparará y nuestro índice de mortalidad subirá sin que nadie nos explique los motivos.

   La Administración presiona a los profesionales para que la estancia hospitalaria sea lo más corta posible y se dan altas precipitadamente con tal de ahorrar unos euros. La información sobre las listas empieza a estar más maquillada que una actriz de opereta, mientras nuestros gerifaltes sustituyen el derecho a la salud y la calidad del servicio sanitario por “la rentabilidad” en cuyo altar alzan este gigantesco ERE contra los enfermos y esta enésima patada en el culo de la función pública.

HÉROES Y HEROÍNAS DE NUESTRO TIEMPO

Publicado en El País de Andalucía 

En la obra de Bertolt Brecht, cuando Galileo se pliega a la Inquisición y renuncia a defender que la tierra es redonda y gira alrededor del sol, uno de sus discípulos le reprocha: “Desgraciado el país que no tiene héroes”. Galileo, baja la cabeza y responde amargamente: “Desgraciado el país que necesita héroes”.
Los tiempos de crisis han sido propensos al surgimiento de superhéroes. Eran seres individuales, salvadores de la humanidad, generosos, masculinos y neutros sexualmente; el sueño de los niños y el consuelo de los mayores. Ahora, seguimos necesitando figuras que combatan la maldad y compensen nuestra cobardía o, si les parece muy fuerte, nuestra desorientación colectiva.
A los héroes y heroínas de nuestro tiempo, al igual que a Spiderman, un día les picó una araña radiactiva pero, en vez de conferirle las cualidades de volar o pegarse a las paredes, les inoculó la pasión por la verdad y por la justicia. Son útiles y generosos. Desconfían del protagonismo; son muy sensibles a la injusticia y alérgicos a la mentira.
En su mayor parte, nacieron al calor del 15-M y son caleidoscópicos, invisibles a veces, pero aparecen allá donde se les necesita, bajo un nombre u otro. Esta semana metieron un gol en la portería del Congreso de los Diputados; el gol que el 80% de la ciudadanía estábamos alentando desde las gradas. Son conscientes de que su batalla no está aún ganada. Saben tanto de política como el portavoz más antiguo del Parlamento y conocen a la perfección los cientos de artimañas que el poder usará para desactivarlos, desacreditarlos y postergar sus demandas. Normalmente no son los directamente afectados por los problemas, sino personas con conciencia que han decidido ponerse al servicio de los demás, una lección ética para los nuevos tiempos.
A muchos de ellos no los vemos en televisión pero forman parte de un ejército invisible que deja el café o los estudios para acudir allá donde haya un desalojo de vivienda, gritar contra el desahucio, acompañar al desposeído y denunciar la injusticia. En Málaga, en Sevilla, en Granada… hay miles de personas que forman parte de este movimiento.
En general son muy jóvenes o muy mayores, los dos extremos más generosos de nuestra sociedad, al menos con su tiempo y esfuerzo. Algunos de ellos acumulan multas de mil o dos mil euros —especialmente en Granada, donde el poder reprime con suma dureza— por resistirse a la autoridad; o son detenidos por no mostrar con celeridad su documentación o por desacato. Se ve que los subdelegados del Gobierno de estas provincias no están al tanto de que el PP “comparte con Ana Colau los objetivos” y optan por la criminalización y la represión.
Han puesto en la agenda el calendario de desahucios, han ridiculizado al poder político, le han dado luz al drama de los suicidios y le han devuelto a la sociedad una pizca de esperanza en el ser humano. Son las mejores manzanas de nuestro cesto, lleno de frutos podridos, y muestran que no todo ha sido un fracaso, que en medio de tanto consumismo, egolatría e insolidaridad, en algunos hogares se ha sabido transmitir amor por la verdad y repudio a la injusticia. Por eso, algunos padres se enorgullecen en privado de la rebeldía de sus hijos frente a los poderosos.
Poco a poco nuestros héroes y heroínas, estrechan los límites de impunidad del poder y del dinero. Un jubilado andaluz pone en jaque a las eléctricas, que consultan su web antes de poner en marcha sus tarifas; un grupo de ciudadanos publica una página donde podemos seguir cada uno de los indultos que el Gobierno concede; un colectivo alemán persigue el plagio de tesis doctorales; un grupo norteamericano elabora una aplicación por la que con la foto de un producto nos dice si su compañía ha pagado a Hacienda, si recibe subvenciones o afecta al medio ambiente. El quinto poder está en marcha pero no es el poder de la tecnología, sino el de las personas generosas y valientes que esta semana consiguieron colar el gol en el Congreso aunque fueron desalojados de la tribuna por la voz cascada y rota de los viejos tiempos.

