El juego de la silla

Este es el artículo semanal de El País Andalucía:

Se parece al juego de la silla, pero no lo es. Los jugadores participaron en el reparto hace treinta años y desde entonces conservan sus asientos. Lo que varía desde entonces es el número que obtiene cada equipo, pero no se permite que nadie más entre en el juego. Por el contrario quienes pierden todas las sillas nunca vuelven a recuperarlas, de forma que las opciones han quedado reducidas a dos o tres, con la única excepción de algunas anomalías territoriales.

No me estoy refiriendo al tiempo de permanencia en los cargos públicos sino al bloqueo que los actuales dueños de las sillas ejercen para que sea imposible cualquier cambio, cualquier novedad en el escenario político.

En teoría, un grupo de ciudadanos puede fundar un nuevo partido político y presentarse a las elecciones. El procedimiento es simple y la inscripción tiene pocas dificultades y costes. Sin embargo, una vez superados los trámites legales vienen las dificultades reales. La nueva formación no dispondrá de ningún tipo de financiación,  ni tendrá ninguna facilidad para el uso de los recursos públicos. De forma especial, se evitará que tengan acceso alguno a los medios de comunicación.

Me enseñaron que la esencia de la democracia no era el poder de la mayoría ni siquiera la existencia de parlamentos. De hecho, hay multitud de dictaduras o de organizaciones no democráticas que apelan a su mayoría social o tienen parlamentos uniformes. No. Lo que define especialmente la democracia es el respeto a las minorías y la existencia del pluralismo político y social. Lo que forma parte esencial de este sistema es la posibilidad de que las minorías de hoy,  puedan ser mayoría en el futuro.

Sin embargo, en España –también en otros muchos países- es prácticamente imposible el surgimiento de nuevas formaciones políticas. Tan solo han alcanzado cierto éxito algunas candidaturas independientes de carácter local -que en su mayoría abominan de la política y se agrupan por intereses concretos más o menos legítimos-, y el partido de Rosa Díez,  con ciertas características y apoyos que merecería la pena analizar en otro momento.

Mientras que en todas las actividades sociales se han producido grandes cambios y aportaciones, curiosamente en la política, las grandes corrientes de pensamiento se mantienen inalteradas. Si un español que hubiera vivido en 1930 visitara el presente, seguramente no reconocería su propia ciudad ni comprendería las nuevas formas de vida o de comunicación, pero entendería rápidamente el sistema político: derecha, socialistas, comunistas y nacionalistas. Punto y final.

Por si acaso el sistema no estuviera lo suficientemente cerrado, se adoptan disposiciones como la ley D´Hont o los límites electorales del 5 por ciento necesarios para participar en las instituciones. No hay inocentes en estas triquiñuelas electorales. Todos los que obtuvieron sillas en la transición han participado, de una forma u otra, en alguno de los límites que tenían como objetivo cerrar la posibilidad de nuevos concursantes.

La última de las limitaciones impuestas rozan el límite de lo patético. Se trata de que la información electoral se realice, tan solo para los partidos de las sillas, y con un milimétrico reparto de tiempos que afectan incluso a los tiempos de los debates en las televisiones. Tras el éxito de las ruedas de prensa sin preguntas, se han estrenado urbi et orbe los espacios electorales sin criterio informativo. Los profesionales de los medios han protestado amargamente. Dicen que esta resolución es un estado de excepción encubierto y que acaba con el periodismo. Sólo encuentro cierto parecido a la información que se nos suministra en las guerras, en las que el material es supervisado por los altos mandos militares y los periodistas se convierten en soldados “empotrados” en cada uno de los ejércitos que participan en la contienda. Con razón Clausewitz afirmaba que “la política es la continuación de la guerra por otros de medios”: los de comunicación.

Ensayo general

Artículo publicado hoy en el País Andalucía:


Lo siento por Baudelaire pero no hay ahora mismo nada que guarde tantos significados ocultos, tantas correspondencias y metáforas como esta campaña electoral que acaba de comenzar.

En teoría la gran pregunta es qué modelo de ciudad y de convivencia defiende cada opción política, pero esta es una cuestión que ni los partidos políticos, ni la propia ciudadanía está dispuesta a discutir.

La sociedad tiene otras urgencias, otras apreturas, otros malestares que quiere expresar. Son las primeras elecciones desde que estalló la crisis económica y de alguna forma quiere manifestar el descontento con los compromisos incumplidos, los cambios de rumbo y la brecha social que cinco millones de parados suponen para un Estado que se proclama una democracia política y social. El PSOE se escuda en las exigencias de los mercados, pero estos tienen la ventaja de no presentarse a las elecciones y la ciudadanía no puede ir a manifestarse a sus puertas ni a revocar el poder omnímodo que los gobiernos le han concedido, arrancado directamente de las manos del pueblo.
El PP, por su parte, ha convertido las elecciones municipales y autonómicas en un ensayo general para el acceso al poder que, según dicen todas las encuestas, podría producirse pocos meses después de estos comicios. En especial en Andalucía, el PP pretende convertir las batallas de Sevilla, Córdoba, Jaén y Jerez en la antesala de su triunfo en las próximas autonómicas. Rajoy no ha iniciado su campaña en Andalucía para apoyar a su candidato Zoido, sino para investir a Arenas con la púrpura del poder de la Junta de Andalucía. Curiosamente, Andalucía se ha convertido en el mayor objeto de deseo de la derecha política, en la metáfora perfecta del triunfo indiscutible y absoluto.
Por eso, básicamente, el debate sobre las ciudades no se va a producir, ni tampoco un verdadero debate sobre la gestión política o las propuestas programáticas. Pero una cosa es que el debate no se produzca y otra cosa que no existan modelos de ciudades diferentes. En anteriores elecciones el gran tema municipal era el desarrollo urbanístico. Sin embargo, en estos momentos ese debate está aparcado, no porque hayan muerto los proyectos especulativos y desarrollistas sino simplemente porque la crisis del ladrillo los ha hecho inviables a corto plazo. Es decir, no faltan especuladores, sino mercado; no faltan proyectos desarrollistas, sino compradores. Lo más preocupante es que este debate ha sido sustituido por otro, aún más soterrado y turbio sobre la vivencia y convivencia social. A diferencia de otras posiciones, la desagregación, los prejuicios contra los inmigrantes, contra los pobres, e incluso la limitación de manifestaciones culturales en las calles, no han sido elevados a rango de debate político, sino que se ha expresado en reglamentos municipales, verdaderos poemas enigmáticos de exclusión social y prohibiciones sin cuento. Naturalmente, nadie se atreve a pronunciar un discurso xenófobo. Nadie nos va a prometer segregar a los más pobres, ni desatender los barrios más desfavorecidos. Simplemente se limitan a alimentar estos discursos sotto voce y a implementarlos con la práctica municipal. Dolorosamente, tampoco nadie se atreve a combatirlos de frente por miedo a perder el asentimiento de una mayoría social que se supone escorada, cada vez más acusadamente, hacia estas posiciones. No se percatan de que es este un ensayo general para una batalla política futura en la que se pondrá en solfa el papel redistribuidor del estado, comenzando por los servicios públicos de salud o de educación.
En política, como en la vida, tan importantes son las palabras como los silencios; el lenguaje verbal y el gestual; lo pronunciado y lo sugerido. Los que han decidido convertir estas elecciones en un juego de tronos, en un recuento de territorios conquistados o perdidos, es posible que ganen la partida. Pero la chincheta con la que marcarán su victoria en las urnas solo atrapará la flor muerta de la desesperanza.

Pecado de omisión

Este es el artículo de esta semana, publicado en El País Andalucía, y donde se plantea la pregunta de si la nueva gramática de la desigualdad se escribe con elipsis, omisiones y reconocimientos tardíos:

En 1929 Virginia Woolf escribió que en el transcurso de un siglo, las mujeres ocuparían su lugar en la literatura. Para ello pedía a las nuevas escritoras usar la libertad; tener el valor de decir exactamente lo que pensaban y disponer de una habitación propia (a lo que añadía la condición menos poética de disfrutar de una renta suficiente). Estudió las condiciones en las que creaban las escasas escritoras que publicaron sus textos antes del siglo XX y recordaba con especial ternura los esfuerzos de las hermanas Brontë o la figura de Jane Austen, la autora de Orgullo y perjuicio quien "se alegraba de que chirriara el gozne de la puerta para poder así esconder el manuscrito de su novela". Virginia Woolf ansiaba el día en que la escritura de las mujeres saliese de la clandestinidad y demostrara, no las cualidades de una determinada literatura femenina, sino la potente voz de su experiencia en todos los campos.

