UN PAÍS DE CABREADOS

Publicado en El País Andalucía 

   Últimamente tengo la impresión de que en vez de vivir en un país, he tomado un taxi en hora punta con un taxista cabreado de los que insultan a trocho y mocho y solucionarían los problemas “en cinco minutos”, endureciendo leyes, tomando medidas drásticas y cortando pescuezos si es necesario.
Primero fue una justa indignación ante la crisis pero, ante la falta de salidas, una gran parte del país se deslizó por la pendiente de la desesperación y han encontrado una isla apocalíptica donde reina la exasperación, que es una especie de picor que te produce cierto placer al rascar violentamente y donde las expresiones de rabia y de irritación sustituyen todo análisis sosegado y tranquilo. Sus análisis se resuelven en tres palabras: “Son unos sinvergüenzas”. Su conclusión: no creer en nada. Su humor, negro sin asomo de ingenio.
No son los más necesitados los que están encolerizados y rabiosos. Los de abajo, los que realmente viven al borde de la necesidad, no pueden permitirse el lujo de pisar el territorio de la desesperación. Ni siquiera juguetear con él, porque necesitan conservar una brizna de esperanza para afrontar su supervivencia cada día. Normalmente, los más cabreados, son personas que han bajado algún peldaño en la escala social pero que todavía sobreviven con cierta holgura.

   Los motivos de su irritación, tomados de uno en uno, son en su mayoría justos, pero cuando hacen un ramillete con todos ellos los convierten en una bomba de destrucción masiva de esperanza. No hay rincón alguno que no impregnen de sospecha. Han llegado a la conclusión de que todo lo que llega de la esfera pública es malo y abominable. Como consideran que han sido engañados en la letra pequeña del contrato social han tomado como norma la desconfianza absoluta incluso hacia los comportamientos más honestos y generosos.

   Hay un tótem que une a todos y que a todos alimenta: el odio a la política y a los políticos. De los sindicalistas, ni hablamos, porque en su imaginario son todavía peores que el peor de los imputados. Cualquier insulto es insuficiente; cualquier mal chiste, gracioso; cualquier infundio, una verdad incuestionable. Y no es que la política no haya dado motivos para la indignación o que no necesite con urgencia una reforma profunda, pero no deja de ser muy sintomático que los dueños de las grandes finanzas, los verdaderos responsables de la crisis, no susciten ni una décima parte de hostilidad de la que se emplea en un político de provincias. Perdónenme la suspicacia, pero tengo la impresión de que han embridado la indignación popular y la han dirigido al punto donde son menos vulnerables: los ideales.

   La derecha española, valga la redundancia, nunca ha tenido problemas con la crítica a la política porque son profundamente antipolíticos. Ellos niegan el papel social de la política, su capacidad para cambiar las cosas. La reducen a una simple gestión técnica, aunque la orientación de estos técnicos sea siempre la misma: beneficiar a los de arriba. La antipolítica y el antisindicalismo pueden ser, sin embargo, un bumerán para la izquierda porque conduce directamente a la abstención y al populismo.

   Estas serán las primeras elecciones de un país cabreado y veremos su fruto en las urnas. Es posible que los cabreados de la derecha visiten, a pesar de todo, el colegio electoral y depositarán su voto. Los demás quizás comenten en el bar, con una cierta superioridad, que ellos no piensan votar, que todos son iguales, que no sirve para nada. Y cuando se levanten, al día siguiente, el Gobierno les dará las gracias desde el televisor de plasma.

10 COSAS QUE ESTARÁN PROHIBIDAS

Publicado en El País Andalucía, este artículo fue el más leído también en la edición estatal 

   Todos los gobiernos adoran a las mayorías silenciosas, pero este ha dado un paso más. Por si acaso no hay en el futuro mayorías silenciosas, habrá por ley mayorías silenciadas.

   En los primeros años de la crisis los think tank de este capitalismo salvaje se asustaron con la perspectiva de una revuelta popular. Nos dijeron que “lo sentían mucho” y que “no volvería a pasar nunca más”. Anunciaron una refundación del capitalismo pero enseguida vieron que era mucho más productivo refundar el estado del bienestar y volverlo chiquitito, minúsculo tan reducido como los salarios de los que alimentan con su trabajo la maquinaria de sus ganancias.

