300 MIL A LA CALLE

Publicado en El País Andalucía

           Primer día de vuelta a clase. Salón de actos o aula de cualquier instituto preparado para los exámenes de septiembre. A primera hora de la mañana los profesores han recibido una circular que les comunica que deben hacerse cargo de los exámenes y evaluación de los estudiantes  correspondientes a  los miles de interinos despedidos. Todos se preguntan cómo evaluar a alumnos cuyas tareas y planes de recuperación desconocen.  A pesar de esta circular, en cientos de centros, gran parte de los interinos han acudido a los exámenes de septiembre.  Llevan sus carpetas, sus exámenes y anotaciones.  Saben perfectamente que no cobrarán ni un euro del mes de septiembre. A pesar de eso, si les preguntas, se encogen de hombros y te contestan: “Lo sabemos, pero no podíamos dejar colgados a los chavales”.  Muchos se han quedado en el centro para corregir los exámenes y han dejado a sus compañeros unos folios con las notas de sus alumnos y con aclaraciones en caso de duda.  Sus calificaciones parecen un pequeño testamento de bondad y de profesionalidad.  Son 4.526 docentes sólo en Andalucía. La administración no sabe lo que tiene ni lo que pierde.

            Esta última oleada de paro no se escribe con el ladrillo, ni con las máquinas industriales, sino con la tinta azul de la administración pública. O sea, se escribe con la tinta de los derechos sociales y  la calidad de sus servicios públicos. Es toda una opción política e ideológica. Lo tenían escrito de antemano bajo las consignas de adelgazar el Estado; con su propaganda de desprestigio de la función pública; con sus aireadas consignas sobre duplicidades y gastos innecesario;  con la mentira repetida de que en España –aunque los datos reales son radicalmente contradictorios- el sector público está sobredimensionado.

          Pero no son puestos innecesarios los que se suprimen, sino los esenciales, los básicos. El país se puebla de profesores en paro, de personal sanitario despedido, de trabajadores de los servicios públicos arrojados a la calle en el mejor momento de su vida laboral. Se ha diseñado un sacrificio inútil, una mutilación descarada de los servicios públicos que no aparecía en ningún programa electoral, pero si en los think tank del pensamiento conservador.  Se ha puesto excesivamente el acento en el recorte económico de los sueldos de los funcionarios públicos, pero se ha hablado muy poco de esta malévola jugada del aumento de jornada laboral cuyo único objetivo es poner de patitas en la calle a cien mil trabajadores. La propia izquierda, que no se atreve a enarbolar la bandera del reparto del empleo, apenas si ha hecho unas cuantas notas a pie de página de este siniestro plan que va a empobrecer gravísimamente la calidad de nuestras escuelas, de nuestros hospitales y de nuestros servicios sociales.

         Desde que gobierna el PP se han perdido unos 150.000 empleos en la administración.  Las comunidades gobernadas por la derecha han sido la avanzadilla de este terrible ERE masivo del Estado. La marea verde de Madrid y de Valencia no ha conseguido parar los planes de recortes públicos. Tras esa experimento, las nuevas medidas de aumento de jornada y de congelación de las ofertas de empleo público, conseguirán elevar hasta 300 mil el número de empleados públicos despedidos. El próximo año será aún peor porque, según avanza el gobierno, los presupuestos generales supondrán  un “ajuste duro y una dolorosa reforma de la administración pública”.

        Es el momento de recordar que los servicios públicos son la única muralla que nos separa de la desigualdad absoluta. Se trata de los que curan, enseñan, investigan, atienden, garantizan la seguridad o apagan los fuegos.  Más del treinta por ciento de ellos son interinos, eventuales o personal contratado. Si prescindimos de su trabajo, se empobrecerá de forma alarmante todo nuestro sistema público. De hecho ya está ocurriendo: en algunos hospitales la situación empieza a ser insostenible y en la enseñanza pública se acaba cualquier proyecto de integración y de personalización. O a lo mejor es ese el efecto buscado. A fin de cuentas, según el gobierno, por cada puesto que se suprime en la administración, surgirá un nuevo empleo en el sector privado. Pagando, claro.

