Pensamiento lateral

Este es mi artículo de los lunes publicado en El País:

Dicen que la contemplación de la realidad desde otro prisma es una fuente de creatividad y de soluciones innovadoras. Los norteamericanos cultivan especialmente esta forma de pensamiento y afirman su utilidad por aportar soluciones no convencionales a los problemas.
En nuestro país tenemos una gran tradición de pensamiento lateral pero lo utilizamos para el humor o para dar un toque surrealista a nuestras relaciones sociales. Sin embargo la realidad nos ofrece un vasto territorio donde aplicar estas formas inversas de pensamiento y extraer conclusiones novedosas.
Por ejemplo, con el razonamiento tradicional, la medida de que los futbolistas extranjeros dejen de tributar como mileuristas sólo nos lleva a conclusiones morales. Sin embargo, si aplicamos el pensamiento lateral, nos daremos cuenta de que estamos a punto de acabar con uno de los paraísos fiscales más hermosos, legales y populares de toda Europa. La medida del gobierno pone fin también a una donación generosa que el pueblo español tributa a los héroes del balón, en un ejercicio supremo de solidaridad inversa: la de los más pobres con los millonarios.
Algo parecido sucede con las SICAV -esas sociedades con nombre de feria del caballo- que suponen un oasis fiscal en el mismo corazón de la hacienda pública, y cuyos selectos miembros tributan al tipo simbólico del uno por ciento. Su simple existencia es un acicate para los trabajadores que podrían también asociarse y tributar en masa a este tipo supereducido en vez de resignarse a cotizar por los tipos ordinarios.
La patronal, por su parte, ha hecho su contribución al pensamiento lateral con el término flexiseguridad, que ha sido desdeñosamente recibido por los sindicatos y por la izquierda. Es verdad que solo se refieren a poder contratar o despedir a la carta a los trabajadores, pero piensen las enormes posibilidades de este hallazgo lingüístico. Podríamos acuñar flexitrabajo, o sea ir a trabajar cuando uno quiera; flexicrédito, que nos permitiría pagar cuando nos viniese bien; flexipermisos, flexisubvenciones…e incluso nuestra vida afectiva podría beneficiarse del flexi-amor y de los flexi-sentimientos.
La Iglesia es otra fuente inagotable de pensamiento lateral. Solo así se pueden entender las declaraciones del portavoz de la Conferencia Episcopal ante la sentencia de Estrasburgo sobre los crucifijos en las aulas y comprender la creatividad de su enunciado. Afirman que “donde no hay crucifijos no hay separación entre Iglesia y Estado”. ¡Qué torpes hemos sido al pensar lo contrario! La cruz es un símbolo que mantiene viva la idea del laicismo y de la aconfesionalidad del Estado. Si no hubiera crucifijos en las aulas, todo sería confusión y caos; no sabríamos si tenemos o no sentimientos religiosos, ni sabríamos distinguir un obispo de un gobernador civil. Afirman, además, que es “muy triste reducir la cruz al ámbito de lo privado”, junto con las creencias y los sentimientos, en vez de exhibirla como poder y emblema bajo palio.
La última perla de este pensamiento lateral la encontramos en los presupuestos de la Junta de Andalucía. El nuevo Estatuto de Autonomía, en cinco artículos distintos, obliga a la Comunidad Autónoma a luchar contra la pobreza y la exclusión social. En su artículo 23 establece, con carácter de mandato, la creación de una renta básica andaluza que garantice unas condiciones de vida dignas para todas las personas que viven en nuestra comunidad. Sin embargo, el gobierno andaluz renuncia a poner en marcha con carácter inmediato esta medida porque…¡ hay crisis económica y las demandas se multiplicarían! O sea que sólo es posible luchar contra la pobreza en situaciones de bonanza económica. ¡Qué inoportunos los andaluces, volverse más pobres en plena crisis!

