lunes, 31 de mayo de 2010
¡BASTA YA!
Os dejo el enlace a la página Periodismo Humano que está haciendo un seguimiento especial del ataque de Israel a la Flota Libertad.
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sábado, 29 de mayo de 2010
Suicidio asistido
El artículo de esta semana en El País Andalucía trata sobre Cajasur, ay qué dolor.
Si usted decide abrir cualquier negocio y acumula pérdidas supermillonarias se verá obligado a declararse en quiebra, vender su patrimonio e irse directamente a la ruina. Sin embargo, si usted no ha montado un negocio cualquiera sino que ha tenido la suerte de abrir una entidad financiera, por muy mal que la haya gestionado, sus pérdidas pasarán a ser inmediatamente las pérdidas de toda la sociedad española. Si además ha tenido la inteligencia de unir el nombre de su entidad bancaria a una ciudad y a una bandera, la operación de rescate se revestirá de la necesidad de salvar a ese territorio.
Finalmente, si el patrón de esta entidad no es un particular sino todo un cabildo catedralicio, las vicisitudes de esta banca se verán orladas con la comprensión de la divina providencia, la bula omnímoda de sus actuaciones y el apoyo político de un sector de la derecha española que todavía huele a sacristía.
Esta semana, seis sacerdotes consejeros de Cajasur, más cuatro impositores y un representante del sindicato afín a la Iglesia tomaron una decisión que suponía, según acertadamente tituló este periódico, el suicidio de esta caja pero trasladando los costes de su sepelio al bolsillo de todos los contribuyentes. En las horas siguientes, el Banco de España tuvo que inyectar precipitadamente 550 millones de euros a la entidad y no se descarta alcanzar una cantidad cercana a los 900 millones. Los jubilados a los que se va a congelar su pensión pueden tener la satisfacción de que con su sacrificio se van a amortizar los despilfarros y los dislates que esta caja ha cometido en los últimos diez años.
Afirman los obispos que las críticas a Cajasur han estado guiadas por intereses políticos y por una ideología anticlerical, pero les pido que juzguen ustedes mismos estas actuaciones: en los últimos diez años esta entidad no sólo ha promocionado -como muchas otras- el juego piramidal del ladrillo sino que la propia caja decidió convertirse en promotor inmobiliario con la constitución de varias sociedades que finalmente han sido ruinosas. Sus compañeros societarios han sido Rafael Sánchez Gómez, conocido como Sandokán, en el caso de Arenal Sur (Prienesur) y con José Romero en Prasur, uno de ellos imputado en la operación Malaya y el segundo en el caso Astapa. Estas sociedades han acumulado pérdidas cienmillonarias.
La obra social de la caja -a la que tanto se aferran para demostrar el carácter caritativo de su fundación- ha tenido como proyecto estrella la construcción del Centro Sociocultural Miguel Castillejo que ha hecho honor a la trayectoria dilapidadora de este personaje, consumiendo más de 26 millones de euros en su construcción, hoy tasado por debajo de los ocho millones.
Si en los últimos diez años la sociedad disparaba con pólvora de rey, la entidad cordobesa y el sacerdote Castillejo que la presidía, se desenvolvían en medio de un boato propio de los Medici sin su gusto estético. Como muestra un botón: para la conmemoración del aniversario del insigne Castillejo se organizó una comida para más de cinco mil comensales con cargo a la entidad.
Si famosos han sido sus gastos, más conocidas han sido las disputas políticas en las que han envuelto cada una de sus actuaciones. Cajasur ha sido siempre una novia a la fuga del sistema crediticio andaluz en busca de regazos menos exigentes ante su peculiar forma de actuación. Huyó de la tutela jurídica de la ley de cajas andaluzas para acogerse al regazo del gobierno central -entonces gestionado por José María Aznar-, volvió a Andalucía a través de un acuerdo por el que mantenían gran parte de sus privilegios. Finalmente la semana pasada, huyó de la fusión con Unicaja esta vez sin destino cierto, para caer en los brazos del Banco de España que quizá tendría que haberla intervenido muchos años atrás.
Todavía no comprendo por qué la Iglesia, cuyos intereses deberían ser puramente espirituales, tiene tantos intereses en la Tierra. Dicen que Jesús expulsó a los mercaderes del templo y no creo que lo hiciera para adueñarse de las franquicias.
Finalmente, si el patrón de esta entidad no es un particular sino todo un cabildo catedralicio, las vicisitudes de esta banca se verán orladas con la comprensión de la divina providencia, la bula omnímoda de sus actuaciones y el apoyo político de un sector de la derecha española que todavía huele a sacristía.
Esta semana, seis sacerdotes consejeros de Cajasur, más cuatro impositores y un representante del sindicato afín a la Iglesia tomaron una decisión que suponía, según acertadamente tituló este periódico, el suicidio de esta caja pero trasladando los costes de su sepelio al bolsillo de todos los contribuyentes. En las horas siguientes, el Banco de España tuvo que inyectar precipitadamente 550 millones de euros a la entidad y no se descarta alcanzar una cantidad cercana a los 900 millones. Los jubilados a los que se va a congelar su pensión pueden tener la satisfacción de que con su sacrificio se van a amortizar los despilfarros y los dislates que esta caja ha cometido en los últimos diez años.
