¡Que recorten ellos!

Hoy publico en El País este artículo sobre lo "limpio" que le van a dejar el patio a la derecha:

Estas últimas semanas, las dos fuerzas políticas más importantes de este país han sufrido una particular caída del caballo y un frenético baile de san Vito. La tecla suprimir del ordenador central de estos dos partidos políticos ha sido la más empleada en los últimos días. A fin de cuentas, borrar la memoria cercana es de lo más fácil cuando la sociedad está desorientada, enfadada y a la fuga también de sus propias responsabilidades.
El PP ha reorganizado su página web para hacer desaparecer todas las propuestas y declaraciones de Rajoy en materia económica en las que abogaba por el recorte de los salarios de los funcionarios públicos. Además, ha desaparecido la propuesta, anunciada a bombo y platillo, de un nuevo contrato laboral "mucho más flexible", con indemnizaciones por despido entre diez y 30 días. Con este cínico borrón y cuenta nueva, se aprestan a denunciar los recortes sociales que ellos mismos predicaban hasta hace escasos días. Están encantados con la nueva etapa del Gobierno socialista porque les permite ejercer una oposición populista, al tiempo que los libra en el futuro de tener que soportar el coste político de medidas traumáticas. ¡Que recorten ellos! parece ser su grito de guerra.
El PSOE, por su parte, ha pulsado la tecla de suprimir en todas aquellas declaraciones en las que Zapatero, y cada uno de los miembros de su Gobierno -con excepción del ángel exterminador de Almunia, transmutado en experto economista gracias al aplauso continuado de la hinchada contraria- se comprometían a no recortar gasto social y a salvar esta crisis con el diálogo de los sindicatos. El espacio que antes ocupaban las declaraciones de carácter social lo habitan hoy largas explicaciones sobre los recortes aprobados por Sarkozy, Berlusconi, Cameron o Merkel, sin que a Leire Pajín se le mueva el flequillo por la similitud con los políticos europeos más conservadores.
Nunca la doblez política ha podido rendir tan buenos resultados, como indican las encuestas que disparan la intención de voto hacia el PP y clavan el dardo de la derrota en el PSOE. Algunos proclaman sin rubor: "Ahora, que hagan la reforma laboral y que se marchen". Eso. Y si es posible que promuevan la energía nuclear, rebajen las cotizaciones empresariales y terminen de sanear la banca con el dinero público.
Mientras el Gobierno escribe con letra torpe y una lágrima furtiva al dictado del FMI, la OCDE y del Banco Central Europeo, el sepulturero toma las medidas del ataúd con que se enterrarán todos los sueños. Con los ojos cansados, los dirigentes socialistas han optado por entrar en fase mística, dispuestos a hacerse el haraquiri por el bien de España, mientras que sus afiliados no comprenden este sacrificio ni este legado que instalará a la derecha en el Gobierno durante un largo periodo en el que, ni siquiera, podrán ejercer una oposición de carácter social ya que se encontrarán con el reproche acertado de que los recortes se hicieron bajo su mandato. "Tendremos la satisfacción de haber salvado a España", nos dicen, como mártires en el foso de los leones. ¿Y no sería mejor, en vez de alimentar a las fieras del mercado, ponerles coto, desvelarlos ante el público, reducirlos para que en el futuro no vuelvan a adueñarse de las vidas de la humanidad?
Es tal la debilidad política del Gobierno que ni siquiera ha sido capaz de compensar la acometida del recorte a los débiles con algunas medidas que indicaran su carácter diferencial. El impuesto a las rentas altas, propuesto por una parte importante de la ejecutiva de su partido, ha sido aplazado sine die; las medidas de control de los mercados financieros sólo son declaraciones de adorno sin contenido y lo que es peor, se confunde la austeridad (un concepto que debería regir la actuación pública de la izquierda, con crisis o sin ella), con el recorte de gasto que adelgaza los servicios públicos y los derechos sociales. "Camino despejado", piensa la derecha, mientras se frota las manos con alegría y prepara los próximos capítulos de esta película de desesperanza que se estrena en todas las carteleras de nuestro país.