LA ALDEA GALA

Publicado en el País Andalucía

“Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos… ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste todavía y siempre al invasor..." Así empezaba cada una de las aventuras de Astérix que fueron evocadas en un vídeo del PSOE en la reciente campaña electoral. Los ejércitos de Julio César Rajoy no podrían cruzar la frontera de Despeñaperros porque el voto de los valientes galos impediría su avance el 25 de marzo. Y así fue: el voto popular impidió el ascenso al poder de la derecha, las huestes del ejército romano se vieron obligadas a emprender la retirada tras su fracaso en las tierras del sur, e incluso su comandante Caius Bonus Arenas fue retirado del mando y reclamado al corazón del imperio donde, al parecer, tendrá que librar una dura batalla con Lucrecia Cospedal, aunque eso es otra historia.

Estábamos en que Andalucía se había convertido en la aldea gala, dispuesta a hacer frente al ejército de tijeras de los romanos y a dejarse la piel en el intento. Hasta las diferentes tribus, enemistadas desde tiempo inmemorial, firmaron un acuerdo para formar un gobierno conjunto y marcar las diferencias de políticas entre derecha e izquierda. Resultó, eso si, un tanto sospechoso, que los más fervientes defensores de la insurrección y la rebeldía, reclamaran, en vez de prefecturas fundamentales que marcaran la diferencia y las novedades (como empleo, educación, cultura o medio ambiente), otras casi desprovistas de contenido o de presupuesto. Aun así, la ciudadanía gala saludó mayoritariamente este acuerdo.

Los romanos, a pesar de su derrota, no iban a cejar en su empeño de dominar Andalucía. Lo que no consiguieron las armas de los votos, podría ser obtenido por el cerco económico. Los incautos galos no habían caído en la cuenta de que el poder corresponde a los que se sientan sobre el cofre del dinero. El senador Calígula Minus Montoro, con un equipo selecto de escribanos y contables, arrodilló a los ejércitos galos en las primeras incursiones. El total del ajuste fue calculado en su integridad por técnicos romanos y adobado con la vendetta por el desaire recibido. Al tiempo que en las dependencias de Fórum Financiero se imponían estos ajustes, el ejército romano de reserva en Andalucía votaría en contra y alentaría a la sublevación contra las medidas que ellos mismos decretaban. ¡Están locos estos romanos!

Astérix, Obélix y Panorámix volvieron consternados a la aldea gala. En vez de informar con pelos y señales a sus vecinos de los planes que les habían impuesto, se pusieron a hacer alambicados cálculos para evitar los efectos más perniciosos del ajuste, pero el margen era realmente muy escaso. Le dijeron al pueblo galo que confiara en ellos, que comprendían su malestar, pero que se marcharan a su casa. Perdieron la batalla sin empezar siquiera a darla y entonaron una jaculatoria irritante: “Lo hacemos por imperativo legal”.

No quisieron informar de las ciento y una triquiñuelas con las que se había impuesto una cantidad brutal a la aldea gala; cómo se rieron de la reclamación andaluza para hacer cumplir las leyes y los estatutos; cómo calcularon cada partida con especial rigor mientras que a otros territorios de la Hispania se le aceptaban cuentas del Gran Capitán. Muchos galos piensan que sus jefes deberían haber dado la batalla, incluso aunque al final fuesen derrotados y que es un tremendo error congelar el espíritu de ese 25-M.

Esa es la explicación por la que en mi instituto, como en todos los centros de enseñanza, sanitarios o de la administración, con el aumento de las horas lectivas y unas ratios descabelladas en la enseñanza semipresencial vayan a salir a la calle 10 o 12 profesores. Estoy segura de que si los planes de Julio César Rajoy se hubiesen cumplido por completo las personas despedidas hubiesen sido el doble, pero eso no consuela: nadie se felicita por los males evitados, sino que se sufre por el dolor presente. Por eso los generales galos, más que lamentarse por la presión de los romanos, deberían tomar la poción mágica y dar con más contundencia las batallas

Una familia tenebrosa

Artículo publicado en El País Andalucía

Cuando los gobiernos empuñan las tijeras su discurso se vuelve paternal y tecnocrático. Nos dicen que somos una gran familia, que vamos en el mismo barco y exhiben las cajas de caudales vacías como supremo argumento de autoridad. Pero la caja vacía no avala, en absoluto, la necesidad de recortes sino de reformas imprescindibles.