Lo fundamental y lo superfluo

Realmente la crisis vino en el momento más inoportuno para las políticas sociales. Después de veinticinco años postergando este debate se había iniciado tímidamente la necesidad de contar con sistemas de protección social completos, acordes con un estado que se proclama democrático y social. Las reformas de los estatutos (tan injustamente denostadas) plantearon nuevos derechos sociales que avanzaban en esta senda. El más decidido fue el Estatuto Andaluz al proclamar el derecho a una renta básica para asegurar los ingresos imprescindibles de toda aquella persona que careciera de otras fuentes de subsistencia. Y en estas…llegó la crisis.
La cobertura social española, tras treinta años de democracia, se encuentra muy por debajo de la europea. Mientras que en la Unión Europea el gasto medio social alcanza el veintisiete por ciento del PIB, en España apenas alcanza el veintiuno por ciento. Los intentos de construir en serio un estado social, por ejemplo, a través de la ley de dependencia, han quedado desdibujados después por el electoralismo más ramplón de los cheques bebé o de la devolución de 400 euros a los contribuyentes, sin límites de renta y sin objetivos de ninguna naturaleza. Mientras que a las nuevas políticas sociales como la ley de dependencia, se les asignó un corto presupuesto de poco más de mil millones de euros, los cheques mencionados, suponen un gasto de ocho mil millones anuales. Un verdadero desatino en términos de política social.
La realidad, sin embargo, llama a nuestra puerta con esta crisis de una forma más cruda de lo habitual. Un millón seiscientas mil personas se encuentran en la actualidad paradas y sin ningún tipo de ingresos. Ante esto el gobierno ha aprobado un decreto de ayudas absolutamente insuficiente que apenas si va a atender –cuando su aplicación sea completa- a un quince por ciento de las personas que se encuentran en esta desesperada situación. Argumenta, el gobierno, que su disponibilidad presupuestaria es cada día más pequeña y que solo habían previsto cuatrocientos millones para esta medida.
En cualquier casa, cuando llega una situación de emergencia, se prescinde de lo superfluo para atender lo fundamental. Es, por tanto, el momento de modificar el gasto social y las políticas fiscales. Reconocer que ha sido todo un despropósito, en medio de esta crisis económica, la supresión del impuesto sobre el patrimonio cuya recaudación hubiera bastado para cubrir las ayudas al desempleo sin limitación alguna. Es el momento de suprimir la desgravación de cuatrocientos euros, insignificante para las rentas medias y altas, y de la que están excluidas precisamente las personas con menos ingresos. Es necesario que entre el gobierno central y las autonomías se llegue a un gran acuerdo político para que ni una sola persona en nuestro país, se encuentre en situación de completa desesperación. Y es necesario que paguen más los que más tienen –que además coinciden con los que más han ganado-; que este principio no es una frase obsoleta y desprovista de sentido; no es ni siquiera la bandera de la izquierda política, sino un mandato democrático y constitucional.

Publicado en El Correo de Andalucía

Dos años de nuevo Estatuto

Este es el artículo que he publicado hoy en el Correo de Andalucía:

Confieso que sentí una enorme tristeza por los magros resultados de participación en el referéndum para la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía. No se trataba de un sentimiento partidario, curtida ya en centenares de derrotas, sino el pensamiento de que la alta abstención del pueblo andaluz dejaba sin nervio su posterior cumplimiento.
El Estatuto contenía, en mi opinión, un fuerte compromiso de cambio de nuestra comunidad que no podría conseguirse sin una elevada implicación del conjunto de la sociedad. Las escasas personas que lo hayan leído pueden ver cómo hay una apuesta decidida por un modelo de desarrollo más racional y ecológico así como por unos servicios públicos de calidad como factor de igualdad de la ciudadanía.
Nos esforzamos porque tuviera el sello de una identidad andaluza construida sobre la extensión de los derechos sociales, la participación de la ciudadanía, la apuesta por los servicios públicos y el cuidado medioambiental. Trabajamos para introducir en el texto en torno a treinta seis nuevos derechos sociales para todas las personas que viven en Andalucía sin distinción de su procedencia; algunos de gran alcance como la Renta Básica o la articulación de las políticas sociales a través de una red públicas de servicios sociales; otros derechos hacían referencia a problemas de carácter más sectorial como la atención especial y preferente a enfermedades crónicas o invalidantes, las ayudas públicas a la vivienda o el reparto de la integración educativa en los centros públicos y privados. Tuvimos una verdadera batalla política para conseguir que estos nuevos derechos no fueran “declarativos”, sino reales y que pudieran ser reclamados por cualquier persona ante los tribunales o ante el Defensor del Pueblo para su cumplimiento.
Descendió el estatuto a las situaciones laborales más habituales, el cumplimiento de los convenios, la falta de calidad del empleo juvenil o la discriminación soterrada de las mujeres en el mercado laboral. Estableció que las ayudas y subvenciones públicas a las empresas se harían atendiendo a criterios de estabilidad laboral, inclusión social, promoción laboral de las mujeres y respeto al medio ambiente.
Cuando el PP se incorporó al Estatuto, -tras comprender que era una operación ruinosa mantenerse en la oposición obstinada que había mantenido durante su tramitación- su principal aportación consistió en reducir el caudal identitario, afirmar la supremacía del Estado sobre la Comunidad, o establecer cautelas constitucionales, pero afortunadamente, el edificio estaba construido.
Dos años después de su aprobación, el Gobierno Andaluz ha corrido un oscuro velo sobre esta conmemoración. Su balance de cumplimiento del nuevo Estatuto ha sido ínfimo y las pocas leyes tramitadas pertenecen a la anterior legislatura en la que todavía había cierto impulso para su cumplimiento. Por su parte el PP cuelga en su web el siguiente titular: “Balance de dos años de Estatuto de Autonomía: 850.300 parados”, porque al parecer les resulta rentable mezclar las palabras “autonomía” “Estatuto” y “paro” en la misma frase, aunque el resultado sea una descomunal mentira.
Por el contrario, el desarrollo del Estatuto había previsto mecanismos muy útiles para afrontar la crisis económica con mayor protección social a las personas sin recursos a través de la Renta Básica, la implicación de las Cajas de Ahorros en la economía productiva, la defensa y protección de los autónomos así como el desarrollo de nuevos servicios públicos o de la economía ligada al medioambiente. Que todavía estén sin desarrollar es una nueva Deuda Histórica con el pueblo andaluz que, por desgracia, escasamente se reclama.