Afirman los obispos que las críticas a Cajasur han estado guiadas por intereses políticos y por una ideología anticlerical, pero les pido que juzguen ustedes mismos estas actuaciones: en los últimos diez años esta entidad no sólo ha promocionado -como muchas otras- el juego piramidal del ladrillo sino que la propia caja decidió convertirse en promotor inmobiliario con la constitución de varias sociedades que finalmente han sido ruinosas. Sus compañeros societarios han sido Rafael Sánchez Gómez, conocido como Sandokán, en el caso de Arenal Sur (Prienesur) y con José Romero en Prasur, uno de ellos imputado en la operación Malaya y el segundo en el caso Astapa. Estas sociedades han acumulado pérdidas cienmillonarias.
La obra social de la caja -a la que tanto se aferran para demostrar el carácter caritativo de su fundación- ha tenido como proyecto estrella la construcción del Centro Sociocultural Miguel Castillejo que ha hecho honor a la trayectoria dilapidadora de este personaje, consumiendo más de 26 millones de euros en su construcción, hoy tasado por debajo de los ocho millones.
Si en los últimos diez años la sociedad disparaba con pólvora de rey, la entidad cordobesa y el sacerdote Castillejo que la presidía, se desenvolvían en medio de un boato propio de los Medici sin su gusto estético. Como muestra un botón: para la conmemoración del aniversario del insigne Castillejo se organizó una comida para más de cinco mil comensales con cargo a la entidad.
Si famosos han sido sus gastos, más conocidas han sido las disputas políticas en las que han envuelto cada una de sus actuaciones. Cajasur ha sido siempre una novia a la fuga del sistema crediticio andaluz en busca de regazos menos exigentes ante su peculiar forma de actuación. Huyó de la tutela jurídica de la ley de cajas andaluzas para acogerse al regazo del gobierno central -entonces gestionado por José María Aznar-, volvió a Andalucía a través de un acuerdo por el que mantenían gran parte de sus privilegios. Finalmente la semana pasada, huyó de la fusión con Unicaja esta vez sin destino cierto, para caer en los brazos del Banco de España que quizá tendría que haberla intervenido muchos años atrás.
Todavía no comprendo por qué la Iglesia, cuyos intereses deberían ser puramente espirituales, tiene tantos intereses en la Tierra. Dicen que Jesús expulsó a los mercaderes del templo y no creo que lo hiciera para adueñarse de las franquicias.
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martes, 25 de mayo de 2010
Two lovers
No sé si para los cinéfilos, la atmósfera es tan importante cómo para la literatura. Mi recuerdo de algunas películas está ligado a interiores perfectos, que no parecen decorados de cine sino viviendas reales donde han ocurrido cosas y donde te parece que hasta los cajones estén repletos de objetos. Recuerdo, por ejemplo, el despacho de trabajo de la película "Una mente maravillosa" o la vivienda de la protagonista de "Las horas" en plenos preparativos de la celebración. Con Two lovers me ha pasado algo parecido: el apartamento donde se desarrolla buena parte de la acción se sale de la pantalla y resulta absolutamente real con su pared de fotos familiares, el desordenado cuarto del protagonista y los patios interiores. Frente a un cine espectacular, Two Lovers es un proyecto intimista, de seres desprotegidos que buscan un poco de felicidad. Se desarrolla en Nueva York y no hay un solo plano heroico, orgulloso, vertical. . Una magnífica escena entre el protagonista y su madre al pie de la escalera nos habla de la modesta aspiración de felicidad de los personajes. Sin embargo un repentino giro de la historia final nos devuelve al centro de la realidad. Aún así los personajes no juzgan, no etiquetan, no condenan. Joaquin Phoenix parece vivir, desde siempre, entre esas calles y esas paredes. Es una sinfonía interpretativa y un enigma. ¿Cómo hay que afrontar la vida? -me pregunto al salir del cine.
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Robin Hood y el desconcierto.
Lo de robar a los ricos para dárselo a los pobres me parecía un cuento magnífico para compensarnos de esta realidad dónde los ricos no sólo roban los tesoros del presente sino que nos ordenan cómo organizar nuestras vidas para poder asaltarnos en el camino todos los días de nuestro futuro. Creía que la película revitalizaría el mito de Robin Hood y su lucha contra el malvado Juan Sin Tierra. Sin embargo he visto un Robin Hood perdido, envejecido, sin saber a ciencia cierta qué batalla atender, si la de oponerse al tirano o enfrentarse a los franceses. La historia de amor, el feminismo un tanto bélico de Marian no compensa de la pérdida de la historia principal. La película me ha parecido toda una metáfora de la izquierda actual: falta de guionistas, de objetivos, de alianzas. Tan perdida como Robin Hood ante la abrumadora fuerza de sus enemigos que ni siquiera formula la idea de romper la maldición de la tiranía. Dicen que la película viene a ser un relato previo de cómo se configuro el héroe de los bosques de Sherwood, pero se me antoja que cuando llegue la acción estará demasiado cansado y aislado.
La crisis no nos está trayendo más imaginación. Esperemos que la segunda parte de la película Wall Street nos compense de esta decepción y se atreva a reflejar los entresijos de los tiburones financieros.
La crisis no nos está trayendo más imaginación. Esperemos que la segunda parte de la película Wall Street nos compense de esta decepción y se atreva a reflejar los entresijos de los tiburones financieros.
