La primera en la frente: ¿realmente la pregunta importante es la
afirmación o no del derecho a decidir? Si es así adelanto la respuesta
para facilitar el debate. Rotundamente si. Líbrenme mis principios de
negar el derecho que asiste a la ciudadanía de decidir, pero a estas
alturas del debate todos sabemos que no estamos discutiendo sólo sobre
este principio democrático sino sobre los contenidos que lo acompañan.
Demasiadas veces hemos caído en la trampa de la metáfora del tren: acompáñenos en este tramo del trayecto que después podrá bajarse en la próxima estación. En demasiadas ocasiones hemos comprobado que después nuestra parada no existía y que para desplazarse no era sólo necesario revisar el tren sino haber participado en el diseño de las vías y hasta en los horarios y las paradas.
La segunda duda se refiere al procedimiento, o sea, el planteamiento del referéndum. Mi reserva no es jurídica. Hay fórmulas políticas y legales para hacerlo posible. Contemplo, atónita, la idealización de los referéndums como forma excelsa de consulta popular y como palanca de los cambios sociales. Perdonen que no me levante. Puedo citarles diez o veinte referéndums posibles en los que las posiciones progresistas, e incluso democráticas, serían derrotadas (cadena perpetua, supresión de sueldos a diputados, supresión instituciones autonómicas…) Y es que en democracia, lo sustancial no es el triunfo de la mayoría sino la pluralidad, el respeto a las minorías y su posibilidad de dejar de serlo. En cualquier caso el proceso catalán debe ser consultado a la ciudadanía pero de forma que pueda optar entre todas las alternativas posibles. Un sí o un no no es suficiente, ni tampoco un doble sí o un doble no. En especial la posición federalista queda en una desventaja evidente. Por muchas interpretaciones benignas que se quieran hacer, la alternativa federalista es invotable porque no tiene hueco real (sólo subsidiario e interpretativo) en el enunciado de la pregunta que se ha acordado.
Tercera duda: el verdadero debate no se está produciendo. La situación actual me recuerda aquellas viejas asambleas de la universidad donde consumíamos el tiempo discutiendo y votando si se debería votar. Se crean así bloques ficticios que apenas comparten objetivos entre sí excepto la discusión de la norma o del fuero. Conocemos muy bien las posiciones del PP respecto al modelo de Estado y hemos sido testigos de su desprecio a Cataluña (y también a Andalucía, añado) pero estamos ayunos de las propuestas concretas del resto de las fuerzas políticas y sociales más allá de la insatisfacción y el hastío de la política actual. Si se autorizase la consulta (algo que debería de hacerse sin reparos) quedaría al desnudo la ambigüedad de una gran parte de las fuerzas políticas catalanas.
En cuarto y último lugar (de momento), “Cataluña” (gran simplificación, perdonen) no quiere aliados en este proceso. El relato épico de su confrontación con el Estado se ha vuelto local y aislacionista. Ha borrado de la historia el hecho evidente de que la misma mano que oprimía a Cataluña y que la privaba de sus derechos, oprimía las libertades y cercenaba las posibilidades de desarrollo de otros lugares, singularmente Andalucía y, en general, de las clases populares. Incluso los recortes, la desigualdad y el desmantelamiento de derechos y servicios sociales actuales se anotan como agravios territoriales y no cómo resultado de las políticas neoliberales contra todos. Tampoco las cúpulas políticas catalanas muestran simpatía ni sinergia alguna con las demandas de autogobierno de otros lugares como es el caso de Andalucía. Que se pisoteen leyes andaluzas, se cercene su autonomía o se estrangulen sus iniciativas no obtienen ningún eco en ese territorio. E incluso el debate sobre las balanzas fiscales no se ha dirigido contra la opacidad del Estado o el centralismo redivivo sino contra la periferia que “vive de las rentas”, en una gozosa coincidencia con el discurso de la Comunidad de Madrid.
Desde la periferia territorial y desde la izquierda, somos muchos los que deseamos un Estado Federal, un nuevo pacto en el que las comunidades que lo deseen asuman nuevos espacios de autonomía política y de capacidad de decisión, pero el debate catalán, tal como está planteado, no tiende la mano a abrir un nuevo marco político, ensimismado en su propio laberinto. Cataluña, en su derecho a decidir, podría tener fuertes aliados si el debate se planteara en estos términos y la derecha española quedaría aislada en su viejo sueño imperial. Desgraciadamente no es así y el tren pita anunciando su inminente puesta en marcha.