No han hecho falta cien años para que el silencio se rompiese y las mujeres escritoras pasasen de ser una venerable o detestable excepción a una pléyade de voces diversas que miran al futuro. No nos dijo, sin embargo, Virginia Woolf cuánto tiempo, cuántos obstáculos y regateo opondrían los aparentemente neutrales aparatos culturales para reconocerlas.Lo digo a cuento del premio Cervantes concedido a Ana María Matute. Su modestia le impide pronunciar la frase que merecía realmente este acontecimiento, pero muchos exclamamos por ella un ¡ya era hora! en tono un tanto exasperado. Dicen que la decisión del jurado ha sido por aclamación. Fantástico, me digo, pero no deja de preocuparme el requisito no escrito de la aclamación, el carácter de premio indiscutible que se exige cuando se trata de figuras femeninas.
En 35 años de existencia de este prestigioso galardón, solo otras dos mujeres, María Zambrano y Dulce María Loynaz, han obtenido esta distinción. Tranquilícense, no abogo en forma alguna por repartir los premios literarios en función de ningún tipo de cuota, solo me asombra que entre los cientos de magníficas escritoras de España y Latinoamérica solo tres hayan merecido este reconocimiento. Es cierto que en los primeros años, a los premios Cervantes se les acumulaba el trabajo de reparar el olvido y el silencio que la dictadura ejerció pero ¿cómo se explica que en los últimos 17 años ninguna mujer obtuviera este premio? Sin esfuerzo alguno de memoria, cualquier buen lector puede reunir en su mente, ocho o 10 mujeres merecedoras de esta distinción.
Como la vida juega a las cuatro esquinas, precisamente en estos días, se ha publicado un excelente libro titulado El exilio interior, de Inmaculada de la Fuente, que relata la vida de una mujer que amaba las palabras y se atrevió a hacer el diccionario más completo y útil de la lengua castellana. Se llamaba María Moliner. Nunca recibió un premio ni una medalla. Cuando Pedro Laín y Rafael Lapesa la propusieron para formar parte de la Real Academia Española, la mayoría de las "vocales y consonantes" de esta institución -apiñadas en defensa de los viejos esquemas masculinos-, le negaron la entrada. No porque fuera mujer, naturalmente, sino porque no era un hombre. Después de este desaire María Moliner se negó a que presentaran nuevamente su candidatura. Desde entonces en la academia de la lengua, aunque no lo vean, junto al lema de "limpia, fija y da esplendor", se aprecia la sucia mancha de esa injustificable decisión.
Pero no hablamos de un episodio superado de la historia. En la actualidad, la Academia Española tiene sólo cinco mujeres -entre ellas Ana María Matute- de un total de 46 miembros. En los últimos años han incorporado algunos de los más destacados representantes de la nueva novelística, algunos controvertidos, otros absolutamente comerciales, pero las mujeres brillan por su escasez. ¿Se trata de simples casualidades o es que la gramática de la discriminación se escribe con la elipsis y la omisión?

La ética como principio

El artículo semanal en el País Andalucía

Hace algunos años, Marcelino Camacho vino a Sevilla invitado por Canal Sur Televisión. Cuando llegó a la estación de Atocha se dio cuenta de que el billete de AVE que le habían mandado eran de preferente o de club (no recuerdo con precisión). Ni corto ni perezoso lo cambió a clase turista. Nada más poner el pie en la estación de Santa Justa nos contó que había descambiado el billete porque no aceptaba ese gasto extraordinario. "Llama a Canal Sur y les das el dinero", me dijo. Le contesté que lo haría después, pero me obligó a telefonear en aquel momento. En la televisión pública estaban absolutamente desconcertados. No les importaba que hubiera descambiado el billete, pero el reintegro del dinero era complicado porque no había procedimiento administrativo para hacerlo.

Cada cierto tiempo Marcelino volvía a preguntarme si le había entregado el dinero a Canal Sur. Le propuse que podría donarlo a alguna organización social. No sé cómo terminó la historia porque Marcelino, cabezón como él solo, insistía en la devolución a toda costa.

Hoy esta anécdota parece una vieja historia de cuando los valores de la honradez o la austeridad, tenían una importancia vital para la izquierda. La recuerdo ahora, cuando los eurodiputados han protagonizado una sublevación para conservar su vuelo en clase business.
Es verdad que la falta de ética, el despilfarro o los delitos de corrupción tienen mayor eco cuando se trata de personajes de los partidos de la izquierda. No es solo achacable a la manipulación mayor o menor de los medios de comunicación. Es, simplemente, que el electorado de la izquierda soporta peor la corrupción que el electorado de la derecha. Lo cual, según se mire, no es nada malo si hablamos, claro está, en términos políticos ya que la ética no es un adorno sino un principio de la acción política. Si analizamos las encuestas de opinión, veremos como los valores de igualdad, justicia, derechos sociales o cuidado de los bienes públicos son adjudicados a la ideología de la izquierda, mientras que a la derecha se le adjudican los valores de gestión y eficacia. Por eso, el electorado de la derecha política se resiente en menor medida ante los casos de corrupción, mientras son un veneno mortal para el electorado de la izquierda.
Si analizamos la serie de resultados electorales, podemos ver que los gobiernos de la derecha no pagan apenas facturas por estos casos de corrupción, ni es probable que la imputadísima lista de Camps tenga costes graves en las urnas. Si fuera así, el PP no los presentaría. En el fondo de la ideología neoliberal, la corrupción es una sustancia que engrasa el sistema y lo que importa son los resultados, no los medios empleados. Por eso, rara vez produce escándalo social la imputación de empresarios, arquitectos o abogados. De hecho, el mayor caso de blanqueo de capital, Ballena Blanca, ha pasado sin pena ni gloria por los informativos y la conciencia social.
Un caso paradigmático de la falta de condena de estas conductas es el de CiU. Su participación en el cobro de comisiones ilegales por la obra pública no les pasa factura. Claro que era un sistema muy reglado, con mucho seny: el 3% o el 4% de los contratos. Los catalanes que son así de organizados.
Por el contrario, el electorado de izquierdas suele castigar con dureza los casos de corrupción, porque choca frontalmente con sus valores. La derecha lo sabe y por eso, en todos los países del mundo, van a la busca de este talón de Aquiles.
El PSOE, y ahora IU se quejan del desigual trato que reciben en sus respectivos casos. Yo sin embargo, me alegro de que el electorado de la izquierda sea intransigente con la corrupción en vez de tejer un manto de comprensión sobre "los nuestros". Cuando hay corrupción, tráfico de influencias o abusos de poder es porque, además de las leyes vigentes, se han vulnerado los principios de la izquierda, al menos presuntamente. Por eso, deberían cumplir su palabra de no llevar imputados en las listas y dar una lección de coherencia en vez de empeñarse en afirmar que "no es lo mismo".


(sigue)

La ultraderecha inexistente

Este es el artículo que podéis ver también en le edición andaluza de El País:

En teoría la ultraderecha no existe en nuestro país. En teoría ningún medio de comunicación ampara o protege pensamientos totalitarios. En teoría ninguna fuerza política se nutre de las barrabasadas ideológicas del extremismo derechista.

En teoría, en la senda de la democracia, no hay vehículos conduciendo a contramano. Solo algún despistado ocasional, algún loco que ejerce por libre y que comete excesos. Sin embargo, a la vista de la recopilación que Jose María Izquierdo ha realizado, no solo hay mucha ideología ultraderechista circulando en las autopistas de la comunicación sino que tiene su propio código de circulación y su hoja de ruta.

 En primer lugar, para esta nueva ultraderecha mediática el ejercicio democrático del poder de cualquier otra fuerza que no sea el PP, es una "suplantación, falsificación, pucherazo o directamente golpe de Estado". Todos comparten, por ejemplo, que Zapatero ganó las elecciones por "un choque de trenes" o por "un atentado que se perpetró para echar al PP del poder y cambiar radicalmente la historia de España". El poder, de forma natural, pertenece a la derecha y la izquierda solo lo ejerce como anomalía histórica.

No, no existe la ultraderecha pero mantienen una idea de España como unidad de destino en lo universal y los nacionalistas les parecen "indeseables, canallas, ratas, pendejos o energúmenos". Creen que la "mitad de la población de Euskadi es terrorista", Cataluña, "un horror"; y que la izquierda "tiene un 80% o 90% de coincidencias ideológicas con ETA", por eso estampan su sello en la cara de Zapatero. No se consideran racistas, no, pero los indígenas latinoamericanos como Evo Morales les resultan lo "más parecido a un chimpancé" y la celebración de una Conferencia Africana les recuerda "a los negritos de la canción del Cola Cao". Cualquier atisbo de solidaridad es altamente sospechosa y denuncian que España se ha llenado de ONG que son el hábitat natural de "los pijos, los caraduras, gilipollas y gorrones".

Son radicalmente antifeministas, aunque tienen su altarcito de devoción dedicado a Esperanza Aguirre o a Rita Barberá. El resto de las mujeres políticas son "feas y vociferantes", a excepción de Carme Chacón, que aceptan "como animal de compañía", y de Leire Pajín, a la que denigran como "actriz porno, de las depravadas". No se privan de comentar "el culo respingón" de tal o cual ministra aunque en general creen que las mujeres de izquierdas son "tiorras, desorejadas o monstruas", incluidas las hijas del presidente, "unos callos horrorosos". Consideran que la igualdad de género es una estafa y que hay "un millón de hombres procesados que son víctimas" de la venganza de estas "arpías sin compasión". No están tampoco, a respetar a "la panda de homosexuales", "abreculos" o "sebosos" que son los verdaderos enchufados de la democracia.