PROSCRITOS, PRESCRITOS

Publicado en El País de Andalucía

Después de tanto engaño es muy difícil creer en nada. Después de haber escuchado centenares de veces las mismas declaraciones de inocencia, los mismos compromisos de transparencia, las palabras se vuelven irritantes. Cuando la vida se ha hecho tan dura que nos ha convertido a todos en testigos de dramas sociales, es muy difícil creer en nada, ni siquiera en la justicia.
Durante años he discutido con amigos y compañeros sobre el papel de los políticos y su honradez. La tesis del garbanzo negro se ha ido volviendo cada vez más difícil de mantener en la medida que se daban a conocer nuevos casos e imputaciones. A estas alturas hay demasiados fallos en los sistemas de control y de detección del robo del dinero público y casi completa impunidad de los delitos económicos. Demasiados garbanzos negros en la olla, tantos como para preguntarse si no será mejor empezar de nuevo el guiso.
Al parecer, en nuestro país existen dos clases de delitos: los que comete la gente corriente y los que cometen sus élites financieras, empresariales o políticas. Los primeros van a la cárcel; los segundos van a un limbo jurídico que se llama prescripción, que no supone declaración de inocencia pero que sabe a gloria a quienes la disfrutan. La indignación popular puede multiplicarse por 100 si, tal como dicen juristas muy reconocidos, la mayoría de los casos acabarán prescritos y archivados. Una gran parte de la trama Gürtel, la supuesta financiación ilegal del PP, los conocidos sobresueldos, los regalos recibidos, los millones de Bárcenas y la mayor parte de las imputaciones a Urdangarin navegarán por los mares del olvido en un tiempo no muy lejano, archivados en el estante de cualquier juzgado.
La justicia o injusticia de las leyes se comprueban en su aplicación. En el caso de los delitos económicos ha quedado absolutamente demostrado que suelen descubrirse cuando están próximos a prescribir. A ello se suma que su investigación es larga y complicada y que jueces, fiscales e inspectores se enfrentan, casi inermes, a un escuadrón de abogados especializados en ingeniería financieras. ¿Por qué prescriben, entonces con tanta rapidez? ¿Por qué, en el caso de la financiación ilegal de los partidos políticos, el delito prescribe casi con la rapidez del rayo?
No es posible que nuestro sistema político no esté al corriente de esto, ni que actúe ingenuamente. ¿Cómo es posible que los mecanismos diseñados para controlar a las fuerzas políticas, procedan de ellas misma y actúen, solo y exclusivamente, comprobando los estados financieros que los propios partidos les facilitan? ¿Cómo no se ha reformado el Tribunal de Cuentas, tras sus fracasos estrepitosos en el control financiero de las fuerzas políticas?¿por qué se mantiene el escándalo de la prescripción de estos delitos?
Por si faltara algún ingrediente a este infame cocido, se acaba de conceder una amnistía fiscal capaz de anular todo tipo de delitos contra la hacienda pública, por mucho que el ministro Montoro se esfuerce en disimularlo.
Puede resultar que la mayor condena de corruptos, defraudadores, blanqueadores de dinero, aprovechados y ladrones, sea ver su nombre publicado en la plaza pública o realizar con garbo el humillante paseíllo ante los tribunales. Aunque los que han decidido pasar al lado oscuro no tienen la piel tan fina como la ciudadanía indignada y son incapaces de sentir vergüenza porque creen que todo se olvida, todo se cura, menos el dinero que permanece a su lado.
Por eso, mientras todo esto continúe, mientras se ampare jurídicamente a los corruptos, mientras trabajen en las sedes los imputados y se tema pronunciar el nombre de los delincuentes, no deberían volver a pronunciar frases como “caiga quien caiga”, “llegaremos hasta las últimas consecuencias” o “recaerá todo el peso de la ley”, porque nadie cae, no hay consecuencias y el peso de la ley es muy ligero. El sistema ha dado un mensaje definitivo de error, y es el momento de reiniciarlo si no queremos que sea el populismo antipolítico y antidemocrático el que recoja la indignación popular y la convierta en una flor negra.

