INVOLUCIÓN

Las últimas medidas del gobierno suponen un serio retroceso social en muchos campos. Esta es mi respuesta en El País Andalucía


No estaría mal llamar las cosas por su nombre. Tan sorprendida estoy de las medidas que ha anunciado el nuevo gobierno como de la falta de respuesta de la sociedad civil. Claro que vienen tiempos de mayorías compactas, de intercambio de nuevos favores, de poder absoluto y existe la tentación de congraciarse, o al menos no significarse en exceso ante los nuevos mandarines. Pero lo que ha ocurrido esta semana solo tiene un nombre propio: involución.


El PP ha lanzado tantas pelotas sobre el terreno de juego que es casi imposible responder a cada una de ellas. Imagino que lo dicta así su estrategia política y que han decidido en esta fase contentar a los sectores más ultraconservadores, por eso, las comparecencias de los ministros parecían hechas a la medida de Intereconomía y de las TDTs party, a las que tanto deben.

Para empezar, se volverá a penalizar el aborto , excepto para algunos estrechos supuestos que determinará la autoridad competente. Se acabará con la libertad de las mujeres para decidir sobre la continuidad de su embarazo y, a partir de ahora, serán los jueces, los médicos y otras instancias administrativas las que decidan en su nombre. Lejos de tener una legislación equiparable a Alemania, Francia o Reino Unido, nos pareceremos a Rumanía, a Hungría y a la propia España en los tiempos del aborto clandestino. Se limitará, también, la administración de la píldora del día después que evita miles de abortos y de embarazos no deseados entre las jóvenes, a las que se explicará que pueden dar su hijo en adopción o ser responsables y continuar con su embarazo.

En la enseñanza se suprimirá un peligroso capítulo de Educación para la Ciudadanía dedicado a las relaciones interpersonales y que –pueden comprobarlo ustedes mismos con cualquier manual de sus hijos- considera un valor democrático el respeto a las diferentes opciones sexuales, los distintos tipos de familia, la igualdad de las mujeres y el valor del ser humano independientemente de su procedencia o del color de su piel. Un capítulo que no es pura teoría, ni mucho menos adoctrinamiento, sino afrontar la realidad social, evitar la burla y la discriminación de los propios alumnos y proclamar el respeto como valor universal. Mientras se suprimen estos contenidos que califican de adoctrinadores, justo en el aula de al lado un religioso explicará dos horas a la semana, la maldad de la homosexualidad, las carencias de la familia que no disponga de un padre y una madre y el papel subordinado de las mujeres en la sociedad.

Nos anuncian que se prepara una reforma educativa de la que ni siquiera saben dónde empiezan o terminan los ciclos ni las titulaciones, ni el presupuesto con el que contará pero que, eso sí, segregará tempranamente a los adolescentes y abrirá la puerta a aumentar los conciertos educativos con la enseñanza privada hasta mitad del bachillerato.

No se detiene aquí la involución política que se avecina. El flamante ministro de medio ambiente anuncia un cambio total de las leyes medioambientales para permitir más negocios a pie de playa y una medición de la calidad del aire “más realista”, lo que convertirá la nube contaminante de Madrid en un fenómeno meteorológico. De las energías renovables, ni hablamos.

La reforma tiene ribetes esperpénticos como el nuevo papel de los notarios y la compasión que siente el gobierno por este negocio, inexistente en la mayoría de los países. Para compensarlos por la crisis inmobiliaria, las bodas y los divorcios pasarán por la notaría. Escrituraremos nuestras vidas como si de una propiedad se tratará y disolveremos los matrimonios como un negocio de compraventa, previo pago, por supuesto.

De una tacada se sepultan años de conquistas sociales y de respeto entre los ciudadanos trabajosamente construido. El 90 por ciento de la población no tiene problemas respecto a la homosexualidad, la capacidad de decisión de las mujeres sobre la maternidad, ni la educación en valores. Pero el gobierno piensa, equivocadamente, que la mayoría en las urnas les otorga una supremacía ideológica de raíz católica y ultraconservadora. Ya veremos.