La falta de recursos de la que se lamentan no es más que la demostración de su ineficacia y de la injustísima recaudación de los ingresos. Y el argumento de que somos una familia es realmente sarcástico, porque si así fuera ¡vaya familia desigual, insolidaria, arbitraria y esquilmadora! En el año 2010, según datos de la Agencia Tributaria, los trabajadores de esta familia aportaron en impuestos 430.000 millones de euros para el mantenimiento de la casa común, mientras que los familiares que disfrutan de rentas del capital proporcionaron sólo 75.000 millones. No es que sean pocos, no. Es que tienen un tratamiento fiscal privilegiado como demuestra su contribución real a esa caja común que hoy exhiben vacía.
La idea de que en España solo pagamos los trabajadores por cuenta ajena y las pequeñas empresas no está muy alejada de la realidad. Si usted vive de su trabajo, la presión fiscal rondará el 38%; sin embargo, si sus ingresos provienen de rentas de capital el tipo real al que cotizará no llegará al 20%. Además, si usted pertenece al selecto club que dispone de gabinetes jurídicos especializados en ingeniería financiera, puede ver reducida su aportación hasta un insignificante 1%.
Con tan solo un pequeño equilibrio en esta desequilibrada balanza, se conseguirían los ingresos necesarios para pagar los servicios públicos que hoy están en riesgo.
A pesar de esto, nadie plantea seriamente una reforma fiscal que ponga fin a esta injusticia evidente. Los ricos consideran que tocar sus privilegios es "desincentivador". Por el contrario, reducir los sueldos de los trabajadores o atacar sus derechos sociales no sólo no desincentiva la economía sino que es un "sacrificio necesario". La familia de la que nos hablan es realmente tenebrosa en su reparto de cargas y ahonda a diario en las brechas sociales y en la desigualdad.
No es que la crisis haya puesto en solfa el Estado del Bienestar. Si el problema fuese este se encontrarían soluciones viables. El problema es que a una parte de las fuerzas políticas y a las fuerzas económicas más potentes de nuestra sociedad nunca les ha gustado el Estado del Bienestar. Han visto la universalización de la sanidad y de la educación como un exceso al que habría que poner freno en cualquier momento. Y ahora han encontrado la ocasión de oro y el pretexto perfecto para su desmontaje.
Si tenemos la suficiente memoria -esa cualidad tan peligrosa cuando se ejercita en la ciudadanía- recordaremos que la FAES y la CEOE en plena época de prosperidad proponían recortes drásticos de la educación pública y de la sanidad. Incluso, en fecha ya más reciente, publicaron un retrógrado y sexista estudio sobre la educación en la que argumentaban que el gasto educativo es inútil porque los resultados escolares están determinados biológicamente. Con respecto a la sanidad pusieron en circulación la idea que acríticamente utilizan algunos comentaristas y es que llegó el fin del "gratis total", como si la asistencia fuese un regalo y no un servicio sufragado, fundamentalmente, por los impuestos de los trabajadores. En cuanto a los recortes que CiU acomete con furor en la comunidad catalana, consiste en la misma política que llevó al Gobierno de Pujol a entregar en su día el sistema sanitario a las empresas privadas, solo que ahora lo envuelven en el paquete de la crisis y del chantaje del "déficit fiscal" de Cataluña. No nos entienden, al parecer, a los malagueños y a los sevillanos, pero a ellos se les entiende perfectamente su discurso insolidario y antisocial.
No somos una familia. No. Somos una sociedad que funciona todavía con una mínima cohesión que algunos se empeñan en romper, derribando los muros maestros de los servicios esenciales.