Si los andaluces tuviésemos mala sangre, nos estaríamos frotando las manos con el caso Pujol. Durante muchos años hemos soportado los insultos de los líderes de Convergencia i Unio basados en mentiras, medias verdades y tópicos acuñados contra nuestra tierra. El semi-defenestrado Durán i Lleida afirmaba que recibíamos subsidios en el bar, el socio Puigcercós aseguraba que “en Andalucía no pagaba impuestos ni Dios”, mientras el presidente Artur Mas se reía de la forma de hablar de los andaluces al tiempo que CIU publicaba un cartel, con sonrisa incluida, que decía exactamente: “La España subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva”. Curiosamente, la derecha catalana nunca ha apuntado contra el centralismo de Madrid sino contra Andalucía y Extremadura.
Algunos analistas discuten si el asunto de Jordi Pujol y su honorable familia, tendrá algún tipo de repercusión en el proceso catalán y mi opinión es que, desgraciadamente, sí. Es lo que pasa cuando algunas fuerzas políticas -con bastante éxito, por cierto-, basan sus demandas en tópicos ofensivos para algunas comunidades mientras se reservan para su “identidad” los calificativos más positivos. Cataluña era una marca de europeísmo, de trabajo esforzado, de buen hacer y de cultura. Es fantástico que se tenga tal autoestima e incluso desde aquí, tan lejos de Cataluña, muchos nos hemos sentido orgullosos cuando Cataluña ha hecho honor a esas palabras. Lo malo de estos tópicos tan positivos es que, en esta última etapa se han utilizado como reverso de la descalificación de otros territorios que, sin comerlo ni beberlo, nos hemos encontrado con la cruz de la incultura, la vagancia, el subsidio y la falta de iniciativa. Pues bien, el caso Pujol es una bomba de profundidad contra todo el capital simbólico de Cataluña. El cosmopolitismo de la familia Pujol consistía en evadir los capitales hacia paraísos fiscales; el trabajo bien hecho, las comisiones establecidas como pago a CIU y a algunos de sus responsables por las obras públicas; como colofón resulta que el robo no lo cometían manos ajenas, ni “comunidades subsidiadas” sino una organizada red de nueve apellidos catalanes que han podido llegar a acumular la increíble cifra de 1.800 millones de euros.
Cualquier traslación de conductas individuales a un colectivo es injusta y ofensiva. Estoy completamente de acuerdo. No hay nada tan xenófobo y despectivo como acusar a un colectivo o a una comunidad de los crímenes que comete un individuo o un grupo determinado. Pero esta lección tienen que aprenderla todos de forma urgente. Por eso los andaluces no vamos a pensar que todos los catalanes, ni la totalidad de CIU, ni el independentismo catalán, ni los partidarios del derecho a decidir, participen mínimamente de los delitos de Pujol, de su falta de escrúpulos, de la hipocresía de su discurso.
Ni las comisiones del 3 o del 20 por ciento en las obras públicas catalanas, ni el caso Palau de la Música, ni la quiebra fraudulenta de Catalunya Caixa que acaba de costarnos 12.000 millones de euros (tanto como todos los recortes en salud y en educación de estos últimos años), nos permiten generalizar descalificaciones, poner en solfa la identidad catalana ni menospreciar a su pueblo. Lo único que pedimos es que a los andaluces se nos dé el mismo trato. Desde hace años, cada información sobre el funesto caso de los ERES es un clavo en el ataúd de la credibilidad de toda Andalucía, de nuestro trabajo y de nuestra identidad. Si los 12.000 millones que el Estado ha perdido con Caixa Catalunya los hubiese perdido en una caja andaluza, hubiésemos sido crucificados como pueblo.
Hay algunas bonitas lecciones que aprender de todo esto: la corrupción ha sido una marca indeleble del sistema económico que en Cataluña ha batido un récord estatal al acumular 1.800 millones de euros en una sola mano; hay que hacer pagar el delito a los que realmente lo cometen; las identidades no se pueden edificar sobre el descrédito de otros y, sobre todo, nadie es más que nadie por lugar de nacimiento.
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