ORGULLOSA DE SER ANDALUZA

Aquí podéis escuchar el audio completo del programa SER ANDALUZ(A) con Fernando Sánchez Mont

DESAPARECIDOS EN COMBATE

         

Publicado en El País Andalucía

       En Estados Unidos está de moda ser hispano. En la cuna de la hispanidad está de moda no serlo. En los últimos seis meses, más de 166.000 jóvenes menores de 24 años han dejado de ser población activa. En los primorosos gráficos presentados por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el dato no aparecía porque las desapariciones se han convertido en la letra pequeña de la crisis.

           En las redes sociales se divulga que los jóvenes en España tienen ante sí tres salidas: por tierra, mar y aire. Y, en los hogares se conoce con detalle que la primera gran decisión laboral de los jóvenes cuando terminan sus estudios es si permanecer en nuestro país, currículum y teléfono en ristre, perdidos como Dédalo en el laberinto, o emprender una odisea hacia lugares con menos calor humano pero más esperanza.
En el último año el número de alumnos matriculados en las escuelas de idiomas se ha multiplicado y la mitad de la sociedad se ha familiarizado con el metalenguaje de los niveles de dominio de la lengua. B1 o B2, Intermediate o Advanced forman parte ya de nuestro vocabulario familiar y constituyen el nuevo pasaporte al futuro. Cualquier idioma —inglés, alemán, chino, portugués o suajili— es válido para huir del paro y la desesperanza que últimamente se escriben español.

         Se marchan de un país en el que se sienten poco apreciados, en el que se despotrica de su formación, se desaprovechan sus conocimientos e incluso se denigran —con el ministro de Educación en cabeza— sus titulaciones universitarias. Al parecer nos sobran ingenieros, científicos, matemáticos, artistas, informáticos y técnicos de todas las materias. Han decidido que nuestra particular salida de la crisis no se afronte potenciando nuevas tecnologías, ni la investigación ni creación; se construirá aumentando la tasa de ganancia de los poderosos y con el descenso generalizado de salarios, un proyecto para el que sobran los conocimientos, la profesionalidad y la creatividad.

            Se estima que, desde el inicio de la crisis, han salido de España más de 400.000 jóvenes, la inmensa mayoría con titulación universitaria. En los últimos años, la Unión Europea está siendo sustituida por otros destinos, como Latinoamérica donde se dirigen ya más del 40% de nuestros emigrantes. La vida da tantas vueltas que algunos de los que despotricaban contra la inmigración latina hacia nuestro país, envían hoy a sus hijos a Argentina, Brasil, Colombia...e incluso a Cuba.

           Por comunidades la soberana Cataluña, la insular Canarias, la céntrica Madrid baten el récord de jóvenes expulsados de su tierra o, según palabras del Ministerio de Empleo, los que tienen “mayor espíritu aventurero”. Tras ellas se encuentra Andalucía, donde la herida de la emigración masiva todavía no ha acabado de cicatrizar cuando se abre esta nueva sangría del exilio juvenil.

          Va a ser verdad que la historia es el relato de un idiota sin sentido. Nunca hubiésemos pensado que volveríamos a ser testigos de la emigración y del exilio; nunca hubiésemos imaginado que “vuelvan pronto los emigrantes” podría ser un lema para el siglo XXI. Trabajamos para el inglés, literalmente. Educamos, formamos e invertimos en la educación de nuestros jóvenes para regalárselos al mundo. Del dolor causado, de la angustia que genera y de la soledad, mejor no hablar. Realmente sólo un idiota cruel puede ser tan insensible ante este fenómeno.Casi medio millón de hogares tienen algún emigrante forzoso. Mientras las televisiones se pueblan de españoles por el mundo con aire de triunfo, felices de pertenecer a un mundo globalizado, sin rastro de dolor o de exilio. Pero un mundo racionalmente globalizado, donde la interconexión de experiencias y conocimientos es fácil y rápida, no necesitaría expulsar a las poblaciones, empobrecer territorios o alimentar nostalgias.