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sábado, 22 de mayo de 2010
No tan católica
El País ha olvidado colgar en la edición digital de Andalucía mi artículo de esta semana. Aquí os lo incluyo completo:
Saber cuántas personas católicas hay en nuestro país es una tarea imposible. Y me refiero a "católicas" en el sentido de que sus creencias religiosas están vinculadas a la institución llamada Iglesia, concepto que no siempre coincide con la acepción de "cristiano" y que hace referencia a las personas que siguen al mensaje evangélico de Jesucristo.
Es imposible determinar el número de católicos por razones muy dispares. En primer lugar, porque la propia Constitución protege la intimidad de las creencias religiosas. En segundo lugar, porque algunas ceremonias están tan arraigadas en la vida civil que difícilmente podemos distinguir cuánto hay de religión o de acto social en celebraciones como bautizos, comuniones, entierros, festividades o en la romería del Rocío.
Los únicos datos objetivos y totales que nos pueden aproximar a las cifras reales de católicos en nuestro país son los de Hacienda, que nos informan del número de personas que seleccionan contribuir a la Iglesia católica y los de enseñanza, que nos indican el porcentaje de alumnos matriculados en las clases de religión en la enseñanza no universitaria.
En la enseñanza concertada la opción religiosa se sitúa en torno al 90%, mientras que en la pública alrededor de un 70% del alumnado elige esta opción. La experiencia directa nos dirá que conforme subimos en los tramos educativos, la opción de religión disminuye considerablemente y el 70% de católicos de la enseñanza inicial, se reduce a solo un 20% en el bachillerato. Una buena pregunta sería: ¿Qué ha sucedido en ese tramo para que el alumnado abandone la asignatura de Religión? ¿Han perdido sus creencias en el camino? ¿O cuando los jóvenes deciden por sí mismos no sienten tanta presión social ni miedo alguno al aislamiento? Todo un enigma. Si, además, pudiésemos analizar cuántos de estos estudiantes están conformes con la teoría católica sobre el aborto, el divorcio, la homosexualidad, la eutanasia, la igualdad de las mujeres o la libertad sexual, las respuestas dejarían en ínfima minoría a los seguidores convencidos de esta institución.
La marca de la casilla correspondiente a la Iglesia católica en la declaración de la renta -independientemente de que pensemos que se trata de un subterfugio para aparentar neutralidad religiosa por parte del Estado-, nos puede servir de indicador para conocer esta realidad. Según los datos facilitados por la Conferencia Episcopal, en el año 2009 sólo el 34% de los contribuyentes puso su equis a favor de la Iglesia católica. Teniendo en cuenta que el bolsillo es un buen termómetro social, el hecho de que la mayor parte de los contribuyentes rehuyan la cruz para la Iglesia nos hace ver que esta sociedad no es mayoritariamente católica. Imagino que entre los que eluden la equis de los obispos hay una gran diversidad de pensamientos que abarca desde no creyentes, practicantes de otras religiones, hasta cristianos que no están muy conformes con el anquilosamiento y la falta de sensibilidad social de la jerarquía eclesiástica.
Por todos estos motivos, y con el respeto más sincero a todas las personas que se declaran católicas, quizás sea el momento de romper el delicado lazo y dejar de mantener la ficción de una institución omnipresente, mantenida por el Estado de forma artificial a través de una generosa provisión de dinero público que convierte al Ministerio de Hacienda en su recaudador de impuestos y a la enseñanza en un púlpito privilegiado de su doctrina. Cada vez más cristianos lo comprenden para desesperación de la jerarquía católica. Dicen que cuando Teresa de Jesús llegó a Sevilla y se encontró con grandes dificultades para crear su orden, exclamó: "¡Con el calor que hace en estas tierras, bastante tiene el sevillano con no pecar!". Pues eso, con la que está cayendo, bastante tiene el ciudadano con su propia cruz.
Es imposible determinar el número de católicos por razones muy dispares. En primer lugar, porque la propia Constitución protege la intimidad de las creencias religiosas. En segundo lugar, porque algunas ceremonias están tan arraigadas en la vida civil que difícilmente podemos distinguir cuánto hay de religión o de acto social en celebraciones como bautizos, comuniones, entierros, festividades o en la romería del Rocío.
Los únicos datos objetivos y totales que nos pueden aproximar a las cifras reales de católicos en nuestro país son los de Hacienda, que nos informan del número de personas que seleccionan contribuir a la Iglesia católica y los de enseñanza, que nos indican el porcentaje de alumnos matriculados en las clases de religión en la enseñanza no universitaria.
En la enseñanza concertada la opción religiosa se sitúa en torno al 90%, mientras que en la pública alrededor de un 70% del alumnado elige esta opción. La experiencia directa nos dirá que conforme subimos en los tramos educativos, la opción de religión disminuye considerablemente y el 70% de católicos de la enseñanza inicial, se reduce a solo un 20% en el bachillerato. Una buena pregunta sería: ¿Qué ha sucedido en ese tramo para que el alumnado abandone la asignatura de Religión? ¿Han perdido sus creencias en el camino? ¿O cuando los jóvenes deciden por sí mismos no sienten tanta presión social ni miedo alguno al aislamiento? Todo un enigma. Si, además, pudiésemos analizar cuántos de estos estudiantes están conformes con la teoría católica sobre el aborto, el divorcio, la homosexualidad, la eutanasia, la igualdad de las mujeres o la libertad sexual, las respuestas dejarían en ínfima minoría a los seguidores convencidos de esta institución.