No. No existe ultraderecha pero estos conductores de masas consideran el franquismo como un régimen de "lo más normal", una época de paz que además "era divertida y libre". Les enerva la Ley de la Memoria Histórica e invocan la cruz y la espada para cerrar la puerta del pasado. Incluso añoran los usos del franquismo en los que la iniciación sexual se hacía "follándose a la criada", como debe ser, y no con manuales de "mapachichi".

Nos preciamos en nuestro país de no tener una ultraderecha con presencia política, pero sus consignas ocupan metros cuadrados de periódicos y horas completas de programación, con un lenguaje ante el que palidecen las ultraderechas francesas u holandesas. Incluso, inocentemente, agradecemos al PP que haya absorbido a los militantes de la extrema derecha española. No nos damos cuenta de que el coste, quizá, es que veamos a algún destacado ultraderechista sentado en el Consejo de Ministros o dirigiendo los medios de comunicación públicos. Nos reímos de su frikismo, pero, como dicen en las redes juveniles, "no te rías de un friki porque puede ser tu próximo jefe". No son pocos ni están locos. Sirven a su señor. Sería mejor que salieran a la escena pública y que el PP aclare su relación con ellos, definitivamente.

PD. Los entrecomillados, de los que me avergüenzo, son absolutamente literales.

Preguntas incómodas

Artículo publicado en El País Andalucía 

Hay momentos de la política en que uno está disconforme con todo y con todos; en que no te convencen ni tirios ni troyanos; en que se ven los agujeros, las costuras, la impostura en cada una de las fuerzas políticas que vociferan en el Parlamento o ante los medios de comunicación.

Hay etapas en que la actuación de algunos políticos se nos antoja más falsa que un billete de 70 euros y lo peor, de todo, es que tras algunas verdades se traslucen grandes mentiras y a la inversa.
El caso de los ERE de Andalucía está siendo un momento singular de la política andaluza en el que todos los actores tendrían mucho que explicar sobre sus comportamientos, sus argumentos y sus verdaderas razones. Sin duda, es este un caso de corrupción que repugna especialmente a cualquier conciencia, un delito grosero, miserable, cometido por personas que han perdido la más mínima decencia personal.
Con los datos en la mano, el PSOE no puede seguir negando que había una estructura en la Consejería de Empleo que se ha mantenido con varios titulares y que protegía estas prácticas. El PSOE debería contestar a algunas incómodas preguntas. Por ejemplo: ¿Por qué los beneficiarios se agrupan, casualmente, en determinadas zonas de Andalucía? ¿Por qué el consejero imputado se mantiene como presidente del Consejo Regulador de Jerez, o quien estuvo hasta el último momento protegiendo las actividades de Rivas al frente de la delegación de Sevilla? Finalmente, el PSOE debería dar alguna explicación de su negativa a constituir una comisión de investigación en el Parlamento que determine las responsabilidades políticas.
Por lo que respecta al PP, fuera de micrófono reconocen que Griñán no es responsable de la corrupción de los ERE y admiten que fue él quien se obstinó en cambiar esa consejería. Sin embargo, en público escenifican espectáculos en los que intentan demostrar la culpabilidad del presidente de la Junta. Al PP se le ha aparecido la virgen en Andalucía. Es normal que lo aprovechen. Pero utilizan argumentos cuya aplicación al caso Gürtel sería muy reveladora. Vamos a ver, si Griñán es culpable porque cuando sucedieron los ERE irregulares, él era consejero de Hacienda, ¿acaso Arenas, que era secretario general del PP en esa época, no tiene responsabilidad alguna en las contrataciones de la trama Gürtel? ¿Cómo se explica la defensa que Arenas ha hecho de Bárcenas, hasta hace pocos meses, en los que calificaba de extraordinario su trabajo al frente de las finanzas del PP o alababa su decencia personal? El respeto a las decisiones de los jueces, a los que el PP reverencia en el caso de los ERE, es otra de las muestras de la doblez continuada de esta fuerza política que ha recusado a jueces, magistrados y abogados del caso Gürtel y ha proclamado que se trataba de una persecución política de carácter dictatorial.
Izquierda Unida, por su parte, tampoco aparece limpia de polvo y paja en este desaguisado. Sus proclamas de transparencia y su petición de crear una comisión de investigación resultan poco convincentes si tenemos en cuenta que en la ciudad de Sevilla se han negado en dos ocasiones a crear una comisión que investigara el caso alma máter de toda esta trama: Mercasevilla.
Finalmente, sería necesario que el proceso judicial fuese aséptico y limpio en grado sumo. Hay que reconocerle a la juez Alaya la investigación realizada hasta el momento en el caso Mercasevilla, donde detectó los primeros intrusos en un ERE, sin embargo, alguna de las actuaciones posteriores parecen respuestas al debate político. La última petición de documentación sobre las actuaciones del Gobierno andaluz en los últimos diez años, parece sobrepasar una investigación razonable de implicaciones y tampoco parecen adecuadas las opiniones personales que desliza sobre los medios de comunicación y sus afinidades políticas. Pero lo más dudoso del procedimiento es que se haya aceptado la personación de la asociación ultraderechista Manos Limpias, por cuyas ídem pasará toda la documentación de la Administración pública andaluza. ¿Estamos locos?

El laicismo como ficción

Este es el artículo de esta semana en El País Andalucía 

Atónitos nos hemos quedado al conocer que el grupo de estudiantes que exhibieron sus torsos en la capilla de la Universidad Complutense fueron detenidas como peligrosas delincuentes. Patidifusos, cuando nos hemos enterado que se le imputan dos graves delitos contemplados en el código penal y, finalmente, indignados al saber que se acepta una querella criminal de la asociación ultraderechista Manos en Alto, perdón, Manos Limpias.



Vivimos en la ficción de pertenecer a un país laico, nos pavoneamos de nuestro avance cultural y civilizatorio pero estamos instalados en el "quiero y no puedo" de una sociedad que predica no ser confesional mientras mantiene la religión en todos sus espacios públicos e incluso reserva varios artículos en el código penal -y subrayo penal- para castigar a los que se burlen de las creencias religiosas.
El actual código penal tipifica la profanación con penas de hasta dos años de prisión y la ofensa los dogmas, creencias o ritos religiosos con penas de multa de ocho a doce meses. Un artículo ,el 525, de extraña aplicación, porque como compensación contiene una segunda parte que penaliza con iguales condenas a los que hagan públicamente escarnio de quienes no profesan religión o creencia alguna.
De su aplicación se sigue que, si las jóvenes estudiantes cometieron -no una falta o una simple falta de educación- sino un delito contra las creencias religiosas, la Iglesia católica, así como los medios afines, incurren de forma habitual en este mismo delito cuando en numerosos actos públicos denuncian la homosexualidad, se manifiestan contrarios a la igualdad de derechos de las mujeres, o consideran un asesinato la interrupción voluntaria del embarazo, ya que se trata de declaraciones en las que ofenden a todas las personas que no profesan sus mismas creencias. Si los agnósticos y ateos hubiesen ido al juzgado o a la comisaría cada vez que se han visto ridiculizados, censurados e insultados por los representantes de la iglesia y sus apologetas no habría bastantes juzgados en nuestro país para tramitar las denuncias.
Nada de esto ocurriría si las creencias religiosas se situaran en el terreno de lo privado y no se pretendieran imponer, de una u otra forma, a través de las instituciones del estado. El laicismo, lejos de ser un arma contra tal o cual religión, es una garantía del respeto del estado a la conciencia individual y es la base de una convivencia respetuosa con todas las creencias. Muy mal debe ir una religión cuando sólo se puede mantener por una posición de privilegio y de confrontación.
La presencia de capillas, crucifijos y símbolos religiosos abarca todos los espacios de nuestra vida: numerosos hospitales andaluces mantienen en lugares preferentes capillas reservadas al culto católico dentro de sus instalaciones; son muchos los institutos donde falta espacio para las clases pero tienen recintos religiosos; la Diputación de Almería está presidida por un gran Cristo crucificado y en un buen número de Ayuntamientos andaluces, junto a la Constitución española, se coloca un crucifijo testigo de la toma de posesión de los cargos públicos. Pero la presencia más chocante y contradictoria es en la Universidad donde se proclama el pensamiento científico mientras se permanece bajo la advocación de santos y vírgenes. Por si queda alguna duda de esta incompatibilidad, el arzobispo de Granada nos ha aclarado que "la ciencia es peor que la Educación para la Ciudadanía" y ha apuntado que el origen de todos los males que aquejan a la sociedad es "el culto a la razón y la Ilustración francesa". Varios siglos después de que los ilustrados proclamaran la separación de Iglesia y Estado, todavía se debate en los claustros universitarios si se suprimen las capillas, las misas o el patronazgo de quienes defienden la superstición o el misterio frente a la ciencia. ¿De verdad estamos en el siglo XXI?

Guadalquivir, español

Este es el artículo que publico hoy en la edición andaluza de El País sobre la sentencia del Tribunal Constitucional:


De un plumazo el Tribunal Constitucional ha suprimido el artículo del Estatuto de Autonomía que atribuía a Andalucía la competencia sobre el Guadalquivir. A simple vista puede parecer que se trata de una decisión estrictamente jurídica. Sin embargo, un análisis más profundo nos puede hacer llegar a la conclusión de que tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) laten otros argumentos ajenos al debate jurídico. El carácter de exclusividad que marca el Estatuto de Autonomía para la gestión del Guadalquivir, está absolutamente matizado en el texto ya que reserva al Estado la potestad de planificación, de protección medioambiental y de obras públicas de interés general, que son exactamente las exigencias constitucionales.