   Inyectaron provisionalidad y miedo en grandes dosis. El tono moral de la sociedad en general ha sido de resignación pública e indignación privada. Arden las redes, sobrevuelan maldiciones en conversaciones de bares y centros de trabajo pero la calle (ay, la calle que cuando se hace millonaria en cuerpos todo lo cambia), ha permanecido silenciosa y tranquila, con gloriosas excepciones de mareas y herederos del 15-M.
Pero la derecha es previsora y barrunta que puede empezar un lento movimiento social que pretenda recuperar derechos, aumentar salarios y devolver la calidad perdida de los servicios públicos. Por eso, justo cuando publicitan el fin de la crisis económica, promulgan una ley represora que intenta cortar las protestas de raíz, por vía gubernativa y sin apelación posible.

   Creíamos que no tenían en cuenta a los movimientos sociales pero han tomado exacta cuenta de sus acciones y han diseñado un traje a medida para terminar con sus movilizaciones. Vean algunas de ellas:
Contra el 15-M: ya no se podrá volver a acampar en Sol ni en Las Setas de Sevilla, ni en ningún espacio público.

   No se podrá acompañar a las víctimas de los desahucios porque supone obstaculizar la labor de funcionarios públicos.

   No se podrán celebrar manifestaciones en torno al Congreso de los Diputados, el Senado, ni el Parlamento de Andalucía. No importa que desde hace 30 años se esté haciendo a diario y sin conflictos. Vaya a manifestarse donde no estén sus representantes.

   No se podrán grabar las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni compartirlas en las redes sociales. Si hay violencia policial, debe quedar en la estricta intimidad.

   No podrá colgar pancartas ni banderas en edificios.

   No podrá instalar tenderetes para recoger firmas o repartir propaganda.

   Tenga cuidado de que sus expresiones no supongan una ofensa para España a juicio de la autoridad competente. Diga que recitaba a Cernuda, Machado o Gil de Biedma por si acaso.

   No haga reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público. Busque lugares recónditos de tránsito privado.

   No pierda el DNI ni dejen que se lo sustraigan tres veces en cinco años porque será multado. Llévelo siempre atado al cuello.

   No pronuncie injurias, calumnias ni acusaciones contra las autoridades o instituciones en las manifestaciones públicas. No vuelva a repetir aquello de “Fulanito… trabaja de peón”. Ahora debe decir “Mariano, creo que te estás equivocando”.

   El Gobierno creará un registro de infractores que tendrá unos indeterminados efectos administrativos. Quizá no le den licencia de apertura de su negocio, o le prohíban el acceso a cualquier servicio público.
El Gobierno se reserva el derecho a autorizar, disolver y reprimir un derecho fundamental. Para que los jueces no se entrometan han trasladado las decisiones a la vía gubernativa. Bastará la palabra de un funcionario, un policía o una autoridad para ser multado. Si aún así se empeña, las tasas judiciales le convencerán de que está mejor calladito.

   Con esta ley, hecha a la medida del Madrid más reaccionario, de las demandas de Aguirre y las frustraciones de Ana Botella, el Gobierno está tocando el nervio del sistema democrático. No se trata de un debate entre izquierda y derecha sino entre estado autoritario o democrático. Una vez más. Treinta y tantos años después. ¡Qué dolor!

@conchacaballer

ENHORABUENA, CENTRALISTAS

Este es el artículo publicado en El País Andalucía en vísperas del 28F

Me gustaría saber cómo se implantan en el cerebro los prejuicios; cuál es el proceso por el que se difunden datos falsos; cómo se orienta el malestar social hacia un objetivo concreto; de qué forma se consigue criminalizar personas, razas o instituciones.


Una vez que la planta del prejuicio ha enraizado en nuestro cerebro, resulta inmune a la lógica y a la verdad. En la primera escena de la película Malditos bastardos, el coronel nazi Hans Landa explica al campesino francés el ideario antisemita a través de la repugnancia que nos causan las ratas. Sin embargo, afirma: “Todo lo que se dice sobre ellas, se puede aplicar también a las ardillas y no nos causan aversión sino simpatía”. Ningún hecho, concluye, va a modificar estos sentimientos.

La comparación con el ideario nazi finaliza aquí. No deseo banalizar esa terrorífica ideología ni mucho menos comparar situaciones políticas. Solo intento explicar que, durante los últimos años, se ha intentado demonizar a las autonomías, asociarlas al fracaso y al despilfarro, desprestigiar sus logros y magnificar sus errores. Tengo que felicitar a los que se han empeñado en tan dura tarea porque ahora estas ideas entran en la ciudadanía como un cuchillo caliente en la mantequilla.

Discutir sobre las ideas es fácil: basta con argumentar de forma fundada, esgrimir datos y consideraciones. Sin embargo, es una tarea imposible combatir los prejuicios porque no adoptan formas concretas sino fantasmales y acaban por enraizar en nuestro inconsciente. Cuando lo hacemos, emerge el fastidio, la irritación, los datos dispersos y las anécdotas. Resulta imposible llegar a algún punto concreto porque más que una idea, los prejuicios provocan sentimientos negativos incontrolables.