La marca de la casilla correspondiente a la Iglesia católica en la declaración de la renta -independientemente de que pensemos que se trata de un subterfugio para aparentar neutralidad religiosa por parte del Estado-, nos puede servir de indicador para conocer esta realidad. Según los datos facilitados por la Conferencia Episcopal, en el año 2009 sólo el 34% de los contribuyentes puso su equis a favor de la Iglesia católica. Teniendo en cuenta que el bolsillo es un buen termómetro social, el hecho de que la mayor parte de los contribuyentes rehuyan la cruz para la Iglesia nos hace ver que esta sociedad no es mayoritariamente católica. Imagino que entre los que eluden la equis de los obispos hay una gran diversidad de pensamientos que abarca desde no creyentes, practicantes de otras religiones, hasta cristianos que no están muy conformes con el anquilosamiento y la falta de sensibilidad social de la jerarquía eclesiástica.
Por todos estos motivos, y con el respeto más sincero a todas las personas que se declaran católicas, quizás sea el momento de romper el delicado lazo y dejar de mantener la ficción de una institución omnipresente, mantenida por el Estado de forma artificial a través de una generosa provisión de dinero público que convierte al Ministerio de Hacienda en su recaudador de impuestos y a la enseñanza en un púlpito privilegiado de su doctrina. Cada vez más cristianos lo comprenden para desesperación de la jerarquía católica. Dicen que cuando Teresa de Jesús llegó a Sevilla y se encontró con grandes dificultades para crear su orden, exclamó: "¡Con el calor que hace en estas tierras, bastante tiene el sevillano con no pecar!". Pues eso, con la que está cayendo, bastante tiene el ciudadano con su propia cruz.
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miércoles, 19 de mayo de 2010
Mañana con Luis García Montero
Esta mañana hemos tenido la suerte de contar en el IES Rodrigo Caro con la presencia de Luis García Montero quien ha tenido la generosidad de venir, gratis total, y de entregarse por completo a un público compuesto por estudiantes que empiezan a abrir sus ojos al mundo. Un sencillo acto, en los jardines del instituto, que se ha clausurado con un recitado de poemas del autor y el maravilloso acompañamiento musical de dos violinistas.
Luis ha hablado de cómo se forjo su interés por la poesía y la literatura, del compromiso, de los cambios sociales, del amor, de cómo nuestra historia particular es también historia común, universal. Los alumnos han hecho algunas preguntas importantes. Me quedo con una de ellas ¿se es más feliz siendo consciente de lo que ocurre a nuestro alrededor?
Ya os contaré la respuesta de Luis cuando tenga algo más de tiempo y esté menos cansada. De momento dejo aquí las fotos y un video del acto.
sábado, 15 de mayo de 2010
Funcionarios
Hoy escribo en el País este artículo de opinión que podéis ver completo aquí
Desde que nuestro admirado Larra hiciese la crónica más amarga de la burocracia española en sus artículos de costumbres, se ha confundido la función pública con la detestable burocracia. La palabra "funcionario" evoca en nuestra mente una mesa de despacho, el papeleo interminable de gestiones agotadoras y el indescifrable lenguaje de una administración decimonónica.
Sin embargo, la inmensa mayoría de los funcionarios públicos no se dedican a las tareas burocráticas. El 45% pertenece a la rama de la docencia; casi el 40%, al sistema sanitario y sólo algo más del 12% se dedica a tareas administrativas.
Sin los funcionarios públicos, las escuelas, institutos, universidades, servicios sanitarios e incluso la investigación tendrían que clausurarse. Es más, si se aplica el plan expresado por la Ministra Salgado para que la tasa de reposición de los servicios públicos se reduzca a uno de cada diez funcionarios, en muy pocos años se produciría un deterioro estremecedor de la educación, la salud y los servicios sociales.
Al contrario de lo que se dice -sin datos y sin reflexión- el número de funcionarios de nuestro país es más bien bajo con respecto a la media Europea e inferior al de países con un estado del bienestar más consolidado como Francia, Noruega, Alemania o Reino Unido. Por lo que respecta a Andalucía, nuestro número de funcionarios públicos por habitante es muy inferior al de otras comunidades: pongamos por caso Madrid. De hecho, Andalucía, con dos millones de habitantes más que esta comunidad, dispone de un número similar de trabajadores en este sector.
Lo que sobran no son funcionarios sino burocracia. Lo que estorba no son empleados públicos sino duplicidad de organismos, mastodontes administrativos, normas de funcionamiento decimonónicas y enchufados a dedo en las empresas públicas y en los ayuntamientos. Porque es justo esto lo que desprestigia a toda una función pública que es, en general, de una gran profesionalidad. De hecho, los técnicos de la administración, el personal sanitario, investigador y docente es apreciado en toda Europa con la mayor consideración.
Viene todo esto a cuento de la reducción salarial para los funcionarios. El Gobierno no ha tenido más valentía e imaginación que ir al granero de los sueldos públicos para reducir el déficit. Había otras fuentes a las que acudir, pero hubiera necesitado mayor decisión e independencia de los poderes económicos. En vez de acometer la reforma financiera, la contribución de los más poderosos y una verdadera reforma de la administración pública, el Gobierno ha decidido que paguen el pato los funcionarios y los jubilados.
