Ya es definitivo: ni somos ciudadanos, ni las leyes nos protegen ni el Gobierno defiende el interés general. Que no cunda la desesperanza, pero no es posible seguir mucho tiempo en una situación que nos arrebata la dignidad, que nos hace comulgar con ruedas de molino y sacrifica nuestros principios más elementales al dios de la recuperación económica.
La sentencia del Prestige y todo el entorno político y cultural que lo rodea, nos coloca de rodillas, despojados de toda dignidad como sociedad o como país. El Congreso norteamericano obligó a la petrolera British Petroleum a reconocer y hacerse cargo del coste del vertido en el Golfo de México. El mismo día de la sentencia del Prestige, Ecuador condenó a la petrolera norteamericana Chevron a pagar 6.400 millones de euros por los vertidos en la cuenca del Amazonas. Ninguna de estas decisiones ha estado exenta de contradicciones pero la opinión pública estadounidense y la presión de las plataformas de campesinos de la Amazonía, en el segundo caso, han conseguido que sus respectivos Gobiernos levanten la cabeza frente al abuso de las multinacionales.
Ahora, pasen y vean lo ocurrido en nuestro país. El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se ha “felicitado por la sentencia del Prestige” a la vez que ha afirmado que “las autoridades actuaron razonablemente bien”. Lo peor de todo es que estamos tan acostumbrados a los despropósitos políticos que ya apenas los percibimos.
Imaginen a Obama felicitándose por una sentencia que exculpara a BP de los vertidos de su plataforma petrolífera y eximiera a la compañía del pago de indemnizaciones; imaginen a un mandatario de cualquier país del mundo celebrando que las tropelías medioambientales contra su nación no se castiguen penalmente ni se exija ninguna indemnización por los daños sufridos.
Pues eso está ocurriendo en nuestro país. Ni siquiera nos preguntamos por qué el Gobierno no recurre, no exige, no demanda a los armadores y compañías… Hemos aceptado que lo propio de un gobierno es mantenerse en el poder, no asumir responsabilidad alguna por los errores cometidos, no cesar jamás a un miembro de su gabinete, mantener un honor ficticio a puerta cerrada, aunque medio mundo se ría esta semana de “la marca España”, un país que deja impune el mayor delito medioambiental de los últimos 50 años.
Perdieron los de siempre: los pescadores que no pudieron faenar, los comercios que no pudieron vender, los voluntarios que limpiaron el chapapote con sus propias manos, los pájaros y las especies naturales envenenadas. 4.200 millones de euros arrojados al mar de la desesperación. Pero el Gobierno se felicita de la derrota del Nunca Mais, de esa marea humana de ciudadanía, de participación, de limpieza que desbordó las calles de Galicia y que levantó la conciencia medioambiental en todo nuestro país. A fin de cuentas Nunca Mais se convirtió en el símbolo de la limpieza y la dignidad, en una amenaza contra el estado permanente de ocultación y de mentira en el que chapapotea todo nuestro país.
Por eso esta semana me he acordado de Larra, de la generación del 98, de todos los escritores que han entonado el lamento por España, donde escribir es llorar, donde la injusticia campa a sus anchas. Un país donde se pena más la desobediencia a la autoridad que el delito contra las personas; donde los Gobiernos se preocupan de mantener sus cargos y de silenciar los problemas; donde la Justicia nos ofrece una impagable lección para las generaciones venideras: que si se inclinan a robar, esquilmar o destruir, lo hagan a lo grande.
¿Cómo educar, tras estas sentencias, a los jóvenes en el respeto a la ley? ¿Cómo hablarle de derechos medioambientales, de responsabilidad en el uso de los recursos naturales, de estado de derecho, si el triste paisaje del chapapote en Galicia, de la negra marea de las minas de Aznalcóllar no ha recibido siquiera el más mínimo reproche penal en los tribunales de justicia? “El Gobierno se felicita por la sentencia del Prestige”, es el cínico epitafio de esta historia.
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