Realmente la crisis vino en el momento más inoportuno para las políticas sociales. Después de veinticinco años postergando este debate se había iniciado tímidamente la necesidad de contar con sistemas de protección social completos, acordes con un estado que se proclama democrático y social. Las reformas de los estatutos (tan injustamente denostadas) plantearon nuevos derechos sociales que avanzaban en esta senda. El más decidido fue el Estatuto Andaluz al proclamar el derecho a una renta básica para asegurar los ingresos imprescindibles de toda aquella persona que careciera de otras fuentes de subsistencia. Y en estas…llegó la crisis.
La cobertura social española, tras treinta años de democracia, se encuentra muy por debajo de la europea. Mientras que en la Unión Europea el gasto medio social alcanza el veintisiete por ciento del PIB, en España apenas alcanza el veintiuno por ciento. Los intentos de construir en serio un estado social, por ejemplo, a través de la ley de dependencia, han quedado desdibujados después por el electoralismo más ramplón de los cheques bebé o de la devolución de 400 euros a los contribuyentes, sin límites de renta y sin objetivos de ninguna naturaleza. Mientras que a las nuevas políticas sociales como la ley de dependencia, se les asignó un corto presupuesto de poco más de mil millones de euros, los cheques mencionados, suponen un gasto de ocho mil millones anuales. Un verdadero desatino en términos de política social.
La realidad, sin embargo, llama a nuestra puerta con esta crisis de una forma más cruda de lo habitual. Un millón seiscientas mil personas se encuentran en la actualidad paradas y sin ningún tipo de ingresos. Ante esto el gobierno ha aprobado un decreto de ayudas absolutamente insuficiente que apenas si va a atender –cuando su aplicación sea completa- a un quince por ciento de las personas que se encuentran en esta desesperada situación. Argumenta, el gobierno, que su disponibilidad presupuestaria es cada día más pequeña y que solo habían previsto cuatrocientos millones para esta medida.
En cualquier casa, cuando llega una situación de emergencia, se prescinde de lo superfluo para atender lo fundamental. Es, por tanto, el momento de modificar el gasto social y las políticas fiscales. Reconocer que ha sido todo un despropósito, en medio de esta crisis económica, la supresión del impuesto sobre el patrimonio cuya recaudación hubiera bastado para cubrir las ayudas al desempleo sin limitación alguna. Es el momento de suprimir la desgravación de cuatrocientos euros, insignificante para las rentas medias y altas, y de la que están excluidas precisamente las personas con menos ingresos. Es necesario que entre el gobierno central y las autonomías se llegue a un gran acuerdo político para que ni una sola persona en nuestro país, se encuentre en situación de completa desesperación. Y es necesario que paguen más los que más tienen –que además coinciden con los que más han ganado-; que este principio no es una frase obsoleta y desprovista de sentido; no es ni siquiera la bandera de la izquierda política, sino un mandato democrático y constitucional.
La cobertura social española, tras treinta años de democracia, se encuentra muy por debajo de la europea. Mientras que en la Unión Europea el gasto medio social alcanza el veintisiete por ciento del PIB, en España apenas alcanza el veintiuno por ciento. Los intentos de construir en serio un estado social, por ejemplo, a través de la ley de dependencia, han quedado desdibujados después por el electoralismo más ramplón de los cheques bebé o de la devolución de 400 euros a los contribuyentes, sin límites de renta y sin objetivos de ninguna naturaleza. Mientras que a las nuevas políticas sociales como la ley de dependencia, se les asignó un corto presupuesto de poco más de mil millones de euros, los cheques mencionados, suponen un gasto de ocho mil millones anuales. Un verdadero desatino en términos de política social.
La realidad, sin embargo, llama a nuestra puerta con esta crisis de una forma más cruda de lo habitual. Un millón seiscientas mil personas se encuentran en la actualidad paradas y sin ningún tipo de ingresos. Ante esto el gobierno ha aprobado un decreto de ayudas absolutamente insuficiente que apenas si va a atender –cuando su aplicación sea completa- a un quince por ciento de las personas que se encuentran en esta desesperada situación. Argumenta, el gobierno, que su disponibilidad presupuestaria es cada día más pequeña y que solo habían previsto cuatrocientos millones para esta medida.
En cualquier casa, cuando llega una situación de emergencia, se prescinde de lo superfluo para atender lo fundamental. Es, por tanto, el momento de modificar el gasto social y las políticas fiscales. Reconocer que ha sido todo un despropósito, en medio de esta crisis económica, la supresión del impuesto sobre el patrimonio cuya recaudación hubiera bastado para cubrir las ayudas al desempleo sin limitación alguna. Es el momento de suprimir la desgravación de cuatrocientos euros, insignificante para las rentas medias y altas, y de la que están excluidas precisamente las personas con menos ingresos. Es necesario que entre el gobierno central y las autonomías se llegue a un gran acuerdo político para que ni una sola persona en nuestro país, se encuentre en situación de completa desesperación. Y es necesario que paguen más los que más tienen –que además coinciden con los que más han ganado-; que este principio no es una frase obsoleta y desprovista de sentido; no es ni siquiera la bandera de la izquierda política, sino un mandato democrático y constitucional.
Publicado en El Correo de Andalucía