¿Son las autonomías esas instituciones inútiles y derrochadoras que nos pintan? ¿Ha sido la autonomía andaluza un obstáculo para nuestro desarrollo? ¿Es mejor la vuelta a un Estado centralizado? Los datos son absolutamente abrumadores a favor de la autonomía. Nuestros servicios públicos básicos —salud y educación— en el anterior Estado centralizado presentaban una situación casi dramática. Nuestros hospitales y centros asistenciales eran escasos y estaban en todos los parámetros a años luz de la situación actual. Tampoco se mantiene la melancolía educativa respecto los tiempos pasados: el 80% de los jóvenes andaluces salían del sistema educativo antes de los 16 años y los centros existentes eran cuatro veces menos que en la actualidad. Para hacernos una idea cierta, en 1983 había 50.000 profesores no universitarios y en la actualidad, más de 120.000 De los servicios sociales, no merece la pena hablar porque ni siquiera existía tal concepto presupuestario ni político.

Las autonomías administran los bienes públicos más preciados: salud, educación y servicios sociales. El único servicio estatal equiparable en importancia son las pensiones. Sin embargo, no son responsables más que de un 20% del déficit del Estado. ¿Por qué entonces se les acusa con el dedo y se clama por la vuelta a la centralización? Les invito a que lo piensen un momento y a que averigüen si esta ofensiva neocentralista no está relacionada con el recorte de los servicios públicos, con su privatización o con el fin del Estado de bienestar.

La autonomía andaluza ha fracasado en el empleo, en el cambio del modelo productivo que demandan el viejo y el nuevo Estatuto. Eso si es realmente grave y necesita una corrección en profundidad, pero las críticas de sus detractores no se sitúan ahí. Todo lo contrario, se comprometen a volver al ladrillo y a la economía de servicios. Mientras triunfan las ideas del centralismo, se destierran las banderas blanquiverdes y se anuncian nuevas sucursales antiandaluzas, asistimos atónitos al espectáculo de cómo una comunidad que conquistó en las calles su autonomía, tiene que discutir con burócratas estatales si puede o no convocar sus propias plazas de profesorado o si tiene que cerrar las plantas solares que nos iban a dar la energía del futuro. Feliz 28-F, Andalucía.

La derecha libertaria

Artículo publicado en el País Andalucía

Pertenezco a una generación en la que entrar en política no solo no te ofrecía ningún tipo de prebendas, sino que te privaba de tus medios de vida más elementales. Perdías el trabajo, la beca de estudios y si pertenecías a una familia conservadora, te encontrabas de pronto en la calle, sin más amparo que tus amigos ni más consuelo que la generosidad de los extraños que te ofrecían gratis su refugio. Miles de jóvenes, con dieciséis o dieciocho años, emprendimos ese exilio familiar. Nos marchábamos de casa en busca de la libertad con unos cuantos discos y libros bajo el brazo, mientras nuestras madres se enjugaban las lágrimas al escuchar a Serrat cantar esa balada del desamparo: "Nena, ¿qué va a ser de ti?"
Y eso teniendo suerte. Mucha suerte. La de haber conocido solamente los coletazos del antiguo régimen porque tan solo unos cuantos años antes de esa masiva traslación de las conciencias, los jóvenes que se atrevían a enarbolar banderas de libertad, eran apaleados, torturados en las comisarías o condenados por el Tribunal de Orden Público por distribuir propaganda ilegal, en las que la palabra "libertad" destacaba con grandes letras. Mientras, José María Aznar participaba en un sindicato de inspiración falangista y Mariano Rajoy comenzaba su prolífica carrera de mirar hacia otro lado, ajeno a las ansias de libertad de su generación.
Hacíamos política con nuestro cuerpo, con nuestras vidas, con nuestros gustos musicales, con nuestra forma de vestir. Convertíamos cada gesto cotidiano en el campo de batalla de una sublevación contra la tiranía de la uniformidad y de la dictadura. Nos ahogábamos en un aire viciado de prohibiciones, de límites, de censuras y de imposiciones. Amábamos la libertad y odiábamos la injusticia, allá donde se produjera.
La derecha española era pura prohibición, excepto en el ámbito de lo privado, donde afirmaban la suprema libertad -del varón, claro está- de hacer lo que quisiera con su hacienda o con las vidas de las mujeres o de sus hijos. La violencia de género, el castigo a los hijos, el capricho de las decisiones domésticas, era el sagrado refugio de un reino individual en el que ningún poder político tenía derecho a regular.
Sin embargo, la derecha se ha vuelto bruscamente libertaria. Aznar lo proclamó, melena al viento: "Déjenme que conduzca como quiera o que beba lo que quiera". Lo ratifica Rajoy: "Menos prohibiciones, menos regulaciones, menos leyes". ¿De qué habla la derecha cuando se refiere a la libertad? ¿la de consumir sin freno los recursos naturales? ¿la de pagar con el dinero público la escuela religiosa? ¿la que garantiza a grandes empresas y bancos mover sus capitales sin regulación alguna? ¿la de reducir los impuestos a los poderosos? La derecha española no tiene inconvenientes en combinar su canto a la libertad con la sumisión a la jerarquía católica, la incomodidad ante los nuevos derechos de las mujeres, la oposición al matrimonio homosexual o la petición de más regulaciones contra los inmigrantes. No es gratuito que Rajoy exalte el 8 de marzo, como máxima libertad de las mujeres la de dedicarse en cuerpo y alma a su hogar. Voluntariamente, claro.
Su demanda de libertad no es tal sino una nueva forma de llamar al individualismo feroz que no acepta el derecho a la igualdad de los seres humanos, que no consentirá regulación ninguna de los mercados aunque nos lleven al borde del abismo y que no está dispuesto a cambiar los hábitos de consumo que ponen en peligro la existencia de nuestro planeta.
No es un fenómeno típicamente español. La derecha internacional se niega a regular los mercados, a aprobar protocolos medioambientales o a dar a las personas igual libertad que a las mercancías. "Fuera regulaciones, normativas y leyes" exclaman. No es un cántico a la libertad, sino al mercado y una granada lanzada contra el poder equilibrador de las democracias.