Si la preocupación del Tribunal Constitucional hubiese sido la atribución de esta competencia exclusiva para la comunidad autónoma, la resolución más ajustada hubiese sido interpretar el artículo o modificarlo para que no existieran dudas de la competencia exclusiva del Estado. Sin embargo, el TC ha optado por suprimir drásticamente el artículo del Estatuto y dejar a Andalucía sin competencia alguna sobre el Guadalquivir.
Tampoco, al autor de este recurso de inconstitucionalidad, el expresidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, le guiaba ninguna defensa de su tierra. Ningún extremeño tiene preocupación alguna por esa pequeñísima parte de los afluentes. Desde que comenzaron las reformas estatutarias, Ibarra clamó contra estos procesos, se opuso con todas sus fuerzas y utilizó el recurso contra el Guadalquivir como una forma de expresar su contrariedad frente a estos nuevos procesos estatutarios. La competencia andaluza sobre el Guadalquivir no quitaba ni un litro de agua a Extremadura. En primer lugar, porque el artículo 51, censurado por el Constitucional, afirmaba que las competencias andaluzas eran solo y exclusivamente sobre las aguas que transcurren por nuestro territorio y, en segundo lugar, porque la pequeña parte del Guadalquivir no andaluz está en el ciclo alto del río de forma que ninguna decisión andaluza puede mermar su cauce o sus aprovechamientos. Así lo entendieron las comunidades de Murcia o de Castilla-La Mancha que no se sumaron al recurso de inconstitucionalidad a pesar de las presiones que recibieron, entre otros, del Ministerio de Medio Ambiente.
El caso del Duero, con el que se nos pretende consolar y comparar, es absolutamente distinto. No solo afecta a otras comunidades sino que gran parte de su cauce pertenece a Portugal. El Guadalquivir es el único caso de un gran río que nace y muere en una comunidad autónoma.
Andalucía ha aceptado siempre la unidad de cuenca, la planificación general del ciclo hidráulico y los criterios de solidaridad en materia de aguas. ¿A cuento de qué viene esgrimir estos argumentos contra la gestión andaluza del río? El artículo andaluz ha sido además analizado por el TC a la luz, no de las previsiones constitucionales, sino de una ley, la de Aguas, que tiene menor rango que el propio Estatuto de Autonomía. Insisto en que si estas eran las preocupaciones reales, el TC debería haber matizado o modificado el artículo del Estatuto pero en ningún caso suprimir cualquier tipo de competencias de Andalucía.
El 99,2% de los aprovechamientos del Guadalquivir pertenecen a Andalucía, forma parte de nuestro patrimonio natural y cultural, al tiempo que ha articulado nuestro territorio, ¿Es lógico que nuestra comunidad no tenga competencia alguna sobre este río? ¿Es acaso, el Guadalquivir de todos, excepto de los andaluces? Ahora, la única salida posible para no humillar a Andalucía es una delegación de competencias por parte del Estado con carácter de urgencia. Porque no son consideraciones jurídicas las que han llevado al TC a mutilar el Estatuto de Autonomía para Andalucía, sino un concepto del Estado jerárquico y centralizado que ya ensayó en la sentencia del Estatuto catalán y que supone una decidida involución autonómica.

La derecha libertaria

Artículo publicado en el País Andalucía

Pertenezco a una generación en la que entrar en política no solo no te ofrecía ningún tipo de prebendas, sino que te privaba de tus medios de vida más elementales. Perdías el trabajo, la beca de estudios y si pertenecías a una familia conservadora, te encontrabas de pronto en la calle, sin más amparo que tus amigos ni más consuelo que la generosidad de los extraños que te ofrecían gratis su refugio. Miles de jóvenes, con dieciséis o dieciocho años, emprendimos ese exilio familiar. Nos marchábamos de casa en busca de la libertad con unos cuantos discos y libros bajo el brazo, mientras nuestras madres se enjugaban las lágrimas al escuchar a Serrat cantar esa balada del desamparo: "Nena, ¿qué va a ser de ti?"
Y eso teniendo suerte. Mucha suerte. La de haber conocido solamente los coletazos del antiguo régimen porque tan solo unos cuantos años antes de esa masiva traslación de las conciencias, los jóvenes que se atrevían a enarbolar banderas de libertad, eran apaleados, torturados en las comisarías o condenados por el Tribunal de Orden Público por distribuir propaganda ilegal, en las que la palabra "libertad" destacaba con grandes letras. Mientras, José María Aznar participaba en un sindicato de inspiración falangista y Mariano Rajoy comenzaba su prolífica carrera de mirar hacia otro lado, ajeno a las ansias de libertad de su generación.
Hacíamos política con nuestro cuerpo, con nuestras vidas, con nuestros gustos musicales, con nuestra forma de vestir. Convertíamos cada gesto cotidiano en el campo de batalla de una sublevación contra la tiranía de la uniformidad y de la dictadura. Nos ahogábamos en un aire viciado de prohibiciones, de límites, de censuras y de imposiciones. Amábamos la libertad y odiábamos la injusticia, allá donde se produjera.
La derecha española era pura prohibición, excepto en el ámbito de lo privado, donde afirmaban la suprema libertad -del varón, claro está- de hacer lo que quisiera con su hacienda o con las vidas de las mujeres o de sus hijos. La violencia de género, el castigo a los hijos, el capricho de las decisiones domésticas, era el sagrado refugio de un reino individual en el que ningún poder político tenía derecho a regular.
Sin embargo, la derecha se ha vuelto bruscamente libertaria. Aznar lo proclamó, melena al viento: "Déjenme que conduzca como quiera o que beba lo que quiera". Lo ratifica Rajoy: "Menos prohibiciones, menos regulaciones, menos leyes". ¿De qué habla la derecha cuando se refiere a la libertad? ¿la de consumir sin freno los recursos naturales? ¿la de pagar con el dinero público la escuela religiosa? ¿la que garantiza a grandes empresas y bancos mover sus capitales sin regulación alguna? ¿la de reducir los impuestos a los poderosos? La derecha española no tiene inconvenientes en combinar su canto a la libertad con la sumisión a la jerarquía católica, la incomodidad ante los nuevos derechos de las mujeres, la oposición al matrimonio homosexual o la petición de más regulaciones contra los inmigrantes. No es gratuito que Rajoy exalte el 8 de marzo, como máxima libertad de las mujeres la de dedicarse en cuerpo y alma a su hogar. Voluntariamente, claro.
Su demanda de libertad no es tal sino una nueva forma de llamar al individualismo feroz que no acepta el derecho a la igualdad de los seres humanos, que no consentirá regulación ninguna de los mercados aunque nos lleven al borde del abismo y que no está dispuesto a cambiar los hábitos de consumo que ponen en peligro la existencia de nuestro planeta.
No es un fenómeno típicamente español. La derecha internacional se niega a regular los mercados, a aprobar protocolos medioambientales o a dar a las personas igual libertad que a las mercancías. "Fuera regulaciones, normativas y leyes" exclaman. No es un cántico a la libertad, sino al mercado y una granada lanzada contra el poder equilibrador de las democracias.

Jóvenes en dos mundos

Hoy publico este artículo en El País sobre la situación de los jóvenes a ambos lados del Estrecho:







Ellos tienen hambre de libertad; los nuestros creen que, como el aire o el agua, es el medio natural para desenvolver sus vidas. Ellos tienen sed de información y manipulan las redes para esquivar la terrible censura de sus gobernantes; los nuestros acechan los atajos para bajarse las películas o la música gratis. Ellos hablan del futuro de sus países; los nuestros solo hablan el idioma del presente. Ellos respiran confianza en su futuro, entre los botes de humo o el ruido de los disparos; los nuestros reflejan una desesperanza sin límites. Ellos saben autoorganizarse, identificar objetivos comunes y actuar en grupo; los nuestros practican un individualismo feroz en el éxito o en el fracaso. Para aquellos, la política es un instrumento útil para transformar la realidad; para los nuestros, un conjunto de anquilosadas instituciones que cada vez deciden menos sobre los asuntos realmente importantes.

