Dos años de nuevo Estatuto

Este es el artículo que he publicado hoy en el Correo de Andalucía:

Confieso que sentí una enorme tristeza por los magros resultados de participación en el referéndum para la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía. No se trataba de un sentimiento partidario, curtida ya en centenares de derrotas, sino el pensamiento de que la alta abstención del pueblo andaluz dejaba sin nervio su posterior cumplimiento.
El Estatuto contenía, en mi opinión, un fuerte compromiso de cambio de nuestra comunidad que no podría conseguirse sin una elevada implicación del conjunto de la sociedad. Las escasas personas que lo hayan leído pueden ver cómo hay una apuesta decidida por un modelo de desarrollo más racional y ecológico así como por unos servicios públicos de calidad como factor de igualdad de la ciudadanía.
Nos esforzamos porque tuviera el sello de una identidad andaluza construida sobre la extensión de los derechos sociales, la participación de la ciudadanía, la apuesta por los servicios públicos y el cuidado medioambiental. Trabajamos para introducir en el texto en torno a treinta seis nuevos derechos sociales para todas las personas que viven en Andalucía sin distinción de su procedencia; algunos de gran alcance como la Renta Básica o la articulación de las políticas sociales a través de una red públicas de servicios sociales; otros derechos hacían referencia a problemas de carácter más sectorial como la atención especial y preferente a enfermedades crónicas o invalidantes, las ayudas públicas a la vivienda o el reparto de la integración educativa en los centros públicos y privados. Tuvimos una verdadera batalla política para conseguir que estos nuevos derechos no fueran “declarativos”, sino reales y que pudieran ser reclamados por cualquier persona ante los tribunales o ante el Defensor del Pueblo para su cumplimiento.
Descendió el estatuto a las situaciones laborales más habituales, el cumplimiento de los convenios, la falta de calidad del empleo juvenil o la discriminación soterrada de las mujeres en el mercado laboral. Estableció que las ayudas y subvenciones públicas a las empresas se harían atendiendo a criterios de estabilidad laboral, inclusión social, promoción laboral de las mujeres y respeto al medio ambiente.
Cuando el PP se incorporó al Estatuto, -tras comprender que era una operación ruinosa mantenerse en la oposición obstinada que había mantenido durante su tramitación- su principal aportación consistió en reducir el caudal identitario, afirmar la supremacía del Estado sobre la Comunidad, o establecer cautelas constitucionales, pero afortunadamente, el edificio estaba construido.
Dos años después de su aprobación, el Gobierno Andaluz ha corrido un oscuro velo sobre esta conmemoración. Su balance de cumplimiento del nuevo Estatuto ha sido ínfimo y las pocas leyes tramitadas pertenecen a la anterior legislatura en la que todavía había cierto impulso para su cumplimiento. Por su parte el PP cuelga en su web el siguiente titular: “Balance de dos años de Estatuto de Autonomía: 850.300 parados”, porque al parecer les resulta rentable mezclar las palabras “autonomía” “Estatuto” y “paro” en la misma frase, aunque el resultado sea una descomunal mentira.
Por el contrario, el desarrollo del Estatuto había previsto mecanismos muy útiles para afrontar la crisis económica con mayor protección social a las personas sin recursos a través de la Renta Básica, la implicación de las Cajas de Ahorros en la economía productiva, la defensa y protección de los autónomos así como el desarrollo de nuevos servicios públicos o de la economía ligada al medioambiente. Que todavía estén sin desarrollar es una nueva Deuda Histórica con el pueblo andaluz que, por desgracia, escasamente se reclama.