Preguntas incómodas

Artículo publicado en El País Andalucía 

Hay momentos de la política en que uno está disconforme con todo y con todos; en que no te convencen ni tirios ni troyanos; en que se ven los agujeros, las costuras, la impostura en cada una de las fuerzas políticas que vociferan en el Parlamento o ante los medios de comunicación.

Hay etapas en que la actuación de algunos políticos se nos antoja más falsa que un billete de 70 euros y lo peor, de todo, es que tras algunas verdades se traslucen grandes mentiras y a la inversa.
El caso de los ERE de Andalucía está siendo un momento singular de la política andaluza en el que todos los actores tendrían mucho que explicar sobre sus comportamientos, sus argumentos y sus verdaderas razones. Sin duda, es este un caso de corrupción que repugna especialmente a cualquier conciencia, un delito grosero, miserable, cometido por personas que han perdido la más mínima decencia personal.
Con los datos en la mano, el PSOE no puede seguir negando que había una estructura en la Consejería de Empleo que se ha mantenido con varios titulares y que protegía estas prácticas. El PSOE debería contestar a algunas incómodas preguntas. Por ejemplo: ¿Por qué los beneficiarios se agrupan, casualmente, en determinadas zonas de Andalucía? ¿Por qué el consejero imputado se mantiene como presidente del Consejo Regulador de Jerez, o quien estuvo hasta el último momento protegiendo las actividades de Rivas al frente de la delegación de Sevilla? Finalmente, el PSOE debería dar alguna explicación de su negativa a constituir una comisión de investigación en el Parlamento que determine las responsabilidades políticas.
Por lo que respecta al PP, fuera de micrófono reconocen que Griñán no es responsable de la corrupción de los ERE y admiten que fue él quien se obstinó en cambiar esa consejería. Sin embargo, en público escenifican espectáculos en los que intentan demostrar la culpabilidad del presidente de la Junta. Al PP se le ha aparecido la virgen en Andalucía. Es normal que lo aprovechen. Pero utilizan argumentos cuya aplicación al caso Gürtel sería muy reveladora. Vamos a ver, si Griñán es culpable porque cuando sucedieron los ERE irregulares, él era consejero de Hacienda, ¿acaso Arenas, que era secretario general del PP en esa época, no tiene responsabilidad alguna en las contrataciones de la trama Gürtel? ¿Cómo se explica la defensa que Arenas ha hecho de Bárcenas, hasta hace pocos meses, en los que calificaba de extraordinario su trabajo al frente de las finanzas del PP o alababa su decencia personal? El respeto a las decisiones de los jueces, a los que el PP reverencia en el caso de los ERE, es otra de las muestras de la doblez continuada de esta fuerza política que ha recusado a jueces, magistrados y abogados del caso Gürtel y ha proclamado que se trataba de una persecución política de carácter dictatorial.
Izquierda Unida, por su parte, tampoco aparece limpia de polvo y paja en este desaguisado. Sus proclamas de transparencia y su petición de crear una comisión de investigación resultan poco convincentes si tenemos en cuenta que en la ciudad de Sevilla se han negado en dos ocasiones a crear una comisión que investigara el caso alma máter de toda esta trama: Mercasevilla.
Finalmente, sería necesario que el proceso judicial fuese aséptico y limpio en grado sumo. Hay que reconocerle a la juez Alaya la investigación realizada hasta el momento en el caso Mercasevilla, donde detectó los primeros intrusos en un ERE, sin embargo, alguna de las actuaciones posteriores parecen respuestas al debate político. La última petición de documentación sobre las actuaciones del Gobierno andaluz en los últimos diez años, parece sobrepasar una investigación razonable de implicaciones y tampoco parecen adecuadas las opiniones personales que desliza sobre los medios de comunicación y sus afinidades políticas. Pero lo más dudoso del procedimiento es que se haya aceptado la personación de la asociación ultraderechista Manos Limpias, por cuyas ídem pasará toda la documentación de la Administración pública andaluza. ¿Estamos locos?