En esta reducción salarial hay un trasfondo de demagogia y de desprestigio de la función pública. Indirectamente, el mensaje que se envía a la población es que se trata de sectores privilegiados que, en medio de la crisis, han conservado su salario y su estatus. Sin embargo, los aumentos salariales de la función pública en tiempos de bonanza han estado siempre por debajo del resto de los sectores, han soportado congelaciones salariales y, en los últimos años, apenas han aumentado su nivel adquisitivo.
No me resisto a transcribir la cita final del discurso del presidente del Gobierno que debería figurar en un manual de lógica contradictoria: "Son los mismos que nada han tenido que ver con el origen, el desarrollo y las fases de la crisis. Son, por el contrario, los que han sufrido sus consecuencias. Y son, ahora, los que mayoritariamente deben contribuir a los esfuerzos necesarios para corregir los efectos de la crisis". Pues precisamente eso es lo que cabrea: que paguen los inocentes y que los culpables aplaudan al Gobierno mientras debaten su próxima prima de beneficios. O como diría Larra "palabras vacías de sentido con que trate el hombre de descargar en seres ideales la responsabilidad de sus desatinos".
NOTA ACLARATORIA: Los datos sobre el porcentaje de funcionarios se refieren a la función pública andaluza. Como mi artículo se publicaba en la edición andaluza incluí los datos de nuestra comunidad que exactamente son docente (45,25% del total) y sanitaria (39,20). No pensé que iba a tener repercusión estatal y leerse en esa clave. Los datos estatales bajan esos porcentajes porque se incluyen fuerzas armadas, policías y servicios de la admon. central. En todo caso estas ramas (docencia y salud) son mayoritarias también a escala estatal aunque con porcentajes inferiores a los que detallo en mi artículo. He visto que en distintos foros hay debate sobre el número de funcionarios, su porcentaje y distribución porque depende de la institución incluye o no el conjunto del sector. En cualquier caso se puede consultar la página del Ministerio de Presidencia.
Desde que nuestro admirado Larra hiciese la crónica más amarga de la burocracia española en sus artículos de costumbres, se ha confundido la función pública con la detestable burocracia. La palabra "funcionario" evoca en nuestra mente una mesa de despacho, el papeleo interminable de gestiones agotadoras y el indescifrable lenguaje de una administración decimonónica.
Sin embargo, la inmensa mayoría de los funcionarios públicos no se dedican a las tareas burocráticas. El 45% pertenece a la rama de la docencia; casi el 40%, al sistema sanitario y sólo algo más del 12% se dedica a tareas administrativas.
Sin los funcionarios públicos, las escuelas, institutos, universidades, servicios sanitarios e incluso la investigación tendrían que clausurarse. Es más, si se aplica el plan expresado por la Ministra Salgado para que la tasa de reposición de los servicios públicos se reduzca a uno de cada diez funcionarios, en muy pocos años se produciría un deterioro estremecedor de la educación, la salud y los servicios sociales.
Al contrario de lo que se dice -sin datos y sin reflexión- el número de funcionarios de nuestro país es más bien bajo con respecto a la media Europea e inferior al de países con un estado del bienestar más consolidado como Francia, Noruega, Alemania o Reino Unido. Por lo que respecta a Andalucía, nuestro número de funcionarios públicos por habitante es muy inferior al de otras comunidades: pongamos por caso Madrid. De hecho, Andalucía, con dos millones de habitantes más que esta comunidad, dispone de un número similar de trabajadores en este sector.
Lo que sobran no son funcionarios sino burocracia. Lo que estorba no son empleados públicos sino duplicidad de organismos, mastodontes administrativos, normas de funcionamiento decimonónicas y enchufados a dedo en las empresas públicas y en los ayuntamientos. Porque es justo esto lo que desprestigia a toda una función pública que es, en general, de una gran profesionalidad. De hecho, los técnicos de la administración, el personal sanitario, investigador y docente es apreciado en toda Europa con la mayor consideración.
Viene todo esto a cuento de la reducción salarial para los funcionarios. El Gobierno no ha tenido más valentía e imaginación que ir al granero de los sueldos públicos para reducir el déficit. Había otras fuentes a las que acudir, pero hubiera necesitado mayor decisión e independencia de los poderes económicos. En vez de acometer la reforma financiera, la contribución de los más poderosos y una verdadera reforma de la administración pública, el Gobierno ha decidido que paguen el pato los funcionarios y los jubilados.
En esta reducción salarial hay un trasfondo de demagogia y de desprestigio de la función pública. Indirectamente, el mensaje que se envía a la población es que se trata de sectores privilegiados que, en medio de la crisis, han conservado su salario y su estatus. Sin embargo, los aumentos salariales de la función pública en tiempos de bonanza han estado siempre por debajo del resto de los sectores, han soportado congelaciones salariales y, en los últimos años, apenas han aumentado su nivel adquisitivo.
