EL NOMBRE BUENO DE LAS COSAS MALAS

Publicado en el País de Andalucía

 “Cuando quieran hacer algo malo, busquen un nombre bueno”, es el consejo de los expertos internacionales en comunicación.Y el ministro de Educación, José Ignacio Wert, lo ha tomado al pie de la letra. Ha cambiado el término exclusión por excelencia y lo ha dirigido como una bomba de relojería contra los estudiantes sin recursos económicos. Ha empleado la palabra “pobre” con profusión, “excelencia” con delectación y ha acusado a Andalucía de tener demasiados estudiantes sin recursos en la Universidad. Para finalizar ha afirmado que está dispuesto a ser duro con los pobres por que “cuando se recibe dinero público, es lógico pedir un esfuerzo extraordinario”.
 
   La ideología de la derecha es muy hábil en hacer creer a la clase media, que hay una horda de holgazanes viviendo a nuestra cuenta. Es una vieja estrategia de tensión y de confrontación que intenta servir de válvula de escape a unas clases medias cada vez más empobrecidas por la crisis. Por eso, es muy importante que la verdadera información y que la pedagogía nos ayuden a separar los argumentos ficticios de los reales.

   Antes de que ningún lector se apunte a las tesis de Wert es conveniente conocer la realidad. La Universidad se sufraga fundamentalmente con dinero público. Dependiendo de la Comunidad, las tasas solo suponen entre el 15% y el 25% del coste total del servicio universitario. En Andalucía, al haber mantenido las tasas en su horquilla más baja, la subvención pública cubre el 85% del coste universitario en la primera matrícula. En consecuencia, no solamente están becados los “pobres” sino que la totalidad de los estudiantes universitarios disfrutan de una “beca” porque sus estudios son financiados con los impuestos de toda la ciudadanía. Curiosamente, el 80% de estos impuestos procede de trabajadores y, casi el 40% de cotizantes mileuristas. Por eso, todos los que hemos estudiado en la Universidad, incluido el ministro Wert, hemos sido becarios. Sin embargo, solo hablamos de control del dinero público y del esfuerzo para referirnos a los estudiantes a los que ofrecemos un pequeño plus en forma de beca oficial.
 
    Es más, cuando el ministerio niega ayudas públicas a un estudiante por haber suspendido alguna asignatura, no está defendiendo ningún criterio de excelencia de la educación universitaria. Simplemente lo condena a la exclusión mientras sigue regando con dinero público los estudios de su compañero de aulas que ha suspendido el curso completo.

   El término “excelencia” se ha convertido en el caballo de Troya de la exclusión social, en un arma arrojadiza contra los estudiantes sin recursos, mientras la verdadera excelencia universitaria se desangra por la fuga de cerebros jóvenes al extranjero o se guillotina con el recorte brutal a la investigación.

  Si alguien piensa que el debate sobre las becas solo atañe a las personas sin recursos algunos, se equivoca gravemente. En esta primera fase del proyecto educativo de la FAES, se trata de reducir a la mitad el número de alumnos sin recursos que pueblan las aulas universitarias, pero tras este ajuste, se pretende “adecuar las tasas universitarias a sus costes reales”, es decir, encarecer de forma exponencial el acceso a la Universidad.

   Aunque a las clases medias les guste pensar que su futuro está ligado a los sectores de mayor nivel adquisitivo, la realidad es que el empobrecimiento galopante y el recorte de los servicios públicos acabarán con ellas. De hecho, los precios de los másteres y estudios postgrado son ya un factor de selección económica, que no académica, del currículo de nuestros jóvenes. Por eso, el debate sobre la excelencia, planteado en estos términos, acabará siendo una trampa que devorará el modelo universitario. Esta medida es el primer paso para imponer nuevas restricciones, mayores tasas y privatizaciones de este servicio. Los que aplauden la retirada de becas, que vayan preparando cien o 200.000 euros para que estudien los jóvenes del futuro. Avisados estamos.

Un apetitoso bocado

Publicado en El País Andalucía 


¿Sabía usted que en España el porcentaje de alumnos que estudia en centros privados duplica al de EE UU? ¿Conocía que somos la nación europea, junto a los insignificantes Países Bajos, donde la educación privada ocupa mayor espacio? ¿Es consciente de que en la mayor parte de los países europeos la enseñanza pública ocupa el 90% del sistema educativo general? ¿Sabe que sería impensable, pongamos por caso en Alemania, plantear alterar este estatus predominante de la enseñanza pública? ¿Cree alguien que es fácil en EE UU concertar colegios de carácter religioso, por mucho que invoquen hasta en el dólar su confianza en Dios?

Los datos pertenecen al último informe de la OCDE y se refieren a la enseñanza de régimen general, sin incluir los centros universitarios. Desde hace años se ha producido una soterrada campaña contra la enseñanza pública. Por una parte, se ha desprestigiado su valor, se han exaltado fenómenos absolutamente minoritarios como la violencia, o se ha puesto el énfasis en sus limitaciones, ocultando los enormes avances que se han producido en estos últimos años; por otra parte, determinados gobiernos autonómicos, han aplicado políticas que favorecían a la enseñanza privada hasta límites inauditos. El resultado es que sólo el 67% del alumnado de nuestro país estudia en centros públicos mientras que el 33% restante se reparten en un exiguo 10% de privado-privado y un 23% de ese invento tan fructífero y español de enseñanza privada sufragada con fondos públicos a la que llamamos concertada.
Pero, si queremos conocer mejor la realidad es necesario aplicar una lupa de aumento y analizar las diferencias que se producen entre unas comunidades y otras. Mientras que en Andalucía el 75% del sistema educativo general es público, en el País Vasco, la enseñanza privada está ya en un fifty-fifty con la pública, aderezada por la generosa financiación que les proporciona el concierto con el estado y justificada, en parte, en la defensa de su patrimonio cultural. En la Comunidad de Madrid es donde más avanza la privatización de la enseñanza y la reducción del gasto dedicado a la educación pública. Los estudiantes de la enseñanza pública han retrocedido hasta un 54% del total. Los planes para el futuro inmediato son que la enseñanza privada administre un 60% del modelo educativo, ya que los centros de nueva creación han sido encomendados -previo regalo del terreno público- a entidades de carácter privado, especialmente de pertenencia religiosa.
En ningún país, ni siquiera en la católica Italia, la Iglesia ha conseguido tales prebendas en el modelo educativo, ni tal colaboración por parte de las instituciones. Parece que las esperanzas aguirres, las cospedales y los legionarios de cristo de otros territorios son menos eficaces y astutos. Pero esto no es, en modo alguno una guerra religiosa, sino una batalla entre la igualdad de oportunidades y la instauración de un clasismo rígido desde la infancia. Un discurso que no ocultan, en absoluto, y que incluso sirve de propaganda ante una desorientada clase media que quiere formar parte de la futura élite dirigente. Lo de rezar y poner crucifijos en las paredes es sólo un adorno más porque de caridad cristiana andan bien cortitos como demuestra el hecho de que apenas acepten en sus aulas alumnos con necesidades educativas especiales o inmigrantes.
El debate sobre la enseñanza no es tampoco, una pelea entre izquierda y derecha, aunque en nuestro país se exprese de esta manera. Nos jugamos alguna de las ideas fundacionales de la democracia avanzada: que todas las personas deben tener igualdad de oportunidades para su desarrollo y que la sociedad no se puede compartimentar desde su origen a no ser que queramos regresar al sistema de castas medieval. Por eso la enseñanza pública, su profesorado, su contribución, no se ponen en cuestión en la Europa avanzada pero sí en la España cañí.