Las aguas del Estrecho parecen contener un mar de mercurio. En los puertos de la vieja Europa, la política ha sido sustituida por instituciones monetarias que nadie ha elegido pero que nos dictan las directrices de unos mercados cuyo rostro no conocemos. La libertad individual se ha afirmado hasta el punto que nadie podría vivir sin ella, pero el sentido real de la democracia como poder del pueblo naufraga en la tormenta de los mercados. Mientras, al otro lado del Estrecho, voces estremecedoramente jóvenes vuelven a lustrar la deslucida moneda de la libertad y la democracia, en países que solo pensábamos que sabían entonar el idioma del fanatismo religioso.
No hay paralelismo perfecto entre la situación de los jóvenes en las dictaduras del Magreb u Oriente Próximo y los de nuestros países europeos. Pero a ambos lados del Estrecho hay una fuerza juvenil con mejor preparación que sus padres, que chocan con un mercado laboral y con una sociedad ajena. Aquellos necesitan revoluciones porque tienen que sacudirse dictaduras y mordazas. Pero nuestros jóvenes occidentales necesitan cambios económicos y sociales con urgencia.
Habla elocuentemente del envejecimiento de nuestra cultura política el hecho de que, en medio de la mayor crisis económica y ecológica, los debates más apasionados sean sobre si tenemos o no derecho a conducir a gran velocidad o fumar en los establecimientos públicos. Discusiones decadentes de personas anquilosadas en sus viejos vicios de velocidad o de posesiones. Urge un rejuvenecimiento inmediato de la política, de sus contenidos y de sus formas, pero es imposible cuando hemos expulsado a los jóvenes del debate público y los hemos convertido en un producto de consumo, o en el escalón más bajo de nuestra cadena laboral.
"Sobretitulación" llaman algunos al despilfarro de que ingenieros industriales estén sirviendo copas en los bares nocturnos. "Contratación temporal" llaman a trabajos de una hora en la que los gastos superan a los ingresos obtenidos. "Contrato en prácticas" a recibir la mitad del sueldo o no estar de alta en la Seguridad Social y "experiencia en el extranjero" a lo que siempre se ha denominado emigración forzosa.
No ha habido nunca una época que denigre tanto a los jóvenes al tiempo que ensalza la juventud como única estética oficial. Los problemas de los jóvenes se presentan en términos conflictivos (delincuencia, drogas, falta de esfuerzo) mientras se utiliza su cuerpo como objeto de consumo y reducimos su tiempo vital a un carpe diem eterno. No ha habido una sociedad que desconozca más a sus jóvenes, su preparación y conocimientos, su esfuerzo ante una sociedad tan altamente competitiva o sus valores, mucho más ecológicos y solidarios que los nuestros. Es una pena que permanezcan ajenos a la política en vez de inventar su propia forma de hacerla. Es un error que hayan renunciado a gobernar su realidad. Pero un día de estos, nuestros jóvenes apáticos recogerán su desesperanza y la transformarán en algún sueño. Al menos eso espero.

¡Viva España, coño!

Publicado en El País 

La conmemoración del 30 aniversario del 23-F ha dejado sin aclarar el aglutinante ideológico que llevó a los conocidos cuatreros a desembarcar en el Congreso de los Diputados. Si hubiera que reducir a una única frase su estrechísimo ideario, podríamos decir que les impulsaba el odio al Estado de las Autonomías.

El pensamiento político de la ultraderecha española se ha nutrido siempre de la fobia a la pluralidad de España. “!Viva España, coño!” es la divisa que los golpistas utilizaban para darse ánimos tras las primeras horas del golpe de estado. Un grito que pronunciado en tono exaltado, significaba la muerte de las autonomías y de la pluralidad de nuestro país. Un grito que no es concebible si se sustituye la palabra España por Andalucía porque esta última nunca se ha pronunciado contra nadie.

La autonomía andaluza estuvo a punto de morir antes incluso de nacer. Andalucía no sólo tuvo que conquistar, palmo a palmo, su autonomía y ganar un referéndum amañado en el histórico 28-F, sino que la tramitación de su estatuto de autonomía se hizo bajo el ruido de sables y los bufidos de los generales, que veían en el proceso andaluz una peligrosa mezcla de populismo social y de autogobierno. El hecho de que Andalucía abriera la puerta a la autonomía plena para todas las comunidades producía en las cúpulas militares una irritación especial, una confirmación de sus delirios de una España rota y roja. No es casual que el 23F coincidiera con la tramitación final del primer Estatuto de Autonomía de Andalucía, que los diputados ratificaron en Córdoba dos días después de la entrada de Tejero en el Congreso.

Ahora, los nuevos voceros contra las autonomías afirman que no tienen razones ideológicas similares a las de la ultraderecha y que su propuesta es ideológicamente aséptica. Sin embargo las similitudes siguen siendo abrumadoras. La FAES ha lanzado una campaña antiautonómica que fue presentada por Jose María Aznar con el argumento de que es necesario limitar la capacidad de decisión de las autonomías y modificar la Constitución a fin de  “preservar el derecho de la nación española a decidir su propio destino libremente, a trabajar por su prosperidad y a permanecer unida”. La visión de un estado español amenazado, arruinado y casi roto por las autonomías es compartida absolutamente  por Falange Española, quien ha lanzado también una campaña política bajo el título “Contra las autonomías”. Por su parte, los medios de comunicación de la llamada “caverna mediática”, han convertido a las autonomías en la diana preferida de sus venenosos dardos en una campaña de desprestigio político sin precedentes.

En política, como es bien sabido, no existen las casualidades. Todos los actores son conscientes de sus entradas y salidas de escena, de sus parlamentos y de sus silencios. La vieja derecha ha encontrado el momento ideal para recuperar su rancio ultranacionalismo español. Para abrazar por completo estas tesis, el problema del PP sigue siendo Andalucía. La Comunidad de Madrid, aplaude el discurso españolista enraizado y constitutivo de su propia existencia, una vez que fracasó las refundación cultural y laica de Tierno Galván. En el País Vasco y en Cataluña, el PP no aspira a ser fuerza mayoritaria y se ha instalado en posturas españolistas que representan un diez o quince por ciento del electorado. Pero en Andalucía, cualquier partido político que no abrace con fuerza la defensa de la autonomía está condenado al fracaso. Se demostró en la tramitación del nuevo estatuto de autonomía, cuando el PP sintió vértigo a una negativa que le hiciera repetir con Andalucía los errores del pasado; se constata en la escenografia de los mítines andaluces del PP donde han impuesto que sea más visible la bandera andaluza que la roja y gualda (¿no me digan que no se han fijado?).  

Lo anterior demuestra dos cosas: la primera y más importante, que el estado de las autonomías sigue vivo, en gran medida, porque existe Andalucía y, segundo, que el PP debería explicar –parafraseando a Machín-  cómo se pueden tener dos discursos a la vez… y no estar loco.

Sólo tres palabras

Este es el artículo de esta semana. Por error no lo han colgado (al menos todavía) en la edición digital de El País Andalucía 

Lo había sido todo en la esfera política e intelectual: profesor universitario, alcalde de Barcelona, Presidente de la Generalitat de Cataluña, sin embargo nunca había parecido tan humano, cercano y digno como cuando se acercó a recoger el premio al mejor documental en la ceremonia de los premios Goya, con idéntico aire de despiste que en sus mejores tiempos pero más atento a los pitidos del móvil que anunciaban los mensajes de felicitación de los amigos que al saludo que tenía que pronunciar ante la sala.

A veces las mejores aportaciones civilizatorias se presentan de forma modesta, casi inapreciable. Quedan en la memoria durante algunos minutos pero desaparecen en el transcurso de los días porque nuestra mente no dispone de un lugar preciso para guardarlas. Sin embargo, su valor simbólico es enorme y, en algún momento, su semilla florecerá en nuestra mente y nos hará abordar de forma distinta la vida.

Los viejos modelos y la nueva sociedad son un complot perfecto para la muerte civil de las personas enfermas, especialmente si se trata de enfermedades que afectan al cerebro o a la conducta. Los prejuicios milenarios, acrecentados por la culpabilidad que toda religión cultiva como una flor negra de interior, nos hicieron considerar la enfermedad como un estigma, como la expresión de un pecado, de una tara que había que ocultar cuidadosamente. Estos prejuicios se han prolongado hasta nuestros días y se han abonado con los modelos de éxito, de culto a la belleza juvenil que nos hace sufrir en vano persiguiendo en vano el nuevo mito de la perfección formal. Nuestro miedo a la enfermedad ha trazado mapas con fronteras rígidas sobre la normalidad en el que la más leve alteración te sitúa en un fuera de juego permanente.

El amor y la cultura han empezado a romper estos viejos mitos. Los primeros que abrieron la puerta a esta nueva fase fueron esos padres que mostraron en público a sus hijos con síndrome Down, sin asomo de vergüenza, sino orgullosos de su existencia y de sus progresos, como si en lugar de lidiar con una enfermedad, hubieran realizado un viaje de descubrimiento de un nuevo territorio para la felicidad.

 Ahora las viejas fronteras de la normalidad se desmoronan cuando personajes importantes nos muestran que el ser humano no desaparece porque tenga menos habilidades lingüísticas o motoras. La sonrisa de Maragall cuando no recuerda las tres palabras que su terapeuta le había enunciado (bicicleta, cuchara, manzana), vale más que cien discursos sobre la dignidad y la esperanza de los enfermos de Alzheimer.

Para que esto suceda, han tenido que surgir también nuevos modelos familiares: mujeres de un coraje inestimable, hijos que han construido sus lazos familiares con el mimbre de la libertad y del respeto mutuo que ahora reflejan todo el patrimonio cultural recibido en estas bellas declaraciones de amor. No ha sido la primera vez. También los hijos del político catalán Jordi Sole Tura, nos relataron en su película  “Bucarest: la memoria perdida” la odisea de un ser humano contra el olvido.