No me resisto a transcribir la cita final del discurso del presidente del Gobierno que debería figurar en un manual de lógica contradictoria: "Son los mismos que nada han tenido que ver con el origen, el desarrollo y las fases de la crisis. Son, por el contrario, los que han sufrido sus consecuencias. Y son, ahora, los que mayoritariamente deben contribuir a los esfuerzos necesarios para corregir los efectos de la crisis". Pues precisamente eso es lo que cabrea: que paguen los inocentes y que los culpables aplaudan al Gobierno mientras debaten su próxima prima de beneficios. O como diría Larra "palabras vacías de sentido con que trate el hombre de descargar en seres ideales la responsabilidad de sus desatinos".
NOTA ACLARATORIA: Los datos sobre el porcentaje de funcionarios se refieren a la función pública andaluza. Como mi artículo se publicaba en la edición andaluza incluí los datos de nuestra comunidad que exactamente son docente (45,25% del total) y sanitaria (39,20). No pensé que iba a tener repercusión estatal y leerse en esa clave. Los datos estatales bajan esos porcentajes porque se incluyen fuerzas armadas, policías y servicios de la admon. central. En todo caso estas ramas (docencia y salud) son mayoritarias también a escala estatal aunque con porcentajes inferiores a los que detallo en mi artículo. He visto que en distintos foros hay debate sobre el número de funcionarios, su porcentaje y distribución porque depende de la institución incluye o no el conjunto del sector. En cualquier caso se puede consultar la página del Ministerio de Presidencia.
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¡QUÉ VERGUENZA!
martes, 11 de mayo de 2010
Semen de atún
Este es el artículo de esta semana en El País:
En mi mente la caída del Imperio Romano está asociada, no al derrumbe de una civilización, ni a la entrada de los bárbaros en Roma, sino a la celebración de suntuosos banquetes en los que se degustaban toda clase de animales exóticos y de manjares traídos de los confines de la tierra. Seguramente algún profesor moralista sembró en mi mente la idea de que estos excesos sin sentido, esos placeres rebuscados habían socavado las bases de la república y conseguido que unos pueblos, mucho más primitivos y atrasados, desmoronaran el antiguo imperio con escaso esfuerzo.
Esta semana, cincuenta insignes cocineros, abanderados por Arzak y Adriá, han promocionado en Barbate el consumo del atún y, entre otras recetas, degustaron un plato bajo el terrorífico nombre de Piruleta de Huevas de Leche que utiliza el semen del atún como ingrediente. Sé que la moda es ensalzar a estos magos de la cocina pero la noticia me produjo un malestar casi físico que se entremezcló en el menú informativo del día con el ataque especulativo de los mercados financieros.
El atún rojo es una especie en peligro de extinción por la voracidad con la que algunos países –especialmente Japón- han consumido su carne y por el expolio que las grandes flotas internacionales. La almadraba de Zahara tiene limitadas sus capturas a unas seiscientas toneladas anuales, por tanto promocionar su consumo carece de sentido porque, simplemente, hay más demanda que producto. No obstante durante unos días Barbate ha vivido –tal como relata el periodista Pedro Espinosa- un espejismo de alegría y fiesta con la visita de esos cocineros ilustres que, ajenos a lo que ocurre alrededor, estaban emocionados con la “levantá” y con el calor del recibimiento que se les tributaba.
La almadraba de Zahara -que existe desde época romana- no muere por las exigencias de la Unión Europea ni por una conspiración del ecologismo internacional, sino por una sobreexplotación consentida de flotas pesqueras internacionales, ajenas al tipismo y a la artesanía de los pescadores locales, que en los últimos diez años han hecho desaparecer casi el noventa por ciento de esta especie en el mundo. Por eso Barbate me parece en estos momentos - más allá de sus sueños y de sus buenas intenciones de mantener las tradiciones- una metáfora perfecta de de Andalucía e incluso de un mundo enloquecido que acaba con sus recursos naturales mientras los mercados hunden países bajo la batuta de un director de orquesta loco. Es el pueblo con mayor porcentaje de paro de España –un cuarenta por ciento- al que durante decenios se le prometieron planes especiales de modernización y de cambio, de promoción de sus productos, de apoyo a sus artesanales empresas conserveras hoy casi desaparecidas. Las paredes de sus instituciones deben estar tapizadas con solemnes acuerdos en los que se promete una diversificación productiva que no los haga dependientes de sectores en decadencia y que prepare a sus jóvenes para nuevas actividades. Sin embargo nada de esto se ha cumplido. Sus ojos siguen mirando al mar, reclamando sus siglos de gloria, ajenos a un mundo que ha robado sus peces y la vieja artesanía con que los capturaban.
Barbate es hoy uno de los pueblos andaluces con mayores problemas de exclusión social, de pobreza y de falta de confianza en el futuro. Por todo eso las dichosas piruletas con semen de atún me han producido una repugnancia superior al puro desagrado físico. La imagen de ese plato hace pensar en una cocina que, lejos de innovarse sobre las raíces, inventa extravagancias para disfrute de públicos selectos; convertida en signo de distinción de clases ociosas que pagan por saborear platos excéntricos, mientras fuera el mundo se desmorona y los mares se transforman en una sopa de medusas. Y es que hasta la cocina debería tener sentido común y ética.
En mi mente la caída del Imperio Romano está asociada, no al derrumbe de una civilización, ni a la entrada de los bárbaros en Roma, sino a la celebración de suntuosos banquetes en los que se degustaban toda clase de animales exóticos y de manjares traídos de los confines de la tierra. Seguramente algún profesor moralista sembró en mi mente la idea de que estos excesos sin sentido, esos placeres rebuscados habían socavado las bases de la república y conseguido que unos pueblos, mucho más primitivos y atrasados, desmoronaran el antiguo imperio con escaso esfuerzo.
