CONTRA LAS BALANZAS FISCALES

La anterior legislatura dejó pendiente la revisión del modelo de financiación de las autonomías, y también de los ayuntamientos (excluídos hasta ahora del reparto de la tarta del Estado ). Las diferentes demandas estaban siendo atendidas, muchas veces bajo cuerda, porque aunque nos digan lo contrario los presupuestos del Estado no suman cien, sino que suman cien más otras disponibilidades presupuestarias (modificacions, superavits, etc). Sin embargo, en estos momentos, a las demandas dispares se suma el temor de una reducción del gasto público y la carrera por ocupar las mejores posiciones. Las comunidades ricas buscan alíados en su demandas, las demás crean un club de agraviados sin fuerza real.

1.- Resulta curioso que ninguna comunidad plantee reformas fiscales más progresivas. Todas han hecho bloque en una desfiscalización progresiva de las rentas más altas y del patrimonio. ¿Acaso no es necesario ese dinero para el gasto público?

2.- Las balanzas fiscales no existen en nuestro país, no hay contabilidad ni criterios al respecto. ¿Solo se va a contar la recaudación de cada Comunidad? ¿Qué pasa con otros componentes de la recaudación como son el turismo, gran parte de la producción no industrial, etc? ¿Cómo se va a computar la recaudación de las empresas que tienen su domicilio social en lugar distinto de aquel en el que operan?

3.- La intención de poner sobre la mesa las balanzas fiscales es evidente: se trata de argumentar que aquellas comunidades que tengan mayor recaudación serían merecedoras de mayores recursos, lo cual quebranta cualquier principio de redistribución y de igualdad en los territorios.

4.- Los sesudos argumentarios de las balanzas fiscales pasan por alto que esta recaudación se produce en una unidad de mercado, es decir, que si sus productos no se vendieran en las comunidades menos recaudadoras, no habría tal beneficio. Es decir, que las fábricas del norte se mantienen con el consumo del sur.

5.- El velado dumping fiscal de las comunidades autónomas ha jugado como presión para el "alivio fiscal" de los más poderosos. El IVA (un impuesto general al consumo que no tiene carácter progresivo sobre la renta) es hoy el impuesto más productivo para el Estado y ya conocemos que la mayoría del esfuerzo fiscal viene de las renta del trabajo. Exigir,por tanto, que con las contribuciones de los trabajadores y de los consumidores se beneficien a las comunidades más ricas, es además algo malvado ideológicamente hablando.

6.- Los que piden balanzas fiscales se niegan, sin embargo, la publicación del estado de los servicios públicos en cada comunidad. Sería muy interesante conocer la ratio de educación en todos sus niveles, cobertura y atencion sanitaria, gasto farmaceútico, servicios sociales, etc, una publicación que sería útil para ver la eficacia del gasto público y la convergencia real en nuestro país.

7.- Sería necesario establecer con claridad la necesidad de gasto público de cada comunidad. Es decir, cuánto cuesta en Cataluña, en Extremadura, en Galicia, en Andalucía la prestación de los servicios públicos con similares estándares de calidad y cobertura y aplicar la financiación con arreglo a estos criterios.

8.- Es igualmente necesario, si no queremos asistir en los próximos años a un deterioro importante de estos servicios públicos, establecer y ponderar de nuevo el gasto santario y educativo, con los nuevos servicios y calidades que exigen las leyes y la ciudadanía.

9.- Es preciso poner sobre la mesa un Plan concertado con las Comunidades Autónomas contra el fraude fiscal cifrado en casi 60.000 millones de euros, es decir, tanto como el presupuesto completo de Andalucía, Cataluña y Aragón. ¿Por qué no repartir y demandar estos recursos?

10.-Andalucía tiene que jugar un papel fundamental en el debate de financiación. Solo nuestra comunidad puede levantar la voz con fuerza a favor del equilibrio, la redistribución y la convergencia.