Todos necesitamos modelos sociales a los que acercarnos. Lo sabemos muy bien las mujeres que hemos tenido que construir todo un imaginario para nuevas dedicaciones y funciones que nos habían vedado. Lo comprenden, también,  aquellos hombres que construyen nuevos modelos de masculinidad despojados de dominación. Es importante construir un nuevo relato de nuestras vidas que supere los viejos estigmas y nos proporcione un lugar digno en el mundo en cualquier circunstancia.

La primera de las batallas contra la muerte civil de las personas enfermas es la visibilidad y la presentación de modelos que contengan una inteligente esperanza. Por eso, estamos en deuda con los que abren caminos; con los que hacen del dolor no un espectáculo sino un reto de superación; con los que saben bajar las escaleras de la vida con dignidad. Como ese nuevo Pasqual Maragall, que no recuerda tres simples palabras, "bicicleta, cullera, poma", pero sabe susurrarnos al oído el idioma de los nuevos tiempos

Vergüenza ajena

El artículo del País que olvidé colgar:


Dicen que el concepto de vergüenza ajena sólo existe en nuestro país y que en el resto del mundo no pueden comprender que alguien sienta una enorme incomodidad interior por las acciones de otro. Pues bien, estos últimos días hemos sentido un intenso bochorno ante el asalto de unos desalmados a los fondos públicos destinados a prejubilaciones de trabajadores de empresas en crisis.

Al parecer, alguien detectó el agujero burocrático por el que se podían colar como beneficiarios de las pólizas a personas que no habían trabajado en su vida en estas empresas. Ni cortos, ni perezosos, compusieron su particular lista de Schindler, sólo que en este caso no era para salvar vidas ajenas sino para hacerles la vida más fácil y lujosa a los beneficiarios. Pero, no nos engañemos; no se ha tratado de una conducta individual ni aislada, sino más bien de una práctica que necesitaba una cierta organización y complicidad como demuestra el hecho de que afecta a casi la mitad de los expedientes investigados.
Cualquier delito es abominable pero en este caso concurre una mezquindad y ratería dignas de la más rancia novela picaresca. Incluso en los delitos existe una cierta escala ética. Esconderse detrás de trabajadores que han sufrido verdaderas odiseas para defender sus puestos de trabajo, como es el caso de Intelhorce o Cydeplas, es realmente abominable. Si quien lo hace ostenta el cargo de representante sindical, no ha podido llegar más bajo en la escala de la indignidad.
De un plumazo, los rateros desalmados, sus cómplices y consentidores, han metido a Andalucía en el túnel del tiempo y han revitalizado los peores tópicos sobre nuestra tierra. Por ello, urge establecer responsabilidades, encontrar a los culpables, ponerlos frente a la justicia e incautar los bienes obtenidos ilegalmente.
Es el momento de que los responsables políticos que tienen a su cargo la administración actúen con contundencia y no se aferren a los tópicos y las palabras vacías. Desde que estalló el caso Mercasevilla, con los preocupantes indicios de irregularidades, deberían haberse encendido todas las luces de alarma que implicaban, de una u otra forma, a la Consejería de Empleo. Ha hecho bien el Gobierno andaluz en investigar las ayudas en los expedientes de regulación de empleo y en denunciar ante la justicia las irregularidades observadas, pero la investigación debe profundizar más y abarcar -en vista de las denuncias- un periodo de tiempo mayor. Los anteriores consejeros de Empleo deben dar cuenta de su labor no sólo ante la autoridad judicial sino también ante el Parlamento de Andalucía. Hasta el momento, sus declaraciones siembran aún más confusión y desconcierto. Hablar de "deslealtad" o de "traición" no contribuye precisamente a tranquilizar a la opinión pública. Pedir a la sociedad que "sea comprensiva con los fallos humanos que todos cometemos", produce verdadera irritación, mucho más cuando se acompaña de frases como que "es muy fácil opinar cuando se tiene garantizada la nómina a final de mes".
Tampoco vale recurrir al consabido "y tú más" con que finalizan las intervenciones algunos insignes cargos políticos. El hecho de que el PP tenga un número importante de cargos públicos implicados en la operación Gürtel no justifica ningún otro caso de corrupción y enfrascarse en una pelea por el grado de implicación de cada cual no es más que un torpe reconocimiento de culpabilidad.
Finalmente, tampoco parecen lógicos los argumentos contra las comisiones de investigación con la excusa de que es preferible evitar un juicio paralelo del caso. En un sistema democrático no sólo existen responsabilidades penales sino también políticas y el lugar para exigirlas es sin duda el Parlamento. Sólo más luz, más control público y más transparencia nos borrará el rubor de la vergüenza ajena que hemos sentido al conocer cómo algunos sinvergüenzas se quedaban con los fondos destinados a trabajadores de empresas en crisis.

El encaje roto

Este es mi artículo de esta semana en El País de Andalucía:

En uno de sus relatos, Emilia Pardo Bazán cuenta la historia de una mujer de clase acomodada que plantó a su novio en el altar, ante el asombro y el escándalo de todos los invitados. Durante años, los vecinos especularon sobre las verdaderas razones por las que Micaela había tomado esta sorprendente decisión.

Mucho tiempo después contó a una amiga los auténticos motivos de su fuga. Micaela estaba ilusionada con su boda y avanzaba por el pasillo central hacia el altar ataviada con el clásico vestido blanco y un largo encaje que había pertenecido a la familia del novio. En mitad de su recorrido, el velo se enganchó con algún saliente y ella tiró levemente de él. El viejo encaje se desgarró y en el momento en que ella recobraba la compostura advirtió la mirada airada del novio y sus labios contraídos. Sintió en su pecho, mucho más que si la hubiese pronunciado, la completa desaprobación del que iba a ser su marido. En ese momento, Micaela, comprendió la vida que le esperaba y decidió pronunciar un rotundo no que dejó petrificados a los invitados.
En un año infausto para la violencia de género me pregunto cuántos encajes rotos, cuántas miradas airadas, cuántas señales de advertencia se han acallado. Ante las edades de muchas de las víctimas, tan jóvenes para morir por la ira de los tiempos antiguos, me pregunto si les hemos dado el mapa de señales correcto. Ojalá la transmisión de las experiencias vitales fuese tan lineal como la de los conocimientos científicos y nadie tuviera que vivir en propia carne lo que hace siglos Emilia Pardo Bazán había detectado en un simple gesto. Así, si pudiésemos transferir nuestro mapa vital, las jóvenes estarían advertidas de las señales ante las que cambiar de rumbo: las miradas de desaprobación, la crítica constante y negativa, los vetos a familiares y amigos hasta conseguir el perfecto aislamiento de la víctima... Si pudiésemos transmitir el conocimiento vital, podríamos prescindir del calvario de las falsas esperanzas, de las justificaciones ante el primer bofetón real o simbólico, de ese tramposo papel de querer convertirnos en redentoras de una convivencia imposible.
Tras la aparente calma de muchas relaciones, anida la flor negra del rencor por la supremacía perdida, la incomodidad ante la igualdad de las mujeres, guardados en la trastienda de los encajes rotos y los sueños traicionados... Pero lo peor de todo, es que han rebrotado, bajo nuevas formas, viejas justificaciones para los peores crímenes. El desprecio a la ley de igualdad, el manoseado tema de las falsas denuncias falsas, han puesto su granito de arena para desanimar a las mujeres que querían escapar de su aciago destino renunciando al único instrumento legal para protegerlas. Pero los que sustentan este tipo de argumentos contrarios al avance de las mujeres no sólo no han sido derrotados sino que han obtenido, incluso, el triunfo de ver desaparecer el denostado Ministerio de Igualdad y decaer las necesarias reformas para conseguir la igualdad real en el trabajo.
En los debates sociales, quien se cansa y abandona, pierde el terreno ganado. No es casual que, por ejemplo, hayamos asistido a la formación de un Gobierno en Cataluña, que ha dejado en agua de borrajas las demandas de paridad en el uso del poder político, con la escuálida presencia de sólo tres mujeres de un total de 12 componentes. Aunque, su presidente ha obviado por completo el tema, el mensaje simbólico es de nuevo evidente: la seguridad y la eficiencia se representan bajo la imagen masculina del poder. Algo que ha parecido "natural" si se tiene en cuenta que desde que se declaró oficialmente esta tramposa crisis, se ha difundido una simbología social sin mujeres.
Demasiados encajes rotos, demasiados rostros contraídos ante el avance de las mujeres por el pasillo central de las instituciones. Demasiadas señales que nos alertan de posibles retrocesos si consiguen hacernos creer que la igualdad entre los seres humanos es sólo un lujo accesible para los tiempos de bonanza pero algo perfectamente prescindible para el futuro inmediato.

(fuente original)

El chivo expiatorio

Publicado en el País Andalucía: 

¿Qué tienen que ver los inmigrantes, la igualdad de las mujeres, el matrimonio gay, la escuela pública y las autonomías?¿Será verdad –como afirmaba el poeta Baudelaire- que cada objeto tiene su correspondencia y que hay una analogía universal según la cual cada concepto está ligado en nuestro inconsciente a otras ideas por leyes de atracción?