Vergüenza ajena

El artículo del País que olvidé colgar:


Dicen que el concepto de vergüenza ajena sólo existe en nuestro país y que en el resto del mundo no pueden comprender que alguien sienta una enorme incomodidad interior por las acciones de otro. Pues bien, estos últimos días hemos sentido un intenso bochorno ante el asalto de unos desalmados a los fondos públicos destinados a prejubilaciones de trabajadores de empresas en crisis.

Al parecer, alguien detectó el agujero burocrático por el que se podían colar como beneficiarios de las pólizas a personas que no habían trabajado en su vida en estas empresas. Ni cortos, ni perezosos, compusieron su particular lista de Schindler, sólo que en este caso no era para salvar vidas ajenas sino para hacerles la vida más fácil y lujosa a los beneficiarios. Pero, no nos engañemos; no se ha tratado de una conducta individual ni aislada, sino más bien de una práctica que necesitaba una cierta organización y complicidad como demuestra el hecho de que afecta a casi la mitad de los expedientes investigados.
Cualquier delito es abominable pero en este caso concurre una mezquindad y ratería dignas de la más rancia novela picaresca. Incluso en los delitos existe una cierta escala ética. Esconderse detrás de trabajadores que han sufrido verdaderas odiseas para defender sus puestos de trabajo, como es el caso de Intelhorce o Cydeplas, es realmente abominable. Si quien lo hace ostenta el cargo de representante sindical, no ha podido llegar más bajo en la escala de la indignidad.
De un plumazo, los rateros desalmados, sus cómplices y consentidores, han metido a Andalucía en el túnel del tiempo y han revitalizado los peores tópicos sobre nuestra tierra. Por ello, urge establecer responsabilidades, encontrar a los culpables, ponerlos frente a la justicia e incautar los bienes obtenidos ilegalmente.
Es el momento de que los responsables políticos que tienen a su cargo la administración actúen con contundencia y no se aferren a los tópicos y las palabras vacías. Desde que estalló el caso Mercasevilla, con los preocupantes indicios de irregularidades, deberían haberse encendido todas las luces de alarma que implicaban, de una u otra forma, a la Consejería de Empleo. Ha hecho bien el Gobierno andaluz en investigar las ayudas en los expedientes de regulación de empleo y en denunciar ante la justicia las irregularidades observadas, pero la investigación debe profundizar más y abarcar -en vista de las denuncias- un periodo de tiempo mayor. Los anteriores consejeros de Empleo deben dar cuenta de su labor no sólo ante la autoridad judicial sino también ante el Parlamento de Andalucía. Hasta el momento, sus declaraciones siembran aún más confusión y desconcierto. Hablar de "deslealtad" o de "traición" no contribuye precisamente a tranquilizar a la opinión pública. Pedir a la sociedad que "sea comprensiva con los fallos humanos que todos cometemos", produce verdadera irritación, mucho más cuando se acompaña de frases como que "es muy fácil opinar cuando se tiene garantizada la nómina a final de mes".
Tampoco vale recurrir al consabido "y tú más" con que finalizan las intervenciones algunos insignes cargos políticos. El hecho de que el PP tenga un número importante de cargos públicos implicados en la operación Gürtel no justifica ningún otro caso de corrupción y enfrascarse en una pelea por el grado de implicación de cada cual no es más que un torpe reconocimiento de culpabilidad.
Finalmente, tampoco parecen lógicos los argumentos contra las comisiones de investigación con la excusa de que es preferible evitar un juicio paralelo del caso. En un sistema democrático no sólo existen responsabilidades penales sino también políticas y el lugar para exigirlas es sin duda el Parlamento. Sólo más luz, más control público y más transparencia nos borrará el rubor de la vergüenza ajena que hemos sentido al conocer cómo algunos sinvergüenzas se quedaban con los fondos destinados a trabajadores de empresas en crisis.