Publicado en ANDALUCESDIARIO
Los vecinos de Espartinas que protestaban contra la brutal subida del IBI en su localidad no dan crédito a lo sucedido: han recibido en su domicilio la notificación de multas que van desde 300 a 30.000 euros por haberse manifestado contra la decisión del ayuntamiento.
En Granada, hay más de 85 personas sancionadas por participar en las movilizaciones “Stop Desahucios”. Su delito es, simplemente, haber acompañado a las víctimas el día en que se iba a proceder al lanzamiento de su vivienda. También una concejal de IU, Maite Molina, fue multada con 360 euros por participar en los actos pacíficos de conmemoración del 15-M.
En Córdoba los activistas de Stop Desahucios recibieron también la notificación de multas por haber realizado una manifestación frente a las puertas de la sacrosanta Cajasur.
En Andalucía se cuentan por centenares las personas que han sido multadas por participar en acciones solidarias, en absoluto agresivas ni violentas. Algunos de los jóvenes, procedentes del 15-M han optado por no tener cuenta corriente porque regularmente reciben multas de 300 o 500 euros por su protesta. La situación en el país es la misma. Especialmente en Valencia y Madrid las protestas estudiantiles y las mareas están siendo castigadas con multas gubernativas.
Se trata, por tanto, de una estrategia del PP ejecutada por los gobernadores civiles y que tiende a ampliar la capacidad represiva del gobierno por nuevas vías. Aunque no renuncian al uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas -como ha quedado acreditado en los tribunales en varias ocasiones- el gobierno ha decidido ensayar nuevas formas represivas que afectan al bolsillo de los contribuyentes y que suponen una terrible indefensión frente al poder.
Las multas son menos vistosas que los palos de los antidisturbios, suscitan menos indignación popular y son, sin embargo, igual o más efectivas que otros métodos represivos. Lo sabían muy bien los gobernadores franquistas que en el último periodo de la dictadura frieron a multas a estudiantes y obreros. Alguien ha debido retomar el manual de los viejos tiempos y volverlo a aplicar con igual contundencia.
Las multas suponen una terrible indefensión para el sancionado. Ejecutan el embargo de tu cuenta y si lo deseas, a tus expensas de dinero y tiempo, puedes recurrirlas. La socorrida acusación de “alteración del orden” o de “desórdenes públicos” se formula con total falta de pruebas, con la simple palabra de una autoridad. No hay presunción de inocencia, ni forma de demostrar los hechos para el afectado.
La idea de fondo que los gobernadores civiles transmiten es que toda protesta supone una alteración del orden y es, por tanto, susceptible de sanción. El estado autoritario está inyectándose en vena todavía de forma experimental pero cierta. Se pondrá de largo con la aprobación de una Ley de Seguridad Ciudadana donde se criminalizan conductas pacíficas como grabar la actuación de un policía o anunciar manifestaciones “no autorizadas” en las redes sociales.
A partir de ahora está prohibida la protesta, bien es verdad que se entiende que la que se ejerce contra el gobierno y de ninguna manera las manifestaciones de las organizaciones sociales de la derecha, la iglesia católica o las organizaciones sociales afines al poder.
Si hay un tema central, consustancial a la propia democracia es la libertad de expresión y de manifestación. Sin estos derechos no hay democracia. El poder no puede, en modo alguno, limitar el ejercicio de la crítica y de la protesta pacífica. Incluso el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones al respecto y ha aclarado que el ejercicio de estas libertades no puede ser prohibido ni limitado administrativamente cuando se trata de manifestaciones pacíficas.
El gobierno de mayoría absoluta del PP pretende culminar sus reformas políticas reprimiendo la libertad de crítica de la ciudadanía. La gravedad de estos comportamientos y de estos proyectos no ha sido lo suficientemente contestada por la sociedad. Este tema no es un debate entre la izquierda y la derecha de este país. Es un conflicto entre demócratas y autócratas que nos concierne a toda la ciudadanía. Por eso las multas de hoy no son anécdotas o hechos secundarios que ocurren en nuestra tierra, sino las infectas raíces de la mala hierba de un futuro con menos libertad que hay que arrancar con urgencia.
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