En la actualidad, estos conceptos han optado al título de chivos expiatorios de la crisis económica: si no hubiera tantos inmigrantes; si se suprimieran las instituciones dedicadas a la igualdad de género; si no existieran otras formas familiares; si la escuela pública fuera selectiva; si las autonomías desaparecieran…

Detrás de cada uno de estas afirmaciones hay un cúmulo de mentiras, de prejuicios y de añoranzas del pasado. Pero, va a llevar razón Baudelaire, en España hay una analogía evidente entre un estado centralizado y paternal, la familia convencional, un modelo de mujer dedicada prioritamente a las tareas domésticas,  una escuela autoritaria y un país sin diversidad racial.

La derecha política acaba de confesar en público su añoranza de un estado centralizado, con sede en Madrid. Según ellos, el gasto autonómico es insostenible en términos económicos. Teniendo en cuenta que cerca del 80 por ciento del presupuesto de las autonomías se dedica a los servicios públicos de educación, salud y servicios sociales, ¿quieren decir que recortarían sustancialmente estos servicios o que un estado central administraría mejor estos servicios? Desde la transferencia a Andalucía de estos servicios, su mejora ha sido evidente y contrastable. En la salud pública se ha producido un rotundo cambio de calidad, de extensión del servicio y de cobertura pública. En cuanto a la escuela, ha acometido un proyecto de universalización de la escolarización que va desde los recién nacidos hasta los ciclos superiores, un camino lleno de incertidumbres, pero también de logros evidentes. Mucho más cuando el estado centralista anterior al autonómico, nos había dejado como herencia un reparto injustísimo de servicios públicos, con una ratio de hospitales, escuelas y servicios muy por debajo de la media española, por su tendencia a concentrar en el centro y en el norte todos los servicios e infraestructuras.

 El “costosísimo” estado de las autonomías es responsable únicamente del 2 por ciento del déficit público que en 2010 ha sido del 9 por ciento para el total de las administraciones públicas. Curiosamente, la comunidad autónoma de Andalucía –la más poblada - ha sido de las instituciones menos endeudadas del estado, un ranking que encabeza Valencia, Cataluña y el ayuntamiento de Madrid.

Tildan a las instituciones autonómicas de “chiringuitos” pero se niegan a suprimir organismos tan anacrónicos como las Diputaciones Provinciales. Durante la tramitación del Estatuto de Autonomía se opusieron al principio de administración única y pasan por alto las duplicidades del gobierno central que mantiene delegaciones y servicios sin sentido alguno. Esto desvela que su interés no es el ahorro del dinero público ni la racionalidad, sino la vuelta a un estado centralista.

Pero, no sola la derecha alimenta el fuego contra el estado autonómico. Algunos insignes socialistas se han apuntado a la fiesta y comparten la tesis de que las competencias autonómicas han llegado muy lejos. Bono dixit que la Constitución solo preveía autonomía plena para Cataluña, Galicia y el País Vasco y que el “café para todos” los territorios fue una estrategia destinada a evitar la sublevación de los militares. Olvida que fue Andalucía quien rompió ese diseño y proclamó su derecho a la autonomía plena y al desarrollo. A los centralistas recalcitrantes les ha salido un nuevo aliado: los defensores de un estado desigual que no quieren repartir el café con nadie, sino saborearlo a grandes sorbos en un selecto club.

Un pinganillo para el andaluz

Este es el artículo de esta semana en El País de Andalucía

Ahora que el Senado ha repartido pinganillos para que los representantes puedan seguir las intervenciones en las diferentes lenguas del Estado, no estaría de más inventar un adminículo para que se dejara de despreciar la forma de hablar de los andaluces y, de paso, a nuestra tierra. Claro que el cacharrito habría que distribuirlo entre millones de españoles que consideran su forma de hablar el castellano más culta y correcta que la de los andaluces.

De momento me conformaría con que el mencionado pinganillo se repartiera entre los medios de comunicación -especialmente sus directores, guionistas y presentadores-, así como entre aquellos políticos que consideran una superioridad moral la pronunciación de las "eses" finales de las palabras.
Mi propuesta tiene base legal, no se crean. En la Constitución, en el mismo artículo 3 que establece el castellano como lengua oficial y la cooficialidad del resto de las lenguas aparece este apartado que naufraga en el mar del olvido: 3.3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
Los que piensan que el andaluz es una forma incorrecta de hablar castellano, no hacen sino mostrar su propia incultura y desconocimiento histórico. El andaluz es una evolución histórica del castellano que ha tenido una fuerte influencia en la mitad sur de la península y en el español de América. Fue, además, la lengua que generó la primera gramática y que a punto estuvo, si no hubiera sido por los azares históricos, de ser la norma oficial del castellano. El segundo argumento contra el andaluz suele ser su falta de uniformidad y su diversidad de hablas. A los que esgrimen estos argumentos les recomiendo una lectura atenta de los manuales iniciales de lingüística, preferentemente Saussure, para comprender que tan importantes son los rasgos presentes de la lengua como los ausentes. Es decir, no importa si la s final se aspira o se abren las vocales, lo importante es que ningún andaluz tiene la "ese" final castellana. Por eso, aunque unos aspiremos y otros no, aunque unos seseemos, otros ceceemos y otros distingan c y s, cuando salimos de nuestra tierra somos reconocidos inmediatamente como andaluces.
Pero, el argumento más miserable contra el andaluz, es confundirlo el uso vulgar de la lengua. Un andaluz inculto introduce los mismos vulgarismos que un vallisoletano de su nivel y muchos menos que un madrileño inculto porque rara vez comete errores sintácticos. Sin embargo, un andaluz culto hablará sin asomo alguno de vulgarismos en su lenguaje. Pero, los prejuicios consiguen que se perciban como más correctas las barbaridades gramaticales y sintácticas de Belén Esteban o el acento gutural e impreciso de los catalanes cuando hablan castellano, que la forma de hablar de los andaluces. En este caso, es la historia reciente de Andalucía la que nos condena porque se asocia el uso del andaluz al subdesarrollo.
Algunos andaluces han interiorizado la idea de este desprestigio y apenas ascienden en la escala social se apresuran a pronunciar unas "eses" esperpénticas, verdadero testimonio de su complejo de inferioridad. Los que se atreven a exhibir la cuidada y hermosa forma de hablar andaluza muestran a todos la riqueza de nuestro patrimonio lingüístico y su capacidad de comunicación.
Y es que tiene el andaluz una riqueza singular, una gran vitalidad expresiva y creativa , un vocabulario rico y, sobre todo, una eficaz modernidad. Como se sabe, el idioma tiende a la economía, y a largo plazo triunfan las opciones más ligeras. Por eso, rasgos típicos del andaluz como la relajación de las consonantes finales e intervocálicas o el yeísmo se van imponiendo soterradamente en los últimos años. Los que ahora se ríen, a largo plazo hablarán un castellano fuertemente influido por el andaluz. Mientras tanto, que les coloquen de una vez el pinganillo del respeto a Andalucía y a nuestra hermosa forma de hablar.

Golondrinas del poder

Este es el artículo de esta semana en el País de Andalucía


Estoy empezando a creer que el PP ganará las próximas elecciones en Andalucía. No es por las encuestas, no. Aunque marcan una tendencia clara de descenso del PSOE, su margen de error es alto y el número de ciudadanos que no se pronuncian es excesivo. Si creo que va a ganar el PP es por el cambio gradual de chaqueta que empieza a operarse en los aledaños del poder, comenzando por Torretriana y siguiendo por algunos gestores de servicios públicos.

Hace 20 años el Gobierno andaluz emprendió un proceso de externalización de servicios públicos, constituyó empresas públicas a troche y moche, que en realidad funcionaban como entidades privadas en la contratación de personal y de servicios. Estas empresas creaban, a su vez, sociedades aún más opacas de forma que se hacía complicado seguir la red administrativa de algunas consejerías. Las voces críticas con esta situación eran sumamente escasas y se silenciaban con argumentos de eficacia, modernidad y agilidad. Pues bien, 20 años después, algunos de los que han participado en este diseño administrativo, ponen el grito en el cielo, y exclaman con fingida irritación: "¡Aquí, se privatizan servicios!" con el mismo descaro que el cínico prefecto de policía en la película Casablanca exclamaba: "¡Qué escándalo, qué escándalo, aquí se juega!"