Esta semana, cincuenta insignes cocineros, abanderados por Arzak y Adriá, han promocionado en Barbate el consumo del atún y, entre otras recetas, degustaron un plato bajo el terrorífico nombre de Piruleta de Huevas de Leche que utiliza el semen del atún como ingrediente. Sé que la moda es ensalzar a estos magos de la cocina pero la noticia me produjo un malestar casi físico que se entremezcló en el menú informativo del día con el ataque especulativo de los mercados financieros.
El atún rojo es una especie en peligro de extinción por la voracidad con la que algunos países –especialmente Japón- han consumido su carne y por el expolio que las grandes flotas internacionales. La almadraba de Zahara tiene limitadas sus capturas a unas seiscientas toneladas anuales, por tanto promocionar su consumo carece de sentido porque, simplemente, hay más demanda que producto. No obstante durante unos días Barbate ha vivido –tal como relata el periodista Pedro Espinosa- un espejismo de alegría y fiesta con la visita de esos cocineros ilustres que, ajenos a lo que ocurre alrededor, estaban emocionados con la “levantá” y con el calor del recibimiento que se les tributaba.
La almadraba de Zahara -que existe desde época romana- no muere por las exigencias de la Unión Europea ni por una conspiración del ecologismo internacional, sino por una sobreexplotación consentida de flotas pesqueras internacionales, ajenas al tipismo y a la artesanía de los pescadores locales, que en los últimos diez años han hecho desaparecer casi el noventa por ciento de esta especie en el mundo. Por eso Barbate me parece en estos momentos - más allá de sus sueños y de sus buenas intenciones de mantener las tradiciones- una metáfora perfecta de de Andalucía e incluso de un mundo enloquecido que acaba con sus recursos naturales mientras los mercados hunden países bajo la batuta de un director de orquesta loco. Es el pueblo con mayor porcentaje de paro de España –un cuarenta por ciento- al que durante decenios se le prometieron planes especiales de modernización y de cambio, de promoción de sus productos, de apoyo a sus artesanales empresas conserveras hoy casi desaparecidas. Las paredes de sus instituciones deben estar tapizadas con solemnes acuerdos en los que se promete una diversificación productiva que no los haga dependientes de sectores en decadencia y que prepare a sus jóvenes para nuevas actividades. Sin embargo nada de esto se ha cumplido. Sus ojos siguen mirando al mar, reclamando sus siglos de gloria, ajenos a un mundo que ha robado sus peces y la vieja artesanía con que los capturaban.
Barbate es hoy uno de los pueblos andaluces con mayores problemas de exclusión social, de pobreza y de falta de confianza en el futuro. Por todo eso las dichosas piruletas con semen de atún me han producido una repugnancia superior al puro desagrado físico. La imagen de ese plato hace pensar en una cocina que, lejos de innovarse sobre las raíces, inventa extravagancias para disfrute de públicos selectos; convertida en signo de distinción de clases ociosas que pagan por saborear platos excéntricos, mientras fuera el mundo se desmorona y los mares se transforman en una sopa de medusas. Y es que hasta la cocina debería tener sentido común y ética.
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martes, 4 de mayo de 2010
Comando F ¿dígame?
Este es el artículo de esta semana en El País
Casi el sesenta por ciento de las mujeres que se quedan embarazadas, son despedidas en el sector privado, en los meses siguientes de hacer pública su situación. El salario de las mujeres es –en términos generales- un treinta por ciento inferior a sus congéneres masculinos. Prácticamente ninguna mujer se libra en sus entrevistas laborales de preguntas personales referidas a su estado civil o sus planes personales. Los puestos directivos de las empresas y –no digamos ya de sus consejos de administración- se escriben en masculino, incluidas las estructuras de dirección de medios de comunicación a los que se les llena la boca con la palabra igualdad.
La discriminación directa es rotundamente ilegal pero esto no ha acabado con el viejo vicio de la desigualdad sino que ha desplazado su práctica a normas no escritas, a costumbres, a falta de promoción, a invisibilidad de las mujeres en el mundo laboral. Una gran parte de las mujeres profesionales que conozco deberían estar –si sólo el mérito y la capacidad contara- en el lugar de sus jefes pero se han topado, a mitad de su recorrido, con un obstáculo invisible, que las ha detenido. Lo llaman techo de cristal, pero no cubre sino que encubre y no es de cristal sino de la materia oscura del viejo machismo.
Si algo tuvo de novedoso la ley de igualdad fue establecer que la discriminación no consiste solo en leyes o disposiciones que tratan de forma diferente a hombres y mujeres, sino también en prácticas aparentemente neutras, no escritas, en los procesos de selección, de promoción y de retribución que finalmente perjudican al género femenino. La ley, además, establecía unidades de igualdad en las administraciones públicas y la obligación para las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores de disponer de planes de igualdad efectivos.
