A Cataluña, desde Andalucía

Artículo publicado en El País
Lo sé. Hablar a favor de Cataluña está mal visto. En esa corriente profunda que nos arrastra se ha fraguado la idea de que las autonomías, y especialmente la de Cataluña, son un dispendio, un error o una amenaza. En el fango donde se depositan los viejos prejuicios crecen incluso nuevas formaciones políticas que visten de rosa el viejo sueño centralista. Incluso la mayoría que no comparte esta visión se limita a murmurar un tímido "no es eso, no es eso", a la manera en que Galileo acallaba su honradez científica ante el Tribunal de la Inquisición.
No hay nada más útil a la manipulación política que encontrar un enemigo, un territorio o un colectivo donde depositar nuestras responsabilidades y nuestros fracasos. El anticatalanismo se disfraza en Madrid de temor por la unidad de España y en Andalucía, de agravio comparativo.

Más de 100 artículos de los estatutos catalán y andaluz son prácticamente iguales. Nadie, sin embargo, ha dado explicaciones de la hipocresía que les permitió recurrir el Estatuto de Cataluña y votar idéntico texto en el caso de Andalucía. El PP recurrió al Tribunal Constitucional 126 disposiciones, de las cuales había votado afirmativamente 42 en el Estatuto andaluz. Por su parte, el Defensor del Pueblo estatal -tan ausente de los problemas sociales- presentó recurso, entre otros, al capítulo de derechos, con la esperpéntica interpretación de que "incluir un extenso listado de derechos y deberes" tenía la torva intención de "convertirlo en una Constitución bis". Durante la tramitación del Estatuto andaluz lo vimos por los pasillos del Congreso, huyendo a toda prisa de las periodistas andaluzas que le preguntaban si iba a recurrir también el capítulo de derechos sociales del Estatuto de Andalucía, que es más amplio que el catalán -tanto en su extensión como en su aplicación y garantías- y, por tanto, más inconstitucional.

Y es que lo que parece lógico, legítimo para otras comunidades resulta peligroso y escandaloso cuando se trata de Cataluña. Sin duda contribuyen a ello algunos nacionalismos integristas, ajenos a la solidaridad e instalados en el victimismo, pero en ningún caso todo un pueblo. No me hubiera alarmado que el Tribunal Constitucional estuviera sopesando la constitucionalidad o aplicabilidad de alguno de los artículos financieros del Estatuto catalán pero, al parecer, su debate versa sobre la identidad, símbolos y lengua.

¿A quién ofende el sentimiento de un pueblo? ¿Qué nos resta a los andaluces, y en general a los españoles, la definición de Cataluña como una nación? Peor todavía, ¿a quién ofende esa lengua hermosa, antigua y literaria, conservada y alimentada con primor durante siglos? Yo he visto llorar a una compañera en la Laboral de Zaragoza porque no la dejaban hablar catalán con su familia. Ahora lo llaman diglosia, antes persecución en estado puro. La enseñanza del inglés y de la lengua extranjera es obligatoria y a nadie se le ocurre hacer objeción de conciencia, pero se discute el aprendizaje del catalán como si se tratara de una lengua inventada por la Generalitat y no tuviera tantos siglos como el castellano, y una trayectoria literaria anterior y emocionante.

Las disposiciones sociales de la Constitución -el derecho a la vivienda, al trabajo, a la distribución equitativa de la renta...- se han convertido en papel mojado al considerarse derechos no exigibles. En este caso no se alertó de la peligrosa disolución del Estado social. Ahora, sin embargo, se agita el fantasma de la unidad de España, construida al parecer de una materia altamente soluble.

Alguien dijo que el Estatuto catalán era más que un estatuto. Y puede ser cierto. Será la medida de la flexibilidad de una Constitución, difícilmente consensuada y en cuya clave de bóveda las palabras democracia, libertad y autonomía se escribían juntas.

Deuda de la historia

Hoy publico este artículo en el Correo de Andalucía:

La deuda histórica no es, como se suele afirmar, un dinero que se adeuda a Andalucía por la mala valoración de las transferencias que se hicieron, al comienzo de la autonomía. Esto ocurrió con todas las comunidades y no es distintivo de Andalucía. La deuda histórica hace referencia a que, en el momento en que se transfirieron estos servicios, su calidad y su extensión eran menores en la Comunidad Autónoma Andaluza que en el resto del Estado. Tiene que ver con un desarrollo desigual de España, especialmente durante la dictadura, por el cual, la riqueza y los servicios se habían repartido de forma desequilibrada, de manera que se habían concentrado en el norte las inversiones, la industria y los servicios. Así Andalucía, al comienzo de su autonomía, tenía en torno a un 30 por ciento menos de camas hospitalarias, de personal sanitario, de centros de enseñanza y profesorado mientras tenía los peores niveles de renta, el porcentaje más alto de paro y la más débil industrialización.
Esto determinó que Andalucía tuviera que hacer un esfuerzo extraordinario, no para mantener los servicios existentes, sino para llegar a niveles similares de calidad y de extensión que otras comunidades. Esa diferencia es lo que se llama Deuda Histórica.
No se trata, por tanto, de un capricho, de una reivindicación vacía de contenido. Tiene que ver con nuestra historia, con una comunidad cuyos trabajadores contribuyeron al desarrollo de toda España y buena parte de Europa sin recibir ninguna compensación.
Aquellos que se empeñan en minimizarla, que la presentan como una antigualla carente de sentido, están dando carpetazo a la historia de nuestra tierra y al carácter fuertemente reivindicativo y nivelador de la autonomía andaluza.
El hecho de que sea todavía necesario explicar este derecho de Andalucía ante el resto de las comunidades, a los sucesivos ministros de los diferentes gobiernos, e incluso a buena parte de los políticos andaluces, nos habla del bajo nivel de estima política de Andalucía y de la falta de determinación de sus gobernantes para exigir al poder central lo que nos corresponde. Este derecho de Andalucía nunca ha sido reclamado con sinceridad, sino como ariete político del gobierno o de la oposición. Así, el PSOE la negó cuando sus homólogos gobernaban el Estado y la reclamó en el momento del gobierno de Aznar. El PP, por su parte, hizo lo mismo pero a la inversa en idénticos momentos políticos.
Pues bien, veintisiete años después del primer texto estatutario, y gracias a una –en mi opinión- débil cláusula del nuevo Estatuto, ha llegado el momento de pagar esa deuda y hacer honor a nuestra historia y nuestras necesidades. Todavía hoy, los niveles de servicios públicos de la Comunidad andaluza, aunque han mejorado sensiblemente, son inferiores a la media del Estado, de forma que tenemos menos camas hospitalarias por habitantes, menos médicos, menos escolarización y mayor número de alumnos por aula que la media española. El dinero de la deuda histórica debería acabar con este diferencial. Pero no es solamente una cuestión de carácter económico, sino también simbólico y político. Acordar, tras tan larga espera, una cantidad ridícula, insignificante, en concepto de deuda no solo nos priva de recursos necesarios sino que nos quita la razón histórica y el deseo de igualdad en que se funda nuestra autonomía.