Un ex alto cargo de la RTVA, de los que brillaban con luz propia por su programación chapucera y su servilismo ante el poder -hasta el punto que se adelantaba a los deseos de los propios gobernantes- , me refiere que hace falta un cambio político, "para airear el sistema" y que le abochorna la programación de la cadena pública, precisamente ahora que él no está.
Altísimos cargos de instituciones que no quiero nombrar, y que han sido elevados a sus puestos directamente desde la sede del PSOE andaluz, pronostican con cierto agrado la victoria del PP en Andalucía y afirman que el Gobierno (que les mantiene en el cargo) carece de proyecto político, de liderazgo y de unidad, como si ellos no tuviesen nada que ver con este proceso.
Finalmente, algunos de los tradicionales chicos del coro que desde sus tribunas o sus micrófonos justificaban cualquier actuación del Gobierno andaluz, engrandecían sus actos o proclamaban sus bondades, afirman hoy que "el cambio político en Andalucía es ya una necesidad" y se consideran a ellos mismos como un factor de saludable alternancia en vez de reconocer el cambio evidente de su ideología y su afán de permanecer.
Le pregunté a un amigo, recién elegido por el Gobierno, si había visto excesiva politización en los altos cargos y su respuesta más sincera fue: "Todo lo contrario. Están completamente despolitizados, en el sentido de defender proyectos o ideas, y preocupados solamente por la permanencia en el poder. Ten en cuenta", me explicó, "que no hablamos de políticos que dan la cara en las elecciones, que pagan errores o se exponen ante el público, sino de miles de altos cargos que han sobrevivido a crisis de gobierno, a consejeros y a las disputas internas del PSOE".
Y es que, efectivamente, el partidismo y la política son dos cosas absolutamente diferentes. Un alto cargo debe tener un proyecto político para el sector que dirige; sin embargo, el partidismo es solo una forma de reparto, de clientelismo social, que ha ahogado a la administración y que ha esterilizado la cosecha, hasta el punto de que ya no crece la flor de las ideas.
En este clima, imagino que el teléfono de Javier Arenas no cesa de sonar y que los saludos que recibe son más cálidos y entregados que nunca. "Ya sabes que puedes contar conmigo", deben susurrarle en todos los tonos y construcciones gramaticales posibles. Aunque, el olfato de estos nuevos chaqueteros, les hace todavía encomendar una vela a Dios y otra al diablo. A Rubalcaba y a Arenas, concretamente. No vaya a ser que los vientos les engañen y les ocurra como a algunas golondrinas despistadas que confunden un día caluroso con la llegada del verano y se queden a la intemperie entre la nieve.

Risas en China

Tras las vacaciones de navidad este es el artículo publicado en El País Andalucía

Por pura casualidad, he estado tres veces en China en los últimos 25 años, lo cual no me convierte en especialista en ese país pero sí en una curiosa observadora de sus cambios. La primera vez acababa de ponerse en marcha la reforma económica, que comenzó liberalizando una parte de la venta de los productos agrarios. Las avenidas de Pekín rebosaban de tenderetes con toda clase de verduras de enorme tamaño y restallante colorido. Vimos las primeras zonas abiertas de turismo y una sociedad que empezaba a recontar su riqueza por el número de patas de los muebles de su hogar y los enchufes de los aparatos eléctricos. Nunca supe cuántas patas eran necesarias para considerarse rico. Todavía las avenidas de Pekín eran un río de bicicletas negras y las autoridades habían decidido que los retratos de Mao fuesen un poco más pequeños que en la etapa anterior. Algo típicamente chino como pude comprobar en la casa de Shanghai donde se fundó el Partido Comunista. Allí las fotos de los fundadores que después habían traicionado al PCCh no habían desaparecido pero sufrían el justo castigo de tener unas minúsculas dimensiones frente a las imágenes más grandes de los que permanecieron leales. En un poblado cercano a Shanghai, las autoridades chinas nos informaron de sus planes para hacerse con el mercado internacional de productos de baja gama: adornos navideños y utensilios de todo tipo que después nos han inundado.

La segunda vez estaban aún cercanos los sucesos de Tiananmen y el fracaso de la reforma política. A cambio de esto, el Régimen proclamó que el objetivo vital de los chinos era hacerse ricos. Los almacenes, los rascacielos innumerables que se elevaban, daban cuenta de que el objetivo estaba teniendo éxito. Era el tiempo de la transferencia tecnológica, de los acuerdos con las multinacionales europeas y americanas para la fabricación a bajo costo de sus productos. Las bicicletas compartían las avenidas con los coches alemanes cada vez más numerosos. Shanghai se había convertido en una ciudad con un paisaje urbano de ciencia ficción.
La última vez, en el año 2002, formé parte de una delegación andaluza para la presentación de la oficina comercial Extenda en Pekín. Cuando el delegado comercial de España, nos informó de que China planeaba convertirse, en el plazo de unos diez años, en la segunda o tercera economía mundial, se escucharon las risas del auditorio. Yo ya había aprendido a tomarme en serio las estimaciones económicas de ese país. Las ciudades habían cambiado radicalmente, los nuevos ricos exhibían su nuevo estatus y la desigualdad patente se justificaba como paso previo del ascenso social. Las bicicletas perdieron definitivamente frente al empuje de los automóviles y las fotos de Mao escaseaban.
Para el acto de presentación oficial, la delegación andaluza había transportado una abundante reserva de jamón ibérico, uno de los productos estrella de la promoción. En el momento en que Magdalena Álvarez tomó la palabra para dirigir un saludo, las luces se apagaron. Fueron solo unos minutos, pero cuando volvieron a encenderse no quedaba ni rastro de jamón en las numerosas bandejas dispuestas en el bufé. La colonia española había liquidado, en la oscuridad, el manjar de la degustación.
De aquella delegación andaluza, compuesta por políticos y empresarios, solo tres sociedades tomaron en serio, en aquel momento, la comercialización en China de productos andaluces. El resto sonreía con la superioridad que al parecer confiere el simple hecho de ser europeo. Algunos medios de comunicación criticaron el despilfarro de la apertura de una oficina comercial en Pekín.
Esta semana, cuando las empresas españolas se daban tortas por estar en la recepción de Li Keqiang y escuchaba que el turismo, las energías renovables, el aceite y el jamón pueden ser objetivos preferentes del comercio con China, me acordaba de todo esto: de las risitas en la presentación oficial; y del desprecio a todo lo ajeno, especialmente si no es blanco y occidental.

¿Es el futuro el corporativismo?

Hoy publico este artículo en el País Andalucía que trata de la difícil situación del sindicalismo:



Ya sé que no está de moda defender el sindicalismo sociopolítico. En cualquier conversación quedarás bien si planteas la inutilidad de los sindicatos, su dependencia del sistema político, su forma jerárquica y poco transparente de ejercer la acción sindical o la cuantía de las subvenciones que reciben por sus actividades. Lo curioso es que tus argumentos serán bienvenidos sea cual sea la posición ideológica del que te escucha. Incluso, aunque tu crítica provenga de una reflexión sincera que pretenda un sindicalismo más comprometido y social, te puedes encontrar con la sorpresa de tener unos aliados inesperados, como Esperanza Aguirre -el espécimen más netamente político del PP- que, en vísperas de la huelga general, se atrevió a poner en solfa todo el sistema de representación sindical.

Los problemas del sindicalismo no son tanto sus múltiples deficiencias reconocidas como las alternativas que se perfilan si sus actuales líderes no se espabilan y emprenden un cambio a fondo de sus métodos, su funcionamiento y sus formas de comunicación.
Los últimos conflictos laborales -así como los primeros resultados de las elecciones en marcha- delatan un declive acentuado de los denominados sindicatos de clase en sectores públicos en favor, no de un sindicalismo más cercano y comprometido, sino más corporativo e insolidario.
La creación de los llamados sindicatos sociopolíticos tiene su origen en el principio de que el conjunto de los trabajadores comparten intereses que no son solamente salariales, sino también retribuciones indirectas como son la escuela, la educación, el acceso a la cultura, los servicios y la protección social. Si se rompe la delicada tela que une al trabajador manual con el intelectual, al trabajador de la construcción con el de los astilleros, al mileurista a tiempo parcial con el funcionario, se dinamitará todo una estructura que tiene como base el reparto, la solidaridad y el equilibrio social.
No es gratis, ni es casual, la crítica sistemática a todas sus acciones, ni la utilización de elementos extraídos de la izquierda crítica para su desprestigio. Hay sectores muy interesados en esta operación, como etapa necesaria para el desmantelamiento del Estado social.
En el tercer año de la crisis, los sindicatos han sido expulsados realmente de su papel de interlocutores sociales. Ni su opinión ni sus propuestas son tomadas en cuenta por un Gobierno que practica con ellos un insostenible paternalismo verbal.
El público toma nota de la falta de poder de los sindicatos y de su escasa musculatura para parar el golpe, tras años de apoltronamiento en los aledaños del poder. En los últimos meses, la sociedad ha aprendido que las huelgas y las acciones de protesta no cambian ni una línea de un decreto o de una ley. ¿Para qué entonces realizar huelgas legales, sufrir los descuentos salariales por su ejercicio y someterse a la prueba de su seguimiento, si no se obtiene ninguna ganancia con ello? El boicot, las huelgas salvajes, la interrupción del servicio, y los más variados métodos de chantaje parecen 10 veces más efectivos que los mecanismos legales y masivos.
De esta manera, si ya no cabe una defensa general de las pensiones, de los salarios, ni de la jornada laboral, el sindicalismo más corporativo se abrirá camino para defender reivindicaciones profesionales o de cuerpo. El problema es que el corporativismo que se avecina profundizará la brecha de la desigualdad y de la desprotección. Se negociarán situaciones laborales de ventaja o de privilegio, especialmente para sectores que ocupen lugares estratégicos en los servicios públicos o privados, pero el conjunto de los trabajadores perderá derechos e influencia en la sociedad. Por eso, contribuir al desgaste del sindicalismo sociopolítico es, a la larga, un mal negocio para todos.