El chivo expiatorio

Publicado en el País Andalucía: 

¿Qué tienen que ver los inmigrantes, la igualdad de las mujeres, el matrimonio gay, la escuela pública y las autonomías?¿Será verdad –como afirmaba el poeta Baudelaire- que cada objeto tiene su correspondencia y que hay una analogía universal según la cual cada concepto está ligado en nuestro inconsciente a otras ideas por leyes de atracción?

En la actualidad, estos conceptos han optado al título de chivos expiatorios de la crisis económica: si no hubiera tantos inmigrantes; si se suprimieran las instituciones dedicadas a la igualdad de género; si no existieran otras formas familiares; si la escuela pública fuera selectiva; si las autonomías desaparecieran…

Detrás de cada uno de estas afirmaciones hay un cúmulo de mentiras, de prejuicios y de añoranzas del pasado. Pero, va a llevar razón Baudelaire, en España hay una analogía evidente entre un estado centralizado y paternal, la familia convencional, un modelo de mujer dedicada prioritamente a las tareas domésticas,  una escuela autoritaria y un país sin diversidad racial.

La derecha política acaba de confesar en público su añoranza de un estado centralizado, con sede en Madrid. Según ellos, el gasto autonómico es insostenible en términos económicos. Teniendo en cuenta que cerca del 80 por ciento del presupuesto de las autonomías se dedica a los servicios públicos de educación, salud y servicios sociales, ¿quieren decir que recortarían sustancialmente estos servicios o que un estado central administraría mejor estos servicios? Desde la transferencia a Andalucía de estos servicios, su mejora ha sido evidente y contrastable. En la salud pública se ha producido un rotundo cambio de calidad, de extensión del servicio y de cobertura pública. En cuanto a la escuela, ha acometido un proyecto de universalización de la escolarización que va desde los recién nacidos hasta los ciclos superiores, un camino lleno de incertidumbres, pero también de logros evidentes. Mucho más cuando el estado centralista anterior al autonómico, nos había dejado como herencia un reparto injustísimo de servicios públicos, con una ratio de hospitales, escuelas y servicios muy por debajo de la media española, por su tendencia a concentrar en el centro y en el norte todos los servicios e infraestructuras.

 El “costosísimo” estado de las autonomías es responsable únicamente del 2 por ciento del déficit público que en 2010 ha sido del 9 por ciento para el total de las administraciones públicas. Curiosamente, la comunidad autónoma de Andalucía –la más poblada - ha sido de las instituciones menos endeudadas del estado, un ranking que encabeza Valencia, Cataluña y el ayuntamiento de Madrid.

Tildan a las instituciones autonómicas de “chiringuitos” pero se niegan a suprimir organismos tan anacrónicos como las Diputaciones Provinciales. Durante la tramitación del Estatuto de Autonomía se opusieron al principio de administración única y pasan por alto las duplicidades del gobierno central que mantiene delegaciones y servicios sin sentido alguno. Esto desvela que su interés no es el ahorro del dinero público ni la racionalidad, sino la vuelta a un estado centralista.

