Publicado en El País Andalucía
La procedencia de estas ideas nos debiera hacer sospechar de sus intenciones últimas. Es francamente escamante que los mismos que parecen estar tan interesados en el pago de servicios públicos según la renta defiendan anular los impuestos a las herencias millonarias, acabar con el recargo a las rentas altas y suprimir el impuesto sobre el patrimonio. O, todavía peor, acaben de cargarse una subasta de medicamentos que hubiera ahorrado a Andalucía 40 millones de euros en su primer año.
En un Estado con derechos, los servicios públicos básicos deben ser iguales para toda la ciudadanía, independientemente de su procedencia social. La progresividad no se debe expresar en los servicios públicos, sino en el sistema impositivo. Es decir, el que es más rico debe pagar impuestos, independientemente de su uso de los servicios. Lo que tiene que ser justo es el sistema impositivo y la recaudación fiscal. Eso significa que cada ciudadano debe contribuir al mantenimiento de la escuela, los hospitales o los servicios sociales aunque no tenga hijos, ni enfermedades, ni invalidez alguna que atender. La democracia es mucho más que la libertad o el derecho al voto, es también la obligación de contribuir al mantenimiento del bien común; es un contrato social por el que el bien ajeno es beneficioso para todos.
En contra de este principio de que son los impuestos los que deben sufragar y equilibrar las diferencias, se está alimentando la idea de que cada servicio se pague en función de la renta. De llevarse a cabo, cada hospital, cada centro educativo y cada servicio público se convertirían en un centro recaudador. Se expedirán carnets de pobre o de rico, según las circunstancias.
En Andalucía se ha logrado que los libros de texto sean gratuitos hasta finalizar la educación obligatoria. Con cierto trabajo conseguimos que la gratuidad figurase en el Estatuto de Autonomía y formase parte del carácter integrador de nuestra enseñanza pública. Cada familia ahorra al año más de 300 euros con esta medida, sin embargo el coste es relativamente barato porque los libros pertenecen a los centros y se utilizan durante cuatro o cinco años por las sucesivas tandas de alumnos. Se ha acabado el doloroso espectáculo de que tres meses después de iniciado el curso, muchos chavales y chavalas, aún no tenían los libros porque sus familias carecían de recursos: todos tienen los mismos libros que deben cuidar, eso sí, algo desportillados el último año. Este curso, y hablo por experiencia directa, sin los libros gratuitos la situación hubiese sido dramática. Los profesores apenas nos atrevemos a exigir la compra de los libros de lectura (no incluidos en la gratuidad) porque el desembolso de unos pocos euros supone un problema para algunas familias.
Los defensores del sistema de copago o de rentas me dirán que, en esos casos, está justificada la gratuidad, pero no nos engañemos, acabaría con un derecho contemplado en nuestro Estatuto, y nos haría retroceder a los tiempos de la beneficencia ¿En qué renta se pondrá el límite? ¿Tendrán derecho las clases medias azotadas por la crisis, congeladas y estranguladas, a la gratuidad de los servicios públicos? En la enseñanza pública, en la salud, en los servicios sociales no abundan los ricos. En mi centro no hay uno solo. Imagino que han emigrado a la enseñanza privada, donde importan un pito los trescientos euros de los libros de texto.
En vísperas de las elecciones autonómicas la supresión de derechos, el retroceso a la beneficencia es un serio aviso de las políticas que nos aguardan, envueltas en el celofán del populismo, alimentando el rencor social de unos contra otros para dejar intactos los privilegios de los poderosos.
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