Demasiadas veces hemos caído en la trampa de la metáfora del tren: acompáñenos en este tramo del trayecto que después podrá bajarse en la próxima estación. En demasiadas ocasiones hemos comprobado que después nuestra parada no existía y que para desplazarse no era sólo necesario revisar el tren sino haber participado en el diseño de las vías y hasta en los horarios y las paradas.
La segunda duda se refiere al procedimiento, o sea, el planteamiento del referéndum. Mi reserva no es jurídica. Hay fórmulas políticas y legales para hacerlo posible. Contemplo, atónita, la idealización de los referéndums como forma excelsa de consulta popular y como palanca de los cambios sociales. Perdonen que no me levante. Puedo citarles diez o veinte referéndums posibles en los que las posiciones progresistas, e incluso democráticas, serían derrotadas (cadena perpetua, supresión de sueldos a diputados, supresión instituciones autonómicas…) Y es que en democracia, lo sustancial no es el triunfo de la mayoría sino la pluralidad, el respeto a las minorías y su posibilidad de dejar de serlo. En cualquier caso el proceso catalán debe ser consultado a la ciudadanía pero de forma que pueda optar entre todas las alternativas posibles. Un sí o un no no es suficiente, ni tampoco un doble sí o un doble no. En especial la posición federalista queda en una desventaja evidente. Por muchas interpretaciones benignas que se quieran hacer, la alternativa federalista es invotable porque no tiene hueco real (sólo subsidiario e interpretativo) en el enunciado de la pregunta que se ha acordado.
Tercera duda: el verdadero debate no se está produciendo. La situación actual me recuerda aquellas viejas asambleas de la universidad donde consumíamos el tiempo discutiendo y votando si se debería votar. Se crean así bloques ficticios que apenas comparten objetivos entre sí excepto la discusión de la norma o del fuero. Conocemos muy bien las posiciones del PP respecto al modelo de Estado y hemos sido testigos de su desprecio a Cataluña (y también a Andalucía, añado) pero estamos ayunos de las propuestas concretas del resto de las fuerzas políticas y sociales más allá de la insatisfacción y el hastío de la política actual. Si se autorizase la consulta (algo que debería de hacerse sin reparos) quedaría al desnudo la ambigüedad de una gran parte de las fuerzas políticas catalanas.
En cuarto y último lugar (de momento), “Cataluña” (gran simplificación, perdonen) no quiere aliados en este proceso. El relato épico de su confrontación con el Estado se ha vuelto local y aislacionista. Ha borrado de la historia el hecho evidente de que la misma mano que oprimía a Cataluña y que la privaba de sus derechos, oprimía las libertades y cercenaba las posibilidades de desarrollo de otros lugares, singularmente Andalucía y, en general, de las clases populares. Incluso los recortes, la desigualdad y el desmantelamiento de derechos y servicios sociales actuales se anotan como agravios territoriales y no cómo resultado de las políticas neoliberales contra todos. Tampoco las cúpulas políticas catalanas muestran simpatía ni sinergia alguna con las demandas de autogobierno de otros lugares como es el caso de Andalucía. Que se pisoteen leyes andaluzas, se cercene su autonomía o se estrangulen sus iniciativas no obtienen ningún eco en ese territorio. E incluso el debate sobre las balanzas fiscales no se ha dirigido contra la opacidad del Estado o el centralismo redivivo sino contra la periferia que “vive de las rentas”, en una gozosa coincidencia con el discurso de la Comunidad de Madrid.
Desde la periferia territorial y desde la izquierda, somos muchos los que deseamos un Estado Federal, un nuevo pacto en el que las comunidades que lo deseen asuman nuevos espacios de autonomía política y de capacidad de decisión, pero el debate catalán, tal como está planteado, no tiende la mano a abrir un nuevo marco político, ensimismado en su propio laberinto. Cataluña, en su derecho a decidir, podría tener fuertes aliados si el debate se planteara en estos términos y la derecha española quedaría aislada en su viejo sueño imperial. Desgraciadamente no es así y el tren pita anunciando su inminente puesta en marcha.
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