Con bastante retraso, se ha anunciado la puesta en marcha de algunas de estas medidas y la reacción ha sido inmediata. El lenguaje con el que algunos medios han recogido la noticia es muy significativo. “Aido quiere imponer comisarios políticos a las empresas privadas para vigilar la paridad. Este campo está controlado por grupos feministas radicales”. No sé a ustedes, pero a mí esta mezcla de lenguaje guerracivilista y de información antiterrorista me pondría los vellos de punta si antes no me hubiera dado un ataque de risa por el imaginario delirante de la derecha. Un cuerpo de aguerridas comisarias feministas, formadas en escuelas de élite, que han jurado eterno odio al género masculino, responderían de forma inmediata a las llamadas de emergencia para acudir a cualquier lugar donde se produjera un caso de discriminación.
Confieso que la imagen es un tanto tentadora y que tendrían un trabajo ingente que realizar porque cada minuto alguna mujer es despedida, postergada o no admitida en el mercado laboral por la mano oculta de la discriminación indirecta. Sin embargo no creo en los comandos especiales sino en un Estado que debería asumir como parte esencial de su trabajo la abolición de cualquier discriminación. Por eso lejos de reprochar a la administración el prestarle excesiva atención a la igualdad, mi queja es la contraria: por qué ésta no forma parte de su actuación habitual. ¿Cuál es la razón para que la inspección laboral no tenga protocolos concretos para el seguimiento de la discriminación laboral? ¿Por qué no hay actuaciones abiertas para impedir que las mujeres ganen un treinta por ciento menos? ¿Cómo es que no se revisan las ofertas y métodos de selección de empleo para evitar los sangrantes casos de discriminación? ¿Por qué apenas se persiguen los despidos de mujeres embarazadas? No son cuerpos de élite ni aguerridas comisarias lo que necesitamos sino una administración que persiga la desigualdad como una vulneración grave de los derechos laborales y sociales. Hasta ahora, un delito con víctimas pero sin culpables.
Casi el sesenta por ciento de las mujeres que se quedan embarazadas, son despedidas en el sector privado, en los meses siguientes de hacer pública su situación. El salario de las mujeres es –en términos generales- un treinta por ciento inferior a sus congéneres masculinos. Prácticamente ninguna mujer se libra en sus entrevistas laborales de preguntas personales referidas a su estado civil o sus planes personales. Los puestos directivos de las empresas y –no digamos ya de sus consejos de administración- se escriben en masculino, incluidas las estructuras de dirección de medios de comunicación a los que se les llena la boca con la palabra igualdad.
La discriminación directa es rotundamente ilegal pero esto no ha acabado con el viejo vicio de la desigualdad sino que ha desplazado su práctica a normas no escritas, a costumbres, a falta de promoción, a invisibilidad de las mujeres en el mundo laboral. Una gran parte de las mujeres profesionales que conozco deberían estar –si sólo el mérito y la capacidad contara- en el lugar de sus jefes pero se han topado, a mitad de su recorrido, con un obstáculo invisible, que las ha detenido. Lo llaman techo de cristal, pero no cubre sino que encubre y no es de cristal sino de la materia oscura del viejo machismo.
Si algo tuvo de novedoso la ley de igualdad fue establecer que la discriminación no consiste solo en leyes o disposiciones que tratan de forma diferente a hombres y mujeres, sino también en prácticas aparentemente neutras, no escritas, en los procesos de selección, de promoción y de retribución que finalmente perjudican al género femenino. La ley, además, establecía unidades de igualdad en las administraciones públicas y la obligación para las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores de disponer de planes de igualdad efectivos.
Con bastante retraso, se ha anunciado la puesta en marcha de algunas de estas medidas y la reacción ha sido inmediata. El lenguaje con el que algunos medios han recogido la noticia es muy significativo. “Aido quiere imponer comisarios políticos a las empresas privadas para vigilar la paridad. Este campo está controlado por grupos feministas radicales”. No sé a ustedes, pero a mí esta mezcla de lenguaje guerracivilista y de información antiterrorista me pondría los vellos de punta si antes no me hubiera dado un ataque de risa por el imaginario delirante de la derecha. Un cuerpo de aguerridas comisarias feministas, formadas en escuelas de élite, que han jurado eterno odio al género masculino, responderían de forma inmediata a las llamadas de emergencia para acudir a cualquier lugar donde se produjera un caso de discriminación.
Confieso que la imagen es un tanto tentadora y que tendrían un trabajo ingente que realizar porque cada minuto alguna mujer es despedida, postergada o no admitida en el mercado laboral por la mano oculta de la discriminación indirecta. Sin embargo no creo en los comandos especiales sino en un Estado que debería asumir como parte esencial de su trabajo la abolición de cualquier discriminación. Por eso lejos de reprochar a la administración el prestarle excesiva atención a la igualdad, mi queja es la contraria: por qué ésta no forma parte de su actuación habitual. ¿Cuál es la razón para que la inspección laboral no tenga protocolos concretos para el seguimiento de la discriminación laboral? ¿Por qué no hay actuaciones abiertas para impedir que las mujeres ganen un treinta por ciento menos? ¿Cómo es que no se revisan las ofertas y métodos de selección de empleo para evitar los sangrantes casos de discriminación? ¿Por qué apenas se persiguen los despidos de mujeres embarazadas? No son cuerpos de élite ni aguerridas comisarias lo que necesitamos sino una administración que persiga la desigualdad como una vulneración grave de los derechos laborales y sociales. Hasta ahora, un delito con víctimas pero sin culpables.
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