Funcionarios

Hoy escribo en el País este artículo de opinión que podéis ver completo aquí

Desde que nuestro admirado Larra hiciese la crónica más amarga de la burocracia española en sus artículos de costumbres, se ha confundido la función pública con la detestable burocracia. La palabra "funcionario" evoca en nuestra mente una mesa de despacho, el papeleo interminable de gestiones agotadoras y el indescifrable lenguaje de una administración decimonónica.
Sin embargo, la inmensa mayoría de los funcionarios públicos no se dedican a las tareas burocráticas. El 45% pertenece a la rama de la docencia; casi el 40%, al sistema sanitario y sólo algo más del 12% se dedica a tareas administrativas.
Sin los funcionarios públicos, las escuelas, institutos, universidades, servicios sanitarios e incluso la investigación tendrían que clausurarse. Es más, si se aplica el plan expresado por la Ministra Salgado para que la tasa de reposición de los servicios públicos se reduzca a uno de cada diez funcionarios, en muy pocos años se produciría un deterioro estremecedor de la educación, la salud y los servicios sociales.

Al contrario de lo que se dice -sin datos y sin reflexión- el número de funcionarios de nuestro país es más bien bajo con respecto a la media Europea e inferior al de países con un estado del bienestar más consolidado como Francia, Noruega, Alemania o Reino Unido. Por lo que respecta a Andalucía, nuestro número de funcionarios públicos por habitante es muy inferior al de otras comunidades: pongamos por caso Madrid. De hecho, Andalucía, con dos millones de habitantes más que esta comunidad, dispone de un número similar de trabajadores en este sector.
Lo que sobran no son funcionarios sino burocracia. Lo que estorba no son empleados públicos sino duplicidad de organismos, mastodontes administrativos, normas de funcionamiento decimonónicas y enchufados a dedo en las empresas públicas y en los ayuntamientos. Porque es justo esto lo que desprestigia a toda una función pública que es, en general, de una gran profesionalidad. De hecho, los técnicos de la administración, el personal sanitario, investigador y docente es apreciado en toda Europa con la mayor consideración.
Viene todo esto a cuento de la reducción salarial para los funcionarios. El Gobierno no ha tenido más valentía e imaginación que ir al granero de los sueldos públicos para reducir el déficit. Había otras fuentes a las que acudir, pero hubiera necesitado mayor decisión e independencia de los poderes económicos. En vez de acometer la reforma financiera, la contribución de los más poderosos y una verdadera reforma de la administración pública, el Gobierno ha decidido que paguen el pato los funcionarios y los jubilados.
En esta reducción salarial hay un trasfondo de demagogia y de desprestigio de la función pública. Indirectamente, el mensaje que se envía a la población es que se trata de sectores privilegiados que, en medio de la crisis, han conservado su salario y su estatus. Sin embargo, los aumentos salariales de la función pública en tiempos de bonanza han estado siempre por debajo del resto de los sectores, han soportado congelaciones salariales y, en los últimos años, apenas han aumentado su nivel adquisitivo.
No me resisto a transcribir la cita final del discurso del presidente del Gobierno que debería figurar en un manual de lógica contradictoria: "Son los mismos que nada han tenido que ver con el origen, el desarrollo y las fases de la crisis. Son, por el contrario, los que han sufrido sus consecuencias. Y son, ahora, los que mayoritariamente deben contribuir a los esfuerzos necesarios para corregir los efectos de la crisis". Pues precisamente eso es lo que cabrea: que paguen los inocentes y que los culpables aplaudan al Gobierno mientras debaten su próxima prima de beneficios. O como diría Larra "palabras vacías de sentido con que trate el hombre de descargar en seres ideales la responsabilidad de sus desatinos".

NOTA ACLARATORIA:  Los datos sobre el porcentaje de funcionarios se refieren a la función pública andaluza. Como mi artículo se publicaba en la edición andaluza incluí los datos de nuestra comunidad que exactamente son docente (45,25% del total) y sanitaria (39,20). No pensé que iba a tener repercusión estatal y leerse en esa clave. Los datos estatales bajan esos porcentajes porque se incluyen fuerzas armadas, policías y servicios de la admon. central. En todo caso estas ramas (docencia y salud) son mayoritarias también a escala estatal aunque con porcentajes inferiores a los que detallo en mi artículo. He visto que en distintos foros hay debate sobre el número de funcionarios, su porcentaje y distribución porque depende de la institución incluye o no el conjunto del sector. En cualquier caso se puede consultar la página del Ministerio de Presidencia.