          Ahora ya no aparecen en nuestra estadística. No son parados ni activos. Son desaparecidos en el agujero negro de la crisis. Su ausencia es la contabilidad B de nuestro corrupto sistema económico que ha expulsado precisamente a todos aquellos que podrían reiniciarlo.

SE PUEDE HACER MÁS

Publicado en El País de Andalucía  

        “Cádiz es tan antigua, tan antigua, que no tiene ni ruinas”, respondía el Beni cuando alguien presumía de los monumentos de su ciudad. En cuestión de identidad a Andalucía le ocurre algo similar: no tiene que alardear de ella porque es tan porosa, impregna de tal modo nuestra forma de vivir que no necesita hitos, monumentos, ni recordatorios.

       Los que discuten sobre la personalidad de Andalucía tienen la idea reduccionista de que es necesaria una lengua y partidos nacionalistas para tener identidad. Pero no tiene por qué ser así. Pensemos en Francia. Su identidad no la marca el idioma sino la idea fundacional de ciudadanía, de igualdad e incluso de protección social.

     La identidad puede basarse en valores compartidos, en sueños comunes, en una cierta manera de percibir la vida y de relacionarse con los demás. Si han tenido posibilidad de escuchar el reciente discurso de Obama podrán comprobar cómo se esfuerza en orientar la identidad americana hacia la confluencia de la igualdad y la libertad frente al individualismo feroz del éxito personal. Esa invocación con la que se enlazaba cada parte del discurso, “We, the people” y que en España ningún político, desgraciadamente, tendría hoy credibilidad para entonar.

     En el caso de Andalucía, si algo tiene fuera de toda discusión es su fuerte personalidad política. Las pasadas elecciones fueron una clara demostración. Las condiciones para el éxito de la derecha eran absolutamente favorables: el PP acababa de destrozar literalmente al PSOE, acorralado además por el escándalo de los ERE. A pesar de todo, y contra todo pronóstico, los andaluces tramaron desde el subsuelo de su conciencia, una operación política cuyo objetivo no era tanto dar la victoria al PSOE e IU, sino impedir que gobernase el PP.

    El pueblo andaluz ya percibía la orientación antisocial de sus políticas, los copagos, repagos, privatizaciones y recortes de derechos sociales que se avecinaban. Por eso, el mandato del pueblo al Gobierno andaluz fue nítido: queremos que hagáis una política diferente. No se trata de promocionar una confrontación partidaria sin sentido, ni de alentar una división partidaria, sino de hacer sencillamente otra cosa con las pocas o muchas posibilidades que se tienen al alcance.

    Y se puede hacer mucho más. Mucho más que presentar recursos judiciales contra leyes o disposiciones abiertamente injustas pero también mucho más que declaraciones, oficinas de estudio o de asesoramiento o planes difusos. Por ejemplo, en materia de desahucios, se echa de menos que el Gobierno andaluz no haya escrito normativamente una línea que limite en Andalucía el poder de bancos y propietarios. Hay competencias para hacerlo y, sobre todo, hay necesidad de señalar otros caminos. Todos sabemos que una normativa sobre desahucios podría ser recurrida por el Gobierno central, pero la batalla política sería alentadora para todas las personas que creemos que debe haber un margen para la justicia y la protección social y que si no lo hay, es necesario crearlo.

    Cuando discutimos el Estatuto de Autonomía, nuestra seña de identidad fue la preocupación social. Confeccionamos el catálogo de derechos sociales más ambicioso de toda España y los vinculamos jurídicamente para comprometer a la administración. Arbitramos que se pueden establecer cláusulas sociales en la contratación pública. Apostamos por la pequeña y mediana empresa, la ecología y las nuevas tecnologías. Determinamos que ni una sola persona en Andalucía estaría abandonada a su suerte, sin la protección de los poderes públicos. Anunciamos que se iba a abrir una nueva etapa de la administración en la que la voz de la ciudadanía sería escuchada y escribimos que deberíamos mejorar la eficacia de nuestros servicios públicos contando con los que están a pie de tajo. Esto ni siquiera cuesta dinero y supondría un cambio real en la concepción del poder.

   No hay mejor respuesta a las políticas del PP que hacer una política diferente. No un poco más o un poco menos de lo que nos decretan los poderes financieros, sino distinta, en las formas y en el fondo.