No sé si han tenido la oportunidad de ver The Newsroom. Es
una de esas producciones norteamericanas que te hacen amar
apasionadamente el periodismo. El equipo de redacción de este
informativo televisivo, investiga, desvela, contrasta la información y
reconoce errores cuando se producen. Han emprendido, eso sí, una lucha
particular contra el Tea Party por el uso de la mentira, la exageración y
la deformación interesada de la realidad, algo que consideran una
amenaza para la democracia.
No me atrevo a entrar en los fundamentos jurídicos de los autos de la jueza Alaya, pero si les digo que una gran parte de periodistas, columnistas, juristas están escandalizados por su forma de instruir. Incluso personas muy afines al PP reconocen en privado la falta de garantías de sus procedimientos. En la trastienda de las tertulias se opina que los contenidos de sus textos son contradictorios y que el calendario se ajusta como un guante al calendario político. Pero si les preguntas por qué no escriben lo que realmente piensan o por qué no lo dicen en público sacuden la cabeza y te contestan que “no quieren mezclarse en este asunto tan feo de los ERE”.
Yo tampoco. Los delincuentes de los ERE, además de haber robado 136 millones, le han hecho el mayor daño imaginable a Andalucía. Por muy duras que sean las sentencias, no pagarán nunca su delito contra nuestra tierra. Sin embargo esta condena no nos puede llevar a considerar justo lo injusto, o adecuado lo esperpéntico. No se puede combatir la corrupción sin procedimientos limpios, democráticos y justos.
El PP comunicó a la prensa el presunto auto de la jueza Alaya en plena toma de posesión del Gobierno. Zoido luego leyó con delectación la palabra “imputado” y proclamaba que “se habían derrumbado los pilares de la Junta de Andalucía”. Los informativos de varias cadenas de televisión abrieron y cerraron con la imputación de dos expresidentes andaluces. Dos días después, el mismo Zoido reconocía que “realmente imputados no están, pero sí señalados”. Esa es la palabra. Como se decía antiguamente en los pueblos. ¿Qué clase de figura jurídica es esa? Ninguna, pero no importa. Ni las cadenas estatales van a rectificar, ni el sambenito de la imputación va a ser retirado.
Los autos de la jueza Alaya son, literariamente, una mina. Ha llevado la novela negra a las salas de instrucción de Andalucía incluyendo las detenciones nocturnas y la tensión psicológica en los interrogatorios. De repente dio un vuelco al guion y decidió que había “llegado el momento de dar un salto cualitativo a la instrucción” y poner el foco no en los ladrones, sino en los guardianes. Imputó a veinte ex altos cargos de la Junta tirando del organigrama. Los delitos no se detallan. Por lo visto haber sido director general de Presupuestos o cualquier otro alto cargo es en sí mismo un acta de acusación.
El último auto supera a los anteriores en cuanto a figuras literarias. Comienza con una figura oblicua: algunas actuaciones procesales podrían contener “cierta carga incriminatoria”. Continúa con un verdadero manual de paradojas y antítesis. Imputa sin imputar en sí. Cada párrafo niega lo que se ha escrito en el anterior. Se utiliza la vieja figura de la preterición tan útil para el insulto (después de diez líneas sobre la imputación, afirma que no es el caso referirse a ella). Y finaliza con un toque de ironía cuando dice actuar para evitar a estas personas “la presión de los medios de comunicación”.
Somos a estas alturas lo bastante maduros para distinguir quién se ha llevado dinero y quién no; dónde comienza el delito y dónde las responsabilidades políticas. Pero vivimos en un país en que el descrédito de la política se ha convertido en franca hostilidad. En este mar encrespado nadie quiere ir contracorriente. Sin embargo, sumarse al silencio o a la riada, no es bueno para la democracia. Si queremos que la política recupere su dignidad, tenemos que distinguir, analizar, ser escrupulosos con el estado de derecho. O estaremos trabajando para otro sistema. Otro régimen. Ya entienden.
@conchacaballer
No me atrevo a entrar en los fundamentos jurídicos de los autos de la jueza Alaya, pero si les digo que una gran parte de periodistas, columnistas, juristas están escandalizados por su forma de instruir. Incluso personas muy afines al PP reconocen en privado la falta de garantías de sus procedimientos. En la trastienda de las tertulias se opina que los contenidos de sus textos son contradictorios y que el calendario se ajusta como un guante al calendario político. Pero si les preguntas por qué no escriben lo que realmente piensan o por qué no lo dicen en público sacuden la cabeza y te contestan que “no quieren mezclarse en este asunto tan feo de los ERE”.
Yo tampoco. Los delincuentes de los ERE, además de haber robado 136 millones, le han hecho el mayor daño imaginable a Andalucía. Por muy duras que sean las sentencias, no pagarán nunca su delito contra nuestra tierra. Sin embargo esta condena no nos puede llevar a considerar justo lo injusto, o adecuado lo esperpéntico. No se puede combatir la corrupción sin procedimientos limpios, democráticos y justos.
El PP comunicó a la prensa el presunto auto de la jueza Alaya en plena toma de posesión del Gobierno. Zoido luego leyó con delectación la palabra “imputado” y proclamaba que “se habían derrumbado los pilares de la Junta de Andalucía”. Los informativos de varias cadenas de televisión abrieron y cerraron con la imputación de dos expresidentes andaluces. Dos días después, el mismo Zoido reconocía que “realmente imputados no están, pero sí señalados”. Esa es la palabra. Como se decía antiguamente en los pueblos. ¿Qué clase de figura jurídica es esa? Ninguna, pero no importa. Ni las cadenas estatales van a rectificar, ni el sambenito de la imputación va a ser retirado.
Los autos de la jueza Alaya son, literariamente, una mina. Ha llevado la novela negra a las salas de instrucción de Andalucía incluyendo las detenciones nocturnas y la tensión psicológica en los interrogatorios. De repente dio un vuelco al guion y decidió que había “llegado el momento de dar un salto cualitativo a la instrucción” y poner el foco no en los ladrones, sino en los guardianes. Imputó a veinte ex altos cargos de la Junta tirando del organigrama. Los delitos no se detallan. Por lo visto haber sido director general de Presupuestos o cualquier otro alto cargo es en sí mismo un acta de acusación.
El último auto supera a los anteriores en cuanto a figuras literarias. Comienza con una figura oblicua: algunas actuaciones procesales podrían contener “cierta carga incriminatoria”. Continúa con un verdadero manual de paradojas y antítesis. Imputa sin imputar en sí. Cada párrafo niega lo que se ha escrito en el anterior. Se utiliza la vieja figura de la preterición tan útil para el insulto (después de diez líneas sobre la imputación, afirma que no es el caso referirse a ella). Y finaliza con un toque de ironía cuando dice actuar para evitar a estas personas “la presión de los medios de comunicación”.
Somos a estas alturas lo bastante maduros para distinguir quién se ha llevado dinero y quién no; dónde comienza el delito y dónde las responsabilidades políticas. Pero vivimos en un país en que el descrédito de la política se ha convertido en franca hostilidad. En este mar encrespado nadie quiere ir contracorriente. Sin embargo, sumarse al silencio o a la riada, no es bueno para la democracia. Si queremos que la política recupere su dignidad, tenemos que distinguir, analizar, ser escrupulosos con el estado de derecho. O estaremos trabajando para otro sistema. Otro régimen. Ya entienden.
@conchacaballer
No hay comentarios:
Publicar un comentario