Publicado en El País de Andalucía
Número de leyes en tramitación en el Parlamento de Andalucía: cero.
No puede ser más desconcertante, a no ser que se trate de una hábil estrategia para despistar a la oposición política. En el caso de que la hubiera, claro, y no deambulara por todos los rincones solicitando un tiempo muerto de juego hasta que Mariano Rajoy disponga de un “momentico” para decidir qué persona puede encabezar el cada vez más derrotado ejército sureño.
Cero leyes es casi una heroicidad. Debe ser difícil resistirse cada mañana a escribir unas cuantas líneas en el BOJA que tengan vocación de permanencia, valor de ley, cumplimiento obligado.
No legislar es casi un acto de desobediencia civil frente al furor legislativo del Gobierno central que, de una sola tacada ha aprobado el pasado año más de una treintena de leyes y que dispone de un arsenal, para este año, de otras 40 iniciativas legislativas.
“Legislar, legislar, que la mayoría absoluta se va a acabar”, deben pensar en Génova. Y cada semana entregan a la imprenta un nuevo capítulo de iniciativas, recién sacadas del horno de la FAES o de los sectores económicos, sociales, religiosos o culturales más afines a este Gobierno. Bueno, culturales no, que de esos ya no les quedan. El resto meten prisa con lo suyo, no vaya a ser que se agoten los tiempos felices de la mayoría absoluta y del desconcierto social. Que si ya es hora de arreglar lo de las autonomías, lo del aborto, lo de la educación, las construcciones a pie de playa, lo de la seguridad… y que no se te olvide lo de la energía, Mariano.
Es tal el hambre legislativa del Gobierno central que cuando no le caben más leyes en la alacena del Congreso de los Diputados, y cuando no quiere esperar el tiempo de cocción, preparan un plato exprés de decretos-ley, una especie de fast food legislativa que han servido con nocturnidad y cierta alevosía en 40 ocasiones. Todo un récord de difícil digestión para un sistema democrático y parlamentario.
Claro que su tarea es ardua: disponen de sólo cuatro años para desmontar las conquistas legislativas de los últimos 30 y volver chiquititas, reducidas, minimalistas, las prestaciones sociales públicas.
Tiene cierta grandeza de miras este Gobierno que no se detiene ante los obstáculos ni ante la impopularidad de sus leyes. Con cada una de ellas es capaz de inmolar a un ministro y reducirlo a papilla, sociológicamente hablando. En la tabla baja de la calificación ministerial, se disputan a muerte la peor nota varias carteras y, cuando creíamos que había un vencedor absoluto, el inefable Wert, es desplazado por un sorprendente Gallardón que se alza ahora con la máxima calificación desaprobatoria.
Nada de esto le ocurre al Gobierno andaluz. Ningún consejero, a excepción de la titular de Obras Públicas y Vivienda, ha escrito una sola línea en el BOJA. No importa que el Estatuto de Autonomía esté plagado de mandatos que requerirían un desarrollo normativo. “Si no hay dinero, no hay leyes”, deben pensar en las esferas del poder, aunque muchas iniciativas sólo requieren un esfuerzo de voluntad y de reorganización. O, es posible, quién sabe, que estén preparando un atracón legislativo para la próxima temporada, como ha indicado el portavoz de IU, quien no nos aclara la razón de esta sequía con la falta que hacen nuevos proyectos.
Los viernes se reúne el Consejo de Gobierno en Madrid y suelen ser días fatídicos porque es raro que no se apruebe un nuevo recorte-ley. Ya saben la máxima: “legislar es recortar”. Por el contrario, los martes, fecha de reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, son días plácidos en los que se anuncia si acaso la elaboración de un plan para atender tal o cual problema social.
Puede ser que el Gobierno andaluz sufra un impasse creativo, el “síndrome de la hoja en blanco” que afecta a los escritores tras su primera obra, representada hoy en Madrid, con gran éxito, en la sede del Tribunal Constitucional y que inspira secuelas en diversas comunidades. Pero… ¿ni una ley en el Parlamento de Andalucía? No sé qué pensar. Los poderosos tienen quién les redacte sus leyes, disponen de agenda y objetivos. Los ciudadanos corrientes, de momento, no tienen quién les escriba. Y las palabras de amor verdadero se publican en el BOJA.