Pero, no sola la derecha alimenta el fuego contra el estado autonómico. Algunos insignes socialistas se han apuntado a la fiesta y comparten la tesis de que las competencias autonómicas han llegado muy lejos. Bono dixit que la Constitución solo preveía autonomía plena para Cataluña, Galicia y el País Vasco y que el “café para todos” los territorios fue una estrategia destinada a evitar la sublevación de los militares. Olvida que fue Andalucía quien rompió ese diseño y proclamó su derecho a la autonomía plena y al desarrollo. A los centralistas recalcitrantes les ha salido un nuevo aliado: los defensores de un estado desigual que no quieren repartir el café con nadie, sino saborearlo a grandes sorbos en un selecto club.

Casino Party

Aquí puedes pinchar el artículo de esta semana que publico en El País Andalucía:

En el casino de algún pueblo perdido es posible que todavía le hayan reído la gracia. Los que las rapaban, digo. Habrán reído con alborozo ante un titular tan soez: "Griñán busca mujeres rapadas hace 70 años para darles 1.800 euros". Es una frase larga y compuesta, que pretende volcar toda una supuesta carga crítica de doble o triple lectura. ¿Qué es exactamente lo que se critica: el electoralismo del presidente, la escasa cuantía de la indemnización o el que se haga 70 años después? Desde luego no el hecho lamentable de la humillación y el castigo de estas mujeres. Al consejero de la Comunidad de Madrid, el tema le produce "vómito" y pide la retirada inmediata de la medida porque compra "la dignidad de las personas" y a María Dolores de Cospedal la medida le plantea serias dudas. ¡Vaya por Dios! Cree que el decreto discrimina ideológicamente a las mujeres y le asalta un repentino interés por las maltratadas, a las que habría que destinar estas cantidades, aunque en los días alternos se apunta a la tesis de las denuncias falsas y de la supresión de las políticas de igualdad. En el PP andaluz se hacen un lío y no se entiende si critican el gasto, les parece insuficiente o desean que sus cuantías vayan destinadas a las mujeres víctimas de la violencia de género a las que tanto quieren cuando llegan estos momentos.

El PP de los años noventa deseaba desembarazarse de la herencia del franquismo, pero en los últimos años parecen tener con este fantasma relaciones paranormales: una especie de conexión íntima y secreta que consiste, más que en expresar la identificación, en combatir cualquier forma de denuncia. Esta semana el fantasma del franquismo ha tenido varias apariciones estelares: una, en la rabia contenida por la medida andaluza de indemnizar a las mujeres humilladas por ese régimen y otra en el Senado, en una sesión en la que se opuso a que el plomizo y escalofriante Valle de los Caídos dejase de ser un lugar de enaltecimiento del franquismo y se convirtiese en un monumento a la memoria histórica donde se respeten los valores constitucionales. Claro que, a algunos miembros del PP como a Mayor Oreja, el fantasma del franquismo le susurra con frecuencia al oído y le recuerda la placidez de la vida bajo la dictadura en la que solo la gente de mal vivir tenía motivos para el descontento.

En la derecha norteamericana ha aparecido el fenómeno del Tea Party, una especie de plataformas políticas donde se integran los sectores más integristas del republicanismo y que proclaman sin rubor consignas políticas ultraconservadoras con un claro contenido racista y discriminatorio. En España, se ha empezado a organizar todo un movimiento similar compuesto por comentaristas agresivos e insultantes y medios de comunicación que hacen del espectáculo y de la falta de educación su verdadera carta de identidad. Componen, entre todos, una especie de gol sur, de hooligans, de casino de señoritos que cuentan con la complacida sonrisa de la derecha política.

Este Casino-party español es especialmente agresivo con los acontecimientos o con las noticias que tienen a las mujeres como centro de interés. Aunque la lista de sus fobias incluye también a homosexuales, inmigrantes, Gobierno y sindicalistas, a los que atacan con ese punto cañí y chulo de la España tardofranquista. Una especie de jimenezlosantismo invade el espacio de la comunicación y va, lentamente, inoculando sus virus a publicaciones que hasta hace poco no se hubieran atrevido con estos titulares.

Las pocas mujeres rapadas, vejadas, despreciadas en los años de plomo, que aún viven se han vuelto a topar con la ironía, el gesto despreciativo y la mirada altiva de los que las humillaron. Pero, precisamente, son estos gestos de desaprobación los que nos indican que medidas como esta son todavía necesarias y útiles.